Las manipulaciones del Yuribia

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Las amenazas que hacen supuestos campesinos para destruir las instalaciones que garantizan el derecho al agua en las poblaciones de Tatahuicapan, Cosoleacaque, Minatitlán y Coatzacoalcos son una invención utilizada para justificar la represión al poblador

Fomentado por el gobierno federal, el Yuribia es rehén de innumerables grupos

Fomentado por el gobierno federal, el Yuribia es rehén de innumerables grupos

Plano Inclinado

Javier Pulido Biosca

Primero pongamos en claro ciertas cosas:

  1. Se han creado supuestas fuerzas para dar seguridad a los ciudadanos, pero esas corporaciones sólo han servido para amedrentar a la población.
  2. Se ha tolerado que, con el pretexto de una falsa exclusividad de los derechos sobre el agua, cierto grupo de campesinos de Tatahuicapan haga amenazas para destruir la presa que forma el vaso de captación.
  3. Se ha generado una psicosis ante esta posibilidad, haciendo creer que la amenaza podría cumplirse, aunque las mismas instancias de gobierno que dan a conocer esto sepan con claridad que han cumplido con las dádivas que pide ese grupo de campesinos.
  4. Existe un pretendido programa del gobierno federal para justificar su intromisión en las actividades de los municipios, que se define como una amenaza a los pobladores en general y que se argumenta como pretexto un supuesto narcotráfico galopante.

En estas afirmaciones está contenida la respuesta a la pregunta sobre lo que pasará con el Yuribia y con la región en los próximos días.

Se sabe que las corporaciones armadas, ejército, policía e infantería de marina responden al único mando del Ejecutivo federal y que, aún cuando a esas instituciones se les ha hecho cobardes a ponerles tan sólo a golpear manifestantes y amedrentar pobladores inocentes, masacrando a la soberanía nacional (que es su pueblo) y devastando su buen nombre de instituciones “heroicas”.

Se conoce también que estas instituciones tienen la función de resguardar el orden público, el bienestar colectivo y los bienes de la nación.

Por otro lado, las aguas, los arroyos, el vaso de captación y el acueducto del Yuribia son bienes de interés público, cuya función es estratégica para más de un millón de pobladores ubicados en Tatahuicapan, Minatitlán, Cosoleacaque y Coatzacoalcos y su abandono, deterioro o destrucción conforman varios delitos estatales y federales.

Sin embargo, la Presidencia de la República nada ha hecho para proteger esta instalación con esas fuerzas de seguridad que deben estar asignadas, entre otras cosas menos prioritarias, a proteger estas instalaciones.

Alguien está fallando y ni son los pobladores, ni es la instancia que administra el agua potable para Coatzacoalcos, Minatitlán o Cosoleacaque. Todo apunta directo al gobierno federal. ¿Es la Presidencia de la República en su ya notorio autoritarismo e incapacidad?

¿Es el órgano regulador, la Comisión Nacional del Agua que no ha pedido este resguardo?

¿Es el gobierno de Veracruz cuya incapacidad para cumplir sus compromisos es notoria en todo el mundo?

¿O se trata del gobierno municipal de Coatzacoalcos, de Minatitlán, de Cosoleacaque y de Tatahuicapan que ha dejado de exigir a la federación cumplir con su compromiso de dar seguridad a la población en cuanto a los derechos al agua?

O, ¿Por qué no? Lo que sucede es que estas amenazas, y sus posibles consecuencias, están planeadas por esa misma mentalidad irracional que asesina estudiantes para que las corporaciones puedan trabajar la minería del oro en el estado de Guerrero.

Porque esa mentalidad irracional es la que busca criminalizar la protesta social y colocar a México en un auténtico estado de sitio, como la Grecia de los años setenta.