Consumo privado creció en julio

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En su comparación anual presentó un crecimiento de 3.1%

Saul Lopez

De manera hipócrita, la Secretaría de Economía promueve los productos “mexicanos”

Javier Pulido Biosca

Revista Raíces

El consumo privado anual mostró un crecimiento de 3.1% en el mes de julio de 2017, en su comparación anual, según el Indicador Mensual del Consumo Privado en el Mercado Interno, IMCPMI, dado a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI.

El documento explica que los gastos en Bienes de origen importado reportaron un avance de 11.3% y en Bienes y Servicios nacionales se incrementaron 2.4% (los gastos en Servicios fueron mayores en 3.9% y en Bienes ascendieron 0.9%), con relación a julio de 2016.

En su comparativo mensual, el consumo de los Bienes y Servicios de origen nacional presentó una alza de 0.2%; en tanto que el de los Bienes de origen importado cayó -0.6% en el séptimo mes de este año respecto al mes precedente, según datos ajustados por estacionalidad.

 

 

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Gobierno es el responsable de la desaparición forzada

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Se aprueba en comisiones del Congreso Federal la Ley de Desaparición Forzada

Nace sin presupuesto

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Comunicado

Congreso de la Unión

“El responsable del delito de desaparición forzada en México es el Gobierno, por omisión, por encubrimiento o por su abierta participación”; afirmó el diputado Cuitláhuac García

Con la presencia de colectivos de familiares de desaparecidos, los Diputados Federales de las Comisiones de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados aprobaron el Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, así como también incluye la desaparición cometida por particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

El Diputado Cuitláhuac García, miembro de la Comisión de Derechos Humanos se pronunció a favor de dicho dictamen y señaló “el responsable del delito de desaparición forzada en México es el Gobierno, por omisión, por franco encubrimiento o por su abierta participación en varios de estos delitos. Las cifras en el gobierno de Felipe Calderón alcanzaron más de 13 mil desaparecidos y en el de Enrique Peña Nieto se incrementaron 40%, en lo que va del sexenio van 18,455 desapariciones forzadas, esa es la gravedad del problema en México, por eso tenemos que ser muy agudos, muy claros al emitir una Ley que pretende atender esta problemática”.

A dicha Ley no le fue asignado presupuesto en el paquete económico para el ejercicio fiscal 2018, “MORENA va a presentar en la Comisión de Hacienda una reasignación del presupuesto para atender esta nueva Ley y solicito, bueno, es un exhorto a todas las bancadas a que hagamos ese esfuerzo, porque si esta Ley nace sin presupuesto, no va a funcionar” comentó Cuitláhuac García.

Con dicho decreto también se reforman y derogan diversas disposiciones al Código Penal Federal y de la Ley General de Salud.

Movimiento de 1968

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Militares honorables declararon su vergüenza de ser soldados

Prevaleció la obediencia sobre la honorabilidad

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Tlatelolco minutos antes de la masacre

Javier Pulido Biosca

Revista Raíces

En los años sesenta era normal que hubiera golpes entre los miembros de la porra de los equipos de futbol americano cuando competían los equipos del Politécnico y los de la Universidad. Con esa estrategia el gobierno mantenía catalizados los movimientos estudiantiles que buscaran oponerse al sentido popular de las instituciones creadas en el gobierno del general Lázaro Cárdenas. En 1942 el Politécnico fue invadido por el ejército; en 1956 se gestan los movimientos de telegrafistas, petroleros, ferrocarrileros, maestros de primaria, universitarios de varias instituciones en Michoacán, Chapingo, Veracruz, etc.

Se catalizaba a los movimientos estudiantiles mediante los “porros”, grupos delincuenciales formados por estudiantes “fósiles” que eran auspiciados por el gobierno. Esto sirvió de ensayo para la manera que se usa hoy en día para catalizar las inconformidades sociales.

 

En 1968 estudiantes de las vocacionales 3 y 5 del Politécnico se hicieron de palabras y se liaron a golpes con los de la preparatoria Isaac Ochoterena, incorporada a la UNAM. Todo hubiera sido normal si no hubiera intervenido el cuerpo de granaderos del DF por órdenes del regente Alfonso Corona del Rosal.

Lejos de apaciguar los ánimos, se unieron los estudiantes del Politécnico con los de la UNAM y se formó un Comité de Huelga en que intervinieron algunos estudiantes con más formación ideológica que vieron en el caso la presencia de los cuerpos represores que habían vejado a obreros, campesinos, maestros y estudiantes. Eran conscientes de que los gastos suntuarios de la XIX olimpiada recaerían en el pueblo para beneficio de las oligarquías.

Esa conciencia cambió la dirección: no eran los de la otra institución educativa los enemigos, sino los gobiernos al servicio de los ricos y en contra del pueblo. El movimiento estudiantil se había creado y se sumaron muchas universidades: Chapingo, la de Michoacán, la Universidad Veracruzana, muchas escuelas privadas también vieron esta situación y todo amenazaba a que hubieran de suspenderse las olimpiadas.

El contexto internacional también expresaba su hartazgo con el sistema internacional. Los estudiantes de Paris se parapetaron en barricadas, en EU hubo protestas contra la guerra de Vietnam, en la España dominada por el fascismo se recrudeció la actividad de la ETA y todo era una búsqueda de un nuevo orden, en los países y en el plano internacional.

Pero en ningún lado fueron tan rudamente, tan irracionalmente, tan vilmente reprimidos como en México. El gobierno envió cuerpos militares, policíacos, halcones e infiltrados para asesinar a miles de estudiantes en Tlatelolco en la oficialmente llamada “Plaza de las Tres Culturas”, que desde entonces es conocida como “Plaza de las Sepulturas” para significar que, desde la época prehispánica hasta la fecha el gobierno de México es un asesino en contra del pueblo.

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Los medios se hicieron cómplices de la versión oficial

Después de la masacre

Los llanos de Lindavista, que se ubicaban frente al Politécnico, desde la avenida Insurgentes hasta el cerro del Chiquihuite, fueron el escenario donde el Heroico Ejército Mexicano cumplió con su deber patriótico incinerando los cuerpos de miles de estudiantes asesinados en Tlatelolco. Les quedaba cerca del Campo Militar Número 1, donde torturaron y asesinaron a otros cientos de estudiantes y maestros desaparecidos mediante esa técnica que hoy se llama “Desaparición Forzada”.

Por varias semanas, pasar por Insurgentes con rumbo a Indios Verdes significaba ver esas humaredas, oficialmente conocidas como “ladrilleras” y constatar que el humo no tenía el olor de la basura al quemarse, como era conocida el área, sino el hedor de la carne humana al ser incinerada.

Esto fue documentado por una revista que tenía el nombre de “¿Por qué?”, cuyas fotografías tomadas por un potente telefoto mostraban a uniformados vaciando camiones de volteo cargados con cadáveres y dejándolos caer en las ladrilleras que rebosaban de figuras humanas calcinadas. Imágenes que no olvida quien esto escribe.

 

El ejército

Hay que recordar que el Heroico Ejército Mexicano fue creado en 1913 por Victoriano Huerta para luchar contra los mexicanos que defendían la legalidad desde el constitucionalismo. Cuando triunfa el constitucionalismo, generales como Joaquín Amaro se dedicaron a reivindicar esta institución, pero nuevamente desde el gobierno de Miguel Alemán fue usado para reprimir y romper huelgas de trabajadores y en 1968 culminó su vocación de obediencia asesinando a los hermanos estudiantes en una ignominia que no es posible olvidar.

Las armas mexicanas se cubrieron de esa gloria que es infame y se llama, entre muchos militares honorables, vergüenza.

Recuerdo a un familiar cercano, egresado del Colegio Militar, decir en familia: “Saben lo mucho que tuve en alto al Ejercito, pero hoy, después del 2 de octubre, me avergüenzo de ser militar”. A partir de ese entonces quemó su ropa de militar.

Antimotines defienden lo ilícito

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Anti motines solapando los ilícitos cometidos contra los pobladores de Allende

Javier Pulido Biosca

Revista Raíces

Como siempre lo ha sido a lo largo de la historia mexicana, los cuerpos policíacos están para defender los intereses del gran capital y no la justicia o la legalidad, como debieran hacerlo. Esto se puso de manifiesto al respaldar las ilegalidades de las aseguradoras que trabajaron con el túnel sumergido y que se han negado a pagar las afectaciones que se hicieron con la obra.

Por años, los vecinos han demandado el pago de las indemnizaciones y por años han sido engañados con promesas de pago por parte de las aseguradoras, así que los vecinos se vieron obligados a tomar el acceso al túnel en Allende para que sus exigencias sean escuchadas.

La respuesta no tardó, el gobierno que representa los intereses de aseguradoras y concesionario envió al cuerpo policíaco para desalojarlos.

No sería extraño que esas personas afectadas estén conscientes que se ejerce una gran violencia contra de ellos y, en el momento que les sea posible, la ejercerán en contra del mal gobierno que solapa a las aseguradoras en vez de garantizar el cumplimiento de la ley.

No deberían existir grupos anti motines que se vuelcan contra del pueblo, sin brigadas anti ilícitos, ya sea del gobierno, las constructoras, aseguradoras y concesionarios. Las cosas cambiarían de la ilegalidad y la impunidad al cabal Estado de derecho. Mientras, los anti motines serán otra herramienta de la ilegalidad gubernamental.

PRI: Volver al pasado

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Con toda la mala intención, el PRI, con sus satélites: PAN, PRD y MC

Columna invitada

Eduardo R. Huchim

 

Revestido con el disfraz de solidaridad, en un intento de aprovechar la tragedia de miles de mexicanos y el repudio popular a los excesos de los partidos, el PRI ha propuesto un retroceso de décadas cuya intención sería reducir la pluralidad en los órganos legislativos y prácticamente reinstalar a la oposición en el papel testimonial de antaño, aunque de eso no se haya percatado -aparentemente- la propia oposición.

 

A eso equivale la propuesta de Enrique Ochoa y César Camacho del lunes 25 de septiembre, pues revela la intención de los dirigentes priistas de acabar de un plumazo con avances políticos que costaron décadas de esfuerzos. Su propuesta de impulsar una iniciativa de reforma constitucional se sintetiza en dos medidas: la eliminación del financiamiento público a partidos y la eliminación de los legisladores de representación proporcional (RP).

 

Hay una dosis de engaño en esa iniciativa, pues se presenta como si pudiera aplicarse de inmediato y no es así (a menos que se pretenda atropellar estrepitosamente la Constitución) porque el proceso electoral federal 2017-2018 ya se inició y el artículo 105 constitucional dispone:

 

Las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales.

 

Pretender que, por tratarse de una reforma constitucional, esa disposición no regiría es una añagaza. ¿O acaso se pretendería que la Constitución ordenara una cosa y las leyes comiciales otra?

 

Independientemente de su inviabilidad legal, la propuesta del PRI implica una vuelta al pasado porque su intención es que el financiamiento público sea exclusiva e ilegalmente para él, como lo fue en la mayor parte del siglo pasado. Hoy el PRI recibe caudalosos montos de dinero del presupuesto gubernamental, además del legal, y por eso no tiene problema en prescindir de éste. Suprimirlo, además, sería sujetar a los partidos al financiamiento empresarial y de la delincuencia organizada, ambos ilegales actualmente.

 

Resulta notable que, con un candor extremo, el Frente Ciudadano por México -PAN, PRD y MC- e incluso Morena tengan expresiones de simpatía en el mismo sentido. Parecen olvidar que el camino a la alternancia que se dio en 2000 comenzó a abrirse con la instauración de dos reformas: a) los diputados de representación proporcional (RP) o plurinominales que ahora se pretende eliminar y b) el financiamiento público a partidos y la disposición de que éste predominara sobre el privado en el gasto partidario.

 

Yo he señalado reiteradamente que el financiamiento público a los partidos es muy alto y debe reducirse, pero sin eliminarlo. Las elecciones son sumamente costosas en este país, pero en ello no sólo incide el dinero de los partidos, sino también el de los órganos comiciales. Si los partidos van a tener poco menos de 7,000 millones de pesos en 2018, el Instituto Nacional Electoral tendrá poco más de 18,000 millones el próximo año, y no ha dicho nada sobre la posibilidad de disminuir ese abultadísimo presupuesto, e incluso rechazó una propuesta de reducción planteada el viernes 29 por el consejero José Roberto Ruiz Saldaña.

 

La otra parte del planteamiento priista es veneno para la democracia: la supresión de los diputados y senadores de RP. Aun cuando esos legisladores son impopulares, en realidad tienen plena justificación porque permiten equilibrar, así sea relativamente, el desequilibrio representativo que generan los triunfos de mayoría relativa.

 

Desde mi óptica, no sólo deben permanecer los legisladores de RP, sino que todos deberían ser de representación proporcional. Es decir, los que deberían suprimirse son los de mayoría relativa. No es posible detallar ahora los porqués, pero ya habrá oportunidad.

 

Todo lo aquí anotado no obsta para que, más allá de la coyuntura, el gasto en las elecciones se reduzca drásticamente, incluido el financiamiento público a los partidos, pero sin suprimir éste. Lo que sí debe eliminarse es el dinero ilegal en la política, particularmente el que suministran por debajo de la mesa los gobiernos federal y estatales, sobre todo -aunque no exclusivamente- al PRI.

 

El evidente volcamiento del dinero del presupuesto federal y estatal a un partido, directamente y por medio de los programas sociales, es algo que debe terminar en México, y para ello no es necesario reformar ninguna ley, sino aplicar las disposiciones existentes.

ZEE por decreto

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Generará pocos empleos, mal pagados y en condiciones discriminantes para las empresas locales

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Javier Pulido Biosca

Revista Raíces

 

Por decreto, el traidor a la patria que supera a Antonio López de Santa Anna, decreta que Coatzacoalcos y Puerto Chiapas sean Zonas Económicas Especiales, ZEE, además de Lázaro Cárdenas en Michoacán. ¿Qué significa esto?

 

  1. Privilegios discriminatorios: Las empresas nuevas que se instalen en la zona económica especial de Coatzacoalcos tendrán reducciones en los pagos de impuestos sobre la renta, disminución en las cuotas del Seguros Social, exención en los pagos de prediales y otras facilidades. Pero esto no se aplica para las empresas que se han instalado con anticipación y que han tenido que esforzarse para sobrevivir en el entorno adverso que han creado las malas y anti populares políticas económicas. Nuevamente serán afectadas por este trato discriminatorio.
  2. Deterioro a los proveedores locales. No hay en tan afamado decreto ninguna cláusula que exija a las empresas que se instalarán que realicen sus compras a los proveedores locales, que contraten mano de obra local y que trabajen con los contratistas locales. En consecuencia, los empresarios locales están condenados a su desaparición y se trata de más de 13 mil unidades económicas, que si se comparan con las 50 empresas que han dado su carta de intención para participar se vuelven irrelevantes.
  3. Es ficticia. Se ofrecen 12 mil puestos de trabajo entre Coatzacoalcos y Puerto Chiapas, pero no explican los voceros que se trata de puestos temporales, que se disiparán cuando terminen los procesos de construcción.
  4. Engañosa. Se dejan ver varios engaños palmarios, el más notorio de ellos en que no se ha hecho consulta a los diversos grupos indígenas que pueblan la región, y si se ha hecho ha sido a modo, con los grupos cuya opinión ha sido pagada y de los que no se habla. Tampoco se han mostrado los estudios de impacto ambiental y social.

Con todas estas deficiencias, cabe preguntarse ¿para qué sirven estas tan famosas ZEE?

Ficticia certificación de salud a Coatzacoalcos

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Ante la casi nula inversión en el sector salud y la mala calidad de los servicios, el municipio participa de la fantasía nacional

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Javier Pulido Biosca

Revista Raíces

A pesar de las altas incidencias de cáncer derivadas de las emisiones a la atmósfera hechas por la industria pesada que puebla la parte oriental del municipio, a pesar de la alta presencia de casos de diabetes provocados por la falta de regulación a los alimentos chatarra y los refrescos embotellados, aunado a la completa carencia de orientación por parte de los funcionarios municipales, Coatzacoalcos está en vía de la certificación como “municipio sano”, según lo informa un comunicado triunfalista emitido por el ayuntamiento local.

Y lo gracioso es que la congregación de Las Barrillas está en un proceso de “re certificación”, según dijo Isabel de la Cruz Arroyo, titular de la Dirección Médica Municipal.

Las Barrillas, un sitio donde se vierten los drenajes a los cuerpos de agua de manera indiscriminada, donde la basura navega las aguas del manglar y donde los precios de pescados y mariscos valen el precio de la falta de higiene y el membrete de “turístico”.

Con toda la maña para repartir empleo entre los amigos de funcionarios municipales, el comunicado indica que “se han realizado 40 larvatones en lo que va de la administración de Joaquín Caballero”.

En la extraña “certificación”, el comunicado indica que “ya se pasaron las dos primeras etapas, y en este momento se está en el proceso de certificación como Municipio Sano ya que se cumplieron las metas al 100%. Ya pasamos las supervisiones previas del Estado”.

Dicen que se estivo trabajando en Las Barrillas para su “re certificación” y lograr que las cuatro escuelas del poblado, el kínder, primaria, secundaria y preparatoria estén libres de enfermedades y con reporte sobre su estado de salud, agudeza visual, agudeza auditiva, su estado nutricional, y su estado de vacunación, como si la salud se limitara a las vacunas y no a un medio ambiente sano y la presencia de las debidas instalaciones médicas.

En eso se hacen cómplices la Jurisdicción Sanitaria, el Centro de Salud de Las Barrillas, la Dirección Médica Municipal y la agencia Municipal, solapando una “certificación” que carece de condiciones preventivas.