Extorsionan desde el catastro municipal

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Los vecinos son presionados mediante amenazas hechas por el ayuntamiento para que reporten supuestas construcciones, muchas veces inexistentes

Se trata de sacar dinero para la campaña política de su partido

La campaña, para preservar el grupo en el poder, será pagada con dinero de los vecinos extorsionados

Lejos de ocupar los recursos catastrales para mejoría de las colonias, lo que hace el Ayuntamiento es expoliar los dineros del pueblo para usarlos en campañas políticas

Lejos de ocupar los recursos catastrales para mejoría de las colonias, lo que hace el Ayuntamiento es expoliar los dineros del pueblo para usarlos en campañas políticas

Javier Pulido Biosca

Revista Raíces

Hace unos días recibí la llamada de un preocupado vecino de ciudad Olmeca: había llegado a su puerta un papel firmado por el catastro municipal de Coatzacoalcos que, en un tono amenazante, exigía presentarse con un croquis para declarar una supuesta obra no autorizada por esa oficina.

El documento amenazaba con multas, embargos y hasta la confiscación del bien inmueble. El tono voraz dejaba ver que la citada oficina pediría dinero para saldar las pretendidas infracciones.

Como el vecino no ha construido nada de lo que se le reclama, me preguntó –¿valdrá la pena que me tome la molestia de visitarlos?– Pero de inmediato respondió su pregunta. ¡Claro que no. Si me quieren embargar que lo hagan, tendrán que embargar al Infonavit!

Por otro lado, una amiga que vive en la colonia López Mateos comentó que también han llegado a su casa ese tipo de “requerimientos”, que sólo causan risa pero que claramente se ve la intención de sacar dinero “hasta de las piedras”.

Varias otras personas apuntaron a que lo único que buscan en el ayuntamiento es allegarse dinero de la población para hacer campaña política y comprar el voto como están acostumbrados a hacerlo.

Estas acciones del ayuntamiento de Coatzacoalcos son totalmente ilícitas, debido a que es obligación del esta institución acudir a tomar los datos catastrales y el personal debe identificarse plenamente, según lo marca el Artículo 23 de la Ley del Catastro del estado de Veracruz.

Y, aunque los vecinos están obligados a permitir que los funcionarios debidamente identificados supervisen el inmueble para determinar su valor catastral, de ninguna manera están obligados los vecinos a llevar documentación alguna, a menos de que soliciten permisos para obras o declaren cambios de propiedad o de uso del suelo.

Las amenazas de embargo son un delito contra el ciudadano y los funcionarios involucrados pueden ser demandados por abuso de autoridad.

Lo anterior permite ver, nuevamente que el ayuntamiento, lejos de garantizar el cumplimiento de las leyes es el primero en infringirlas. El Estado de derecho se rompe debido a este tipo de funcionarios.

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