Gestiona Amado solicitudes ciudadanas

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Sin medicamentos el Centro de Salud de Allende

Túnel sumergido en cuestión

Defiende la justiciabilidad de los derechos sociales

Como parte de su gestión legislativa y al par de su labor como coordinador de los legisladores de MORENA en Veracruz

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Javier Pulido Biosca

Revista Raíces

A diferencia de la manera de actuar de infinidad de diputados, que toman el cargo de legisladores y se desentienden de las necesidad del distrito que representan, el diputado local Amado Cruz Malpica, quien funge como coordinador del grupo parlamentario de MORENA en Veracruz, visita la región sur de la entidad y los distritos de Coatzacoalcos, tanto el rural como el urbano, para ser gestor de las necesidades expresadas por los ciudadanos.

En Allende convocó una reunión con los pobladores para escuchar las necesidades que tienen y que las diversas instancias administrativas han omitido escuchar. Fruto de esta reunión es una apretada agenda de gestiones que hará el diputado.

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Agua sin potabilizar

Aún cuando los cobros que hace la Comisión de Aguas del Estado de Veracruz, CAEV, son puntuales, el agua que reciben los pobladores de Allende carece de las condiciones mínimas para el consumo humano, además de que las tarifas son elevadas y sin los instrumentos de medición adecuados.

El agua no es apta para el consumo humano y ni siquiera es aprovechable para otras necesidades caseras, como el lavado de ropa. La falta de certeza en el cobro es resultado de que los métodos de medición no son los adecuados.

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Sin garantizar la salud

El derecho a la salud se ve acotado en Allende debido a que, aún cuando hay una clínica de la Secretaría de Salud con personal dispuesto, hay una completa carencia de medicamentos, por lo que los usuarios se ven forzados a comprarlos, y a veces costosos, lo que pone en aprietos a su muy menguada economía. El diputado local se comprometió a llevar a cabo las gestiones pertinentes para que la parte gubernamental ponga la medicina que por derecho corresponde a esta clínica.

También es un problema la basura, cuya recolección es irregular y que va a depositarse en un tiradero a cielo abierto localizado próximo al paraje llamado Las Matas, cerca de Minatitlán, donde se violan todas las exigencias de ley y que se han desatendido sistemáticamente por los gobiernos municipales del Coatzacoalcos, Minatitlán y Cosoleacaque.

Nuevamente, hay una completa falta de justicialización de los derechos sociales, explica el legislador Amado Cruz Malpica.

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Problemas del túnel sumergido

El diputado anunció en Allende que se solicitará una auditoría integral a la obra del túnel que vincula a Coatzacoalcos con Allende debido a las múltiples temáticas que es necesario aclarar con la finalidad de dar certeza a los pobladores y posibles usuarios de ambas poblaciones.

Han surgido dudas respecto de la seguridad que ofrece el túnel sumergido dado el tiempo que el material con que se construyó estuvo expuesto a la intemperie y el deterioro por tantos años. Esta desconfianza ha provocado que muchas personas se abstengan de usarlo y prefieran seguir la ruta tradicional por la vía del puente levadizo.

No reúne los requisitos de seguridad y una serie de humedades y filtraciones cubre la totalidad de la longitud de la obra.

Tampoco se ha presentado un estudio sismológico, en particular ante la creciente actividad sísmica producto de las exploraciones petroleras en la región, así como de otros factores.

Desde otro punto de vista, no se entiende la razón por la que el costo de esta vialidad es más costoso que el uso del puente Coatzacoalcos I, cuyo cobro tampoco se justifica en la actualidad, ya que los ingresos obtenidos se pretextó que habrían de ser utilizados para la obra del túnel que, al ser concluida, deja de ser una justificación para cobrar el puente con más de 65 años de servicio.

Otro aspecto que tocaron los vecinos de Allende es el del riesgo que corren las viviendas asentadas en la proximidad de los taludes para entrada y salida del túnel y cuyas mallas se han deteriorado ya, por lo que amenazan con deslaves y derrumbes en la temporada de lluvas que está iniciando.

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Responsabilidad patrimonial a cargo del Estado

El diputado, conocedor de las nuevas reformas legales, explicó que se defenderán los derechos sociales cuya garantía la deben dar diversas instituciones del Estado y que, por negligencia, descuido o falta de voluntad se están dejando de cubrir, que son muchos derechos sociales, como por ejemplo el hecho de que, por carecer de los medicamentos adecuados un paciente muera en alguna institución de salud.

En estos casos la responsabilidad es del Estado, que debe proveer de los medicamentos adecuados de manera oportuna y la sanción, aparte de los gastos que genere la reparación del daño, son hasta de 5 mil veces el salario mínimo, llegando en los casos en que se haya advertido a la institución responsable y se vea la negligencia, hasta de 20 mil veces el salario mínimo.

Esta es la nueva manera de aplicar la ley y de ejercer la función de la figura pública del diputado.

Complicidad de CNH con delincuentes ambientales

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British Petroleum, causante del derrame del pozo Macondo que contaminó a toda la costa del golfo se ha negado a indemnizar a los pescadores mexicanos, pero la Comisión Nacional del Petróleo le asignó a BP varios lotes en aguas profundas

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Javier Pulido Biosca

Revista Raíces

Después de 7 años, pescadores de la región siguen en pie de lucha y exigen a la empresa British Petroleum, BP, se haga responsable por los daños ecológicos que provoco el derrame petrolero tras el incendio de la plataforma Deep Horizon en el 2010.

En ese lapso han sido liquidados diversos afectados por los daños ambientales, pero los pescadores mexicanos han quedado fuera de todas las indemnizaciones y los funcionarios de BP, como el director general en México, Chris Sladen, quien carece del conocimiento del idioma a tal grado que se mostró incapaz de responder preguntas y turnó a un funcionario menor, el que se identificó como Olaf Carrana, para declarar que la empresa se abstiene de dar su punto de vista por ser un caso jurídico el que enfrentan.

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Auténticos dirigentes sociales de los pescadores se presentan en los eventos de protesta

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Por su parte, el pescador Pablo Ernesto Zamora Sánchez explico que son más de 20 mil familias en todo el litoral del golfo de México las afectadas con este desastre ambiental. Alrededor de 7 mil se ubican en el norte de Veracruz.

Dijo que el caso se encuentra en una corte de los Estados Unidos, en el Distrito Este del estado de Luisiana, donde los abogados que los representan, tanto mexicanos como estadounidenses, ya han tenido un acercamiento con representantes de la empresa BP, así como el juez de la corte, Carl J. Barbier.

Cabe mencionar que el juez Carl J. Barbier dictaminó que la empresa British Petroleum debe de pagar 20 mil 800 millones de dólares para cerrar el reclamo del gobierno federal de e.u. y estados del golfo de México afectados por el derrame petrolero del 2010.

Pero hasta el momento ningún pescador mexicano ha recibido alguna indemnización por las afectaciones que causo en la pesca este desastre.

Zamora Sánchez dejo claro que seguirán en pie d lucha con la realización de manifestaciones hasta que se resuelva el caso.

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Asignaciones petroleras

A pesar de que BP no ha cumplido con los pescadores mexicanos y ha omitido pagar indemnización alguna, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, CNH, ha asignado lotes para exploración y explotación petrolera en aguas profundas, que es donde ha fallado la empresa BP. Las asignaciones son en la llamada “Cuenca Salina” y son los campos 1 y 3, ambos en asociación con la noruega Statoil y la francesa Total.

Esto pone en claro la complicidad de la CNH y su poca transparencia para proteger los intereses de la nación. Esto es con toda claridad una traición a la patria que está quedando impune para proteger a estas empresas privadas tan nocivas para los pescadores mexicanos.

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El el puente sobre el río Tonalá, frontera entre Tabasco y Veracruz

Rechazan la ZEE

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“La ZEE busca impactar su “estrategia de desarrollo” justo donde la presencia de los pueblos originarios tienen un sentido identitario con el territorio y provoca tensiones en la dinámica comunitaria, por lo que la creación de la ZEE en la región del istmo es la validación de una política económica de despojo”.

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De manera organizada, los grupos indígenas se amparan contra el despojo y contaminación de las ZEE

Se amparan pueblos del Istmo contra Zona Económica Especial

Generan pobreza y desigualdad. Se quiere aplicar sin consulta previa y eso viola sus derechos humanos y culturales

Apoyo A.C.

Comunicado

Organizaciones de 11 municipios del Istmo de Tehuantepec presentaron un amparo colectivo como pueblos indígenas, ante el Juzgado Sexto de Distrito de Salina Cruz. Firmaron el amparo “más de 1800 personas de los municipios de Chahuites, Ciudad Ixtepec, Juchitán, San Blas Atempa, San Francisco Del Mar, San Francisco Ixhuatan, San Mateo Del Mar, Santa María Xadani, Tapanatepec, Tehuantepec y Zanatepec”. Los pueblos Binnizá, Ikoots, Mixes, Chontales y Zoques de la Articulación de Pueblos Originarios del Istmo Oaxaqueño en Defensa del Territorio, APOYO, informaron en una conferencia de prensa que “el amparo colectivo regional interpuesto el día de ayer, tiene el objetivo de proteger los derechos de los pueblos indígenas del Istmo de Tehuantepec, respecto de la infraestructura que se pretende construir en sus territorios sin consulta y sin obtener su consentimiento libre, previo e informado, para el inicio de otra etapa de instalación de más parques eólicos en la región”.

Se concluyó que la segunda fase de desarrollo eólico es la punta de lanza de las Zonas Económicas Especiales, que se caracteriza por tener leyes y reglamentos muy específicos que violan los derechos individuales y colectivos de las comunidades y solo benefician las empresas privadas.

 

A manera de presentación se compartió lo que es la Articulación de Pueblos Originarios del Istmo Oaxaqueño en Defensa del Territorio, APOYO, “se trata de diversos pueblos y organizaciones sociales, Binnizaá, Ikoots, Mixes, Chontales y Zoques del Istmo de Tehuantepec, que al sufrir una intromisión y despojo de nuestros territorios por diferentes megaproyectos impulsados desde el gobierno federal, decidimos organizarnos bajo el principio que nos une, que es la defensa de la vida, la tierra y el territorio”.

Se informó también que el día de ayer presentaron un amparo colectivo como pueblos indígenas, ante el Juzgado Sexto de Distrito de Salina Cruz. Firmaron el amparo “más de 1800 personas de los municipios de Chahuites, Ciudad Ixtepec, Juchitán, San Blas Atempa, San Francisco Del Mar, San Francisco Ixhuatan, San Mateo Del Mar, Santa María Xadani, Tapanatepec, Tehuantepec y Zanatepec”.

Seguidamente el abogado explicó “el amparo colectivo regional interpuesto el día de ayer, tiene el objetivo de proteger los derechos de los pueblos indígenas del Istmo de Tehuantepec, respecto de la infraestructura que se pretende construir en sus territorios sin consulta y sin obtener su consentimiento libre, previo e informado, para el inicio de otra etapa de instalación de más parques eólicos en la región”. Indicó cómo este megaproyecto dolosamente desconoce la existencia de los pueblos indígenas de la región en la que se pretende instalar la infraestructura y en consecuencia, “el Estado pretende con ello evitar garantizar todos los derechos reconocidos a nivel nacional e internacional en materia de pueblos indígenas. Por ello la importancia de la acción constitucional planteada, para efecto de que se resguarden los derechos colectivos de los pueblos indígenas de la región, como el derecho al territorio, libre determinación, identidad cultural y a un medio ambiente sano”.

Un integrante de la Articulación recordó que “desde hace varios años hemos visto como se han impuesto en nuestras comunidades parques eólicos que han afectado seriamente nuestra vida, cultura y bienes naturales vulnerando nuestro tejido comunitario”. Y que ahora el “gobierno Federal ha autorizado la construcción de infraestructura para una segunda fase de expansión eólica en el Istmo que será un adicional de 3,683 MW”. Esto implicaría casi triplicar la capacidad de generación eólica actualmente instalada en la región que son 2192 MW, con alrededor de 1900 aerogeneradores en 22 parques eólicos.

También se afirmó que la segunda fase eólica está llegando de manera impuesta y de la misma forma que la primera fase “con promesas de desarrollo y crecimiento”. Recordó que las empresas eólicas llegaron anunciando “progreso, desarrollo y derrama económica”; sin embargo lo resultados reales que se han visto en más de 10 años de presencia son: “acaparamiento de miles de hectáreas de tierras, altos niveles de pobreza, aumento de la desigualdad y marginalidad, falta de fuentes de trabajo, disminución de la producción agrícola e incremento del crimen organizado”.

En cuanto a los beneficios, se precisó que han sido mínimos, “nada de la energía que se produce en la región es para el uso de la población, sino que es revendida a otras empresas privadas como alimenticias, constructoras y mineras. Las empresas eólicas tampoco cumplieron sus compromisos sociales y ni si quieran pagan impuestos a los municipios”. Sólo para dar algunos datos indicó que en Juchitán, donde se encuentran instalados 12 parques eólicos “tan sólo en el 2015, la deuda de las eólicas ascendía a más de 2 859 604 530 pesos. En Santo Domingo Ingenio, los cinco parques eólicos que funcionan adeudan al ayuntamiento sus impuestos y la parte social que les corresponde y según el CONEVAL “este municipio tiene un 70 % de la población en la pobreza y el 10 % en pobreza extrema”.

Asimismo se mencionó como “la migración de familias enteras de la población campesina de comunidades como Xadani, Álvaro Obregón, Juchitán entre otras, hacia Morelia , Nayarit, Yucatán al corte de caña, limón, no ha decrecido, lo que significa que no hay empleo para la población”.

También se están observando impactos en la desecación de los suelos, los aceites que riegan las turbinas contaminan los suelo, el agua, y el mar; las luces y el ruido de los aerogeneradores afectan la pesca y la salud de las personas que se encuentran en contacto permanente con los aerogeneradores.

Otro integrantes agregó que existe un serio proceso de división al interior de las comunidades, “el gobierno federal y estatal, en complicidad con las empresas, autoridades agrarias y municipales han propiciado un clima de confrontación, reparto de dinero y preventas para comprar el apoyo de algunos pobladores. Esto ha sido más visible en comunidades como San Francisco del Mar, Zanatepec, San Mateo del Mar, Álvaro Obregón, San Dionisio del Mar y Cd. Ixtepec”.

Se concluyó que la segunda fase de desarrollo eólico es la punta de lanza de las Zonas Económicas Especiales, que se caracteriza por tener leyes y reglamentos muy específicos que violan los derechos individuales y colectivos de las comunidades y solo benefician las empresas privadas.

“La ZEE busca impactar su “estrategia de desarrollo” justo donde la presencia de los pueblos originarios tienen un sentido identitario con el territorio y provoca tensiones en la dinámica comunitaria, por lo que la creación de la ZEE en la región del istmo es la validación de una política económica de despojo”.

Pemex se boicotea

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Al dejar de producir gas suficiente apenas cumple con algunos compromisos pactados

Se dejan de ganar hasta 1500 mdd por esa decisión fallida: ANIQ

Existe el gas en los pozos Piklis y Lakach, hay una concesión a EMI para instalar ductos, pero el proceso está siendo muy lento

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La explosión de Clorados 3 es muestra del descuido de Mexichem y de la política de abandono a la planta productiva de la Nación

Javier Pulido Biosca

Revista Raíces

Dicen que la cuerda se rompe por lo más delgado y la economía mexicana está fracturándose al dejar de cumplir Pemex su misión social de ser respaldo de la producción industrial en la química y la petroquímica de todo el país.

El caso más sensible hoy en día es la producción y el abasto de gas natural, etano y metano a las diversas ramas de la industria, particularmente la que sigue la línea del metano y que lleva a la producción de fertilizantes, así como a cierto segmento de la producción eléctrica que usa el metano como combustible principal; y la que sigue la línea del etano y lleva a la producción de polietilenos y aromáticos.

Ambas, deberían permitir una completa suficiencia del país en toda esa gama de productos. Pero no es el caso.

A esto se adiciona la industria de la refinación, de tal manera que la conducta de Pemex y las decisiones sobre su presupuesto más parecen dirigidas a boicotear a la industria del país que a fomentar una economía sana de todo el sector de la química, la petroquímica y los combustibles.

El ingeniero químico Cleantho Leite Filho, director de comunicación de la empresa Braskem Idesa, como miembro de la Asociación Nacional de la Industria Química, señaló que Pemex Exploración y Producción “no está dando la prioridad a la producción de gas natural”. Explicó que esto lo ha señalado en múltiples ocasiones la ANIQ, pero no ha sido tomada en cuenta.

“Hay de acuerdo con nuestra asociación una falta de prioridad para el sector que agrega mucho valor a los gases.

“Agrega valor a todo el país pues compra gases que tienen un precio de 150 a 200 dólares la tonelada a fabricar productos que valen de 1000 a 1500 dólares la tonelada, tanto en las plantas de la propia paraestatal como de las empresas privadas.

“Este valor agregado significa sustitución de importaciones, generación de empleos, pago de salarios y servicios, pago de deudas e intereses pago de impuestos y de utilidades etc. es la derrama que queda en el país…” ya aclaró que en los diversos pronunciamientos de la ANIQ eso está muy claro”.

Este desabasto de gas natural pone ya en crisis a la industria química nacional, según lo el presidente de la Asociación Nacional de la Industria Química (ANIQ), Patricio Gutiérrez Fernández, quien pidió al Congreso que se respete el presupuesto para que Pemex produzca ese gas.

En este contexto de desabasto, empresas como Braskem Idesa aún no han sido afectadas: “Nos están surtiendo el volumen contratado de 66 mil barriles de petróleo diarios, bpd”, afirmó Cleantho Leite.

Pero esto no salva de la crítica a Pemex, ya que debería estar produciendo unos 150 mil bpd, que serían suficientes para todos “en realidad podrían llegar hasta 180 a 200 mil bpd” si le dieran prioridad.

 

La producción de gas natural

Algo que hace Pemex es la reinyección en los pozos que pierden presión, cosa que puede ser acertada ya que no se contamina el gas natural con nitrógeno, cosa se hizo en los últimos 15 años, pero en la actualidad se tiene ya confirmada la capacidad de producción de los campos Piklis y Lakach, ambos localizados en la proximidad de Coatzacoalcos.

Piklis fue descubierto en 2011. Pemex ya delineó el campo y espera combinar su rendimiento con el campo gasífero Lakach. La paraestatal esperaba sacar a licitación este activo durante el 2015 como parte de su plan de cesión de derechos, pero aún no lo ha hecho. Con 771 mil millones de pies cúbicos de gas, Pemex señaló que se explotará en conjunto con Kunah y su sistema de producción flotante. El plan de desarrollo de Piklis se compone de una conexión directa al sistema de producción flotante y líneas de flujo de Kunah que transportarán la producción. Desde dicho sistema, la producción combinada se transportará a través de dos ductos submarinos para enviarse a la estación de acondicionamiento de gas Lakach.

El proyecto Lakach se presentó como una opción viable para contribuir a incrementar la oferta de gas, ya que podría proporcionar hasta 400 millones de pies cúbicos diarios en su producción máxima al mercado nacional.

Sin embargo, como consecuencia de los recortes en los presupuestos de Pemex, las inversiones que se tenían estimadas para Lakach disminuirán un 42 por ciento.

Con eso han producido menos de lo que el conjunto de la industria química desearía. “No entendemos porque esa falta de prioridad dentro de la estatal, porque creemos que podrían estar surtiendo a todos y teniendo buenos retornos”, considera Cleantho Leite.

El caso es que las malas decisiones de Pemex están deteriorando tanto a la economía de la propia paraestatal, que significa el 50% de los ingresos tributarios del país, como a la industria química, cuya participación en el Producto Interno Bruto Nacional ha caído del 4.5 por ciento que tenía en 1992, hasta 1.8 por ciento por el desabasto de materias primas que son el primer paso para mantener el ritmo de crecimiento de la economía ante la demanda de productos que ronda los 32 mil millones de dólares.

 

La vida laboral en los complejos Morelos y Cangrejera

Un trabajador de Cangrejera le explicó a la Coordinadora por la Defensa de Pemex lo siguiente:

“No hay refacciones, en los complejos Morelos y Cangrejera (aunque no lo vas a creer) están poniendo “tienditas” en las áreas para vender refrescos, comida, sabritas, chicles etc. para comprar las refacciones (baleros, retenes, piezas que no son caras, lijas, cintas teflón) en mi taller hicimos una cooperativa 8 compañeros y de ahí sacamos para la pintura, cardas, piedras esmeril y lo que haga falta, la ropa y zapatos tipo industrial la compramos en el tianguis de la Pancho Villa (nuevos y usados) y con la gente que anuncia en facebook los lentes contra impacto con un fayuquero que entra a vender, los guantes y tapones para oído en las tiendas de equipo de seguridad, los mismos jefes autorizan esas tiendas porque no hay dinero para las refacciones, entre ellos hacen cooperachas para piezas más grandes y costosas.

“Las demandas que se generaron contra Pemex hace años por los cambios que hicieron al cambiar la “Petroquímica secundaria” en 2007 ” las están ganando los trabajadores en este año y se van millones en pagar los laudos a favor de ellos so pena de embargo de los abogados contra el parque vehicular de los complejos.

“El sindicato presiona a los compañeros para que firmen definitivamente en los diferentes sectores donde será de la iniciativa privada y dejen a sus amigos en lo que seguirá siendo Pemex y no peligren, hay una cacería en contra de los trabajadores que cometan el mínimo error (no traer equipo de seguridad aunque no lo estén proporcionando) uso y portación de celulares, te hacen auditorias sorpresa y si te agarran sin lentes o que tengas una sustancia en un envase sin rotular (bote de refresco) te reportan y suben a la red de Pemex tus datos y ahí ya depende como tengas relaciones en RH si no vas ‘pa fuera 8 días de castigo y si vuelven a agarrarte vas ‘pa fuera de Pemex, si te ocurre un accidente vas ‘pa fuera tú, tu cabo y tu jefe de confianza corridos de Pemex, plantas paradas, no hay contratos con limpia pública, en fin.

“Ahora Pemex hizo un programa que se llama “Pemex cuenta contigo” que es tanto para que el trabajador se haga cargo de cosas que antes no se hacía, como para chingarte (sic) en caso de que una auditoría encuentre la mínima anomalía en tu desempeño laboral, el mantenimiento a las camionetas lo hacen los propios ingenieros que las traen así que no tarda nos quedemos sin parque vehicular, están suspendiendo rutas nocturnas según porque los trabajadores no llenan los camiones y ahorrarse dinero con la cooperativa del STPRM en fin, muchas anomalías

“Ahorita la empresa sin la oposición de el STPRM hace lo que quiere con el trabajador solo los viejos trabajadores que conocemos los derechos andamos orientando a la chamacada para que no los frieguen, y se pongan pendejos con los jefes de personal.

“La cúpula sindical solo sirve para contener el descontento de los trabajadores. Desde hace mucho tiempo, perdió sus orígenes, justamente cuando encarcelaron a Joaquín Hernández Galicia.

“Hoy son socios de los privatizadores y se regodean con los mismos. Las cuotas sindicales que les cobran a lista de raya a los trabajadores, solo les sirven para sus chicles, porque la tajada de león, se da a través de los grandes negocios con particulares”.

 

 

BP será socio incómodo de Pemex

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Si se le permite, tendría licencia por cincuenta años para explotar grandes lotes de hidrocarburos pagando reducidos o nulos impuestos y con plena libertad para hacer afectaciones ambientales impunemente

Carece aún de un estudio de impacto social la posible presencia de BP en aguas profundas mexicanas

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Mayúsculos grumos de Crudo como este aparecieron por todas las costas mexicanas del Golfo a raíz del derrame de millones de barriles en el pozo Macondo

Javier Pulido Biosca

Revista Raíces

A poco más de cinco años del derrame que tuviera la empresa British Petroleum, BP, en el pozo Macondo situado en la parte norte del golfo de México, en aguas territoriales de los EU, país que tiene una exigente regulación ambiental cuando son afectados sus ciudadanos, la petrolera inglesa se ha negado a pagar los daños que ha hecho en las costas mexicanas dicho derrame, alegando que para ellos esos daños son inexistentes.

Pero el desmantelado Estado mexicano no solamente está dejando en el olvido la demanda interpuesta contra BP por la Secretaría de Relaciones Exteriores, sino que ha invitado a la petrolera BP para participar en la cuarta licitación de la ronda uno, que incluye 10 áreas contractuales que tendrán un plazo hasta de 50 años.

La demanda interpuesta por el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos ante la corte del Distrito Este de Luisiana, ingresada con el caso 2:13-cv-01441-CJB-SS Document 1 Filed 04/19/13, contra BP y otras compañías relacionadas, entre ellas Halliburton, Transocean Holdings, Anadarko, MOEX Offshore, y otras más, demuestra la irresponsabilidad y perjuicios causados por la explosión de la plataforma “Deepwater Horizon”, que laboraba en el pozo Macondo, con un tirante de agua de aproximadamente 10 mil metros.

Además del problema económico que estas asignaciones, tan extensas, por tan largo plazo y con mínimos impuestos, se refuerza la amenaza ambiental que se cierne sobre las especies vivas del Golfo.

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El campo Trion será asignado a empresas extranjeras, muchas de ellas como BP o Schlumberger son reconocidas por su falta de responsabilidad, tanto ambiental como social

Biólogos especialistas y abogados destacaron que hubo una investigación financiada por el gobierno mexicano y elaborada por el Instituto Nacional de Ecología, INECC, que sirvió de sustento para una demanda interpuesta por la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Sin embargo, hoy en día el estudio, que ha sido solicitado ante el INAI, cuya negativa se basa en el argumento de que es “información reservada”, cosa incongruente ya que los temas ambientales son de orden social.

Esto es doblemente importante ante la inminente participación de BP en el patrimonio de México. La demanda interpuesta contra BP se desconoce qué situación guarda actualmente.

 

El Impacto social aún sin elaborar

Aunque la Ley de Hidrocarburos, en su capítulo V, artículos del 118 al 121, que forma parte de la reforma energética, exige a las empresas aspirantes a participar en el sector energético mexicano están obligadas a presentar estudios de impacto social y ambiental, BP no lo ha presentado.

Y no solamente carece de estos estudios para el caso de participar en la Ronda Uno, sino que además se ha burlado de los mexicanos al decir que para ellos no hay contaminación en aguas del Golfo en la zona mexicana, según declaró Olaf Carrera en una universidad privada.

Esta burla, y la negativa a indemnizar a ningún pescador del área mexicana, ni próxima ni lejana, permite adelantar lo que será la actividad de BP en la zona económica exclusiva de México.

En esto, cabe decir, debe considerarse también la poca disposición del gobierno del país para exigir al juez que lleva el caso de BP en los tribunales de Florida.

Afectación ambiental en el todo el Golfo

Como es sabido por los marinos desde tiempos inmemorables, el Golfo de México tiene diversas corrientes oceánicas y es por ello que el agua es un excelente conductor de la contaminación, lo que significa que la contaminación generada en un lugar puede llegar a otro muy distante, como sucedió con el Ixtoc en la Sonda de Campeche.

Ese petróleo derramado llegó a las costas de EU, por eso no puede negar BP que la contaminación generada por ellos en el pozo Macondo llega hasta Campeche y Yucatán.

Fueron millones de barriles de petróleo los que se derramaron pon un lapso mayor a los cinco meses, según se determina en el punto 59 de la citada demanda.

Cuando vieron que esto sucedía, utilizaron miles de galones de un dispersante llamado Corexit. “Este dispersante rompió las grandes manchas de petróleo y formó pequeñas burbujas que se precipitaron al fondo. Esa contaminación ya no era visible en la superficie, pero está en el fondo, en los sedimentos”. Y en el fondo también hay corrientes que mueven estos sedimentos a grandes distancias y tarde o temprano han de llegar a nuestro país.

 

La citada demanda demuestra una serie de deudas a organismos mexicanos, como Conagua, el Instituto Mexicano del Petróleo, la Secretaría de Marina, la Semarnat y el Instituto Nacional de Ecología, cuyos costos se elevan a 11 millones 365 mil 502.32 dólares.

En el documento se contemplan: 1. Contaminación petrolera; 2. Costos de remediación y pago de daños: 3. Negligencia grave; 4. Perjuicios a privados; 5. Perjuicios públicos; 6. Invasión; 7. Negligencia mayor.

Hasta la fecha la postura de BP es la de no pagar ni un centavo a los pescadores afectados, ni a las entidades públicas mexicanas alegando que esa contaminación no existe.

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Pescador muestra una placa del dispersante Corexit, altamente tóxico para la vida marina

La pesca afectada

Muchos pescadores han reportado que la pesca ha disminuido y esto, para los biólogos, es un problema ambiental de largo plazo. El estudio exhaustivo que debería efectuar el gobierno de México podría mostrar que esa contaminación está afectando o podría afectar.

El que la pesca haya disminuido es un indicador del impacto ambiental a largo plazo.

Los pescadores han enviado fotografías a biólogos y abogados que evidencian el daño ambiental por el derrame de Crudo y del dispersante Corexit, que es altamente tóxico.

Nunca antes se había derramado tanto petróleo, por lo que se desconocían los efectos a largo plazo. Unos dijeron que podría causar mutaciones o la muerte de organismos. Algo que no es natural siempre tiene impactos en la salud; por eso hay tantos casos de cáncer.

Nuestro cuerpo y el de otros organismos no están adaptados a estas sustancias extrañas y causan daño celular, tanto el petróleo como el Corexit.

Muchos camarones, aunque no se les ve la mancha, tienen sabor a petróleo. El camarón es un excelente bioindicador, ya que toma agua y se alimenta tanto de fitoplancton como de zooplancton. Es como una aspiradora y todo lo guarda en sus tejidos.

Toda la cadena alimenticia se afectó. También afecta el hecho de que las bacterias que se alimentan de petróleo consumen gran cantidad de oxígeno, por lo que muchos organismos mueren afectados de hipoxia.

Hoy todavía está a tiempo el gobierno mexicano para hacer valer los derechos ambientales y sociales a fin de poner un freno a BP y otras empresas depredadoras e irresponsables con estos derechos. La opción de prevenir daños por los 50 años por venir está en manos de los actuales funcionarios. ¿Responderán a los intereses de la Nación o a su dolosa mansedumbre?

 

Paz en un Coatzacoalcos sin respeto

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La “cultura” y el “arte” disfrazan la falta de obediencia a la ley y protección a la naturaleza

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Parte de la zona devastada frente a la Casa de “Cultura”

Javier Pulido Biosca

Revista Raíces

En días pasados la dirección de la Casa de Cultura de Coatzacoalcos mostró su capacidad de violencia y la falta de respeto a la naturaleza al talar parte de la masa foliar de pinos, con un pretexto que puede considerarse infantil y anodino, decir que los excrementos de los pelícanos que se refugiaban en esos árboles “manchan” a los autos que se estacionan bajo su sombra.

Con esto, el ayuntamiento viola el Artículo 122, numeral V de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Veracruz, que a la letra dice “Los municipios, en el ámbito de sus competencias, se encargarán de la protección y preservación de los árboles y otras especies de flora, que se encuentren en áreas verdes de propiedad pública o privada, dentro de la zona urbana.”

Con lo anterior se hace acreedor de una sanción que se establece, según dicha ley, a una “multa de cincuenta a veinte mil días de salario mínimo general vigente en la capital del estado”.

Como en este caso, la Casa de Cultura está afectando tanto la masa foliar, los árboles, como a una especie endémica, los pelícanos, la multa debe cuantificarse en la tasa más alta, 20 mil días de salario mínimo general cifra que llega por arriba de 1 millón 400 mil pesos.

El caso es especial, pues quienes practicaron la tala fueron trabajadores a cargo del Ayuntamiento de Coatzacoalcos, por lo que los ciudadanos afectados (es decir todos los pobladores de Coatzacoalcos), pueden demandar ante el juzgado de lo Contencioso Administrativo.

No hay ningún estudio que haya podido exhibir la dirección de la Casa de Cultura determinando las condiciones de los pino devastados, ya que la hubieran mostrado al ser cuestionados por algunos reporteros.

Tampoco es el camino el de pedir la renuncia del personal a cargo, sino exigir el pago de la multa y la reposición de la masa foliar devastada, que debe ser cuantificada por una institución dedicada a la protección ambiental.

Y la pregunta siempre es: ¿qué clase de cultura privilegia la violencia, en este caso contra los seres vivos del entorno ambiental?

Esa pregunta se la tendrán que hacer los que prefieren el calentamiento global antes que ver manchados sus vehículos.

Gobierno viola derechos colectivos

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Declaración de Santa Úrsula Xitla

En defensa de nuestros territorios y nuestra autonomía

En muchas ocasiones las empresas extractivas están vinculadas al crimen organizado, y emplean sicarios para reprimir a los opositores a sus proyectos

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La pobreza y la poca instrucción escolar están diseñadas para facilitar el despojo de las comunidades

México, DF

Agencias

Reunidos los días 28 y 29 de octubre de 2015, representantes de comunidades y organizaciones, pertenecientes a los pueblos zapoteco, mixe, chinanteco, ikood, mixteco, chatino, tzeltal, lacandón, tzotzil, purhépecha, nahua, rarámuri, y maya peninsular, más organizaciones campesinas y colectivos de catorce estados del país, reflexionamos en torno a la crisis climática y los territorios indígenas y campesinos y llegamos a varias conclusiones.

  1. Las comunidades y ejidos ocupan más de la mitad de la superficie del país. Nuestros territorios indígenas y campesinos cumplen un papel muy importante en la captación de agua para la recarga de los acuíferos, en la captura de carbono, en la conservación de la biodiversidad y adquieren cada vez más importancia frente a la crisis climática. Más del 60 por ciento de los bosques de la nación son propiedad de los pueblos indígenas y de los campesinos, de ahí que su cuidado es un beneficio a la sociedad que resulta de nuestro trabajo.
  2. En 2014, el gobierno promulgó una reforma energética que definió como de interés social y utilidad pública las actividades energéticas y extractivas como la minería, la explotación de petróleo y gas (y su extracción vía fractura hidráulica), la construcción de presas y mini hídricas, la producción de energía eólica, y les adjudicó prioridad sobre cualquier otra actividad en el territorio. Estas leyes obligan a los dueños de la tierra a llegar a acuerdos para su establecimiento y en caso de negativa, las empresas pueden imponer de manera forzosa servidumbres o contratos de ocupación temporal.
  3. El establecimiento de Áreas Naturales Protegidas (ANP) se realiza por decreto y en ningún caso han obtenido el consentimiento libre previo e informado de los pueblos indígenas a los que han invadido. Al establecer una ANP el gobierno enajena el control y las decisiones sobre el territorio a las comunidades dueñas e impone muchas limitaciones a su uso. Hay comunidades donde más del 70 por ciento de su territorio está dedicado a la conservación.
  4. En las comunidades con bosques y selvas, el gobierno promueve los programas REDD+, una vuelta adicional de los servicios ambientales en su fase comercial, con penalizaciones si no se cumple con los compromisos, y buscando que esas tierras se mantengan en conservación sin volver a usarse para otros fines aunque haya terminado el periodo de pago. REDD+ debilita a las autoridades comunitarias pues incluye instancias distintas y restringe el uso del territorio, y las decisiones que la comunidad puede tomar al respecto. REDD+ es un mecanismo que pone un precio a la conservación que los pueblos han hecho de su territorio, estableciendo un pago, siempre insuficiente, con el que las empresas contaminantes pueden seguir contaminando en otro lugar, y pueden lucrar de la comercialización de los certificados o bonos.
  5. Las Áreas naturales Protegidas, los condicionamientos de los programas de pagos por servicios ambientales y los ordenamientos territoriales comunitarios oficiales secuestran las decisiones sobre el territorio a sus poseedores, y las ceden a instancias ajenas como instituciones de gobierno, empresas privadas, asociaciones de conservación, etcétera.
  6. La ley del agua, actualmente suspendida, está orientada a su privatización para ponerla a disposición de las empresas y mega proyectos. Priorizar el consumo del agua para la agroindustria, la industria manufacturera y extractiva —y sin regulaciones sanitarias—, ha provocado que en distintas regiones exista un agotamiento de las aguas jóvenes y muchas poblaciones tengan que tomar agua contaminada con arsénico y fluoruro, lo que aumenta las enfermedades crónicas. En otras comunidades los ríos están envenenados por industrias y ciudades que vierten sus deshechos y han terminado con la vida acuática; es imposible utilizar el agua para consumo humano o animal, o para uso doméstico, pues lo han convertido en un drenaje. Pese a las varias iniciativas de privatización del agua, las comunidades nos estamos organizando y promoviendo que operen las estructuras de los comités comunitarios de agua, que en muchas regiones han detenido los intentos de su privatización.
  7. Actualmente el Estado está impulsando un modelo de simulación de consulta orientado a conseguir la aceptación de los pueblos indígenas, dueños de bosques y selvas, e impedir que posteriormente puedan demandar y echar atrás el proyecto por no haber sido consultados. Esta consulta favorece sus intereses y los de las empresas, cooptando y comprando líderes, permitiendo la participación de gente ajena a las comunidades indígenas, escalando la violencia y represión contra los opositores. En varios de los casos los opositores han sido asesinados, encarcelados, desaparecidos.
  8. En esos lugares no se respetan los derechos colectivos indígenas, ni los agrarios, tampoco los derechos humanos, ni al ambiente sano. En muchas ocasiones las empresas extractivas están vinculadas al crimen organizado, y emplean sicarios para reprimir a los opositores a sus proyectos.
  9. Las comunidades indígenas y campesinas rechazamos los proyectos extractivos y energéticos que quieren acaparar y ocupar nuestros territorios, y que además depredan los bienes comunes, contaminan los ríos, el agua, la tierra, el aire, en perjuicio de la salud y el ambiente, expulsan a poblaciones enteras y en síntesis nos roban nuestra vida en aras de compensaciones nimias y unos cuantos empleos temporales.
  10. Las leyes energéticas favorecen los proyectos de muerte impuestos por el Estado y las transnacionales. Estamos ante un despojo y una devastación generalizada que rompe el tejido de las comunidades, privatiza, contamina o agota sus bienes comunes y las posibilidades de vida, sustento y continuidad de los pueblos. Algunas comunidades demandaron sin éxito jurídico al gobierno mexicano por aprobar las leyes de reforma energética que son inconstitucionales.
  11. El Estado y las corporaciones buscan imponer su modelo de monocultivos agroindustriales y transgénicos, de producción de alimentos procesados, que utilizan enormes cantidades de agrotóxicos y dañan la salud y el ambiente, en contra de nuestro propio proyecto de un futuro digno, basado en nuestra producción campesina, nuestra visión comunitaria, nuestras tradiciones, nuestra responsabilidad con el futuro de nuestras comunidades y pueblos, nuestro compromiso de cuidado de la naturaleza.

 

Por todo lo anterior, nos comprometemos a defender nuestros territorios, organizándonos en los distintos niveles, reivindicando nuestras estructuras comunitarias, nuestras asambleas y nuestros propios instrumentos y normas.

Seguiremos exigiendo y ejerciendo en los hechos la autonomía y la libre determinación sobre nuestros territorios, que incluye nuestros bienes comunes, nuestros sistemas normativos, nuestras instituciones comunitarias y nuestros saberes y cultura.

Continuaremos reivindicando la propiedad social, el carácter colectivo de nuestras tierras y el respeto hacia nuestros territorios.

Nos comprometemos también a abandonar paulatinamente los insumos agrícolas industriales, fertilizantes y plaguicidas, que nos envenenan el aire y la vida. Queremos cuidar nuestros suelos y promover nuestra agricultura campesina tradicional y agroecológica, para buscar la soberanía alimentaria y tener mayor independencia de las instancias de gobierno y de las corporaciones.

Defenderemos nuestras semillas nativas contra su privatización, e impediremos las siembras transgénicas y el empleo de los agrotóxicos asociados, por ser nocivas para nuestra producción de maíz y miel, para la salud y el ambiente —como es el caso de la afectación que sufren las comunidades de la Península de Yucatán, la Huasteca y Chiapas, por la soya transgénica.

No permitiremos la invasión transgénica del maíz ni de ningún otro cultivo (sea experimental, piloto o comercial) y defenderemos la suspensión jurídica que hoy está vigente.

 

Así las cosas le exigimos al gobierno:

  1. El respeto a la integridad de nuestros territorios y a nuestras decisiones sobre el uso de nuestros bienes naturales.
  2. Detener la manipulación de los procesos de consulta (que no son de buena fe ni culturalmente accesibles) y la violación al consentimiento libre, previo e informado de las comunidades.
  3. Poner un alto a la violencia (al hostigamiento, los asesinatos, los encarcelamientos y las desapariciones) contra las comunidades y contra los y las luchadoras sociales. Detener la violación de los derechos humanos y la criminalización de la protesta de los dueños de las tierras y territorios, y de todas las personas y colectivos que se oponen al despojo y la devastación.
  4. Libertad a los presos y presas políticos, todos ellos injustamente encarcelados por defender sus territorios y comunidades
  5. Abrogar las leyes energéticas que atentan contra los derechos de los pueblos indígenas y los derechos agrarios de los ejidatarios y comuneros.
  6. Detener la promulgación de la iniciativa de la ley de aguas que se orienta a su privatización y atenta al derecho al agua como un derecho humano.

 

Invitamos a los pueblos, comunidades, organizaciones y colectivos a reflexionar sobre cuál es nuestro proyecto y cómo podemos sumar más esfuerzos.

 

Las comunidades y organizaciones abajo firmantes:

Campeche: comunidad de Calakmul, Organización Koolel kab. Colima: Consejo Indígena por la defensa del territorio de Zacualpan. Chiapas: Bienes Comunales Zona Lacandona, Instituto de Formación y Capacitación Campesina, DESMI, Cooperativa Lagos de Colores, Unorca-Chiapas, ARIC Unión de Uniones Históricas, Enlace, Comunicación y Capacitación-Comitán. Chihuahua: Comunidad Bosques de San Elías Repechique, Bocoyna, Consultoría Técnica Comunitaria (Contec), CECADDHI,  Guanajuato: Cedesa. Guerrero: CDHM Tlachinollan, Consejo de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio de la Región Montaña y Costa Chica de Guerrero; Enlace, Comunicación y Capacitación-Tlapa; Radio Comunitaria Naxme, San Miguel del Progreso, Guerrero. Jalisco: comunidad de Mezcala, comunidad de La Ciénega, comunidad de El Limón, Colectivo por la Autonomía, Un Salto de Vida. Michoacán: comunidad de San Francisco Pichátaro, comunidad indigena de Cherán. Oaxaca: comunidades de Santiago Tlatepusco, Santa María Huazolotitlán, Concepción Buena Vista, Chikava, Santiago Yosondúa, San Juan Jaltepec de Candayoc, San Juan Bosco Chuxnabán, Ejido El Tortuguero, Santiago Tutla, Yerba Santa, Coatlán, Cuauhtémoco Tayata, Independencia, Santa Cruz itundujia, Servicios del Pueblo Mixe, Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (CEDHAPI), Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca (UNOSJO), Ngul kuidi Abriendo Senderos de Autonomía, El Espacio Estatal en Defensa del Maíz Nativo de Oaxaca, Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios, Servicios para una Educación Alternativa (EDUCA), Maderas del Pueblo del Sureste, Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco, Radio Totopo de Juchitán de Zaragoza, Organización de Agricultores Biológicos (ORAB), Tequio Jurídico; Enlace, Comunicación y Capacitación-Tlaxiaco; Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto. Puebla: Unión de Cooperativas Tosepan, Quintana Roo: Educe, Much’Kanan l’inaj Colectivo de Semillas, Kabi Habin. Tlaxcala: Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local.

Veracruz: Consejo Comunitario Nahua de Zaragoza, Fomento Cultural y Educativo Veracruz, Comité de Derechos Humanos de la Sierra Norte de Veracruz, Unión de Comunidades Independientes de los Pueblos Popolucas (UCIPP), CREO. Yucatán: Indignación. Organizaciones nacionales: Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA) Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (Ceccam), Centro Nacional de Ayuda a Misiones Indígenas (Cenami), Red en Defensa del Maíz, Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz). Organizaciones internacionales: Grupo ETC, GRAIN, La Vía Campesina.