Rechazan la ZEE

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“La ZEE busca impactar su “estrategia de desarrollo” justo donde la presencia de los pueblos originarios tienen un sentido identitario con el territorio y provoca tensiones en la dinámica comunitaria, por lo que la creación de la ZEE en la región del istmo es la validación de una política económica de despojo”

Se amparan pueblos del Istmo contra Zona Económica Especial

Generan pobreza y desigualdad. Se quiere aplicar sin consulta previa y eso viola sus derechos humanos y culturales

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Tienen más un impacto político que beneficio económico las ZEE. Quienes no lo reconocen es por ceguera o por estar en el círculo de los pretendidos beneficios

Apoyo A.C.

Comunicado

Organizaciones de 11 municipios del Istmo de Tehuantepec presentaron un amparo colectivo como pueblos indígenas, ante el Juzgado Sexto de Distrito de Salina Cruz. Firmaron el amparo “más de 1800 personas de los municipios de Chahuites, Ciudad Ixtepec, Juchitán, San Blas Atempa, San Francisco Del Mar, San Francisco Ixhuatan, San Mateo Del Mar, Santa María Xadani, Tapanatepec, Tehuantepec y Zanatepec”. Los pueblos Binnizá, Ikoots, Mixes, Chontales y Zoques de la Articulación de Pueblos Originarios del Istmo Oaxaqueño en Defensa del Territorio, APOYO, informaron en una conferencia de prensa que “el amparo colectivo regional interpuesto el día de ayer, tiene el objetivo de proteger los derechos de los pueblos indígenas del Istmo de Tehuantepec, respecto de la infraestructura que se pretende construir en sus territorios sin consulta y sin obtener su consentimiento libre, previo e informado, para el inicio de otra etapa de instalación de más parques eólicos en la región”.

Se concluyó que la segunda fase de desarrollo eólico es la punta de lanza de las Zonas Económicas Especiales, que se caracteriza por tener leyes y reglamentos muy específicos que violan los derechos individuales y colectivos de las comunidades y solo benefician las empresas privadas.

 

A manera de presentación se compartió lo que es la Articulación de Pueblos Originarios del Istmo Oaxaqueño en Defensa del Territorio, APOYO, “se trata de diversos pueblos y organizaciones sociales, Binnizaá, Ikoots, Mixes, Chontales y Zoques del Istmo de Tehuantepec, que al sufrir una intromisión y despojo de nuestros territorios por diferentes mega proyectos impulsados desde el gobierno federal, decidimos organizarnos bajo el principio que nos une, que es la defensa de la vida, la tierra y el territorio”.

Se informó también que el día de ayer presentaron un amparo colectivo como pueblos indígenas, ante el Juzgado Sexto de Distrito de Salina Cruz. Firmaron el amparo “más de 1800 personas de los municipios de Chahuites, Ciudad Ixtepec, Juchitán, San Blas Atempa, San Francisco Del Mar, San Francisco Ixhuatán, San Mateo Del Mar, Santa María Xadani, Tapanatepec, Tehuantepec y Zanatepec”.

Seguidamente el abogado explicó “el amparo colectivo regional interpuesto el día de ayer, tiene el objetivo de proteger los derechos de los pueblos indígenas del Istmo de Tehuantepec, respecto de la infraestructura que se pretende construir en sus territorios sin consulta y sin obtener su consentimiento libre, previo e informado, para el inicio de otra etapa de instalación de más parques eólicos en la región”. Indicó cómo este mega proyecto dolosamente desconoce la existencia de los pueblos indígenas de la región en la que se pretende instalar la infraestructura y en consecuencia, “el Estado pretende con ello evitar garantizar todos los derechos reconocidos a nivel nacional e internacional en materia de pueblos indígenas. Por ello la importancia de la acción constitucional planteada, para efecto de que se resguarden los derechos colectivos de los pueblos indígenas de la región, como el derecho al territorio, libre determinación, identidad cultural y a un medio ambiente sano”.

Un integrante de la Articulación recordó que “desde hace varios años hemos visto como se han impuesto en nuestras comunidades parques eólicos que han afectado seriamente nuestra vida, cultura y bienes naturales vulnerando nuestro tejido comunitario”. Y que ahora el “gobierno Federal ha autorizado la construcción de infraestructura para una segunda fase de expansión eólica en el Istmo que será un adicional de 3,683 MW”. Esto implicaría casi triplicar la capacidad de generación eólica actualmente instalada en la región que son 2192 MW, con alrededor de 1900 aerogeneradores en 22 parques eólicos.

También se afirmó que la segunda fase eólica está llegando de manera impuesta y de la misma forma que la primera fase “con promesas de desarrollo y crecimiento”. Recordó que las empresas eólicas llegaron anunciando “progreso, desarrollo y derrama económica”; sin embargo lo resultados reales que se han visto en más de 10 años de presencia son: “acaparamiento de miles de hectáreas de tierras, altos niveles de pobreza, aumento de la desigualdad y marginalidad, falta de fuentes de trabajo, disminución de la producción agrícola e incremento del crimen organizado”.

En cuanto a los beneficios, se precisó que han sido mínimos, “nada de la energía que se produce en la región es para el uso de la población, sino que es revendida a otras empresas privadas como alimenticias, constructoras y mineras. Las empresas eólicas tampoco cumplieron sus compromisos sociales y ni si quieran pagan impuestos a los municipios”. Sólo para dar algunos datos indicó que en Juchitán, donde se encuentran instalados 12 parques eólicos “tan sólo en el 2015, la deuda de las eólicas ascendía a más de 2 859 604 530 pesos. En Santo Domingo Ingenio, los cinco parques eólicos que funcionan adeudan al ayuntamiento sus impuestos y la parte social que les corresponde y según el CONEVAL “este municipio tiene un 70 % de la población en la pobreza y el 10 % en pobreza extrema”.

Asimismo se mencionó como “la migración de familias enteras de la población campesina de comunidades como Xadani, Álvaro Obregón, Juchitán entre otras, hacia Morelia , Nayarit, Yucatán al corte de caña, limón, no ha decrecido, lo que significa que no hay empleo para la población”.

También se están observando impactos en la desecación de los suelos, los aceites que riegan las turbinas contaminan los suelos, el agua, y el mar; las luces y el ruido de los aerogeneradores afectan la pesca y la salud de las personas que se encuentran en contacto permanente con los aerogeneradores.

Otro integrantes agregó que existe un serio proceso de división al interior de las comunidades, “el gobierno federal y estatal, en complicidad con las empresas, autoridades agrarias y municipales han propiciado un clima de confrontación, reparto de dinero y prevendas para comprar el apoyo de algunos pobladores. Esto ha sido más visible en comunidades como San Francisco del Mar, Zanatepec, San Mateo del Mar, Álvaro Obregón, San Dionisio del Mar y Cd. Ixtepec”.

Se concluyó que la segunda fase de desarrollo eólico es la punta de lanza de las Zonas Económicas Especiales, que se caracteriza por tener leyes y reglamentos muy específicos que violan los derechos individuales y colectivos de las comunidades y solo benefician las empresas privadas.

“La ZEE busca impactar su “estrategia de desarrollo” justo donde la presencia de los pueblos originarios tienen un sentido identitario con el territorio y provoca tensiones en la dinámica comunitaria, por lo que la creación de la ZEE en la región del istmo es la validación de una política económica de despojo”.

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Chinos administrarán ZEE de Coatzacoalcos

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Según publicación hecha por El Financiero, el gobierno de Singapur está armando un plan para competir por administrar las ZEE de Coatzacoalcos y de Lázaro Cárdenas, con el argumento de que “tienen experiencia con las actividades potenciales

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Bajo el dominio chino estarán las principales ZEE de México

Javier Pulido Biosca

Revista Raíces

Como se ha venido diciendo, las Zonas Económicas Especiales niegan el progreso al trabajador y al empresario mexicano y servirán para dar más facilidades a las empresas extranjeras, discriminando al indígena, dejando de lado a los mexicanos y negando la libre empresa.

Una reciente publicación hecha por el diario El Financiero die que

“Con la reciente definición de polígonos detonadores de reactivación económica y de un paquete de estímulos fiscales históricos, la agencia del gobierno de Singapur que ha creado otras regiones similares en el mundo, reveló que prepara un plan para competir por administrar las ZEE de Coatzacoalcos y de Lázaro Cárdenas.

“Son las zonas donde podemos poner en la mesa un diferencial de valor agregado por nuestra experiencia en la actividad del sector infraestructura, ahí incluimos logística, parques industriales, centros urbanos”, dijo Francisco Ríos, director para México, Europa Emergente y Latinoamérica.

“Respecto a cuánto dinero se requiere para la puja, expuso que “pueden ser miles de millones de dólares, el monto lo determinarán las dimensiones de la zona económica en cuestión, las guías que da la Autoridad Federal y la evaluación con las empresas que trabajan muy cerca de nosotros como entidad del gobierno, ya que al final ellas toman la decisión”.

Aclaran que “la vocación petrolera de la zona de Coatzacoalcos obliga a pensar en explotar las bondades de la geografía con la apertura”. Postura engañosa, ya que la Declaratoria publicada el 29 de septiembre señal que hay una vocación para la zona de Coatzacoalcos, pero que no es excluyente.

Además, esta interpretación también excluye a los mismos empresarios que promovieron esta ZEE, para que aprendan a ver cómo ya han dejado de ser interlocutores y queda ese papel a las grandes empresas trasnacionales.

Ahora se revela por qué tanto interés en regalar el país con la reforma energética, la laboral y las ZEE. Todo parece apuntar a que la región sur de Veracruz tendrá que enfrentar mayor pobreza, desempleo y violencia –que ya la sufre con estas acciones discriminatorias.

 

ZEE por decreto

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Generará pocos empleos, mal pagados y en condiciones discriminantes para las empresas locales

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Javier Pulido Biosca

Revista Raíces

 

Por decreto, el traidor a la patria que supera a Antonio López de Santa Anna, decreta que Coatzacoalcos y Puerto Chiapas sean Zonas Económicas Especiales, ZEE, además de Lázaro Cárdenas en Michoacán. ¿Qué significa esto?

 

  1. Privilegios discriminatorios: Las empresas nuevas que se instalen en la zona económica especial de Coatzacoalcos tendrán reducciones en los pagos de impuestos sobre la renta, disminución en las cuotas del Seguros Social, exención en los pagos de prediales y otras facilidades. Pero esto no se aplica para las empresas que se han instalado con anticipación y que han tenido que esforzarse para sobrevivir en el entorno adverso que han creado las malas y anti populares políticas económicas. Nuevamente serán afectadas por este trato discriminatorio.
  2. Deterioro a los proveedores locales. No hay en tan afamado decreto ninguna cláusula que exija a las empresas que se instalarán que realicen sus compras a los proveedores locales, que contraten mano de obra local y que trabajen con los contratistas locales. En consecuencia, los empresarios locales están condenados a su desaparición y se trata de más de 13 mil unidades económicas, que si se comparan con las 50 empresas que han dado su carta de intención para participar se vuelven irrelevantes.
  3. Es ficticia. Se ofrecen 12 mil puestos de trabajo entre Coatzacoalcos y Puerto Chiapas, pero no explican los voceros que se trata de puestos temporales, que se disiparán cuando terminen los procesos de construcción.
  4. Engañosa. Se dejan ver varios engaños palmarios, el más notorio de ellos en que no se ha hecho consulta a los diversos grupos indígenas que pueblan la región, y si se ha hecho ha sido a modo, con los grupos cuya opinión ha sido pagada y de los que no se habla. Tampoco se han mostrado los estudios de impacto ambiental y social.

Con todas estas deficiencias, cabe preguntarse ¿para qué sirven estas tan famosas ZEE?

Traerá más pobreza la ZEE a Coatzacoalcos

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Quienes la promueven están ciegos ante las necesidades de la población empobrecida

Empresas extranjeras aprovecharán los bajos salario y el hambre de la región

Omiten consultar a los grupos indígenas como lo marca la misma ley de las ZEE

Se da uso político al proyecto

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Alcalde y gobernador acompañan a Gutiérrez Candiani y a empresarios extranjeros que desean explotar los bajos salarios mexicanos en la ZEE

 

Javier Pulido Biosca

Revista Raíces

La manera de incentivar la economía de una región tan depauperada por el desempleo es dar facilidades a las pequeñas empresas para que se desarrollen, pues estas empresas generan volúmenes grandes de empleo bien remunerado que benefician a las familias directamente.

Cada empresa de este tipo que logra consolidarse genera de 5 a 20 empleos dentro de los muy diversos giros a que se dedican. Basta con que se den facilidades fiscales, de Seguro Social y financieras a 1 mil empresas de este tipo para que se generen de 5 mil empleos a 20 mil, con una alta socialización del capital, lo que significa que habría muchos trabajadores que obtendrían mejores ingresos y estabilidad laboral.

Por el contrario, las grandes empresas extranjeras, ni son capaces de generar estos más de 10 mil empleos de que hablamos, ni se encaminan a socializar la riqueza, sino que serán las pocas manos de los pocos –muy pocos– inversionistas las que acapararán las ganancias, dejando a los trabajadores con los mini salarios que  se tienen en la región y las casi nulas garantías de seguridad social.

Por esta razón es que, en algunas regiones donde hay mayor conciencia de los efectos nocivos de las Zonas Económicas Especiales, ZEE, se ha organizado la gente para declarar que no la desean. Tal es el caso de la región del istmo de Tehuantepec.

Y es que –en esa zona como en el sur de Veracruz– se ha omitido llevar a cabo una consulta a los grupos indígenas, con el pretexto de que los municipios de Ixhuatlán, Nanchital y Coatzacoalcos no están registrados como municipios de habla indígena, pero la ley exige que se haga la consulta a los municipios vecinos.

Ixhuatlán sí es un municipio con una fuerte población que habla la lengua náhuatl, y los colindantes, como Cosoleacaque, Pajapan, Oteapan, Soteapan y Tatahuicapan son municipios netamente indígenas que serán afectados por la presencia de empresas extranjeras en la región.

Además, cabe enfatizar, se le está dando un toque político a estas actividades, rompiendo la abstención que debe haber hasta después de las elecciones municipales.

Rechazan la ZEE

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“La ZEE busca impactar su “estrategia de desarrollo” justo donde la presencia de los pueblos originarios tienen un sentido identitario con el territorio y provoca tensiones en la dinámica comunitaria, por lo que la creación de la ZEE en la región del istmo es la validación de una política económica de despojo”.

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De manera organizada, los grupos indígenas se amparan contra el despojo y contaminación de las ZEE

Se amparan pueblos del Istmo contra Zona Económica Especial

Generan pobreza y desigualdad. Se quiere aplicar sin consulta previa y eso viola sus derechos humanos y culturales

Apoyo A.C.

Comunicado

Organizaciones de 11 municipios del Istmo de Tehuantepec presentaron un amparo colectivo como pueblos indígenas, ante el Juzgado Sexto de Distrito de Salina Cruz. Firmaron el amparo “más de 1800 personas de los municipios de Chahuites, Ciudad Ixtepec, Juchitán, San Blas Atempa, San Francisco Del Mar, San Francisco Ixhuatan, San Mateo Del Mar, Santa María Xadani, Tapanatepec, Tehuantepec y Zanatepec”. Los pueblos Binnizá, Ikoots, Mixes, Chontales y Zoques de la Articulación de Pueblos Originarios del Istmo Oaxaqueño en Defensa del Territorio, APOYO, informaron en una conferencia de prensa que “el amparo colectivo regional interpuesto el día de ayer, tiene el objetivo de proteger los derechos de los pueblos indígenas del Istmo de Tehuantepec, respecto de la infraestructura que se pretende construir en sus territorios sin consulta y sin obtener su consentimiento libre, previo e informado, para el inicio de otra etapa de instalación de más parques eólicos en la región”.

Se concluyó que la segunda fase de desarrollo eólico es la punta de lanza de las Zonas Económicas Especiales, que se caracteriza por tener leyes y reglamentos muy específicos que violan los derechos individuales y colectivos de las comunidades y solo benefician las empresas privadas.

 

A manera de presentación se compartió lo que es la Articulación de Pueblos Originarios del Istmo Oaxaqueño en Defensa del Territorio, APOYO, “se trata de diversos pueblos y organizaciones sociales, Binnizaá, Ikoots, Mixes, Chontales y Zoques del Istmo de Tehuantepec, que al sufrir una intromisión y despojo de nuestros territorios por diferentes megaproyectos impulsados desde el gobierno federal, decidimos organizarnos bajo el principio que nos une, que es la defensa de la vida, la tierra y el territorio”.

Se informó también que el día de ayer presentaron un amparo colectivo como pueblos indígenas, ante el Juzgado Sexto de Distrito de Salina Cruz. Firmaron el amparo “más de 1800 personas de los municipios de Chahuites, Ciudad Ixtepec, Juchitán, San Blas Atempa, San Francisco Del Mar, San Francisco Ixhuatan, San Mateo Del Mar, Santa María Xadani, Tapanatepec, Tehuantepec y Zanatepec”.

Seguidamente el abogado explicó “el amparo colectivo regional interpuesto el día de ayer, tiene el objetivo de proteger los derechos de los pueblos indígenas del Istmo de Tehuantepec, respecto de la infraestructura que se pretende construir en sus territorios sin consulta y sin obtener su consentimiento libre, previo e informado, para el inicio de otra etapa de instalación de más parques eólicos en la región”. Indicó cómo este megaproyecto dolosamente desconoce la existencia de los pueblos indígenas de la región en la que se pretende instalar la infraestructura y en consecuencia, “el Estado pretende con ello evitar garantizar todos los derechos reconocidos a nivel nacional e internacional en materia de pueblos indígenas. Por ello la importancia de la acción constitucional planteada, para efecto de que se resguarden los derechos colectivos de los pueblos indígenas de la región, como el derecho al territorio, libre determinación, identidad cultural y a un medio ambiente sano”.

Un integrante de la Articulación recordó que “desde hace varios años hemos visto como se han impuesto en nuestras comunidades parques eólicos que han afectado seriamente nuestra vida, cultura y bienes naturales vulnerando nuestro tejido comunitario”. Y que ahora el “gobierno Federal ha autorizado la construcción de infraestructura para una segunda fase de expansión eólica en el Istmo que será un adicional de 3,683 MW”. Esto implicaría casi triplicar la capacidad de generación eólica actualmente instalada en la región que son 2192 MW, con alrededor de 1900 aerogeneradores en 22 parques eólicos.

También se afirmó que la segunda fase eólica está llegando de manera impuesta y de la misma forma que la primera fase “con promesas de desarrollo y crecimiento”. Recordó que las empresas eólicas llegaron anunciando “progreso, desarrollo y derrama económica”; sin embargo lo resultados reales que se han visto en más de 10 años de presencia son: “acaparamiento de miles de hectáreas de tierras, altos niveles de pobreza, aumento de la desigualdad y marginalidad, falta de fuentes de trabajo, disminución de la producción agrícola e incremento del crimen organizado”.

En cuanto a los beneficios, se precisó que han sido mínimos, “nada de la energía que se produce en la región es para el uso de la población, sino que es revendida a otras empresas privadas como alimenticias, constructoras y mineras. Las empresas eólicas tampoco cumplieron sus compromisos sociales y ni si quieran pagan impuestos a los municipios”. Sólo para dar algunos datos indicó que en Juchitán, donde se encuentran instalados 12 parques eólicos “tan sólo en el 2015, la deuda de las eólicas ascendía a más de 2 859 604 530 pesos. En Santo Domingo Ingenio, los cinco parques eólicos que funcionan adeudan al ayuntamiento sus impuestos y la parte social que les corresponde y según el CONEVAL “este municipio tiene un 70 % de la población en la pobreza y el 10 % en pobreza extrema”.

Asimismo se mencionó como “la migración de familias enteras de la población campesina de comunidades como Xadani, Álvaro Obregón, Juchitán entre otras, hacia Morelia , Nayarit, Yucatán al corte de caña, limón, no ha decrecido, lo que significa que no hay empleo para la población”.

También se están observando impactos en la desecación de los suelos, los aceites que riegan las turbinas contaminan los suelo, el agua, y el mar; las luces y el ruido de los aerogeneradores afectan la pesca y la salud de las personas que se encuentran en contacto permanente con los aerogeneradores.

Otro integrantes agregó que existe un serio proceso de división al interior de las comunidades, “el gobierno federal y estatal, en complicidad con las empresas, autoridades agrarias y municipales han propiciado un clima de confrontación, reparto de dinero y preventas para comprar el apoyo de algunos pobladores. Esto ha sido más visible en comunidades como San Francisco del Mar, Zanatepec, San Mateo del Mar, Álvaro Obregón, San Dionisio del Mar y Cd. Ixtepec”.

Se concluyó que la segunda fase de desarrollo eólico es la punta de lanza de las Zonas Económicas Especiales, que se caracteriza por tener leyes y reglamentos muy específicos que violan los derechos individuales y colectivos de las comunidades y solo benefician las empresas privadas.

“La ZEE busca impactar su “estrategia de desarrollo” justo donde la presencia de los pueblos originarios tienen un sentido identitario con el territorio y provoca tensiones en la dinámica comunitaria, por lo que la creación de la ZEE en la región del istmo es la validación de una política económica de despojo”.

¿Cómo incentivar el Sureste?

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Mejor respaldar el desarrollo de la empresa regional que fantasear con proyectos grandiosos que son irrealizables

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Los pequeños productores, tanto en el campo como en la ciudad y en el mar, son la clave para desarrollar el Sureste

Javier Pulido Biosca

Revista Raíces

La manera de incentivar la economía del Sureste mexicano –si en realidad es lo que se desea– es reactivar a la micro y pequeña empresa, que son las que generan y distribuyen la riqueza, empleo e impuestos. Y la manera de hacerlo es la más barata para cualesquiera niveles de gobierno que se involucren en esto.

 

¿Cómo incentivar a las pequeñas empresas?

Las empresas de tamaño reducido, o las personas físicas con actividad empresarial son las que sostienen la economía del país y, al mismo tiempo son las más mal tratadas tanto por bancos como por la parte fiscal.

Necesitan las mismas facilidades que se dan a las medianas y grandes empresas, que son las que menos distribución de riqueza, empleos e impuestos generan. La banca de fomento es de difícil acceso para este tipo de empresas, sin embargo cuando se trata de invertir miles de millones de dólares en empresas de grandes dimensiones las facilidades fluyen y esto es un contrasentido.

Los créditos blandos, con intereses que rayen en el 1%, como es la tasa internacional para los grandes capitales, sería muy benéfico y mucho mejor que el 35 o 40% que les cobran las más bajas tarjetas de crédito.

También hace falta que los diversos niveles de gobierno estatales y municipales hagan conciencia de que es mejor consumir lo que la región, o el municipio, produce, que comprar a empresas que se llevan la riqueza a otras partes. ¿Cómo va a ser fuerte un municipio como Coatzacoalcos con una gran cantidad de empresas que declaran sus impuestos en Monterrey, Guadalajara, Xalapa, la ciudad de México o incluso en el extranjero?

Los pequeños productores requieren que los consumidores les conozcan y en eso podrían firmarse cartas de intención por parte de los municipios y el gobierno de Veracruz. Además el beneficio de comprar a los productores locales está en el costo de carbono: productos que requieren de transportarse desde lugares distantes tienen un mayor costo de carbono que los que son transportados de las cercanías.

 

El aspecto fiscal

Las facilidades dadas a las grandes empresas para consolidar sus cuentas y declarar muchas veces con el 2% de sus ganancias en vez del 35%, deben ser dadas a los pequeños productores y prestadores de servicios, de tal manera que su carga fiscal se reduzca significativamente.

También debe abatirse el cobro –indebido e ilícito– que hacen los ayuntamientos por establecerse y operar, cuando sólo expiden recibos de donativos voluntarios y no comprobantes fiscales debidamente regulados.

Por otro lado, el Seguro Social, incapaz de dar servicio digno a los derechohabientes, debe permitir que los patrones acuerden con sus trabajadores qué tipo de seguridad social y servicios de salud pueden dar. Algunos optarían por los servicios particulares, cosa que generaría derramas adicionales en el sector médico de los municipios. Todo debidamente comprobado y regulado.

 

Lo que debe desaparecer

El principal renglón que debe desaparecer es el que tiene que ver con todas las formas de corrupción que fomentan los ayuntamientos: inspectores que cobran derechos que no son legales, como el de abrir un negocio, que amenazan a los vendedores ambulantes en vez de regular la actividad de este tipo, que cobran permiso de construcción –o la falta de ellos–, que parasitan a los pequeños productores y prestadores de servicios en vez de lograr acuerdos para fomentar su actividad debidamente regulada.

También debe desaparecer el auge de promesas irrealizables que sólo beneficiarían a las grandes empresas, dejando más empobrecidos a los miles de pobladores. Un caso es el de los financiamientos gubernamentales a las actividades de impacto social que las grandes empresas presentan como suyos cuando sólo son el canal para ejercer ese presupuesto que sería mejor aplicado si se elaboraran las debidas consultas que marca la ley.

También debe desaparecer el paternalismo que presenta a los diferentes gobiernos como los salvadores de la economía de la región por la que nada hacen. Lo que debe hacerse es trasladar al responsabilidad al empresario local, al que se le den las debidas facilidades que arriba mencionamos.

Y una cosa que debe resolverse es la gran opacidad con que trabajan tanto los gobiernos estatales como los municipales. Si todo el dinero producto de impuestos se utilizara para el uso público debidamente etiquetado, muchos problemas de infraestructura y de liquidez desaparecerían.

Varias de las reformas estructurales debieran darse marcha atrás, como la reforma laboral que permite excesos patronales que despojan de toda garantía a los trabajadores dando lugar a una importante falta de formalidad laboral al interior de empresas debidamente constituidas o de organismos gubernamentales.

También la reforma financiera, que da lugar a figuras agiotistas, como el anatocismo, que sólo despojan a los deudores de sus recursos para engordar una banca que ni siquiera es mexicana en su capital e intereses, deben ser derogadas.

 

En suma

El desarrollo del Sureste requiere de varias cosas:

  1. Incentivar a los pequeños productores, tanto del campo como de la industria y el comercio.
  2. Facilidades de créditos a través de la banca de fomento a los pequeños.
  3. Facilidades fiscales a los pequeños, semejantes a los que se dan los grandes.
  4. Respaldo a los productores locales, que significan menores costos de carbono.
  5. Derogar las figuras agiotistas en lo financiero y explotadoras del trabajo en el plano laboral.

Son muchas otras cosas las que debieran hacerse, pero estas son las básicas.