Nulo tratamiento de aguas residuales en Coatzacoalcos

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CAEV permanece en silencio cómplice

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Drenajes como este son el atractivo turístico que CAEV y el ayuntamiento han decido darle a los visitantes

Javier Pulido Biosca

Revista Raíces

Uno de los principales perjuicios a la salud en Coatzacoalcos es el nulo tratamiento de las aguas residuales y hay infinidad de drenajes que vierten sus aguas al mar sin tratamiento alguno, aún cuando la nueva administración de CAEV, a cargo de Rafael Abreu, haya ofrecido cumplir con el tratamiento de las aguas residuales en la página de este organismo en Coatzacoalcos.

Esto es tanto más grave cuanto que se pretende lograr que Coatzacoalcos sea una plaza turística y ¿cómo estimular el turismo teniendo playas altamente contaminadas?

Al preguntar sobre este tópico el director de CAEV en Coatzacoalcos, Rafael Abreu, se abstuvo de dar respuesta.

Tampoco indicó si es que hay un presupuesto destinado para este renglón, particularmente evadiendo la importancia que tiene el tratamiento de las aguas residuales en el derecho a la salud.

Ante la negativa a dar respuesta, el director de CAEV en Coatzacoalcos parece estar esperando a que un ayuntamiento progresista obligue a esta institución a cumplir con la ley y garantizar la salud de los habitantes.

El silencio del director cae en la afirmativa ficta: acepta que es así la situación al callar su punto de vista.

 

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Tomar el control de la Carta Magna

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Disolverán reformas que violenten derechos

Presentan iniciativa para impugnar ciertos cambios constitucionales

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La relación entre los ciudadanos y la Suprema Corte se ha vuelto un verdadero circo, ya que ni los ministros defienden el sentido popular ni los ciudadanos ven otras altenativas

Javier Pulido Biosca

Revista Raíces

 

El diputado Elías Ojeda Aquino presentó una iniciativa de reformas al Artículo 135 para que se pueda tomar el control de la Carta Magna y sus modificaciones.

Explicó que actualmente el marco normativo impide hacer una revisión del procedimiento y contenido de las reformas constitucionales realizadas.

Ante el abuso que se ha hecho de las reformas a la Constitución Mexicana promulgada en 1917, que en su mayoría han sido en perjuicio de los ciudadanos e impulsadas por el PRI, es necesario tener la oportunidad de impugnar esas violaciones en decisiones políticas fundamentales para la vida de nuestro país, manifestó el diputado federal Elías Ojeda Aquino.

Precisó que hasta ahora se han publicado 231 decretos, 699 reformas y casi un millar de modificaciones a 114 de los 136 artículos, lo que se significa una transformación de más del 80 por ciento de la versión original de la Carta Magna.

“No sólo es una numeraria, que francamente resulta excesiva. También representa un viraje de 180 grados sobre el contenido y las decisiones políticas fundamentales impuestas por el partido de Estado, el PRI, durante todo el siglo XX, y desde los años 90 ese instituto con sus partidos satélites o aquellos que buscan revertir las conquistas de la Revolución Mexicana”, puntualizó.

En ese sentido, informó que el pasado 23 de marzo presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados una iniciativa de reformas al Artículo 135 de la Carta Magna, para que se tenga control de ésta y sus modificaciones, a través de mecanismos como el Juicio de Amparo, controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad.

Lamentó que actualmente el marco normativo impide hacer una revisión del procedimiento y contenido de las reformas constitucionales aprobadas por el Congreso de la Unión, a pesar de que muchas de ellas han generado descontento social y puesto al país en un desastre sistemático.

“Basta ver las reformas constitucionales que han sido el eje del Pacto contra México y que han resultado desastrosas para el país, como la mal lograda reforma educativa y la reforma energética”, detalló.

El diputado federal por Oaxaca expresó que después de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, se introdujeron una serie de candados que impiden a los ciudadanos ejercer actos de revisión del contenido reformador de la Constitución Mexicana, lo que resulta violatorio de los mismos derechos humanos.

“Relativo a la forma de gobierno o a la seguridad nacional, todas las tentativas que se hicieron al recolectar millones de firmas para solicitar una consulta fueron rechazadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, simplemente porque el texto constitucional lo prohíbe”, subrayó.

Ojeda Aquino agregó que una prueba de ello es la nueva Ley de Amparo, que en su Artículo 61 señala que el Juicio de Amparo es improcedente contra adiciones o reformas a la Constitución, lo que deja a los ciudadanos en estado de indefensión ante los abusos y la dictadura de la mayoría parlamentaria.

“Los hidrocarburos, el gas y el petróleo, son otro ejemplo claro de cómo unos cuantos pueden votar en contra del interés popular mayoritario y otorgarle privilegios a una minoría o, aún peor, a las empresas extranjeras y hasta ahora nada puede hacerse porque ha quedado inscrito en la Constitución”, concluyó.

La iniciativa del diputado federal fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales para su dictamen.

Rechazan nueva hidroeléctrica en río Bobos

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Lavida exige a Sedema cancelar el proyecto que se ubicaría en el interior del Área Natural Protegida de Pancho Pozas

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Nuevamente, la poco honorable empresa brasileña Odebrecht busca apoderarse de los recursos hídricos de México

Xalapa, Ver.

Agencias

Emilio Rodríguez Almazán, integrante de La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (Lavida), rechazó el proyecto de construcción de una nueva hidroeléctrica en la región del río Bobos, ya que se ubicaría dentro del Área Natural Protegida de Pancho Pozas.

En rueda de prensa refirió que esta ANP es una de las más antiguas del estado de Veracruz, por lo que el proyecto de esta nueva hidroeléctrica es una vergüenza no solo para el estado sino para el país.

“No es posible que ordenamientos estatales, ordenamientos de áreas naturales protegidas, sean violados por las empresas, que mientan a las autoridades diciendo que no existen áreas naturales protegidas”.

Añadió que es necesario que la Secretaría de Desarrollo y Medio Ambiente estatal (Sedema) se declare en contra de este proyecto hidroeléctrico, en tanto contraviene el ordenamiento de la cuenca hidrológica y de la misma ANP.

“Hacemos un exhorto profundo a la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Veracruz a que haga lo que tiene que hacer y a lo que la ley le obliga, que es detener este proyecto, no autorizar los cambios que la empresa requiere”.

Añadió que las organizaciones ambientales se solidarizan con los movimientos en contra de estos proyectos, no solo en la cuenca del Bobos-Nautla, sino también del río La Antigua, así como en otros estados de la República.

Rodríguez Almazán recordó que la Reforma Energética del gobierno federal pone al medio ambiente a merced del mejor postor y lo convierte en una mercancía más.

“Odebrecht es una empresa trasnacional con fuertes vínculos con la oligarquía de este país y en todo el mundo, se ha demostrado que es una empresa corrupta, que la manera en que actúa siempre es comprando a los gobiernos”.

 

Buscan acotar el derecho a huelga

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Causa preocupación una cláusula que exige a los trabajadores registrar su emplazamiento a huelga ante el patrón

Choca con iniciativas de vanguardia en el derecho laboral mexicano

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La huelga es un derecho irrenunciable del trabajador. Pretender acotarlo es violar su derecho

México, DF

Comunicado, UNTYPP

Actualmente el Poder Legislativo está procesando una iniciativa enviada por el Ejecutivo Federal en materia de Justicia Laboral. Este proyecto, a diferencia de la Reforma Laboral del 2012, que legalizó el outsourcing ó la tercerización, que abarató el despido y que en síntesis, contribuyó a precarizar los empleos, contiene aspectos por los cuales hemos luchado insistentemente en espacios nacionales e internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), hasta lograr que se presente una iniciativa de supresión de las Juntas de Conciliación y Arbitraje que serán sustituidas, en caso de que se apruebe la propuesta, por Jueces de lo laboral, así como la introducción de modalidades de voto directo y secreto para procesar las principales determinaciones de los sindicatos, además de la creación de un organismo público federal encargado de los registros de sindicatos y contratos colectivos.

 

La supresión de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, podría ser el punto de partida de un proceso de transformación más profundo que, en etapas posteriores incluiría, entre otras medidas, la eliminación del apartado B del Artículo 123 Constitucional, así como el establecimiento de diversos preceptos que favorecerían la libertad de afiliación sindical, eliminando la injerencia del gobierno y los patrones en los asuntos internos de las organizaciones de los trabajadores.

 

Por ello causa preocupación que, de manera sorpresiva y sin discusión previa en las comisiones unidas se filtre, en el proyecto de dictamen, la adición de la fracción décima octava en materia de huelga, un nuevo candado que imposibilita en la práctica el ejercicio de derecho de huelga para efecto de la firma del Contrato Colectivo de trabajo. Con esta modificación se obligaría a los trabajadores a solicitar a los patrones, antes del emplazamiento a huelga, una constancia de trabajo en la empresa o lugar de trabajo, lo que daría lugar a la elaboración de listas negras en perjuicio de todos aquellos trabajadores involucrados en este proceso.

 

Si esta modificación se aprobara, literalmente se elevaría a rango constitucional un precepto que obstaculizaría la lucha de los trabajadores para contar con una representación sindical legítima y un contrato colectivo auténtico, ya que la acreditación de una mayoría previa al emplazamiento favorecería todo tipo de actos de represión en contra de los trabajadores.

 

Demandamos de los legisladores una actitud responsable y congruente con las necesidades de un país en el que es impostergable la dignificación del trabajo por medio de empleos de calidad y salarios bien remunerados. Para ello se requiere fortalecer la contratación colectiva auténtica, así como el derecho de los trabajadores a organizarse de manera autónoma, utilizando el voto directo y secreto en todas las decisiones sindicales relevantes.

 

Los sindicatos agrupados en la UNT no podemos consentir un nuevo acto de simulación o de retroceso en nuestros derechos para que se perpetúen tanto el corporativismo sindical como los contratos de protección que tanto daño han hecho a los trabajadores. La UNT convocará a todos los trabajadores a movilizarse y hacer uso de todos nuestros recursos políticos, para defender nuestro derecho a huelga, la autonomía, independencia y democracia sindical y a una contratación colectiva auténtica.

Gasoducto en Xalapa violenta derechos

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Jalapeños se perciben inseguros y sin información confiable

Se viola el derecho a la consulta pública

Se construye sólo para beneficio de dos industrias extranjeras

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El peligroso gasoducto alimentará a las empresas Nestlé, CocaCola y otras industrias extranjeras. Para ello afectará la seguridad de colonias, universidades, centros comerciales y carreteras

 

Xalapa, Ver.

Comunicado

 

El ingeniero Guillermo Fernández Sánchez, coordinador de la casa de gestión del Diputado Federal y ex-candidato a la gubernatura del estado, Cuitláhuac García Jiménez, señaló que el proyecto del gasoducto es un tema que alarma a la población jalapeña, y que a razón de ello tomó la decisión de encauzar esta preocupación a través de la casa de atención ciudadana del Diputado Cuitláhuac.

 

En voz propia, Guillermo Fernández, afirmó que hay escasez de información y falta de transparencia acerca de este proyecto, que pretende realizarse y que atravesará el municipio de Xalapa, señalando ésto como uno de los graves problemas alrededor del tema:

 

“Hay gran desinformación en la población acerca de este proyecto, la mayoría de la gente desconoce acerca del gasoducto que se pretende atravesar por Xalapa, y eso es preocupante. No hay, no existe información que la ciudadanía pueda tener de primera mano para conocer lo benéfico o contraproducente que pude resultar esta obra”

 

Informó que han realizado sondeos en diferentes colonias de la ciudad, arrojando como resultado que cerca del 60% de la población de Xalapa, mayor de 18 años, desconoce sobre el proyecto del gasoducto que está en puerta para el municipio. Asimismo aseguró cerca del 35% de la población que reside en la cercanía de la ruta de riesgo, desconoce que por debajo de sus hogares pasaría este ducto de gas natural.

 

En este sentido dijo que a la fecha llevan más de 1 mil 200 firmas, recolectadas durante los últimos dos meses, de ciudadanos que respaldan la realización de una consulta popular acerca de la construcción y ruta del gasoducto a cargo de la empresa Gas Natural.

 

Por último, Guillermo Fernández destacó que el informe legislativo del diputado Cuitláhuac García no será masivo como otros actos, afirmando que será entregando casa por casa como acostumbra MORENA:

 

“Estamos dando a conocer las actividades que realizó el diputado Cuitláhuac García durante este año. Estamos visitando casa por casa, como lo acostumbra MORENA, para entregarle a la ciudadanía un documento con toda la información del trabajo legislativo”.

 

El ejercicio de todos los derechos se dificulta en Veracruz

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Pronunciamiento del tercer encuentro regional de defensoras y defensores de derechos humanos en Veracruz

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Constantes las marchas y protestas que piden cese a la violencia estructural en Veracruz

Xalapa, Ver.

Comunicado

Más de 60 defensoras y defensores de derechos humanos en el estado de Veracruz, convocados por organizaciones regionales, nacionales e internacionales, nos reunimos en Xalapa para compartir experiencias y construir un diagnóstico estatal sobre la situación de los derechos humanos en el estado.

Las conclusiones son gravísimas. El ejercicio de prácticamente todos los derechos humanos enfrenta dificultades desde su exigencia, garantía y realización.

 

Preocupa especialmente ser el estado con el mayor número de amenazas y agresiones graves en contra de periodistas, comunicadoras y comunicadores; los ataques a la libertad de expresión, al acceso a la información y al ejercicio del periodismo son insostenibles (19 homicidios durante el gobierno de Javier Duarte).

Esta situación pone de manifiesto además la ineficacia de la Alerta Temprana Veracruz, convenio firmado por autoridades locales y el Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en su fallida lucha por controlar las agresiones de las que son objeto comunicadores y comunicadoras en el ejercicio de su libre expresión.

 

Graves violaciones como la desaparición forzada, la tortura y las ejecuciones arbitrarias no son reconocidas por el estado y por lo mismo, no son investigadas, los responsables siguen impunes y las víctimas no cuentan con ningún mecanismo adecuado y efectivo que les permita acceder a la justicia.

 

Población indígena, migrantes, mujeres y estudiantes sufren con mayor énfasis esta grave crisis.

 

Proyectos extractivistas y otras amenazas contra la tierra y el territorio están latentes en todo el estado. Ser una de las entidades del país con mayor población indígena no significa que su autonomía y autodeterminación sea respetada.

El cambio de gobierno en el estado, debería implicar no solamente el cumplimiento de sus obligaciones de promover, respetar, realizar y garantizar los derechos humanos, sino también la investigación y sanción a las autoridades que han sido responsables de tan graves violaciones, la reparación del daño a las víctimas y sobrevivientes y medidas de no repetición.

 

Provenientes de diversas regiones del estado, quienes hoy nos pronunciamos, reafirmamos nuestro compromiso de acompañamiento a las luchas y movimientos que surgen desde los pueblos y comunidades, como también el de la promoción y defensa de los derechos humanos, la generación de espacios de reflexión y vinculación, al mismo tiempo que denunciamos las amenazas y ataques que sufrimos en la realización de nuestra labor.

 

Hacemos memoria de los periodistas, defensores, comunicadores y de todas aquellas personas que han sido asesinadas por el hecho de ser consecuentes y ejercer su labor.

 

Nos manifestamos en contra de proyectos que representan una amenaza para los bienes naturales y culturales como el periférico Córdoba-Orizaba en el centro del estado, al norte y sur la extracción y transporte de hidrocarburos, proyectos hidroeléctricos en la cuenca del Río Blanco y en la cuenca del Río la Antigua, así como mega proyectos de mega minería a cielo abierto en los municipios de Actopan y Alto Lucero, el Fracking en la zona norte y sur de nuestra entidad, concesiones mineras, gaseoductos y proyectos eólicos.

 

Hacemos un llamado enérgico y exigimos:

 

  1. Sean investigados a cabalidad y se esclarezcan los asesinatos de defensoras y defensores de derechos humanos y periodistas cometidos en la entidad veracruzana en el actual gobierno de Javier Duarte. Asimismo, sean castigados los responsables y sea reparado el daño a sus deudos y familiares;
  2. Cese el hostigamiento y criminalización contra las personas defensoras de derechos humanos, organizaciones civiles, sociales y académicas, como a periodistas que ejercen su labor de informar a la sociedad dando voz a los pueblos y comunidades del acontecer público;
  3. Que se investigue adecuadamente, sancione a las víctimas y se repare el daño generado en actos violentos en contra de estudiantes el 5 de junio el año pasado;
  4. Sea reconocida la labor y contribución que las personas y colectivos defensores de derechos humanos hacemos para la construcción de una sociedad más justa, humana y equitativa;
  5. Sea decretada la Alerta de Género en el Estado de Veracruz ante el contexto de violencias heteropatriarcales contra las mujeres en la entidad como la trata y tráfico de personas para la prostitución, los feminicidios y las desapariciones forzadas de mujeres y niñez, asimismo exigimos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos presente una acción de inconstitucionalidad contra la reforma del artículo 4 de la Constitución del Estado que criminaliza a las mujeres veracruzanas por su derecho a decidir;
  6. Sean investigadas con imparcialidad y de manera pronta y expedita todas las denuncias presentadas por los familiares de las víctimas de desaparición forzada y sean activados los protocolos de búsqueda y localización de las víctimas y sean presentadas con vida, porque VIVOS Y VIVAS SE LOS LLEVARON, VIVOS Y VIVAS LES QUEREMOS;
  7. Se garantice el acceso a mecanismos adecuados de justicia y la reparación del daño, la impunidad estimula continuación en la violación de los derechos de los derechos humanos;
  8. Cese el acoso, hostigamiento y criminalización por parte de las autoridades veracruzanas contra los y las migrantes en tránsito por Veracruz, quienes en busca de una vida mejor y digna para ellos y sus familias son secuestrados, desaparecidos, asesinados y víctimas de trata y tráfico de personas (esclavitud contemporánea);
  9. Sea respetado el derecho a la libre autoderminación y autonomía de los pueblos indígenas y mestizos, de manera que el proceso de crecimiento de los pueblos sea culturalmente adecuado con base en lo que los pueblos y comunidades en pleno ejercicio de su autonomía decidan cómo quieren llevar a cabo ese desarrollo o manera de buen vivir;
  10. Se investigue, transparente la información, se sancione a los responsables y repare el daño a las víctimas y sobrevivientes de la explosión de la Formuladora de agroquímicos ANAVERSA en Córdoba y la refinería de Pajaritos en Coatzacoalcos;
  11. Se cancelen todos los proyectos hidroeléctricos en la Barranca Matlacobatl;
  12. Se pague la deuda que el gobierno del estado tiene con la Universidad Veracruzana y que se garantice en el estado el acceso a una educación adecuada a los contextos indígenas, pública, gratuita y laica;
  13. Que se generen las condiciones para que la población pueda ejercer de manera efectiva el derecho a la salud de manera integral;
  14. Que sean respetados y se garanticen los derechos de las personas y colectivos de comunidad LGBTTTI; y
  15. Que el gobernador electo cumpla con todas estas peticiones y obligaciones que le corresponden en materia de derechos humanos.

 

Seguiremos atentos del cumplimiento de las obligaciones del estado en materia de derechos humanos, activos en nuestra labor y vinculados con el mismo fin en común de un Veracruz verdaderamente digno y justo para todas y todos.

 

 

Maestría en Derechos Humanos y Justicia Constitucional de la Universidad Veracruzana, Red Nacional de Defensoras – Veracruz, Red Veracruzana por el Derecho a Decidir, Centro de Estudios sobre Derecho, Globalización y Seguridad, Radio Teocelo, Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz Bety Cariño, AUGE, Desarrollo Augestionario, Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo, Kalli Luz Marina, A.C., Comunidades Eclesiales de Base, Xalapa, La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental, Coordinadora Regional de Acción Solidaria, Red Unidos por los Derechos Humanos, Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio – Veracruz, Católicas por el Derecho a Decidir – Veracruz, Radio Huayacocotla, Zapateando, espacio de comunicación autónomo, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Article 19, Centro de Derechos Humanos y Alternativas Sociales, Las Tepehuas, A.C., Scalabrinianas Misión con Migrantes y Refugiados, Comité de Derechos Humanos Sierra Norte de Veracruz, Colectivo Feminista Cihuahtlahtolli, A.C., Cuerpo Académico “Riesgos socioambientales y conflictividad social” de la Universidad Veracruzana, Colectivo en Defensa de la Universidad Veracruzana, Cuerpo Académico Transdisciplinariedad, Sostenibilidad y Diálogo de Saberes – Universidad Veracruzana.

 

Derecho a la consulta

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Cada vez que las comunidades indígenas se organizan y resisten a proyectos extractivos sobrevienen “actos de hostigamiento, amenazas y agresiones”

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Los pueblos indígenas han sido constantemente lastimados por la voracidad de las macro empresas, principalmente las extractivistas

Darío Aranda
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicita a los Estados que apliquen el “derecho a la consulta” y al “consentimiento libre, previo e informado” ante cada acción que pudiera afectar a los pueblos indígenas (derecho vigente en distintas leyes nacionales y tratados internacionales, como el “Convenio 169 de la OIT”).
La Comisión recuerda que no se pueden otorgar concesiones a empresas sin el visto bueno de las comunidades indígenas y afirma que no cumplir con ese derecho básico implica una violación de derechos humanos.
 
La Comisión afirma que cada vez que las comunidades indígenas se organizan y resisten a proyectos extractivos sobrevienen “actos de hostigamiento, amenazas y agresiones”.
Se repiten persecuciones judiciales en contra de indígenas, presiones, secuestros y asesinatos. El extractivismo vulnera “el derecho a la vida”, define la CIDH