A un año de la explosión de Mexichem

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Criminal irresponsabilidad del privado al que se le cedieron los activos de Pajaritos

La empresa Mexichem cobró seguros por $ 1 500.00 millones de dólares

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Blindado por banqueros y políticos el caso de la explosión en Pajaritos

Javier Pulido Biosca

Revista Raíces

A un año de la criminal explosión de Mexichem en Pajaritos, se muestra que las privatizaciones del sector han sido para la acción irresponsable y dolosa y en perjuicio de los trabajadores.

En 2012, al fin del sexenio encabezado por Felipe Calderón, se debatía la validez de la alianza de Pemex Pajaritos y Mexichem. Entrañaba infinidad de irregularidades, entre las que se mencionaba la incapacidad de ceder, donar o vender los activos de la nación que estaban en ese complejo petroquímico, el primero construido en el municipio de Coatzacoalcos y que detonó la petroquímica nacional.

Para 2013, se pasó por alto esa limitación legal y se creó la empresa Petroquímica Mexicana del Vinilo, con la participación de las propiedades de Pemex y la administración de Mexichem. A pesar de la ilegalidad manifiesta en el procedimiento, en sesión extraordinaria del Consejo, presidida por el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, y con la presencia del director general de Pemex, Emilio Lozoya Austin, se aprobó llevar a cabo la integración de la cadena productiva Sal-Cloro/Sosa-Etileno-MC, para lo que autorizó la participación de Pemex Petroquímica (PPQ) en dicha sociedad de coinversión con la empresa Mexichem.

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Fierros retorcidos y cadáveres por todos lados fue el saldo social del “accidente”. Para Mexichem fue una ganancia de 1 mil 500 mdd

Por otro lado, el hecho de que Mexichem haya dado a conocer esta “coinversión” en la Bolsa Mexicana de Valores, BMV, hace pensar que toda esta cadena de irregularidades se hace para favorecer a algún político que, por ser inversionistas anónimos, dejan poca transparencia y siempre puede ser que una sola persona sea quien adquiera la totalidad de las acciones que sean emitidas, expresó el abogado Rogelio Martínez Hernández en 2013.

En ese entonces, Mexichem anunció que aportaría a la sociedad un total de 556 millones de dólares.

La empresa privada señaló que esta coinversión permitiría un aumento exponencial en la producción de cloruro de vinilo, incrementando 24 mil toneladas en el primer año de operación, 146 mil en el segundo y 217 mil en el tercero.

Pero eso no se cumplió, sino que Mexichem sólo alcanzó una producción de 170 mil toneladas anuales de cloruro de vinilo en 2015, poco menos de las 185 mil toneladas logradas en el año de 2012. La ambición y las promesas de Mexichem fracasaron.

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Obreros murieron para enriquecer a Mexichem

 

 

Fracaso y explosión

Y fracasaron las promesas porque aunque la planta de Clorados III de Pajaritos estaba diseñada para producir 400 mil toneladas anuales, el procedimiento erróneo para lograr el vacío en el proceso de arranque provocó daños irreversibles.

La inversión para remediar esto requería la reconstrucción completa de la planta, lo que costaría a la empresa del banquero Antonio del Valle una cantidad cercana a los 556 millones de dólares anunciados, por lo que el también especialista en seguros decidió contratar un seguro por el costo de la planta y de la producción programada para el caso de accidentes fortuitos. Un total de 1 mil 500 millones de dólares se aseguraron.

Para el abogado Rogelio Martínez Hernández, especializado en temas de la industria, la explosión fue “a propósito, ya que el contrato mercantil firmado entre Mexichem y Pemex está signado por empleados de bajo nivel y cuyas funciones en las empresas no son las de representar a estas entidades, como es el caso de Enrique Verazas Mijangos, quien fue jubilado por Pemex y pasó a las filas de Mexichem”.

Los seguros por 1 mil 500 millones de dólares, mdd, ya fueron cobrados por Mexichem y con esto, a decir de Martínez Hernández, la empresa logró su cometido de tener ganancias mayores al accidente.

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Al día siguiente de la explosión provocada

“Así trabajan estas empresas, cuyos funcionarios y aparentes dueños encubren la propiedad de accionistas anónimos entre los que figuran personajes de la política, como Carlos Salinas de Gortari”, afirmó Rogelio Martínez.

Para conseguir estos cometidos las empresas utilizan la técnica de “doble puerta”, involucrando a personas de la banca para que autoricen y paguen seguros, a la vez que políticos para que los permisos y las materias primas sean facilitados.

 

 

BP será socio incómodo de Pemex

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Si se le permite, tendría licencia por cincuenta años para explotar grandes lotes de hidrocarburos pagando reducidos o nulos impuestos y con plena libertad para hacer afectaciones ambientales impunemente

Carece aún de un estudio de impacto social la posible presencia de BP en aguas profundas mexicanas

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Mayúsculos grumos de Crudo como este aparecieron por todas las costas mexicanas del Golfo a raíz del derrame de millones de barriles en el pozo Macondo

Javier Pulido Biosca

Revista Raíces

A poco más de cinco años del derrame que tuviera la empresa British Petroleum, BP, en el pozo Macondo situado en la parte norte del golfo de México, en aguas territoriales de los EU, país que tiene una exigente regulación ambiental cuando son afectados sus ciudadanos, la petrolera inglesa se ha negado a pagar los daños que ha hecho en las costas mexicanas dicho derrame, alegando que para ellos esos daños son inexistentes.

Pero el desmantelado Estado mexicano no solamente está dejando en el olvido la demanda interpuesta contra BP por la Secretaría de Relaciones Exteriores, sino que ha invitado a la petrolera BP para participar en la cuarta licitación de la ronda uno, que incluye 10 áreas contractuales que tendrán un plazo hasta de 50 años.

La demanda interpuesta por el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos ante la corte del Distrito Este de Luisiana, ingresada con el caso 2:13-cv-01441-CJB-SS Document 1 Filed 04/19/13, contra BP y otras compañías relacionadas, entre ellas Halliburton, Transocean Holdings, Anadarko, MOEX Offshore, y otras más, demuestra la irresponsabilidad y perjuicios causados por la explosión de la plataforma “Deepwater Horizon”, que laboraba en el pozo Macondo, con un tirante de agua de aproximadamente 10 mil metros.

Además del problema económico que estas asignaciones, tan extensas, por tan largo plazo y con mínimos impuestos, se refuerza la amenaza ambiental que se cierne sobre las especies vivas del Golfo.

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El campo Trion será asignado a empresas extranjeras, muchas de ellas como BP o Schlumberger son reconocidas por su falta de responsabilidad, tanto ambiental como social

Biólogos especialistas y abogados destacaron que hubo una investigación financiada por el gobierno mexicano y elaborada por el Instituto Nacional de Ecología, INECC, que sirvió de sustento para una demanda interpuesta por la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Sin embargo, hoy en día el estudio, que ha sido solicitado ante el INAI, cuya negativa se basa en el argumento de que es “información reservada”, cosa incongruente ya que los temas ambientales son de orden social.

Esto es doblemente importante ante la inminente participación de BP en el patrimonio de México. La demanda interpuesta contra BP se desconoce qué situación guarda actualmente.

 

El Impacto social aún sin elaborar

Aunque la Ley de Hidrocarburos, en su capítulo V, artículos del 118 al 121, que forma parte de la reforma energética, exige a las empresas aspirantes a participar en el sector energético mexicano están obligadas a presentar estudios de impacto social y ambiental, BP no lo ha presentado.

Y no solamente carece de estos estudios para el caso de participar en la Ronda Uno, sino que además se ha burlado de los mexicanos al decir que para ellos no hay contaminación en aguas del Golfo en la zona mexicana, según declaró Olaf Carrera en una universidad privada.

Esta burla, y la negativa a indemnizar a ningún pescador del área mexicana, ni próxima ni lejana, permite adelantar lo que será la actividad de BP en la zona económica exclusiva de México.

En esto, cabe decir, debe considerarse también la poca disposición del gobierno del país para exigir al juez que lleva el caso de BP en los tribunales de Florida.

Afectación ambiental en el todo el Golfo

Como es sabido por los marinos desde tiempos inmemorables, el Golfo de México tiene diversas corrientes oceánicas y es por ello que el agua es un excelente conductor de la contaminación, lo que significa que la contaminación generada en un lugar puede llegar a otro muy distante, como sucedió con el Ixtoc en la Sonda de Campeche.

Ese petróleo derramado llegó a las costas de EU, por eso no puede negar BP que la contaminación generada por ellos en el pozo Macondo llega hasta Campeche y Yucatán.

Fueron millones de barriles de petróleo los que se derramaron pon un lapso mayor a los cinco meses, según se determina en el punto 59 de la citada demanda.

Cuando vieron que esto sucedía, utilizaron miles de galones de un dispersante llamado Corexit. “Este dispersante rompió las grandes manchas de petróleo y formó pequeñas burbujas que se precipitaron al fondo. Esa contaminación ya no era visible en la superficie, pero está en el fondo, en los sedimentos”. Y en el fondo también hay corrientes que mueven estos sedimentos a grandes distancias y tarde o temprano han de llegar a nuestro país.

 

La citada demanda demuestra una serie de deudas a organismos mexicanos, como Conagua, el Instituto Mexicano del Petróleo, la Secretaría de Marina, la Semarnat y el Instituto Nacional de Ecología, cuyos costos se elevan a 11 millones 365 mil 502.32 dólares.

En el documento se contemplan: 1. Contaminación petrolera; 2. Costos de remediación y pago de daños: 3. Negligencia grave; 4. Perjuicios a privados; 5. Perjuicios públicos; 6. Invasión; 7. Negligencia mayor.

Hasta la fecha la postura de BP es la de no pagar ni un centavo a los pescadores afectados, ni a las entidades públicas mexicanas alegando que esa contaminación no existe.

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Pescador muestra una placa del dispersante Corexit, altamente tóxico para la vida marina

La pesca afectada

Muchos pescadores han reportado que la pesca ha disminuido y esto, para los biólogos, es un problema ambiental de largo plazo. El estudio exhaustivo que debería efectuar el gobierno de México podría mostrar que esa contaminación está afectando o podría afectar.

El que la pesca haya disminuido es un indicador del impacto ambiental a largo plazo.

Los pescadores han enviado fotografías a biólogos y abogados que evidencian el daño ambiental por el derrame de Crudo y del dispersante Corexit, que es altamente tóxico.

Nunca antes se había derramado tanto petróleo, por lo que se desconocían los efectos a largo plazo. Unos dijeron que podría causar mutaciones o la muerte de organismos. Algo que no es natural siempre tiene impactos en la salud; por eso hay tantos casos de cáncer.

Nuestro cuerpo y el de otros organismos no están adaptados a estas sustancias extrañas y causan daño celular, tanto el petróleo como el Corexit.

Muchos camarones, aunque no se les ve la mancha, tienen sabor a petróleo. El camarón es un excelente bioindicador, ya que toma agua y se alimenta tanto de fitoplancton como de zooplancton. Es como una aspiradora y todo lo guarda en sus tejidos.

Toda la cadena alimenticia se afectó. También afecta el hecho de que las bacterias que se alimentan de petróleo consumen gran cantidad de oxígeno, por lo que muchos organismos mueren afectados de hipoxia.

Hoy todavía está a tiempo el gobierno mexicano para hacer valer los derechos ambientales y sociales a fin de poner un freno a BP y otras empresas depredadoras e irresponsables con estos derechos. La opción de prevenir daños por los 50 años por venir está en manos de los actuales funcionarios. ¿Responderán a los intereses de la Nación o a su dolosa mansedumbre?

 

Sociedad civil cómplice de JDO

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Autorizan diputados licencia para ausentarse, a pesar de la demanda ciudadana para rendición de cuentas

Confirman que campea la impunidad en la guerra contra del pueblo mexicano

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Como una más de las burlas del gobierno a la sociedad civil mexicana, Javier Duarte sale fugitivo con permiso legislativo

Javier Pulido Biosca

Revista Raíces

Dos odiadas camionetas blancas salen arrojándose encima de la gente –como siempre– y hacen recordar la huida de quien es conducido a terreno seguro para él antes de que las garras de las venganzas políticas le atrapen, y hay que aclarar que son las venganzas, no la justicia que se omite aplicar para la casta a que pertenece el gobernador más repudiado de la historia de Veracruz.

Se recuerda cuando una de esas terribles camionetas atropelló a un lisiado en el puerto de Veracruz y, de no ser porque se volvió tema mediático, lo hubieran demandado por lastimar las llantas del vehículo agresor.

Destaca la participación de una sociedad civil pasiva, que se limita a hacer comentarios anodinos en las redes sociales esperando que alguien aplique la ley para detener al malhechor gobernante. Le tildan de ratero, defraudador y, pacatamente, sacan a relucir las miles de muertes de jóvenes en Veracruz, el asesinato de activistas y de varios periodistas –casta anteriormente cobijada por la clase política.

Pero nadie actúa, el veloz fugitivo con licencia que le otorgó inmediatamente el Congreso de Veracruz, evidencia la complicidad que todos y cada uno de los diputados tienen con él, unos por ser minoría, otros por compromisos inenarrables, otros por sentirse amenazados ante el nuevo gobierno.

Se va el señalado, presunto defraudador de los recursos de la entidad que omitió pagar a proveedores cuyo castigo por ser afines a este gobierno llega hasta la quiebra de sus negocios, le critican por fuera, en los medios masivos, pero no media demanda alguna, sale impune.

Y lo grave es que tampoco la Procuraduría ha tomado en serio la investigación de tantos cientos de asesinatos de jóvenes, de activistas y periodistas en los que se presume de la intervención del prepotente fugitivo.

La salida del político fugitivo confirma la impunidad que campea en la guerra que el gobierno de México tiene contra de la ciudadanía y, se confirma que esa sociedad civil merece el trato que le dan porque nada está dispuesto a hacer. Su silencio es cómplice.

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Diputados cómplices de Javier Duarte posan al nombrar al gobernador interino