Rechazan la ZEE

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“La ZEE busca impactar su “estrategia de desarrollo” justo donde la presencia de los pueblos originarios tienen un sentido identitario con el territorio y provoca tensiones en la dinámica comunitaria, por lo que la creación de la ZEE en la región del istmo es la validación de una política económica de despojo”

Se amparan pueblos del Istmo contra Zona Económica Especial

Generan pobreza y desigualdad. Se quiere aplicar sin consulta previa y eso viola sus derechos humanos y culturales

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Tienen más un impacto político que beneficio económico las ZEE. Quienes no lo reconocen es por ceguera o por estar en el círculo de los pretendidos beneficios

Apoyo A.C.

Comunicado

Organizaciones de 11 municipios del Istmo de Tehuantepec presentaron un amparo colectivo como pueblos indígenas, ante el Juzgado Sexto de Distrito de Salina Cruz. Firmaron el amparo “más de 1800 personas de los municipios de Chahuites, Ciudad Ixtepec, Juchitán, San Blas Atempa, San Francisco Del Mar, San Francisco Ixhuatan, San Mateo Del Mar, Santa María Xadani, Tapanatepec, Tehuantepec y Zanatepec”. Los pueblos Binnizá, Ikoots, Mixes, Chontales y Zoques de la Articulación de Pueblos Originarios del Istmo Oaxaqueño en Defensa del Territorio, APOYO, informaron en una conferencia de prensa que “el amparo colectivo regional interpuesto el día de ayer, tiene el objetivo de proteger los derechos de los pueblos indígenas del Istmo de Tehuantepec, respecto de la infraestructura que se pretende construir en sus territorios sin consulta y sin obtener su consentimiento libre, previo e informado, para el inicio de otra etapa de instalación de más parques eólicos en la región”.

Se concluyó que la segunda fase de desarrollo eólico es la punta de lanza de las Zonas Económicas Especiales, que se caracteriza por tener leyes y reglamentos muy específicos que violan los derechos individuales y colectivos de las comunidades y solo benefician las empresas privadas.

 

A manera de presentación se compartió lo que es la Articulación de Pueblos Originarios del Istmo Oaxaqueño en Defensa del Territorio, APOYO, “se trata de diversos pueblos y organizaciones sociales, Binnizaá, Ikoots, Mixes, Chontales y Zoques del Istmo de Tehuantepec, que al sufrir una intromisión y despojo de nuestros territorios por diferentes mega proyectos impulsados desde el gobierno federal, decidimos organizarnos bajo el principio que nos une, que es la defensa de la vida, la tierra y el territorio”.

Se informó también que el día de ayer presentaron un amparo colectivo como pueblos indígenas, ante el Juzgado Sexto de Distrito de Salina Cruz. Firmaron el amparo “más de 1800 personas de los municipios de Chahuites, Ciudad Ixtepec, Juchitán, San Blas Atempa, San Francisco Del Mar, San Francisco Ixhuatán, San Mateo Del Mar, Santa María Xadani, Tapanatepec, Tehuantepec y Zanatepec”.

Seguidamente el abogado explicó “el amparo colectivo regional interpuesto el día de ayer, tiene el objetivo de proteger los derechos de los pueblos indígenas del Istmo de Tehuantepec, respecto de la infraestructura que se pretende construir en sus territorios sin consulta y sin obtener su consentimiento libre, previo e informado, para el inicio de otra etapa de instalación de más parques eólicos en la región”. Indicó cómo este mega proyecto dolosamente desconoce la existencia de los pueblos indígenas de la región en la que se pretende instalar la infraestructura y en consecuencia, “el Estado pretende con ello evitar garantizar todos los derechos reconocidos a nivel nacional e internacional en materia de pueblos indígenas. Por ello la importancia de la acción constitucional planteada, para efecto de que se resguarden los derechos colectivos de los pueblos indígenas de la región, como el derecho al territorio, libre determinación, identidad cultural y a un medio ambiente sano”.

Un integrante de la Articulación recordó que “desde hace varios años hemos visto como se han impuesto en nuestras comunidades parques eólicos que han afectado seriamente nuestra vida, cultura y bienes naturales vulnerando nuestro tejido comunitario”. Y que ahora el “gobierno Federal ha autorizado la construcción de infraestructura para una segunda fase de expansión eólica en el Istmo que será un adicional de 3,683 MW”. Esto implicaría casi triplicar la capacidad de generación eólica actualmente instalada en la región que son 2192 MW, con alrededor de 1900 aerogeneradores en 22 parques eólicos.

También se afirmó que la segunda fase eólica está llegando de manera impuesta y de la misma forma que la primera fase “con promesas de desarrollo y crecimiento”. Recordó que las empresas eólicas llegaron anunciando “progreso, desarrollo y derrama económica”; sin embargo lo resultados reales que se han visto en más de 10 años de presencia son: “acaparamiento de miles de hectáreas de tierras, altos niveles de pobreza, aumento de la desigualdad y marginalidad, falta de fuentes de trabajo, disminución de la producción agrícola e incremento del crimen organizado”.

En cuanto a los beneficios, se precisó que han sido mínimos, “nada de la energía que se produce en la región es para el uso de la población, sino que es revendida a otras empresas privadas como alimenticias, constructoras y mineras. Las empresas eólicas tampoco cumplieron sus compromisos sociales y ni si quieran pagan impuestos a los municipios”. Sólo para dar algunos datos indicó que en Juchitán, donde se encuentran instalados 12 parques eólicos “tan sólo en el 2015, la deuda de las eólicas ascendía a más de 2 859 604 530 pesos. En Santo Domingo Ingenio, los cinco parques eólicos que funcionan adeudan al ayuntamiento sus impuestos y la parte social que les corresponde y según el CONEVAL “este municipio tiene un 70 % de la población en la pobreza y el 10 % en pobreza extrema”.

Asimismo se mencionó como “la migración de familias enteras de la población campesina de comunidades como Xadani, Álvaro Obregón, Juchitán entre otras, hacia Morelia , Nayarit, Yucatán al corte de caña, limón, no ha decrecido, lo que significa que no hay empleo para la población”.

También se están observando impactos en la desecación de los suelos, los aceites que riegan las turbinas contaminan los suelos, el agua, y el mar; las luces y el ruido de los aerogeneradores afectan la pesca y la salud de las personas que se encuentran en contacto permanente con los aerogeneradores.

Otro integrantes agregó que existe un serio proceso de división al interior de las comunidades, “el gobierno federal y estatal, en complicidad con las empresas, autoridades agrarias y municipales han propiciado un clima de confrontación, reparto de dinero y prevendas para comprar el apoyo de algunos pobladores. Esto ha sido más visible en comunidades como San Francisco del Mar, Zanatepec, San Mateo del Mar, Álvaro Obregón, San Dionisio del Mar y Cd. Ixtepec”.

Se concluyó que la segunda fase de desarrollo eólico es la punta de lanza de las Zonas Económicas Especiales, que se caracteriza por tener leyes y reglamentos muy específicos que violan los derechos individuales y colectivos de las comunidades y solo benefician las empresas privadas.

“La ZEE busca impactar su “estrategia de desarrollo” justo donde la presencia de los pueblos originarios tienen un sentido identitario con el territorio y provoca tensiones en la dinámica comunitaria, por lo que la creación de la ZEE en la región del istmo es la validación de una política económica de despojo”.

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Indefensos los Obreros

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Refuerzo de Letras

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El caso vergonzante de varios trabajadores que de forma personal reclaman salarios caídos y otras prestaciones, sin lograr sean atendidos debidamente por las autoridades designadas

 

Rafael Alcántara-Conde

Cronista adjunto de Coatzacoalcos

Con el paso de los días, después del brutal “accidente” en la planta Clorados III de Pajaritos sufrido la tarde del pasado miércoles 20 de abril, ha empezado a verse claro que los obreros afectados tanto porque hayan fallecido o resultaran gravemente lesionados y por ende todos sus familiares directos o beneficiarios económicos, se hallan desprotegidos en el disfrute de sus derechos laborales y prestaciones de ley; quedando atenidos a la conmiseración y buena voluntad de los patrones en socorrerlos, al discurso panfletista estatal de los funcionarios públicos ofreciendo ayuda y realizar las investigaciones sobre las causas, pero desde luego  a la manifestación espontánea de solidaridad popular surgida desde el primer momento.

Verdaderamente es preocupante que en los medios impresos o masivos de comunicación, se advirtiera la falta de acción oportuna y demandante por parte de representaciones gremiales que gestionaran la atención médica y psicológica necesarias para con los heridos y deudos, así como servicios funerarios dignos; pues tal pareciera que las víctimas de esa explosión se encontrasen en calidad de trabajadores Libres al servicio de las empresas subcontratistas, lo cual es increíble de pensar que nunca se estuviera deduciendo de los salarios una periódica cantidad a manera de ‘cuota sindical’, aunque su destino final haya sido del todo incierto.

Salvo la presencia inmediata del economista porteño y el actual director general de Pemex, socio minoritario de Petroquímica Mexicana de Vinilo, S. A. de C. V. y, en segundo plano los nuevos propietarios de esta, para dar cuenta del motivo, repercusión y consecuencia de tan trágico siniestro, ha brillado por su ausencia la procuración de otorgársele garantías al recurso humano que se desempeñaba dentro de la factoría; porque no podría ser acallada la responsabilidad de salvaguardar la seguridad social con solo celebración de actos piadosos, más que para no contrarrestar el discurso oficial cuando se está en pleno período electoral.

r_alconde@yahoo.com.mx

 

 

Ley sin respeto a los DH

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La Ley Reglamentaria del Artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprobada sin discusión por PAN, PRI y PRD, viola los instrumentos internacionales de los que México es parte

La ley restringe o suspende derechos y las garantías para su ejercicio, con la finalidad de evitar la protesta social y restringir o suspender el ejercicio de derechos como el de asociación reunión, libertad de prensa, derecho de petición, acceso a la información, libertad sindical, derecho a la verdad, entre otras

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Norma Rocío Nahle García, coordinadora del grupo parlamentario de MORENA durante la sesión ordinaria en la Cámara de Diputados.

Javier Pulido Biosca

Revista Raíces

La presentación para su dictamen de la Ley Reglamentaria del Artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no es armónica con los instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano es parte, como la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y que los hace vinculantes con las legislación interna, afirma un documento signado por las diputadas Rocío Nahle García y Sandra Luz Falcón Venegas, ambas del grupo parlamentario de Morena.

Y los detalles: La definición que propone la minuta respecto de las conductas por las que se podrían, hipotéticamente, restringir o suspender los derechos y garantías contenidos en la Constitución, es vaga y ambigua, e incluso contraviene el espíritu de la reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos de junio de 2011, misma que da origen a la Ley Reglamentaria que aquí se discute

Lejos de que se formulara una ley reglamentaria que, preservara y protegiera los derechos fundamentales aún en caso de invasión, conflagración armada o emergencias que pusieran en riesgo la existencia e independencia misma del Estado nacional, las definiciones ambiguas; el procedimiento poco claro y limitado la aprobación del Congreso del decreto de restricción o suspensión de garantías; la falta de precisión para que resuelva la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la constitucionalidad del decreto de restricción o suspensión de derechos y garantías mismo, así como la ausencia de plazos en los que deberá de pronunciarse sobre los decretos que expida el Ejecutivo Federal durante esta restricción o suspensión solo facilitan la concentración del poder en una sola persona e institución, en este caso, el presidente de la república.

No está orientada a la protección de los derechos humanos de los ciudadanos en aquellos casos de que sea necesario declarar un estado de excepción, donde tengan que restringirse los derechos fundamentales para preservar la existencia e independencia del Estado.

Sino que es una ley que claramente restringe o suspende derechos y las garantías para su ejercicio, con la finalidad de evitar la protesta social y restringir o suspender el ejercicio de derechos como el de asociación reunión, libertad de prensa, derecho de petición, acceso a la información, libertad sindical, derecho a la verdad, entre otras, es decir el conjunto de libertades civiles que puedan cuestionar el ejercicio del poder, y que cobijada en argumentos ambiguos como el de peligro grave o perturbación grave al orden público se impida la crítica al ejercicio del poder público.

 

Crece la informalidad laboral en 2015

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  • Más de 2 millones sin prestaciones laborales en Veracruz

  • Ya sea porque laboran en empresas constituidas que no otorgan formalidad o en el gobierno, que tiene al 68% de sus trabajadores en la informalidad

  • A nivel nacional 29 millones 099 mil 830 trabajadores sin prestaciones sociales

De manea sistemática, el gobierno de Veracruz falla en garantizar los derechos de los veracruzanos

De manea sistemática, el gobierno de Veracruz falla en garantizar los derechos de los veracruzanos

Javier Pulido Biosca

Revista Raíces

En Veracruz, un total de 2 millones 074 mil 530 trabajadores laboran en la informalidad, lo que quiere decir que el 68.1% de la población económicamente activa del estado de Veracruz carece de prestaciones sociales y seguridad laboral, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Esta cifra de informalidad laboral es una de las más altas en el país, apenas por encima de los estados más pobres de la federación.

Esta cifra pone en cuestión el cumplimiento de los convenios pactados internacionalmente sobre los derechos humanos de segunda generación, que son los económicos, sociales y culturales, siendo notorio que dos terceras partes de la población carecen de ellos.

Cabe decir que el empleo informal, o medición ampliada de informalidad, añade a la definición de trabajo informal las siguientes categorías: el trabajo no protegido en la actividad agropecuaria, el servicio doméstico remunerado de los hogares, así como los trabajadores subordinados que, aunque trabajan para unidades económicas formales, lo hacen bajo modalidades en las que se elude el registro ante la seguridad social.

La medición de la ocupación en el sector informal se considera el punto de partida y un componente del cálculo de una medida más amplia: el empleo informal.

Los resultados de la encuesta indican que en el segundo trimestre de 2015, todas las modalidades de empleo informal sumaron 29.1 millones de personas a nivel nacional, que tuvo un incremento del 2.5% respecto a igual periodo de 2014 y representó 57.8% de la población ocupada en el país.

13.7 millones conformaron específicamente la ocupación en el sector informal, que se define como “todas aquellas actividades económicas de mercado que operan a partir de los recursos de los hogares, pero sin constituirse como empresas con una situación independiente de esos hogares”. Esta cifra tuvo un aumento de 2% anual y constituyó 27.3% de la población ocupada.

2.3 millones corresponden al servicio doméstico remunerado; 6.1 millones al ámbito agropecuario, y otros 7 millones al de las empresas, gobierno e instituciones.

Desocupación

En el trimestre de referencia la población desocupada se situó en 2.3 millones de personas y la tasa de desocupación correspondiente fue de 4.3% de la PEA, porcentaje por debajo del reportado en el periodo abril-junio de 2014, que fue de 4.9 por ciento

La población sub ocupada alcanzó 4.2 millones de personas en el segundo trimestre de 2015, para una tasa de 8.3% respecto a la población ocupada, proporción mayor a la de igual trimestre de 2014, que fue de 8.2 por ciento.

Por sector de actividad

Al considerar a la población ocupada con relación al sector económico en el que labora, 6.8 millones de personas (13.4% del total) trabajan en el sector primario, 12.4 millones (24.7%) en el secundario o industrial y 30.9 millones (61.3%) están en el terciario o de los servicios.  El restante 0.6% no especificó su actividad económica.  Los montos correspondientes que se presentaron en el periodo abril-junio de 2014 fueron de: 6.7, 12 y 30.4 millones de personas, en el mismo orden.

Último reportaje de Regina Martínez

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Veracruz: otra deuda exorbitante

Publicado el día 29 de enero de 2012

Plaza de la Impunidad, sería un nombre para la actual Plaza Lerdo de Xalapa

Plaza de la Impunidad, sería un nombre para la actual Plaza Lerdo de Xalapa

Xalapa, Ver.

Revista Proceso

Miguel Alemán Velasco y Fidel Herrera Beltrán, ex mandatarios, y Javier Duarte, actual gobernador y quien fue secretario de Finanzas de aquél, contribuyeron a que la deuda del estado de Veracruz en 11 años (de 2000 a 2011) haya tenido un crecimiento acumulado de 67,000%, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Aunque oficialmente Veracruz sólo tiene registrada ante Hacienda su deuda con instituciones bancarias –que al 31 de marzo del año pasado era de 21 mil 874 millones 400 mil pesos–, diputados de oposición afirman que el monto real es de más de 60 mil millones, por adeudos acumulados en otros rubros.

La administración veracruzana ha comprometido los recursos de las participaciones federales de los próximos 30 años para pagar líneas de crédito contratadas desde el gobierno de Alemán Velasco, que en 2004 le dejó al estado una deuda de 3 mil 500 millones de pesos, la que hoy se acerca oficialmente a 22 mil millones.

Un análisis del área económica del grupo legislativo del PAN en el Congreso de la Unión sobre la deuda de los estados –elaborado con datos de la SHCP, el Inegi y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social– calificó de “sorprendente” el caso de Veracruz.

En el análisis del periodo 2000-2011, la deuda veracruzana creció 67 mil 939% al llegar el último año a 21 mil 874 millones de pesos, dice a este semanario el legislador federal Luis Enrique Mercado.

Según el estudio sobre la deuda de las entidades federativas, difundido en agosto pasado, explica que si los estados tuvieran que pagar sus adeudos en estos momentos, en promedio invertirían 60% de las participaciones federales, “lo que constituiría un problema financiero”.

En torno a Veracruz, asegura que cualquier pasivo que crece 67,000% indica que algo anda mal y aunque se ha actuado de manera irresponsable, en este momento “no hay ninguna sanción, ya que son entidades soberanas y corresponde al Congreso local poner freno a esa velocidad de endeudamiento”.

GASTO CORRIENTE, EN RIESGO

El senador veracruzano Juan Bueno Torio afirma que la deuda pública en las entidades creció de manera desproporcionada, ya que en 2000 era de 90 mil 731 millones de pesos y al 30 de septiembre de 2011 había llegado a 358 mil 501 millones.

Con excepción de Tlaxcala, que mantenía su endeudamiento en cero, y Querétaro, que lo redujo 7%, las obligaciones financieras de entidades y municipios se cuadruplicaron en los últimos 11 años, significando ya una tercera parte de las participaciones federales para los estados, dice a Proceso.

“Esto representa un aumento global de 295.1% en términos nominales y de 144.8% en términos reales, observándose una tendencia a incrementar su deuda pública pese a que han aumentado las participaciones federales para los estados”, apunta.

El también subcoordinador de política económica de la bancada panista en el Senado explicó que en 2000 las participaciones federales que recibieron los estados por los ramos 28 y 33 fueron de 357 mil millones de pesos, en 2011 fueron 915 mil millones y en 2012 serán 985 mil 953 millones.

No obstante considera que ante el crecimiento de la deuda pública en estados y municipios “hay un riesgo latente de que una parte sustancial de esos recursos sean destinados a cubrir pasivos en el corto y mediano plazos”, lo que imposibilitaría el pago de su gasto corriente.

Los estados que más han aumentado su nivel de deuda respecto de sus participaciones federales de 2005 a marzo de 2011 fueron Chiapas con mil 320%; Nayarit, 542%; Colima, 456%; Oaxaca, 413%; Tamaulipas, 398%; Campeche, 269%; Veracruz, 243%; Coahuila, 223%; Quintana Roo, 201% y Tabasco, 160%, detalla.

En el caso de Veracruz, explica por su lado el secretario general del Comité Directivo Estatal panista, Marco Antonio Núñez, las participaciones y aportaciones federales entregadas a la entidad en 2011 ascendieron a 62 mil 457.1 millones de pesos, lo que significa una tasa de crecimiento acumulado de 110% en el periodo 2000-2011.

Señala a la reportera que el saldo de la deuda registrada ante Hacienda hasta marzo del año pasado era de 21 mil 874 millones 400 mil pesos, con un promedio de crecimiento de 81.4% en los últimos 11 años, aunque “el endeudamiento real del estado es superior a los 60 mil millones”.

Agrega que en agosto pasado el propio subsecretario de Hacienda, Gerardo Rodríguez, mencionó que en algunas entidades se observó un crecimiento acelerado de la deuda pública vinculada con una evolución en sus gastos, que no fue acorde con el comportamiento de sus ingresos.

El mismo funcionario federal, dice Núñez, “admitió que hay una diferencia cercana a 50 mil millones de pesos entre los montos de deuda registrada y la no registrada por los estados” ante la SHCP, la cual no podía ser resuelta con un mero incremento en los recursos federales que reciben.

El nivel de endeudamiento que enfrenta el estado, subraya Núñez, provocó que en 2011 se paralizara la actividad económica en Veracruz: “No hubo obras ni inversiones”, ya que el gobierno de Duarte tuvo dificultades para restructurar la deuda pública autorizada por el Congreso local.

Y es que según la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) el año pasado la deuda estatal con la banca sólo era de 12 mil 600 millones de pesos, más 17 mil 400 millones de adeudos que desde 2010 no se habían liquidado a contratistas, proveedores y prestadores de servicios.

BAJA CALIFICACIÓN

De hecho la calificación crediticia ha ido a la baja desde principios de 2000; incluso la calificadora internacional Fitch Rating puso las finanzas estatales en situación de riesgo debido “fundamentalmente al fuerte deterioro en las finanzas públicas al cierre del ejercicio 2010”.

En agosto pasado el Congreso local autorizó a Duarte contratar un nuevo crédito para restructurar la deuda pública y para el cumplimiento de obligaciones pendientes de pago con terceros, así como la afectación de participaciones federales, “como fuente de pago o garantía de los financiamientos a contratar”.

En el decreto número 289 –publicado el 5 de agosto de 2011 en la Gaceta Oficial de Veracruz– se aseguró que el nuevo endeudamiento sería destinado a la restructuración de la deuda pública vigente de la entidad “por un monto de hasta 12 mil 600 millones de pesos”.

Además fue autorizada “la contratación de endeudamiento para hacer frente a las obligaciones con terceros pendientes de pago, derivado de la ejecución de obras, contratación de servicios y adquisición de bienes, hasta por un monto de 17 mil 400 millones de pesos.

“Los montos de endeudamiento autorizados podrán contratarse mediante la celebración de uno o varios créditos con instituciones bancarias mexicanas o mediante la emisión de instrumentos bursátiles y su colocación entre el gran público inversionista en el mercado de valores, hasta por un plazo de 30 años”, señala el decreto.

El dinero sería para refinanciar los contratos de apertura de créditos celebrados en noviembre y diciembre de 2010 con el banco Interacciones hasta por 4 mil 100 millones de pesos; mil 500 millones con el Banco del Bajío; mil 100 millones con banca Afirme; mil millones con banca Mifel; 500 millones con la misma institución y mil 400 millones con banco Inbursa.

Pero en el mismo decreto también se autorizó al titular del Ejecutivo estatal a solicitar un plazo de amortización adicional de garantía para liquidar la deuda contratada, que causará intereses por 50% del monto total de los financiamientos.

En esa misma fecha el Congreso local autorizó al Ejecutivo, a través de la Sefiplan, contratar un crédito por 4 mil 756 millones 960 mil pesos con Banobras, para hacer frente a las reglas de operación del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden).

Este último crédito, establece el decreto, “únicamente deberá destinarse a inversiones públicas productivas y para cubrir aportaciones al correspondiente fideicomiso Fonden estatal, relativa a la declaratoria de desastre emitida por la Secretaría de Gobernación en 2010 para solventar costos de obras y acciones de reconstrucción de infraestructura dañada por fenómenos meteorológicos”.

De esta manera en un solo paquete el Congreso autorizó a Duarte contratar más de 34 mil 756 millones de pesos con diversas instituciones bancarias.

OPACIDAD

No fue sino a principios de este mes cuando el titular de la Sefiplan, Tomás Ruiz González, aseguró haber “logrado” la restructuración de la deuda pública hasta por periodos de 15, 20 y 25 años “con la finalidad de dar continuidad a los proyectos de desarrollo del estado”.

En declaraciones a medios locales, sin precisar el monto real del endeudamiento que mantiene el estado a la fecha, el martes 3 el funcionario aseguró que en una primera etapa pudo restructurar “18 mil millones de pesos”.

“Con esta reestructura logramos incrementar los plazos de 15, 20 y hasta 25 años, dependiendo de la institución bancaria, lo que permite una menor carga financiera (…) para que pese menos el pago de la deuda y de esta forma no se limiten las posibilidades de desarrollo en el estado en el corto plazo”, dijo.

Según Ruiz esta medida “fue posible gracias al esfuerzo que se ha hecho para poner orden en la hacienda pública, en el restablecimiento del orden en las finanzas, sin lo cual no hubiera sido posible la reestructura de obligaciones financieras”.

Con estas acciones, agregó, “fue posible pagar parte de la deuda que se mantenía con empresas proveedoras y contratistas. Fue un monto cercano a los 2 mil 500 millones de pesos y el faltante se cubrirá en las próximas semanas”.

Para el diputado local panista Óscar Lara Hernández lo dicho por el titular de la Sefiplan, no dejan de ser “declaraciones mediáticas”, ya que hasta hoy sigue habiendo opacidad en torno al monto real de la deuda pública del estado: “Se nos sigue negando la información”.

“El juego de cifras es la estrategia que el gobierno del estado ha venido utilizando para generar confusión en la población, ya que lo real es que el estado está financieramente quebrado y fácilmente debe 60% de los 86 mil millones de pesos de presupuesto autorizado por este Congreso”, acusa.

El también ex dirigente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en el puerto de Veracruz dice a este semanario que está seguro de que el gobierno estatal no ha pagado ni siquiera 10% de sus obligaciones financieras con terceros, “pues sólo se han hecho abonos muy pequeños que no llegan ni a mil millones de los 17 mil millones que reconocen”.

Este gobierno persiste en su estrategia, remarca, “ya que la información de Tomás Ruiz no concuerda con la realidad al declarar que había restructurado 18 mil millones de la deuda; legalmente es imposible porque el Congreso sólo le autorizó restructurar 12 mil 600 millones”.

Lo único cierto, acota, “es que hay opacidad, falta de transparencia, de ética y profesionalismo gubernamental para dar los datos correctos y mientras siga con este juego mediático para desinformar a la población, no podemos tomar medidas de algo que desconocemos”.

Hasta hoy, subraya, “como diputados lo único que sabemos es que dentro del presupuesto de egresos de este año se destinan más de 3 mil 800 millones de pesos para el pago del servicio de la deuda, lo que nos indica, haciendo una corrida financiera, que ésta ronda casi los 60 mil millones”.

Los datos de la deuda pública estatal incluso “se ocultan” en el informe de resultados del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) relativo a la cuenta pública de 2010, que el Congreso local deberá dictaminar antes de que acabe este mes.

“El rubro de la deuda pública viene limpio”, señala por su lado el coordinador de la bancada panista Danilo Alvízar Guerrero, quien a pesar de ser secretario de la Comisión de Vigilancia del Congreso –que deberá dictaminar este asunto– no ha recibido “suficiente información”.

Dice a la reportera que en el informe de resultados de las auditorías al último ejercicio fiscal de Fidel Herrera sí se hace mención de la deuda pública, lo grave es que “no se da la cifra, lo cual nos preocupa porque pareciera que quieren ocultar la situación fiscal”.

Por ejemplo, refiere, “no viene suficientemente explicado el tema de los 10 mil millones de pesos del préstamo que pidió Fidel Herrera de último momento; no se dice en qué ni cómo se ocupó ese dinero que estaba destinado a la reconstrucción de zonas devastadas por los huracanes de 2010, porque durante 2011 no se realizó ninguna obra”.

Añade que pese a que el ORFIS envió dicho informe al Congreso local, la bancada del PAN ha insistido en la ampliación de información sobre la situación financiera de la deuda pública y de las dependencias del gobierno del estado. “No nos ha llegado para poder analizarla”.

Se queja de que la capacidad de trabajo de su partido –por ser de oposición– en este tipo de temas se ve limitada “por los filtros” que hay desde la Comisión de Vigilancia, donde la mayoría la tiene el PRI, que seguramente aprobará el informe del ORFIS.

El presidente de la Comisión Dictaminadora, el priista Américo Zúñiga Martínez, cuestionado sobre cómo había salido la revisión fiscal de la deuda pública, se limita a señalar que todo viene “perfectamente” explicado en el informe del ORFIS.

– ¿No hubo ninguna irregularidad? –le pregunta Proceso.

–Eso no puedo decirlo. No he dicho que no haya irregularidades. Creo que la cuenta pública viene con importantes puntualizaciones en los entes públicos fiscalizables: municipios y gobierno estatal. En el informe vienen también de forma muy directa y muy puntual las deficiencias que se han detectado, pero en este momento estamos en la construcción del dictamen.

Defensora mexicana de los derechos humanos recibe premio internacional

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La abogada Alejandra Ancheita dedica su capaciad a la defensa de los derechos humanos, actividad necesario y de alto riesgo en México.

La abogada Alejandra Ancheita dedica su capaciad a la defensa de los derechos humanos, actividad necesario y de alto riesgo en México.

La abogada mexicana Alejandra Ancheita recibió el Premio Martin Ennals 2014, considerado como el Nobel de los Derechos Humanos, en reconocimiento, según ella, a “la creciente violencia sufrida por los defensores de los derechos humanos en México”, informó el martes la Fundación Martin Ennals.

Revista Raíces

Debido a la cada vez mayor dificultad que tiene en México la defensa de los derechos humanos, la ley y la justicia, es digno de reconocimiento internacional cuando una persona defiende estos derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, que es el caso de la abogada Alejandra Ancheita

Directora Ejecutiva y fundadora de ProDESC (el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, A.C.), basada en la Ciudad de México, es una abogada y activista mexicana quien liderea la lucha para los derechos de los migrantes, trabajadores y comunidades indígenas de su país y así elevar considerablemente su nivel de vida. Desde la fundación de ProDESC en 2005, Alejandra y su dedicado equipo han dirigido campañas encaminadas a proteger los derechos económicos, sociales y culturales de las personas más marginadas de México. Los resultados tangibles de estas campañas incluyen mecanismos de rendición de cuentas sin precedente entre algunas de las empresas transnacionales más grandes del mundo, así asegurando los derechos a una vivienda digna, la salud, la educación y un salario justo, entre otros.

Los valores de la justicia social y la valentía tienen raíces fuertes en la familia de Alejandra. Su padre era un abogado dedicado a defender a la gente vulnerable frente a intereses poderosos. Tras varias amenazas de muerte avisándole de que desistiera de su trabajo, murió en circunstancias sospechosas el día del octavo cumpleaños de Alejandra. El compromiso inquebrantable de Alejandra con los derechos humanos en el clima de impunidad y violencia que los defensores de derechos humanos siguen enfrentando en México es una continuación de la historia de valentía de su familia. Ella también ha recibido amenazas serias y varios de sus amigos y colegas han sido matados por su trabajo legítimo, particularmente las defensoras mujeres quienes procuran retar los sistemas patriarcales de dominio. El año pasado, una campaña de desprestigio tildó a Alejandra como “la abogada del diablo” y las oficinas de ProDESC fueron allanadas a finales de 2013.

La defensa de los derechos de las mujeres es otra de las actividades de la activista Alejandra Ancheita.

La defensa de los derechos de las mujeres es otra de las actividades de la activista Alejandra Ancheita.

El trabajo de ProDESC está basado en la visión innovadora de Alejandra de la defensa integral, la cual combina la educación y organización comunitaria, la investigación corporativa, el litigio de derechos humanos, y la incidencia; así produciendo cambios estructurales reales para la mejora de las condiciones de vida de los grupos más marginados de México. Actualmente, el trabajo de ProDESC incluye:

  • Trabajar estrechamente con comunidades indígenas en Oaxaca para la defensa de su tierra y territorio y su derecho al consentimiento libre, previo e informado en relación con la construcción de parques eólicos por empresas transnacionales;
  • La defensa de los derechos humanos de los trabajadores migrantes que viajan a los Estados Unidos con visas temporales que suelen sufrir fraude en el reclutamiento y condiciones de trabajo forzado;
  • Apoyar a una comunidad rural y los trabajadores de una mina cuyos derechos están siendo violados por una minera canadiense en Durango, entre varios otros procesos.

Un elemento clave del trabajo de ProDESC es el de buscar la justicia transnacional para abordar las violaciones de los derechos humanos. Este enfoque ha llevado a Alejandra y ProDESC a utilizar el derecho internacional para fortalecer las instancias nacionales e internacionales. Además, ha establecido alianzas con organizaciones y redes en todo el mundo. Debido al estatus de Alejandra como una de las principales voces de América Latina en el movimiento de derechos humanos, ha participado en diversos foros internacionales, como por ejemplo la Comisión de la ONU de la Condición Jurídica y Social de la Mujer y la Reunión Anual de los Puntos Nacionales de Contacto de la OCDE, además de argumentar casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los tribunales nacionales.