A un año de la explosión de Mexichem

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Criminal irresponsabilidad del privado al que se le cedieron los activos de Pajaritos

La empresa Mexichem cobró seguros por $ 1 500.00 millones de dólares

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Blindado por banqueros y políticos el caso de la explosión en Pajaritos

Javier Pulido Biosca

Revista Raíces

A un año de la criminal explosión de Mexichem en Pajaritos, se muestra que las privatizaciones del sector han sido para la acción irresponsable y dolosa y en perjuicio de los trabajadores.

En 2012, al fin del sexenio encabezado por Felipe Calderón, se debatía la validez de la alianza de Pemex Pajaritos y Mexichem. Entrañaba infinidad de irregularidades, entre las que se mencionaba la incapacidad de ceder, donar o vender los activos de la nación que estaban en ese complejo petroquímico, el primero construido en el municipio de Coatzacoalcos y que detonó la petroquímica nacional.

Para 2013, se pasó por alto esa limitación legal y se creó la empresa Petroquímica Mexicana del Vinilo, con la participación de las propiedades de Pemex y la administración de Mexichem. A pesar de la ilegalidad manifiesta en el procedimiento, en sesión extraordinaria del Consejo, presidida por el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, y con la presencia del director general de Pemex, Emilio Lozoya Austin, se aprobó llevar a cabo la integración de la cadena productiva Sal-Cloro/Sosa-Etileno-MC, para lo que autorizó la participación de Pemex Petroquímica (PPQ) en dicha sociedad de coinversión con la empresa Mexichem.

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Fierros retorcidos y cadáveres por todos lados fue el saldo social del “accidente”. Para Mexichem fue una ganancia de 1 mil 500 mdd

Por otro lado, el hecho de que Mexichem haya dado a conocer esta “coinversión” en la Bolsa Mexicana de Valores, BMV, hace pensar que toda esta cadena de irregularidades se hace para favorecer a algún político que, por ser inversionistas anónimos, dejan poca transparencia y siempre puede ser que una sola persona sea quien adquiera la totalidad de las acciones que sean emitidas, expresó el abogado Rogelio Martínez Hernández en 2013.

En ese entonces, Mexichem anunció que aportaría a la sociedad un total de 556 millones de dólares.

La empresa privada señaló que esta coinversión permitiría un aumento exponencial en la producción de cloruro de vinilo, incrementando 24 mil toneladas en el primer año de operación, 146 mil en el segundo y 217 mil en el tercero.

Pero eso no se cumplió, sino que Mexichem sólo alcanzó una producción de 170 mil toneladas anuales de cloruro de vinilo en 2015, poco menos de las 185 mil toneladas logradas en el año de 2012. La ambición y las promesas de Mexichem fracasaron.

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Obreros murieron para enriquecer a Mexichem

 

 

Fracaso y explosión

Y fracasaron las promesas porque aunque la planta de Clorados III de Pajaritos estaba diseñada para producir 400 mil toneladas anuales, el procedimiento erróneo para lograr el vacío en el proceso de arranque provocó daños irreversibles.

La inversión para remediar esto requería la reconstrucción completa de la planta, lo que costaría a la empresa del banquero Antonio del Valle una cantidad cercana a los 556 millones de dólares anunciados, por lo que el también especialista en seguros decidió contratar un seguro por el costo de la planta y de la producción programada para el caso de accidentes fortuitos. Un total de 1 mil 500 millones de dólares se aseguraron.

Para el abogado Rogelio Martínez Hernández, especializado en temas de la industria, la explosión fue “a propósito, ya que el contrato mercantil firmado entre Mexichem y Pemex está signado por empleados de bajo nivel y cuyas funciones en las empresas no son las de representar a estas entidades, como es el caso de Enrique Verazas Mijangos, quien fue jubilado por Pemex y pasó a las filas de Mexichem”.

Los seguros por 1 mil 500 millones de dólares, mdd, ya fueron cobrados por Mexichem y con esto, a decir de Martínez Hernández, la empresa logró su cometido de tener ganancias mayores al accidente.

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Al día siguiente de la explosión provocada

“Así trabajan estas empresas, cuyos funcionarios y aparentes dueños encubren la propiedad de accionistas anónimos entre los que figuran personajes de la política, como Carlos Salinas de Gortari”, afirmó Rogelio Martínez.

Para conseguir estos cometidos las empresas utilizan la técnica de “doble puerta”, involucrando a personas de la banca para que autoricen y paguen seguros, a la vez que políticos para que los permisos y las materias primas sean facilitados.

 

 

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Rechazan la ZEE

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“La ZEE busca impactar su “estrategia de desarrollo” justo donde la presencia de los pueblos originarios tienen un sentido identitario con el territorio y provoca tensiones en la dinámica comunitaria, por lo que la creación de la ZEE en la región del istmo es la validación de una política económica de despojo”.

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De manera organizada, los grupos indígenas se amparan contra el despojo y contaminación de las ZEE

Se amparan pueblos del Istmo contra Zona Económica Especial

Generan pobreza y desigualdad. Se quiere aplicar sin consulta previa y eso viola sus derechos humanos y culturales

Apoyo A.C.

Comunicado

Organizaciones de 11 municipios del Istmo de Tehuantepec presentaron un amparo colectivo como pueblos indígenas, ante el Juzgado Sexto de Distrito de Salina Cruz. Firmaron el amparo “más de 1800 personas de los municipios de Chahuites, Ciudad Ixtepec, Juchitán, San Blas Atempa, San Francisco Del Mar, San Francisco Ixhuatan, San Mateo Del Mar, Santa María Xadani, Tapanatepec, Tehuantepec y Zanatepec”. Los pueblos Binnizá, Ikoots, Mixes, Chontales y Zoques de la Articulación de Pueblos Originarios del Istmo Oaxaqueño en Defensa del Territorio, APOYO, informaron en una conferencia de prensa que “el amparo colectivo regional interpuesto el día de ayer, tiene el objetivo de proteger los derechos de los pueblos indígenas del Istmo de Tehuantepec, respecto de la infraestructura que se pretende construir en sus territorios sin consulta y sin obtener su consentimiento libre, previo e informado, para el inicio de otra etapa de instalación de más parques eólicos en la región”.

Se concluyó que la segunda fase de desarrollo eólico es la punta de lanza de las Zonas Económicas Especiales, que se caracteriza por tener leyes y reglamentos muy específicos que violan los derechos individuales y colectivos de las comunidades y solo benefician las empresas privadas.

 

A manera de presentación se compartió lo que es la Articulación de Pueblos Originarios del Istmo Oaxaqueño en Defensa del Territorio, APOYO, “se trata de diversos pueblos y organizaciones sociales, Binnizaá, Ikoots, Mixes, Chontales y Zoques del Istmo de Tehuantepec, que al sufrir una intromisión y despojo de nuestros territorios por diferentes megaproyectos impulsados desde el gobierno federal, decidimos organizarnos bajo el principio que nos une, que es la defensa de la vida, la tierra y el territorio”.

Se informó también que el día de ayer presentaron un amparo colectivo como pueblos indígenas, ante el Juzgado Sexto de Distrito de Salina Cruz. Firmaron el amparo “más de 1800 personas de los municipios de Chahuites, Ciudad Ixtepec, Juchitán, San Blas Atempa, San Francisco Del Mar, San Francisco Ixhuatan, San Mateo Del Mar, Santa María Xadani, Tapanatepec, Tehuantepec y Zanatepec”.

Seguidamente el abogado explicó “el amparo colectivo regional interpuesto el día de ayer, tiene el objetivo de proteger los derechos de los pueblos indígenas del Istmo de Tehuantepec, respecto de la infraestructura que se pretende construir en sus territorios sin consulta y sin obtener su consentimiento libre, previo e informado, para el inicio de otra etapa de instalación de más parques eólicos en la región”. Indicó cómo este megaproyecto dolosamente desconoce la existencia de los pueblos indígenas de la región en la que se pretende instalar la infraestructura y en consecuencia, “el Estado pretende con ello evitar garantizar todos los derechos reconocidos a nivel nacional e internacional en materia de pueblos indígenas. Por ello la importancia de la acción constitucional planteada, para efecto de que se resguarden los derechos colectivos de los pueblos indígenas de la región, como el derecho al territorio, libre determinación, identidad cultural y a un medio ambiente sano”.

Un integrante de la Articulación recordó que “desde hace varios años hemos visto como se han impuesto en nuestras comunidades parques eólicos que han afectado seriamente nuestra vida, cultura y bienes naturales vulnerando nuestro tejido comunitario”. Y que ahora el “gobierno Federal ha autorizado la construcción de infraestructura para una segunda fase de expansión eólica en el Istmo que será un adicional de 3,683 MW”. Esto implicaría casi triplicar la capacidad de generación eólica actualmente instalada en la región que son 2192 MW, con alrededor de 1900 aerogeneradores en 22 parques eólicos.

También se afirmó que la segunda fase eólica está llegando de manera impuesta y de la misma forma que la primera fase “con promesas de desarrollo y crecimiento”. Recordó que las empresas eólicas llegaron anunciando “progreso, desarrollo y derrama económica”; sin embargo lo resultados reales que se han visto en más de 10 años de presencia son: “acaparamiento de miles de hectáreas de tierras, altos niveles de pobreza, aumento de la desigualdad y marginalidad, falta de fuentes de trabajo, disminución de la producción agrícola e incremento del crimen organizado”.

En cuanto a los beneficios, se precisó que han sido mínimos, “nada de la energía que se produce en la región es para el uso de la población, sino que es revendida a otras empresas privadas como alimenticias, constructoras y mineras. Las empresas eólicas tampoco cumplieron sus compromisos sociales y ni si quieran pagan impuestos a los municipios”. Sólo para dar algunos datos indicó que en Juchitán, donde se encuentran instalados 12 parques eólicos “tan sólo en el 2015, la deuda de las eólicas ascendía a más de 2 859 604 530 pesos. En Santo Domingo Ingenio, los cinco parques eólicos que funcionan adeudan al ayuntamiento sus impuestos y la parte social que les corresponde y según el CONEVAL “este municipio tiene un 70 % de la población en la pobreza y el 10 % en pobreza extrema”.

Asimismo se mencionó como “la migración de familias enteras de la población campesina de comunidades como Xadani, Álvaro Obregón, Juchitán entre otras, hacia Morelia , Nayarit, Yucatán al corte de caña, limón, no ha decrecido, lo que significa que no hay empleo para la población”.

También se están observando impactos en la desecación de los suelos, los aceites que riegan las turbinas contaminan los suelo, el agua, y el mar; las luces y el ruido de los aerogeneradores afectan la pesca y la salud de las personas que se encuentran en contacto permanente con los aerogeneradores.

Otro integrantes agregó que existe un serio proceso de división al interior de las comunidades, “el gobierno federal y estatal, en complicidad con las empresas, autoridades agrarias y municipales han propiciado un clima de confrontación, reparto de dinero y preventas para comprar el apoyo de algunos pobladores. Esto ha sido más visible en comunidades como San Francisco del Mar, Zanatepec, San Mateo del Mar, Álvaro Obregón, San Dionisio del Mar y Cd. Ixtepec”.

Se concluyó que la segunda fase de desarrollo eólico es la punta de lanza de las Zonas Económicas Especiales, que se caracteriza por tener leyes y reglamentos muy específicos que violan los derechos individuales y colectivos de las comunidades y solo benefician las empresas privadas.

“La ZEE busca impactar su “estrategia de desarrollo” justo donde la presencia de los pueblos originarios tienen un sentido identitario con el territorio y provoca tensiones en la dinámica comunitaria, por lo que la creación de la ZEE en la región del istmo es la validación de una política económica de despojo”.

Las manipulaciones del Yuribia

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Las amenazas que hacen supuestos campesinos para destruir las instalaciones que garantizan el derecho al agua en las poblaciones de Tatahuicapan, Cosoleacaque, Minatitlán y Coatzacoalcos son una invención utilizada para justificar la represión al poblador

Fomentado por el gobierno federal, el Yuribia es rehén de innumerables grupos

Fomentado por el gobierno federal, el Yuribia es rehén de innumerables grupos

Plano Inclinado

Javier Pulido Biosca

Primero pongamos en claro ciertas cosas:

  1. Se han creado supuestas fuerzas para dar seguridad a los ciudadanos, pero esas corporaciones sólo han servido para amedrentar a la población.
  2. Se ha tolerado que, con el pretexto de una falsa exclusividad de los derechos sobre el agua, cierto grupo de campesinos de Tatahuicapan haga amenazas para destruir la presa que forma el vaso de captación.
  3. Se ha generado una psicosis ante esta posibilidad, haciendo creer que la amenaza podría cumplirse, aunque las mismas instancias de gobierno que dan a conocer esto sepan con claridad que han cumplido con las dádivas que pide ese grupo de campesinos.
  4. Existe un pretendido programa del gobierno federal para justificar su intromisión en las actividades de los municipios, que se define como una amenaza a los pobladores en general y que se argumenta como pretexto un supuesto narcotráfico galopante.

En estas afirmaciones está contenida la respuesta a la pregunta sobre lo que pasará con el Yuribia y con la región en los próximos días.

Se sabe que las corporaciones armadas, ejército, policía e infantería de marina responden al único mando del Ejecutivo federal y que, aún cuando a esas instituciones se les ha hecho cobardes a ponerles tan sólo a golpear manifestantes y amedrentar pobladores inocentes, masacrando a la soberanía nacional (que es su pueblo) y devastando su buen nombre de instituciones “heroicas”.

Se conoce también que estas instituciones tienen la función de resguardar el orden público, el bienestar colectivo y los bienes de la nación.

Por otro lado, las aguas, los arroyos, el vaso de captación y el acueducto del Yuribia son bienes de interés público, cuya función es estratégica para más de un millón de pobladores ubicados en Tatahuicapan, Minatitlán, Cosoleacaque y Coatzacoalcos y su abandono, deterioro o destrucción conforman varios delitos estatales y federales.

Sin embargo, la Presidencia de la República nada ha hecho para proteger esta instalación con esas fuerzas de seguridad que deben estar asignadas, entre otras cosas menos prioritarias, a proteger estas instalaciones.

Alguien está fallando y ni son los pobladores, ni es la instancia que administra el agua potable para Coatzacoalcos, Minatitlán o Cosoleacaque. Todo apunta directo al gobierno federal. ¿Es la Presidencia de la República en su ya notorio autoritarismo e incapacidad?

¿Es el órgano regulador, la Comisión Nacional del Agua que no ha pedido este resguardo?

¿Es el gobierno de Veracruz cuya incapacidad para cumplir sus compromisos es notoria en todo el mundo?

¿O se trata del gobierno municipal de Coatzacoalcos, de Minatitlán, de Cosoleacaque y de Tatahuicapan que ha dejado de exigir a la federación cumplir con su compromiso de dar seguridad a la población en cuanto a los derechos al agua?

O, ¿Por qué no? Lo que sucede es que estas amenazas, y sus posibles consecuencias, están planeadas por esa misma mentalidad irracional que asesina estudiantes para que las corporaciones puedan trabajar la minería del oro en el estado de Guerrero.

Porque esa mentalidad irracional es la que busca criminalizar la protesta social y colocar a México en un auténtico estado de sitio, como la Grecia de los años setenta.