Privatización ilegal del agua

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La Conagua en el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2017: Entre el atropello brutal al presupuesto de las entidades federativas  y la defensa de los intereses privados

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Ilegal violación al Artículo 18 de la Ley General de Desarrollo Social, así como del Artículo 4° constitucional

Miguel Ángel Montoya

Asesor Parlamentario

 Gestión Integral del Agua

 

El presupuesto público siempre reflejará las prioridades, si bien no de un país, al menos sí de su gobierno. Un análisis sectorial del presupuesto puede incluso mostrar de manera detallada la forma en que esas prioridades se expresan, en acciones y programas, que bien pueden dar cuenta  de la implementación de una buena política pública, o de la defensa de un interés faccioso o particular.

En un escenario de recorte presupuestal  drástico como el que México enfrenta para el año fiscal 2017, la forma en que se expresan esas prioridades puede apreciarse  de manera más nítida, ya que la magnitud del recorte obliga a establecer disyuntivas y discernir sobre qué acciones y programas seguir apoyando presupuestalmente, y cuáles deben aplazarse o reducirse a su mínima expresión. En el caso del Ramo 016 Medio Ambiente y Recursos Naturales, y específicamente en el caso del subsector Agua las prioridades establecidas en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2017, pintan de cuerpo entero a la administración del Presidente Enrique Peña Nieto.

El recorte propuesto al  presupuesto a ejercer por la Conagua para el ejercicio fiscal 2017 es de 14 mil  879 millones de pesos  lo que representa una reducción de poco más de 38% respecto al presupuesto aprobado para 2017. Para instrumentar el recorte el Ejecutivo Federal  decidió hacer —por un lado— un recorte drástico a los programas que implican un beneficio directo  a las comunidades, municipios y entidades federativas —y por el otro—, preservar  el monto de recursos que implican un subsidio a la inversión privada a través de las Asociaciones Público Privadas (APP).

El peso del recorte se concentra en el programa PROAGUA mismo que a partir de 2017 será el único programa federalizado existente para atender las necesidades de construcción de infraestructura para la dotación de agua potable, drenaje y saneamiento, el recorte a ese tipo de acciones es de poco más de 9 mil millones ($9,030,425,862) ya que en el 2016 se contaba con un presupuesto en un orden cercano a los 12 mil 454 millones (entre el PROAGUA y el PROTAR –que para 2017 desaparece-), lo que  representa  una reducción nominal del 72.5%.

Es así que, en lugar de destinar recursos mínimos necesarios para la dotación de infraestructura de agua potable y saneamiento a comunidades y municipios,  el gobierno federal propone –por ejemplo- mantener el ritmo de inversión para infraestructura hidráulica en el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAICM) de 3 mil 150 millones en 2016 a 3 mil 200 millones propuestos para 2017 o incrementar el ritmo de recursos destinado a la construcción de la Presa y Acueducto Zapotillo (85 millones en 2016 contra  500 millones propuestos para 2017).  Ambos proyectos -Zapotillo y NAICM- se ejecutan bajo el esquema de las APP por lo que bien pudo optarse por la alternativa de ajustar a la baja el monto de la inversión pública y aumentar la privada durante el 2017 para ambos proyectos y compensar ese cambio en el 2018 o ejercicios posteriores y de ese modo liberar esos recursos públicos al PROAGUA, cosa que no sucedió.  De igual modo, se incrementan los recursos programados en 2017 para la construcción del Túnel Emisor Oriente (TEO) cuyo costo proyectado originalmente no rebasaba los 10 mil millones de pesos y hoy supera los 34 mil millones de pesos y cuya ejecución ha sido objeto de diversas observaciones por parte de la  Auditoría Superior de la Federación, y al que se propone una asignación en 2017 de 3 mil 600 millones.

El esquema es claro y evidente,  allí donde la inversión beneficiará a un selecto grupo de constructores privados, no solamente con la ejecución de las obras sino también con la operación futura de esa infraestructura, allí es donde incrementan los montos presupuestales y en cambio, en aquellos casos de proyectos de infraestructura cuya  operación futura quedará a cargo de la propia Conagua o de las instancias estatales y municipales, allí sí se aplica todo el peso del recorte presupuestal.

     Privatización inducida

A su vez hay aspectos que no son tan evidentes pero que sí resultan cruciales y son parte esencial del manejo de la política pública del agua en México el primero es la privatización inducida o forzada del  servicio público de suministro de agua y  la segunda es el desdén  por dar cumplimiento al derecho humano a la acceso al agua y su saneamiento. Ambos aspectos están tras el recorte al PROAGUA.

El programa PROAGUA  se considera un subsidio, ya que para la ejecución de las obras y acciones los gobiernos deben  hacer contraparte financiera al recurso federal, se trata de un programa descentralizado  ya que su ejecución corre a cargo de las entidades federativas y afectará principalmente a los Organismos Operadores de Agua los cuales deberán cancelar la mayor parte de sus inversiones en infraestructura, lo cual les impedirá ampliar su cobertura de agua potable y saneamiento, incluso podrán mantener sus operaciones solo de manera parcial ya que parte de esas inversiones son destinadas al reequipamiento de pozos, a la sustitución de redes  o a la construcción o rehabilitación  de plantas potabilizadoras. De ese modo, los Organismos Operadores no podrán dar cumplimiento a la obligación constitucional de garantizar el derecho humano al acceso al agua y su saneamiento, ya sea porque no pueden ampliar la cobertura a los núcleos de población que carecen de este elemental servicio o porque no podrán mantener la operación del suministro de manera continua.

Esta situación  no podrá ser revertida ni siquiera aumentando las tarifas y logrando ciertos niveles de eficiencia financiera lo que obligará a los organismos operadores  a buscar financiamiento privado lo cual se ajusta a las recomendaciones del Banco Mundial y a las presiones que durante los últimos años ha realizado la Conagua a efecto que los Organismos Operadores privaticen total o parcial los elementos que componen la cadena del servicio público de  suministro como lo es la extracción, captación, conducción, potabilización, distribución, suministro, tratamiento, recolección, disposición, desalojo, medición, determinación, facturación y cobro de tarifas.

Recorte ilegal

Un elemento adicional  a considerar es la propia ilegalidad del recorte al PROAGUA  más allá del probable incumplimiento a las obligaciones establecidas por el artículo 4to Constitucional  en el que podrían  incurrir los organismos operadores de agua como consecuencia del recorte presupuestal.  Se trata de la violación al artículo 18 de la  Ley General de Desarrollo Social el cual establece que “Los programas, fondos y recursos destinados al desarrollo social son prioritarios y de interés público, por lo cual serán objeto de seguimiento y evaluación de acuerdo con esta Ley; y no podrán sufrir disminuciones en sus montos presupuestales”.  Al respecto debemos recordar que de acuerdo a los ajustes y compactaciones derivadas del llamado “presupuesto base cero” en el 2017 serán ya 2 los ejercicios fiscales en lo que el programa orientado a la dotación básica de infraestructura para agua y drenaje en el medio rural y que por  sus objetivos y características fue considerado como un programa destinado al desarrollo social (por sus siglas se conocía como PROSSAPYS)  fue fusionado e integrado al PROAGUA,  por lo que al disminuir los recursos de este programa se está a su vez disminuyendo los recursos para atender el rezago social de infraestructura básica en las comunidades rurales y por lo tanto  se viola la disposición preventiva establecida en la artículo 18 de la Ley General de Desarrollo Social,  aspecto no menor que los diputados deben de tomar en cuenta a la hora de discutir y presentar modificaciones al PPEF 2017.

 

     Alternativas para resarcir el recorte al PROAGUA

Durante los últimos cuatro años los Diputados han  claudicado  a ejercer su facultad exclusiva para modificar el Proyecto de Presupuesto de Egresos enviado por el Ejecutivo y se han conformado con tan solo buscar o generar bolsas adicionales corrigiendo el calculo de los ingresos o modificando la tasa de algunos gravámenes las cuales se han dirigido fundamentalmente a incrementar las partidas del fondos de desarrollo regional mejor conocidos como los fondos para “los moches”. Independientemente del destino final de esos recursos,  el acto de corrupción legislativa comienza con la renuncia de los Diputados a ejercer su facultad para modificar el PPEF,  esa renuncia ha impedido reorientar las inversiones y eliminar el dispendio y los gastos injustificados.

Sin embargo, el monto del recorte presupuestal propuesto para el 2017 es tan severo que necesariamente se tendrán que considerar y discutir reasignaciones. Existen diversas partidas en el PPEF que son susceptibles de ser reasignadas, comenzando con la propia Conagua, además de la modificación del monto de las inversión pública en las APP´s una fuente importante de reasignación es el gasto de administración de la institución, ya que al contar con un menor presupuesto para el ejercicio de programas el gasto administrativo tendría que bajar en la misma proporción, cosa que no sucede. En ese sentido, es justo el gasto administrativo de la Conagua la primer fuente de reasignación a considerar en la modificación del PPEF 2017, veamos porqué:

El programa donde se reflejan los conceptos de gasto corriente que no son sueldos y salarios es la denominada G010.- Gestión Integral y Sustentable del Agua  en el cual se reflejan conceptos de gasto asociados a la administración de los programas descentralizados tanto en la función de gasto “hidroagrícola” como en la función de gasto “agua potable”; de igual modo se reflejan en esta partida conceptos de gasto asociados a programas  centralizados que ejecuta directamente la Conagua y que son parte de la función de gasto “administración del agua” todo ese gasto es básicamente contratación de supervisión de las obras y acciones contempladas en esos programas. De igual modo en la función existen conceptos de  gasto del programa  G010.- Gestión Integral y Sustentable del Agua dentro de la función “administración del agua” asociados indirectamente a la ejecución de programas y acciones  las cuales están disminuyendo producto de los recortes  por lo que  es injustificable que se sigan manteniendo al mismo nivel de gasto -o incluso que aumenten-,  en particular  el arrendamiento y/o compra de flotillas de automóviles y camionetas “utilitarias”,  el equipamiento de oficinas,  la contratación de consultorías, el gasto en viáticos entre otros.  En pocas palabras,  si disminuye la actividad programática en consecuencia debe disminuir la actividad administrativa asociada a la misma en la misma proporción, por lo tanto la partida G010 debió disminuir en al menos un 40% pero lejos de suceder así la partida G010 se incrementa en un 3.1%, veamos:

 

Tabla 1.

Variación  de los Subsidios de Agua potable VS Programa Gestión de agua asociado a la misma

  PEF 2016 PPEF 2017 Variación

nominal

Variación

relativa

Programa S074.- PROAGUA

(incluye PROTAR* que en 2017 desaparece y se integra al S074)

12,453,629,715

 

 

3,423,203,853

 

9,030,425,862 72.51%
Programa G010.- Gestión Integral y Sustentable del Agua   asociada a la función de gasto “Agua Potable” 753,027,561

 

752,413,218

 

-614,343

 

0.1%

*Programa de Tratamiento de Aguas Residuales que a partir del 2017 se fusiona con el PROAGUA

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 y Presupuesto de Egresos de la Federación 2016.

Tabla 2.

Variación  de los Subsidios Hidroagrícola VS Programa Gestión de agua asociado  al  mismo

  PEF 2016 PPEF 2017 Variación

nominal

Variación

relativa

S217 Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola 2,974,101,143

 

1,774,101,147 -1,199,999,996 40.3%
Programa G010.- Gestión Integral y Sustentable del Agua   asociada a la función de gasto “Hidroagrícola” 619,473,145 676,333,257 56,860,112 9.2

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 y Presupuesto de Egresos de la Federación 2016

 

 

 

 

Tabla 3.

Variación  del Programa Gestión de agua asociado  a las Funciones y Programas de Administración del Agua

  PEF 2016 PPEF 2017 Variación

nominal

Variación

relativa

Programa G010.- Gestión Integral y Sustentable del Agua   asociada a la función de gasto “Administración del agua” 4,364,408,328 4,488,461,785 124,053,457 2.8

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 y Presupuesto de Egresos de la Federación 2016

Tabla 4.

Variación  Total del Programa Gestión de agua

  PEF 2016 PPEF 2017 Variación

nominal

Variación

relativa

Programa G010.- Gestión Integral y Sustentable del Agua   asociada a la función de gasto “Administración del agua” 5,736,909,034

 

5,917,208,260 180,299,226 3.1

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 y Presupuesto de Egresos de la Federación 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

Las manipulaciones del Yuribia

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Las amenazas que hacen supuestos campesinos para destruir las instalaciones que garantizan el derecho al agua en las poblaciones de Tatahuicapan, Cosoleacaque, Minatitlán y Coatzacoalcos son una invención utilizada para justificar la represión al poblador

Fomentado por el gobierno federal, el Yuribia es rehén de innumerables grupos

Fomentado por el gobierno federal, el Yuribia es rehén de innumerables grupos

Plano Inclinado

Javier Pulido Biosca

Primero pongamos en claro ciertas cosas:

  1. Se han creado supuestas fuerzas para dar seguridad a los ciudadanos, pero esas corporaciones sólo han servido para amedrentar a la población.
  2. Se ha tolerado que, con el pretexto de una falsa exclusividad de los derechos sobre el agua, cierto grupo de campesinos de Tatahuicapan haga amenazas para destruir la presa que forma el vaso de captación.
  3. Se ha generado una psicosis ante esta posibilidad, haciendo creer que la amenaza podría cumplirse, aunque las mismas instancias de gobierno que dan a conocer esto sepan con claridad que han cumplido con las dádivas que pide ese grupo de campesinos.
  4. Existe un pretendido programa del gobierno federal para justificar su intromisión en las actividades de los municipios, que se define como una amenaza a los pobladores en general y que se argumenta como pretexto un supuesto narcotráfico galopante.

En estas afirmaciones está contenida la respuesta a la pregunta sobre lo que pasará con el Yuribia y con la región en los próximos días.

Se sabe que las corporaciones armadas, ejército, policía e infantería de marina responden al único mando del Ejecutivo federal y que, aún cuando a esas instituciones se les ha hecho cobardes a ponerles tan sólo a golpear manifestantes y amedrentar pobladores inocentes, masacrando a la soberanía nacional (que es su pueblo) y devastando su buen nombre de instituciones “heroicas”.

Se conoce también que estas instituciones tienen la función de resguardar el orden público, el bienestar colectivo y los bienes de la nación.

Por otro lado, las aguas, los arroyos, el vaso de captación y el acueducto del Yuribia son bienes de interés público, cuya función es estratégica para más de un millón de pobladores ubicados en Tatahuicapan, Minatitlán, Cosoleacaque y Coatzacoalcos y su abandono, deterioro o destrucción conforman varios delitos estatales y federales.

Sin embargo, la Presidencia de la República nada ha hecho para proteger esta instalación con esas fuerzas de seguridad que deben estar asignadas, entre otras cosas menos prioritarias, a proteger estas instalaciones.

Alguien está fallando y ni son los pobladores, ni es la instancia que administra el agua potable para Coatzacoalcos, Minatitlán o Cosoleacaque. Todo apunta directo al gobierno federal. ¿Es la Presidencia de la República en su ya notorio autoritarismo e incapacidad?

¿Es el órgano regulador, la Comisión Nacional del Agua que no ha pedido este resguardo?

¿Es el gobierno de Veracruz cuya incapacidad para cumplir sus compromisos es notoria en todo el mundo?

¿O se trata del gobierno municipal de Coatzacoalcos, de Minatitlán, de Cosoleacaque y de Tatahuicapan que ha dejado de exigir a la federación cumplir con su compromiso de dar seguridad a la población en cuanto a los derechos al agua?

O, ¿Por qué no? Lo que sucede es que estas amenazas, y sus posibles consecuencias, están planeadas por esa misma mentalidad irracional que asesina estudiantes para que las corporaciones puedan trabajar la minería del oro en el estado de Guerrero.

Porque esa mentalidad irracional es la que busca criminalizar la protesta social y colocar a México en un auténtico estado de sitio, como la Grecia de los años setenta.