Gestiona Amado solicitudes ciudadanas

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Sin medicamentos el Centro de Salud de Allende

Túnel sumergido en cuestión

Defiende la justiciabilidad de los derechos sociales

Como parte de su gestión legislativa y al par de su labor como coordinador de los legisladores de MORENA en Veracruz

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Javier Pulido Biosca

Revista Raíces

A diferencia de la manera de actuar de infinidad de diputados, que toman el cargo de legisladores y se desentienden de las necesidad del distrito que representan, el diputado local Amado Cruz Malpica, quien funge como coordinador del grupo parlamentario de MORENA en Veracruz, visita la región sur de la entidad y los distritos de Coatzacoalcos, tanto el rural como el urbano, para ser gestor de las necesidades expresadas por los ciudadanos.

En Allende convocó una reunión con los pobladores para escuchar las necesidades que tienen y que las diversas instancias administrativas han omitido escuchar. Fruto de esta reunión es una apretada agenda de gestiones que hará el diputado.

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Agua sin potabilizar

Aún cuando los cobros que hace la Comisión de Aguas del Estado de Veracruz, CAEV, son puntuales, el agua que reciben los pobladores de Allende carece de las condiciones mínimas para el consumo humano, además de que las tarifas son elevadas y sin los instrumentos de medición adecuados.

El agua no es apta para el consumo humano y ni siquiera es aprovechable para otras necesidades caseras, como el lavado de ropa. La falta de certeza en el cobro es resultado de que los métodos de medición no son los adecuados.

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Sin garantizar la salud

El derecho a la salud se ve acotado en Allende debido a que, aún cuando hay una clínica de la Secretaría de Salud con personal dispuesto, hay una completa carencia de medicamentos, por lo que los usuarios se ven forzados a comprarlos, y a veces costosos, lo que pone en aprietos a su muy menguada economía. El diputado local se comprometió a llevar a cabo las gestiones pertinentes para que la parte gubernamental ponga la medicina que por derecho corresponde a esta clínica.

También es un problema la basura, cuya recolección es irregular y que va a depositarse en un tiradero a cielo abierto localizado próximo al paraje llamado Las Matas, cerca de Minatitlán, donde se violan todas las exigencias de ley y que se han desatendido sistemáticamente por los gobiernos municipales del Coatzacoalcos, Minatitlán y Cosoleacaque.

Nuevamente, hay una completa falta de justicialización de los derechos sociales, explica el legislador Amado Cruz Malpica.

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Problemas del túnel sumergido

El diputado anunció en Allende que se solicitará una auditoría integral a la obra del túnel que vincula a Coatzacoalcos con Allende debido a las múltiples temáticas que es necesario aclarar con la finalidad de dar certeza a los pobladores y posibles usuarios de ambas poblaciones.

Han surgido dudas respecto de la seguridad que ofrece el túnel sumergido dado el tiempo que el material con que se construyó estuvo expuesto a la intemperie y el deterioro por tantos años. Esta desconfianza ha provocado que muchas personas se abstengan de usarlo y prefieran seguir la ruta tradicional por la vía del puente levadizo.

No reúne los requisitos de seguridad y una serie de humedades y filtraciones cubre la totalidad de la longitud de la obra.

Tampoco se ha presentado un estudio sismológico, en particular ante la creciente actividad sísmica producto de las exploraciones petroleras en la región, así como de otros factores.

Desde otro punto de vista, no se entiende la razón por la que el costo de esta vialidad es más costoso que el uso del puente Coatzacoalcos I, cuyo cobro tampoco se justifica en la actualidad, ya que los ingresos obtenidos se pretextó que habrían de ser utilizados para la obra del túnel que, al ser concluida, deja de ser una justificación para cobrar el puente con más de 65 años de servicio.

Otro aspecto que tocaron los vecinos de Allende es el del riesgo que corren las viviendas asentadas en la proximidad de los taludes para entrada y salida del túnel y cuyas mallas se han deteriorado ya, por lo que amenazan con deslaves y derrumbes en la temporada de lluvas que está iniciando.

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Responsabilidad patrimonial a cargo del Estado

El diputado, conocedor de las nuevas reformas legales, explicó que se defenderán los derechos sociales cuya garantía la deben dar diversas instituciones del Estado y que, por negligencia, descuido o falta de voluntad se están dejando de cubrir, que son muchos derechos sociales, como por ejemplo el hecho de que, por carecer de los medicamentos adecuados un paciente muera en alguna institución de salud.

En estos casos la responsabilidad es del Estado, que debe proveer de los medicamentos adecuados de manera oportuna y la sanción, aparte de los gastos que genere la reparación del daño, son hasta de 5 mil veces el salario mínimo, llegando en los casos en que se haya advertido a la institución responsable y se vea la negligencia, hasta de 20 mil veces el salario mínimo.

Esta es la nueva manera de aplicar la ley y de ejercer la función de la figura pública del diputado.

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BP será socio incómodo de Pemex

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Si se le permite, tendría licencia por cincuenta años para explotar grandes lotes de hidrocarburos pagando reducidos o nulos impuestos y con plena libertad para hacer afectaciones ambientales impunemente

Carece aún de un estudio de impacto social la posible presencia de BP en aguas profundas mexicanas

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Mayúsculos grumos de Crudo como este aparecieron por todas las costas mexicanas del Golfo a raíz del derrame de millones de barriles en el pozo Macondo

Javier Pulido Biosca

Revista Raíces

A poco más de cinco años del derrame que tuviera la empresa British Petroleum, BP, en el pozo Macondo situado en la parte norte del golfo de México, en aguas territoriales de los EU, país que tiene una exigente regulación ambiental cuando son afectados sus ciudadanos, la petrolera inglesa se ha negado a pagar los daños que ha hecho en las costas mexicanas dicho derrame, alegando que para ellos esos daños son inexistentes.

Pero el desmantelado Estado mexicano no solamente está dejando en el olvido la demanda interpuesta contra BP por la Secretaría de Relaciones Exteriores, sino que ha invitado a la petrolera BP para participar en la cuarta licitación de la ronda uno, que incluye 10 áreas contractuales que tendrán un plazo hasta de 50 años.

La demanda interpuesta por el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos ante la corte del Distrito Este de Luisiana, ingresada con el caso 2:13-cv-01441-CJB-SS Document 1 Filed 04/19/13, contra BP y otras compañías relacionadas, entre ellas Halliburton, Transocean Holdings, Anadarko, MOEX Offshore, y otras más, demuestra la irresponsabilidad y perjuicios causados por la explosión de la plataforma “Deepwater Horizon”, que laboraba en el pozo Macondo, con un tirante de agua de aproximadamente 10 mil metros.

Además del problema económico que estas asignaciones, tan extensas, por tan largo plazo y con mínimos impuestos, se refuerza la amenaza ambiental que se cierne sobre las especies vivas del Golfo.

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El campo Trion será asignado a empresas extranjeras, muchas de ellas como BP o Schlumberger son reconocidas por su falta de responsabilidad, tanto ambiental como social

Biólogos especialistas y abogados destacaron que hubo una investigación financiada por el gobierno mexicano y elaborada por el Instituto Nacional de Ecología, INECC, que sirvió de sustento para una demanda interpuesta por la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Sin embargo, hoy en día el estudio, que ha sido solicitado ante el INAI, cuya negativa se basa en el argumento de que es “información reservada”, cosa incongruente ya que los temas ambientales son de orden social.

Esto es doblemente importante ante la inminente participación de BP en el patrimonio de México. La demanda interpuesta contra BP se desconoce qué situación guarda actualmente.

 

El Impacto social aún sin elaborar

Aunque la Ley de Hidrocarburos, en su capítulo V, artículos del 118 al 121, que forma parte de la reforma energética, exige a las empresas aspirantes a participar en el sector energético mexicano están obligadas a presentar estudios de impacto social y ambiental, BP no lo ha presentado.

Y no solamente carece de estos estudios para el caso de participar en la Ronda Uno, sino que además se ha burlado de los mexicanos al decir que para ellos no hay contaminación en aguas del Golfo en la zona mexicana, según declaró Olaf Carrera en una universidad privada.

Esta burla, y la negativa a indemnizar a ningún pescador del área mexicana, ni próxima ni lejana, permite adelantar lo que será la actividad de BP en la zona económica exclusiva de México.

En esto, cabe decir, debe considerarse también la poca disposición del gobierno del país para exigir al juez que lleva el caso de BP en los tribunales de Florida.

Afectación ambiental en el todo el Golfo

Como es sabido por los marinos desde tiempos inmemorables, el Golfo de México tiene diversas corrientes oceánicas y es por ello que el agua es un excelente conductor de la contaminación, lo que significa que la contaminación generada en un lugar puede llegar a otro muy distante, como sucedió con el Ixtoc en la Sonda de Campeche.

Ese petróleo derramado llegó a las costas de EU, por eso no puede negar BP que la contaminación generada por ellos en el pozo Macondo llega hasta Campeche y Yucatán.

Fueron millones de barriles de petróleo los que se derramaron pon un lapso mayor a los cinco meses, según se determina en el punto 59 de la citada demanda.

Cuando vieron que esto sucedía, utilizaron miles de galones de un dispersante llamado Corexit. “Este dispersante rompió las grandes manchas de petróleo y formó pequeñas burbujas que se precipitaron al fondo. Esa contaminación ya no era visible en la superficie, pero está en el fondo, en los sedimentos”. Y en el fondo también hay corrientes que mueven estos sedimentos a grandes distancias y tarde o temprano han de llegar a nuestro país.

 

La citada demanda demuestra una serie de deudas a organismos mexicanos, como Conagua, el Instituto Mexicano del Petróleo, la Secretaría de Marina, la Semarnat y el Instituto Nacional de Ecología, cuyos costos se elevan a 11 millones 365 mil 502.32 dólares.

En el documento se contemplan: 1. Contaminación petrolera; 2. Costos de remediación y pago de daños: 3. Negligencia grave; 4. Perjuicios a privados; 5. Perjuicios públicos; 6. Invasión; 7. Negligencia mayor.

Hasta la fecha la postura de BP es la de no pagar ni un centavo a los pescadores afectados, ni a las entidades públicas mexicanas alegando que esa contaminación no existe.

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Pescador muestra una placa del dispersante Corexit, altamente tóxico para la vida marina

La pesca afectada

Muchos pescadores han reportado que la pesca ha disminuido y esto, para los biólogos, es un problema ambiental de largo plazo. El estudio exhaustivo que debería efectuar el gobierno de México podría mostrar que esa contaminación está afectando o podría afectar.

El que la pesca haya disminuido es un indicador del impacto ambiental a largo plazo.

Los pescadores han enviado fotografías a biólogos y abogados que evidencian el daño ambiental por el derrame de Crudo y del dispersante Corexit, que es altamente tóxico.

Nunca antes se había derramado tanto petróleo, por lo que se desconocían los efectos a largo plazo. Unos dijeron que podría causar mutaciones o la muerte de organismos. Algo que no es natural siempre tiene impactos en la salud; por eso hay tantos casos de cáncer.

Nuestro cuerpo y el de otros organismos no están adaptados a estas sustancias extrañas y causan daño celular, tanto el petróleo como el Corexit.

Muchos camarones, aunque no se les ve la mancha, tienen sabor a petróleo. El camarón es un excelente bioindicador, ya que toma agua y se alimenta tanto de fitoplancton como de zooplancton. Es como una aspiradora y todo lo guarda en sus tejidos.

Toda la cadena alimenticia se afectó. También afecta el hecho de que las bacterias que se alimentan de petróleo consumen gran cantidad de oxígeno, por lo que muchos organismos mueren afectados de hipoxia.

Hoy todavía está a tiempo el gobierno mexicano para hacer valer los derechos ambientales y sociales a fin de poner un freno a BP y otras empresas depredadoras e irresponsables con estos derechos. La opción de prevenir daños por los 50 años por venir está en manos de los actuales funcionarios. ¿Responderán a los intereses de la Nación o a su dolosa mansedumbre?

 

Buscan acotar el derecho a huelga

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Causa preocupación una cláusula que exige a los trabajadores registrar su emplazamiento a huelga ante el patrón

Choca con iniciativas de vanguardia en el derecho laboral mexicano

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La huelga es un derecho irrenunciable del trabajador. Pretender acotarlo es violar su derecho

México, DF

Comunicado, UNTYPP

Actualmente el Poder Legislativo está procesando una iniciativa enviada por el Ejecutivo Federal en materia de Justicia Laboral. Este proyecto, a diferencia de la Reforma Laboral del 2012, que legalizó el outsourcing ó la tercerización, que abarató el despido y que en síntesis, contribuyó a precarizar los empleos, contiene aspectos por los cuales hemos luchado insistentemente en espacios nacionales e internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), hasta lograr que se presente una iniciativa de supresión de las Juntas de Conciliación y Arbitraje que serán sustituidas, en caso de que se apruebe la propuesta, por Jueces de lo laboral, así como la introducción de modalidades de voto directo y secreto para procesar las principales determinaciones de los sindicatos, además de la creación de un organismo público federal encargado de los registros de sindicatos y contratos colectivos.

 

La supresión de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, podría ser el punto de partida de un proceso de transformación más profundo que, en etapas posteriores incluiría, entre otras medidas, la eliminación del apartado B del Artículo 123 Constitucional, así como el establecimiento de diversos preceptos que favorecerían la libertad de afiliación sindical, eliminando la injerencia del gobierno y los patrones en los asuntos internos de las organizaciones de los trabajadores.

 

Por ello causa preocupación que, de manera sorpresiva y sin discusión previa en las comisiones unidas se filtre, en el proyecto de dictamen, la adición de la fracción décima octava en materia de huelga, un nuevo candado que imposibilita en la práctica el ejercicio de derecho de huelga para efecto de la firma del Contrato Colectivo de trabajo. Con esta modificación se obligaría a los trabajadores a solicitar a los patrones, antes del emplazamiento a huelga, una constancia de trabajo en la empresa o lugar de trabajo, lo que daría lugar a la elaboración de listas negras en perjuicio de todos aquellos trabajadores involucrados en este proceso.

 

Si esta modificación se aprobara, literalmente se elevaría a rango constitucional un precepto que obstaculizaría la lucha de los trabajadores para contar con una representación sindical legítima y un contrato colectivo auténtico, ya que la acreditación de una mayoría previa al emplazamiento favorecería todo tipo de actos de represión en contra de los trabajadores.

 

Demandamos de los legisladores una actitud responsable y congruente con las necesidades de un país en el que es impostergable la dignificación del trabajo por medio de empleos de calidad y salarios bien remunerados. Para ello se requiere fortalecer la contratación colectiva auténtica, así como el derecho de los trabajadores a organizarse de manera autónoma, utilizando el voto directo y secreto en todas las decisiones sindicales relevantes.

 

Los sindicatos agrupados en la UNT no podemos consentir un nuevo acto de simulación o de retroceso en nuestros derechos para que se perpetúen tanto el corporativismo sindical como los contratos de protección que tanto daño han hecho a los trabajadores. La UNT convocará a todos los trabajadores a movilizarse y hacer uso de todos nuestros recursos políticos, para defender nuestro derecho a huelga, la autonomía, independencia y democracia sindical y a una contratación colectiva auténtica.