Rechazan la ZEE

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“La ZEE busca impactar su “estrategia de desarrollo” justo donde la presencia de los pueblos originarios tienen un sentido identitario con el territorio y provoca tensiones en la dinámica comunitaria, por lo que la creación de la ZEE en la región del istmo es la validación de una política económica de despojo”.

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De manera organizada, los grupos indígenas se amparan contra el despojo y contaminación de las ZEE

Se amparan pueblos del Istmo contra Zona Económica Especial

Generan pobreza y desigualdad. Se quiere aplicar sin consulta previa y eso viola sus derechos humanos y culturales

Apoyo A.C.

Comunicado

Organizaciones de 11 municipios del Istmo de Tehuantepec presentaron un amparo colectivo como pueblos indígenas, ante el Juzgado Sexto de Distrito de Salina Cruz. Firmaron el amparo “más de 1800 personas de los municipios de Chahuites, Ciudad Ixtepec, Juchitán, San Blas Atempa, San Francisco Del Mar, San Francisco Ixhuatan, San Mateo Del Mar, Santa María Xadani, Tapanatepec, Tehuantepec y Zanatepec”. Los pueblos Binnizá, Ikoots, Mixes, Chontales y Zoques de la Articulación de Pueblos Originarios del Istmo Oaxaqueño en Defensa del Territorio, APOYO, informaron en una conferencia de prensa que “el amparo colectivo regional interpuesto el día de ayer, tiene el objetivo de proteger los derechos de los pueblos indígenas del Istmo de Tehuantepec, respecto de la infraestructura que se pretende construir en sus territorios sin consulta y sin obtener su consentimiento libre, previo e informado, para el inicio de otra etapa de instalación de más parques eólicos en la región”.

Se concluyó que la segunda fase de desarrollo eólico es la punta de lanza de las Zonas Económicas Especiales, que se caracteriza por tener leyes y reglamentos muy específicos que violan los derechos individuales y colectivos de las comunidades y solo benefician las empresas privadas.

 

A manera de presentación se compartió lo que es la Articulación de Pueblos Originarios del Istmo Oaxaqueño en Defensa del Territorio, APOYO, “se trata de diversos pueblos y organizaciones sociales, Binnizaá, Ikoots, Mixes, Chontales y Zoques del Istmo de Tehuantepec, que al sufrir una intromisión y despojo de nuestros territorios por diferentes megaproyectos impulsados desde el gobierno federal, decidimos organizarnos bajo el principio que nos une, que es la defensa de la vida, la tierra y el territorio”.

Se informó también que el día de ayer presentaron un amparo colectivo como pueblos indígenas, ante el Juzgado Sexto de Distrito de Salina Cruz. Firmaron el amparo “más de 1800 personas de los municipios de Chahuites, Ciudad Ixtepec, Juchitán, San Blas Atempa, San Francisco Del Mar, San Francisco Ixhuatan, San Mateo Del Mar, Santa María Xadani, Tapanatepec, Tehuantepec y Zanatepec”.

Seguidamente el abogado explicó “el amparo colectivo regional interpuesto el día de ayer, tiene el objetivo de proteger los derechos de los pueblos indígenas del Istmo de Tehuantepec, respecto de la infraestructura que se pretende construir en sus territorios sin consulta y sin obtener su consentimiento libre, previo e informado, para el inicio de otra etapa de instalación de más parques eólicos en la región”. Indicó cómo este megaproyecto dolosamente desconoce la existencia de los pueblos indígenas de la región en la que se pretende instalar la infraestructura y en consecuencia, “el Estado pretende con ello evitar garantizar todos los derechos reconocidos a nivel nacional e internacional en materia de pueblos indígenas. Por ello la importancia de la acción constitucional planteada, para efecto de que se resguarden los derechos colectivos de los pueblos indígenas de la región, como el derecho al territorio, libre determinación, identidad cultural y a un medio ambiente sano”.

Un integrante de la Articulación recordó que “desde hace varios años hemos visto como se han impuesto en nuestras comunidades parques eólicos que han afectado seriamente nuestra vida, cultura y bienes naturales vulnerando nuestro tejido comunitario”. Y que ahora el “gobierno Federal ha autorizado la construcción de infraestructura para una segunda fase de expansión eólica en el Istmo que será un adicional de 3,683 MW”. Esto implicaría casi triplicar la capacidad de generación eólica actualmente instalada en la región que son 2192 MW, con alrededor de 1900 aerogeneradores en 22 parques eólicos.

También se afirmó que la segunda fase eólica está llegando de manera impuesta y de la misma forma que la primera fase “con promesas de desarrollo y crecimiento”. Recordó que las empresas eólicas llegaron anunciando “progreso, desarrollo y derrama económica”; sin embargo lo resultados reales que se han visto en más de 10 años de presencia son: “acaparamiento de miles de hectáreas de tierras, altos niveles de pobreza, aumento de la desigualdad y marginalidad, falta de fuentes de trabajo, disminución de la producción agrícola e incremento del crimen organizado”.

En cuanto a los beneficios, se precisó que han sido mínimos, “nada de la energía que se produce en la región es para el uso de la población, sino que es revendida a otras empresas privadas como alimenticias, constructoras y mineras. Las empresas eólicas tampoco cumplieron sus compromisos sociales y ni si quieran pagan impuestos a los municipios”. Sólo para dar algunos datos indicó que en Juchitán, donde se encuentran instalados 12 parques eólicos “tan sólo en el 2015, la deuda de las eólicas ascendía a más de 2 859 604 530 pesos. En Santo Domingo Ingenio, los cinco parques eólicos que funcionan adeudan al ayuntamiento sus impuestos y la parte social que les corresponde y según el CONEVAL “este municipio tiene un 70 % de la población en la pobreza y el 10 % en pobreza extrema”.

Asimismo se mencionó como “la migración de familias enteras de la población campesina de comunidades como Xadani, Álvaro Obregón, Juchitán entre otras, hacia Morelia , Nayarit, Yucatán al corte de caña, limón, no ha decrecido, lo que significa que no hay empleo para la población”.

También se están observando impactos en la desecación de los suelos, los aceites que riegan las turbinas contaminan los suelo, el agua, y el mar; las luces y el ruido de los aerogeneradores afectan la pesca y la salud de las personas que se encuentran en contacto permanente con los aerogeneradores.

Otro integrantes agregó que existe un serio proceso de división al interior de las comunidades, “el gobierno federal y estatal, en complicidad con las empresas, autoridades agrarias y municipales han propiciado un clima de confrontación, reparto de dinero y preventas para comprar el apoyo de algunos pobladores. Esto ha sido más visible en comunidades como San Francisco del Mar, Zanatepec, San Mateo del Mar, Álvaro Obregón, San Dionisio del Mar y Cd. Ixtepec”.

Se concluyó que la segunda fase de desarrollo eólico es la punta de lanza de las Zonas Económicas Especiales, que se caracteriza por tener leyes y reglamentos muy específicos que violan los derechos individuales y colectivos de las comunidades y solo benefician las empresas privadas.

“La ZEE busca impactar su “estrategia de desarrollo” justo donde la presencia de los pueblos originarios tienen un sentido identitario con el territorio y provoca tensiones en la dinámica comunitaria, por lo que la creación de la ZEE en la región del istmo es la validación de una política económica de despojo”.

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Privatización ilegal del agua

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La Conagua en el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2017: Entre el atropello brutal al presupuesto de las entidades federativas  y la defensa de los intereses privados

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Ilegal violación al Artículo 18 de la Ley General de Desarrollo Social, así como del Artículo 4° constitucional

Miguel Ángel Montoya

Asesor Parlamentario

 Gestión Integral del Agua

 

El presupuesto público siempre reflejará las prioridades, si bien no de un país, al menos sí de su gobierno. Un análisis sectorial del presupuesto puede incluso mostrar de manera detallada la forma en que esas prioridades se expresan, en acciones y programas, que bien pueden dar cuenta  de la implementación de una buena política pública, o de la defensa de un interés faccioso o particular.

En un escenario de recorte presupuestal  drástico como el que México enfrenta para el año fiscal 2017, la forma en que se expresan esas prioridades puede apreciarse  de manera más nítida, ya que la magnitud del recorte obliga a establecer disyuntivas y discernir sobre qué acciones y programas seguir apoyando presupuestalmente, y cuáles deben aplazarse o reducirse a su mínima expresión. En el caso del Ramo 016 Medio Ambiente y Recursos Naturales, y específicamente en el caso del subsector Agua las prioridades establecidas en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2017, pintan de cuerpo entero a la administración del Presidente Enrique Peña Nieto.

El recorte propuesto al  presupuesto a ejercer por la Conagua para el ejercicio fiscal 2017 es de 14 mil  879 millones de pesos  lo que representa una reducción de poco más de 38% respecto al presupuesto aprobado para 2017. Para instrumentar el recorte el Ejecutivo Federal  decidió hacer —por un lado— un recorte drástico a los programas que implican un beneficio directo  a las comunidades, municipios y entidades federativas —y por el otro—, preservar  el monto de recursos que implican un subsidio a la inversión privada a través de las Asociaciones Público Privadas (APP).

El peso del recorte se concentra en el programa PROAGUA mismo que a partir de 2017 será el único programa federalizado existente para atender las necesidades de construcción de infraestructura para la dotación de agua potable, drenaje y saneamiento, el recorte a ese tipo de acciones es de poco más de 9 mil millones ($9,030,425,862) ya que en el 2016 se contaba con un presupuesto en un orden cercano a los 12 mil 454 millones (entre el PROAGUA y el PROTAR –que para 2017 desaparece-), lo que  representa  una reducción nominal del 72.5%.

Es así que, en lugar de destinar recursos mínimos necesarios para la dotación de infraestructura de agua potable y saneamiento a comunidades y municipios,  el gobierno federal propone –por ejemplo- mantener el ritmo de inversión para infraestructura hidráulica en el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAICM) de 3 mil 150 millones en 2016 a 3 mil 200 millones propuestos para 2017 o incrementar el ritmo de recursos destinado a la construcción de la Presa y Acueducto Zapotillo (85 millones en 2016 contra  500 millones propuestos para 2017).  Ambos proyectos -Zapotillo y NAICM- se ejecutan bajo el esquema de las APP por lo que bien pudo optarse por la alternativa de ajustar a la baja el monto de la inversión pública y aumentar la privada durante el 2017 para ambos proyectos y compensar ese cambio en el 2018 o ejercicios posteriores y de ese modo liberar esos recursos públicos al PROAGUA, cosa que no sucedió.  De igual modo, se incrementan los recursos programados en 2017 para la construcción del Túnel Emisor Oriente (TEO) cuyo costo proyectado originalmente no rebasaba los 10 mil millones de pesos y hoy supera los 34 mil millones de pesos y cuya ejecución ha sido objeto de diversas observaciones por parte de la  Auditoría Superior de la Federación, y al que se propone una asignación en 2017 de 3 mil 600 millones.

El esquema es claro y evidente,  allí donde la inversión beneficiará a un selecto grupo de constructores privados, no solamente con la ejecución de las obras sino también con la operación futura de esa infraestructura, allí es donde incrementan los montos presupuestales y en cambio, en aquellos casos de proyectos de infraestructura cuya  operación futura quedará a cargo de la propia Conagua o de las instancias estatales y municipales, allí sí se aplica todo el peso del recorte presupuestal.

     Privatización inducida

A su vez hay aspectos que no son tan evidentes pero que sí resultan cruciales y son parte esencial del manejo de la política pública del agua en México el primero es la privatización inducida o forzada del  servicio público de suministro de agua y  la segunda es el desdén  por dar cumplimiento al derecho humano a la acceso al agua y su saneamiento. Ambos aspectos están tras el recorte al PROAGUA.

El programa PROAGUA  se considera un subsidio, ya que para la ejecución de las obras y acciones los gobiernos deben  hacer contraparte financiera al recurso federal, se trata de un programa descentralizado  ya que su ejecución corre a cargo de las entidades federativas y afectará principalmente a los Organismos Operadores de Agua los cuales deberán cancelar la mayor parte de sus inversiones en infraestructura, lo cual les impedirá ampliar su cobertura de agua potable y saneamiento, incluso podrán mantener sus operaciones solo de manera parcial ya que parte de esas inversiones son destinadas al reequipamiento de pozos, a la sustitución de redes  o a la construcción o rehabilitación  de plantas potabilizadoras. De ese modo, los Organismos Operadores no podrán dar cumplimiento a la obligación constitucional de garantizar el derecho humano al acceso al agua y su saneamiento, ya sea porque no pueden ampliar la cobertura a los núcleos de población que carecen de este elemental servicio o porque no podrán mantener la operación del suministro de manera continua.

Esta situación  no podrá ser revertida ni siquiera aumentando las tarifas y logrando ciertos niveles de eficiencia financiera lo que obligará a los organismos operadores  a buscar financiamiento privado lo cual se ajusta a las recomendaciones del Banco Mundial y a las presiones que durante los últimos años ha realizado la Conagua a efecto que los Organismos Operadores privaticen total o parcial los elementos que componen la cadena del servicio público de  suministro como lo es la extracción, captación, conducción, potabilización, distribución, suministro, tratamiento, recolección, disposición, desalojo, medición, determinación, facturación y cobro de tarifas.

Recorte ilegal

Un elemento adicional  a considerar es la propia ilegalidad del recorte al PROAGUA  más allá del probable incumplimiento a las obligaciones establecidas por el artículo 4to Constitucional  en el que podrían  incurrir los organismos operadores de agua como consecuencia del recorte presupuestal.  Se trata de la violación al artículo 18 de la  Ley General de Desarrollo Social el cual establece que “Los programas, fondos y recursos destinados al desarrollo social son prioritarios y de interés público, por lo cual serán objeto de seguimiento y evaluación de acuerdo con esta Ley; y no podrán sufrir disminuciones en sus montos presupuestales”.  Al respecto debemos recordar que de acuerdo a los ajustes y compactaciones derivadas del llamado “presupuesto base cero” en el 2017 serán ya 2 los ejercicios fiscales en lo que el programa orientado a la dotación básica de infraestructura para agua y drenaje en el medio rural y que por  sus objetivos y características fue considerado como un programa destinado al desarrollo social (por sus siglas se conocía como PROSSAPYS)  fue fusionado e integrado al PROAGUA,  por lo que al disminuir los recursos de este programa se está a su vez disminuyendo los recursos para atender el rezago social de infraestructura básica en las comunidades rurales y por lo tanto  se viola la disposición preventiva establecida en la artículo 18 de la Ley General de Desarrollo Social,  aspecto no menor que los diputados deben de tomar en cuenta a la hora de discutir y presentar modificaciones al PPEF 2017.

 

     Alternativas para resarcir el recorte al PROAGUA

Durante los últimos cuatro años los Diputados han  claudicado  a ejercer su facultad exclusiva para modificar el Proyecto de Presupuesto de Egresos enviado por el Ejecutivo y se han conformado con tan solo buscar o generar bolsas adicionales corrigiendo el calculo de los ingresos o modificando la tasa de algunos gravámenes las cuales se han dirigido fundamentalmente a incrementar las partidas del fondos de desarrollo regional mejor conocidos como los fondos para “los moches”. Independientemente del destino final de esos recursos,  el acto de corrupción legislativa comienza con la renuncia de los Diputados a ejercer su facultad para modificar el PPEF,  esa renuncia ha impedido reorientar las inversiones y eliminar el dispendio y los gastos injustificados.

Sin embargo, el monto del recorte presupuestal propuesto para el 2017 es tan severo que necesariamente se tendrán que considerar y discutir reasignaciones. Existen diversas partidas en el PPEF que son susceptibles de ser reasignadas, comenzando con la propia Conagua, además de la modificación del monto de las inversión pública en las APP´s una fuente importante de reasignación es el gasto de administración de la institución, ya que al contar con un menor presupuesto para el ejercicio de programas el gasto administrativo tendría que bajar en la misma proporción, cosa que no sucede. En ese sentido, es justo el gasto administrativo de la Conagua la primer fuente de reasignación a considerar en la modificación del PPEF 2017, veamos porqué:

El programa donde se reflejan los conceptos de gasto corriente que no son sueldos y salarios es la denominada G010.- Gestión Integral y Sustentable del Agua  en el cual se reflejan conceptos de gasto asociados a la administración de los programas descentralizados tanto en la función de gasto “hidroagrícola” como en la función de gasto “agua potable”; de igual modo se reflejan en esta partida conceptos de gasto asociados a programas  centralizados que ejecuta directamente la Conagua y que son parte de la función de gasto “administración del agua” todo ese gasto es básicamente contratación de supervisión de las obras y acciones contempladas en esos programas. De igual modo en la función existen conceptos de  gasto del programa  G010.- Gestión Integral y Sustentable del Agua dentro de la función “administración del agua” asociados indirectamente a la ejecución de programas y acciones  las cuales están disminuyendo producto de los recortes  por lo que  es injustificable que se sigan manteniendo al mismo nivel de gasto -o incluso que aumenten-,  en particular  el arrendamiento y/o compra de flotillas de automóviles y camionetas “utilitarias”,  el equipamiento de oficinas,  la contratación de consultorías, el gasto en viáticos entre otros.  En pocas palabras,  si disminuye la actividad programática en consecuencia debe disminuir la actividad administrativa asociada a la misma en la misma proporción, por lo tanto la partida G010 debió disminuir en al menos un 40% pero lejos de suceder así la partida G010 se incrementa en un 3.1%, veamos:

 

Tabla 1.

Variación  de los Subsidios de Agua potable VS Programa Gestión de agua asociado a la misma

  PEF 2016 PPEF 2017 Variación

nominal

Variación

relativa

Programa S074.- PROAGUA

(incluye PROTAR* que en 2017 desaparece y se integra al S074)

12,453,629,715

 

 

3,423,203,853

 

9,030,425,862 72.51%
Programa G010.- Gestión Integral y Sustentable del Agua   asociada a la función de gasto “Agua Potable” 753,027,561

 

752,413,218

 

-614,343

 

0.1%

*Programa de Tratamiento de Aguas Residuales que a partir del 2017 se fusiona con el PROAGUA

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 y Presupuesto de Egresos de la Federación 2016.

Tabla 2.

Variación  de los Subsidios Hidroagrícola VS Programa Gestión de agua asociado  al  mismo

  PEF 2016 PPEF 2017 Variación

nominal

Variación

relativa

S217 Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola 2,974,101,143

 

1,774,101,147 -1,199,999,996 40.3%
Programa G010.- Gestión Integral y Sustentable del Agua   asociada a la función de gasto “Hidroagrícola” 619,473,145 676,333,257 56,860,112 9.2

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 y Presupuesto de Egresos de la Federación 2016

 

 

 

 

Tabla 3.

Variación  del Programa Gestión de agua asociado  a las Funciones y Programas de Administración del Agua

  PEF 2016 PPEF 2017 Variación

nominal

Variación

relativa

Programa G010.- Gestión Integral y Sustentable del Agua   asociada a la función de gasto “Administración del agua” 4,364,408,328 4,488,461,785 124,053,457 2.8

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 y Presupuesto de Egresos de la Federación 2016

Tabla 4.

Variación  Total del Programa Gestión de agua

  PEF 2016 PPEF 2017 Variación

nominal

Variación

relativa

Programa G010.- Gestión Integral y Sustentable del Agua   asociada a la función de gasto “Administración del agua” 5,736,909,034

 

5,917,208,260 180,299,226 3.1

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 y Presupuesto de Egresos de la Federación 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

El derecho al agua es universal

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Rechazan el intento privatizador

:: Inaudito que ahora Peña Nieto y sus partidos afines pretendan privatizar el agua, contra eso vamos, contra eso estoy dispuesta  a enfrentarme para combatir y defender la patria ¡Ya estuvo bueno!

Con la privatización del agua, la pagaremos más cara y será más escasa. Los niños ya no se refrescarán en las fuentes públicas de las ciudades que las tienen

Con la privatización del agua, la pagaremos más cara y será más escasa.
Los niños ya no se refrescarán en las fuentes públicas de las ciudades que las tienen

Coatzacoalcos, Ver.

Comunicado

Rocío Nahle, candidata de MORENA, en su recorrido de campaña por la colonia Petroquímica en Coatzacoalcos, rechazó tajantemente la idea del gobierno de privatizar el agua en México.

Esta tarde el Ingeniero Díaz se acercó a la candidata y le dijo: “Rocío, ¿como ves ahora van a privatizar el agua, ya leí que esta el proyecto en el Congreso de la Unión que vamos hacer? De por si no hay, y la poca agua  que llega es de mala calidad y los recibos por las nubes ¡algo tenemos que hacer!”.

Nahle, explicó a los vecinos de esta colonia que es muy importante que recordemos y conozcamos a los candidatos, quienes son y qué proponen, hay que escuchar y estar atentos vecinos.

Les recuerdo – señaló- que yo estuve en campaña en el 2012 junto con López Obrador y mi adversario político era Joaquín Caballero, él, en el inicio de su campaña frente al Seguro Social dijo a boca de jarro que iba apoyar la reforma energética, él ya sabía a lo que iba y así lo hicieron.

Dentro de sus malas reformas, Peña Nieto ya presentó a la cámara de diputados  la  reforma de la Ley General de Aguas donde pretenden privatizar los ríos, lagos, lagunas, pozos y manantiales, y esto es debido a  la propia reforma energética donde requieren grandes cantidades de agua para el Fracking que es sacar más gas y petróleo del subsuelo, así como para la  producción de energía geotérmica, explicó la abanderada.

Dijo que así ahora, los candidatos de los partidos oficiales ya saben a lo que van, van a ir a decirle a Peña Nieto a todo que si, que si privatizan el agua, el aire y hasta los sueños, a levantar el dedo como siempre lo han hecho en contra de los intereses de sus representados, y eso no lo vamos a permitir, ya estuvo bueno de tanto despojo al pueblo de México.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) dicta que un ser humano tiene el derecho al acceso libre al  agua de  100 litros diarios y nuestros legisladores están restringiendo a los mexicanos a solo 50 litros ¡no es posible!, indicó Rocío Nahle.

En MORENA sabemos a lo que vamos, nuestro proyecto es nacionalista, ver primero por nosotros y después por los negocios de los amigos del sistema. Como diputada voy a escuchar a la ciudadanía, voy a enfrentar al sistema y vamos a defender la patria, afirmó Nahle García.