Gobernanza, clave del crecimiento

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Las asimetrías impiden consolidar el desarrollo económico, lograr mayor seguridad y alcanzar la equidad para los grupos marginados

El BM exigirá a los Estados y sus agencias facilitar el acceso y cumplimiento de las leyes como base para otorgar créditos

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Por supuesto, en México, donde campea la impunidad y el corto respeto a la ciudadanía, la falta gobernanza produce miseria, violencia e inseguridad

Washington D.C.

Banco Mundial

Un nuevo reporte de política del Banco Mundial exige que los “países en desarrollo” y las agencias internacionales replanteen su acercamiento a la gobernanza como una clave para superar los retos relacionados con la seguridad, el crecimiento y la equidad.

El Reporte Mundial sobre Desarrollo en 2017: Gobernanza y la Ley explora cómo la desigual distribución del poder en una sociedad infiere con la efectividad de las políticas. Las asimetrías permiten explicar, por ejemplo, porqué las leyes contra la corrupción y las agencias de los Estados frecuentemente fallan al frenar la corrupción, porqué la descentralización no siempre mejora los servicios municipales, o las bien diseñadas políticas fiscales pueden no reducir la volatilidad y generar ahorros a largo plazo.

El reporte hace notar que cuando las soluciones políticas y técnicas fallan en lograr los resultados deseados, las instituciones frecuentemente son criticadas. Sin embargo, encuentra que los países y los donantes necesitan pensar más ampliamente para mejorar la gobernanza y así las políticas podrán ser exitosas. Define la mejor gobernanza como el proceso a través del que tanto los Estados y los grupos no estatales interactúan para diseñar e implementar políticas, trabajando en un conjunto de reglas formales e informales que son perfiladas por el poder.

“Una demanda por servicios eficaces, buena infraestructura, y buenas instituciones que prosigan construyendo, es vita que los gobiernos usen recursos escasos y logren la mayor eficiencia y transparencia posible”, indica el presidente del Grupo del Banco Mundial, Jim Yong Kim. “Esto significa poner un arnés a la experiencia del sector privado, trabajar cerca de la sociedad civil y redoblar los esfuerzos en la lucha contra de la corrupción. Sin mejor gobernanza nuestros objetivos para reducir la pobreza extrema y hacer mayor la prosperidad compartida serán inalcanzables”.

 

 

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México casi en estado de sitio

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Fuerte violencia estructural

Creciente incomodidad social efecto de las reformas; las grandes capas de la población quedan desprotegidas

El gobierno federal prevé que haya necesidad de suspender los derechos humanos

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Cada vez más, el Estado fallido de México se convierte en un estado de sitio

Javier Pulido Biosca

Revista Raíces

Debido a la impunidad y discrecionalidad con que se aplica la ley, México se ha convertido cada vez más en un Estado fallido, definido por la incapacidad del gobierno para aplicar las leyes que definen al Estado.

Esto ha derivado en un gradual control por parte de los poderes fácticos de todo tipo y la desaparición de facto del Estado como tal. Previendo que esto puede llevar a levantamientos sociales de todo tipo, el gobierno federal ha dispuesto que sea aprobada una ley que le permita derogar los derechos humanos garantizados por la Constitución en los casos que el poder Ejecutivo así lo determine.

La disolución completa de la fortaleza del Estado para controlar y garantizar el derecho al trabajo, así como la pérdida del control sobre la minería y la producción de energéticos, se suman a la cuasi desaparición del derecho a la salud y del derecho a la educación, pues han sido los cambios estructurales que disuelven la tutela del Estado y lo nulifican ante los vaivenes del mercado.

Lo anterior, ante la ausencia de estímulos a la micro, pequeña y mediana empresa, ha dejado en la indefensión tanto a las diversas capas de trabajadores como a la casi totalidad de las clases medias, lo que he derivado en una creciente inconformidad social ya difícil de contener ante la incapacidad del Estado para aplicar las leyes que sancionan las violaciones a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

Todo esto da por resultado una violencia social que el gobierno mexicano desea apagar de la peor manera: suspendiendo los derechos humanos garantizados en la Constitución y permitiendo que el poder Ejecutivo decida cuándo y dónde se suspenden estos derechos elementales.

Esto se entiende desde la reciente propuesta de ley que permite cambios al Artículo 29 Constitucional, con el argumento de que la suspensión ‘‘puede ser una forma de tutela a los derechos humanos’’.

La propuesta del Ejecutivo, turnada al Senado y a la Cámara de Diputados, pretende ser reguladora del Artículo 29 Constitucional, pero el descuido para proteger los derechos humanos puede acotar la libertad de expresión, la de tránsito e, incluso, el derecho a la vida.

Todo lo anterior permite vislumbrar que el gobierno de México prevé una inestabilidad social mayor a la que pretende contener con el uso de la fuerza bruta, lo que desencadena un estado de sitio que pone en riesgo los derechos humanos en general y transgrede los acuerdos signados por México ante diversos organismos internacionales.

Del Estado fallido a la ausencia de Estado

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Estudiantes universitarios perciben la realidad mexicana: Un Estado de delincuentes.

Estudiantes universitarios perciben la realidad mexicana: Un Estado de delincuentes.

Con la fuerte incidencia de la delincuencia en las filas mismas del gobierno, del que sabemos que ordena las ejecuciones en masa para los fines que le convengan, se hablaba antes del Estado mexicano como un Estado fallido y hoy de un gobierno de delincuentes.

 Plano Inclinado

Javier Pulido Biosca

 Se decía que un Estado incapaz de hacer cumplir la primera de las leyes, y la razón de ser de éstas que es la salvaguarda de la vida, es un Estado fallido.

Pero ahora sucede que los pobladores de este Estado fallido tenemos clara conciencia de que los delitos contra la vida son perpetrados por diversos funcionarios de los diferentes gobiernos, estatales, municipales y federales.

Por allá sabemos que militares –cuya función es garantizar la soberanía– reciben órdenes para asesinar estudiantes. Por el otro lado, las impolutas policías municipales de Ayotzinapa declaran, para exculparse, que entregaron estudiantes a los “sicarios” para que dispusieran de ellos, reconociendo en su excusa su complicidad.

En Veracruz, desaparecen pobladores de Cosoleacaque a manos de –también– policías estatales, cuyo “mando único” no deja lugar a dudas de quién reciben órdenes.

Y, ante todo esto silencio, no sólo de esa prensa palera que mejor calla y aplaude las invenciones oficiales, sino de instancias que son muy gritonas cuando les conviene, como las iglesias, encabezadas por la ancestralmente perversa Iglesia Católica, permanecen en silencio.

Por todo el país ya hay brotes de protesta. Estos ciudadanos han dejado de ser cómplices.

Por todo el país ya hay brotes de protesta. Estos ciudadanos han dejado de ser cómplices.

¿Permanecen en silencio o son cómplices? Son cómplices: cuando, hace años, en Cuba fue detenido un narcotraficante, se le juzgó conforme a la ley y la sentencia le condenaba a muerte. Cuando se supo esto, la Iglesia y todos sus altos prelados protestaron y declararon su hipócrita respeto por la vida. El régimen de Fidel impidió la intromisión extranjera: las leyes condenaban a muerte al traficante y fue fusilado conforme a la ley.

Los grupos Pro–vida, que peroran mojigatas consignas en contra del aborto, defendiendo hipócritamente la vida desde el útero materno, permanecen en silencio ante la masacre hecha por órdenes gubernamentales en Ayotzinapa y en tantos otros lugares. Son cómplices en su hipocresía y mojigatería.

Hay que destacar la valentía de soldados que exigen que se juzgue a los mandos que son los que dan las órdenes para asesinar ciudadanos. Ellos saben que son soldados y sólo reciben órdenes y que las decisiones se toman desde los altos mandos, quienes son los verdaderos responsables de los crímenes. No es justo encarcelar soldados cuando sus mandos, hasta la más alta esfera, permanecen impunes.

¿Y sabe usted quién es el supremo comandante de las fuerzas armadas del país? No queda ninguna duda de quiénes coordinan la delincuencia en el país y para qué lo hacen.

Twitter: @JPBiosca