Nueva Ley de Fiscalización Superior para Veracruz

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Con 40 votos a favor, el Congreso del Estado dota al ORFIS de un marco jurídico de vanguardia para su tarea de revisión y fiscalización

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Comunicado

Las diputadas y diputados de la LXIV Legislatura de Veracruz aprobaron por unanimidad la nueva Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Veracruz, cuyo objetivo es reglamentar y establecer las bases para la organización y el funcionamiento del Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS) en su tarea de revisión y fiscalización del gasto de los entes públicos.

Con esta ley, la función fiscalizadora del ORFIS se regirá bajo los principios de legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad, eliminándose los referentes a posterioridad y anualidad; esto último, le permitirá llevar a cabo revisiones en tiempo real.

De igual manera, podrá auditar  ejercicios fiscales anteriores al de la Cuenta Pública en proceso, circunstancia que otorga mayor flexibilidad a las labores de fiscalización.

El ORFIS podrá iniciar el procedimiento de fiscalización desde el primer día hábil del año siguiente al cierre del ejercicio fiscal, con independencia de la fecha de entrega de las Cuentas Públicas.

Los entes fiscalizables deberán presentar ante el Congreso del Estado, las Cuentas Públicas del año anterior, a más tardar el 30 de abril. Este plazo sólo se podrá ampliar hasta por 30 días naturales, mediante solicitud del titular del Ejecutivo del Estado y con autorización del Congreso.

El ORFIS tendrá, además, amplias facultades  para fiscalizar el destino y ejercicio de los recursos provenientes de deuda pública, con independencia del origen de los recursos afectados como garantía.

El Congreso le podrá ordenar al ORFIS proceda durante el ejercicio fiscal en curso, a requerir información, así como, el que vigile la realización de obras y acciones respecto de la aplicación de los recursos públicos que hagan los entes fiscalizables.

Con esta ley se fortalecen los mecanismos de coordinación  y comunicación entre la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el ORFIS con motivo de la ampliación de recursos objeto de fiscalización, como lo es, respecto de las participaciones federales, las cuales, en su caso, podrán ser fiscalizadas de manera conjunta.

Los informes de auditoría adquieren el carácter de públicos una vez que sean emitidos; en razón de ello, además, el ORFIS emitirá los siguientes informes: Informe del Resultado también denominado Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización de las Cuentas Públicas; Informes Individuales; Informes Específicos derivado de denuncias o de cualquier otra situación prevista en la Ley; e Informes de Seguimiento, sobre la situación que guardan las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas.

Además, el ORFIS tendrá la competencia en materia  de responsabilidades administrativas, por irregularidades que se detecten con motivo de la fiscalización superior; por lo que es necesario establecer claramente el ámbito de actuación del Órgano, para que éste promueva ante el  Tribunal Estatal de Justicia Administrativa el fincamiento de responsabilidades y, ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, formule la denuncia de hechos, que en su caso resulten procedentes, de acuerdo a la gravedad y naturaleza de la falta cometida por los servidores públicos.

El diputado Juan Manuel de Unánue Abascal indicó que el proceso de armonización legislativa era necesario para dotar al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de un marco jurídico de vanguardia en la planeación y programación de las auditorías, para lograr resultados contundentes.

La presente ley fue aprobada con 40 votos a favor de diputados del PAN, MORENA, PRI, PRD, Juntos por Veracruz y de los legisladores de Nueva Alianza y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

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Morena se opone a la ley de Seguridad Interior

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En la Comisión de Gobernación, la diputada Rocío Nahle García aseveró que dicha bancada está en contra de que el Ejército y la Marina hagan trabajos de seguridad pública

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Comunicado
“Espero que los partidos que tienen contemplado votar a favor, hagan un análisis porque van a meter al Ejército a un desgaste; la van a meter a una confrontación con los ciudadanos”.

El Grupo Parlamentario de Morena se pronunció esta mañana en contra del dictamen por el que se expide la Ley de Seguridad Interior, porque sus integrantes no están de acuerdo en que el Ejército y la Marina hagan trabajos de seguridad pública, porque su labor fundamental es proteger la soberanía nacional.

“Espero que los partidos que tienen contemplado votar a favor, hagan un análisis porque van a meter al Ejército, a una institución que tenemos de cuidar, a un desgaste; la van a meter a una confrontación con los ciudadanos.. Y no porque tengamos una bola de cristal, sino porque así ha pasado en todos los países del mundo”, advirtió la diputada Rocío Nahle García.

En el marco de la Décimo Tercera Reunión Ordinaria de la Comisión de Gobernación, donde se discutió el dictamen, la Coordinadora de la bancada de Morena recordó que cuando el gobierno de Felipe Calderón declaró la guerra a los cárteles del narcotráfico, las Fuerzas Armadas fueron sacadas a las calles, por lo que ahora es necesario dotarlas de respaldo legal.

“La violencia en las calles está desatada. Ahí está la Marina, está el Ejército afuera y esta propuesta de ley, pues el Ejército dice: ‘oye, estoy afuera y no tengo elementos jurídicos’”, recalcó la también Secretaria de dicha Comisión.

Al respecto, subrayó que el dictamen de la Ley de Seguridad Interior es contrario a lo que dictan los tratados internacionales suscritos por el Gobierno Federal y a las recomendaciones de Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), porque se militarizan las calles, al darle apertura a las Fuerzas Armadas en seguridad pública.

Nahle García sostuvo que si bien el Ejército y la Marina están desesperados porque legalmente no tienen las herramientas para ejercer dicha labor, se ha demostrado que una vez que éstos salen a las calles siempre hay problemas. Con este dictamen, agregó, sin duda los derechos humanos serán trastocados.

“Este colectivo (Seguridad Sin Guerra) está dando una cifra muy importante: de 190 quejas por año que se tenían en la Comisión Nacional de Derechos Humanos antes del 2006, hoy llegamos a mil 75 quejas por año de desapariciones, torturas, violaciones a derechos humanos, etcétera”, enfatizó en compañía de los diputados Sandra Luz Falcón y Alejandro Ojeda, también de Morena.

La legisladora federal por Veracruz resaltó que con la nueva Ley de Seguridad Interior se permitirá la intervención del Ejército en marchas y manifestaciones, siempre que haya una Declaratoria de Protección, lo que confirma que las Fuerzas Armadas seguirán en las calles.

Asimismo, comentó que el Poder Legislativo tuvo la oportunidad de hacer una propuesta más integral junto con el Ejecutivo Federal y las Fuerzas Armadas, sobre todo porque la discusión ya lleva más de un año.

“En África, en América Latina, donde el Ejército ha estado en la calle, donde ha tenido que intervenir, incluso en muchos casos hasta para suplir a las propias fuerzas del Estado, es anti natura para una sociedad, para una comunidad. Para qué debería estar el Ejército”, concluyó.

1075 quejas contra las fuerzas armadas: RNG

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INTERVENCIÓN DE LA DIPUTADA ROCÍO NAHLE GARCÍA, COORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA, EN LA DÉCIMO TERCERA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, CON MOTIVO DE LA DISCUSIÓN DEL DICTAMEN DE LEY DE SEGURIDAD INTERIOR.

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La diputada y la facción de MORENA defienden al ciudadano contra leyes lesivas a sus derechos humanos

Hoy estamos analizando esta ley, y viendo el dictamen, vimos las propuestas que hizo el PRI, PAN; en el Senado, el senador Barbosa, Gil Zuarth. Son varias propuestas para llegar a esto, desde hace más de un año. Una discusión de un tema de lo más importante en el país, que es la seguridad.

Y que en este tema, las Fuerzas Armadas, como dicen, no se metieron; los metieron. Y los metieron desde el Gobierno del PAN, hay que decirlo. Cuando en una declaratoria de guerra, que no nos preguntaron a nadie, ni siquiera al Congreso, salen y declaran una guerra.

Y en ese entonces, que este colectivo está dando una cifra muy importante: de 190 quejas por año que se tenían en la Comisión Nacional de Derechos Humanos antes del 2006, hoy llegamos a mil 75 quejas por año de desapariciones, torturas, violaciones a derechos humanos, etcétera.

¿Por qué? Porque hemos estado actuando con ocurrencias. Primero fue Mando Único. Que todo el control estuviera con los gobernadores, sin analizar que algún estado podría aplicar el Mando Único y en algunos no. Estados chicos, tal vez como Colima, que son muy chiquitos, podría ser. Pero un estado como el mío, el de Veracruz, el Mando Único lo único que originó fue más violencia. Y desarticularon las policías municipales.

Después dijimos: a ver, necesitamos un Mando Mixto combinado. Y desde hace más de un año y medio, nos reunimos los coordinadores de todas las bancadas y se vio la posibilidad de transitar en un Mando Mixto o combinado, como le querían llamar.

Mientras esto sucedía, la violencia en las calles está desatada.. Ahí está la Marina, está el Ejército afuera y esta propuesta de ley, pues el Ejército dice: “oye, estoy afuera y no tengo elementos jurídicos”.

Morena va a votar en contra, porque nosotros no podemos de estar de acuerdo en que el Ejército haga el trabajo de seguridad pública. Pero ellos ya están afuera, ya están ahí, y es necesario dotarlos de un asunto legal.

¿Qué vemos en este dictamen? Efectivamente, es contrario a lo que nos dictan los propios tratados internacionales y las recomendaciones de la ONU y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de militarizar o de darles apertura a los militares en temas de seguridad pública.

Hay tres Artículos –el 20, 27 y el 8– de este dictamen, que ustedes acaban de colocar –porque yo no había visto en ninguna de las propuestas que hicieron el PRI, ni el PAN, ni Barbosa, ni los demás proponentes–, donde están liberalizando para que efectivamente en marchas, manifestaciones no intervengan, si no hay declaratoria de seguridad. Efectivamente, ya se empezaron a cuidar estos detalles.

Está cuándo va a intervenir el Ejército, que va a ser cuando se declare una Declaratoria de Protección. Tiene que haber una declaratoria. Están poniendo ya cuidado en temas que nos preocupan mucho, pero no deja de estar con esta ley el Ejército o la Marina en las calles.

¿Cuál es el problema que tenemos los mexicanos? Que tenemos una violencia desatada en la mayoría de los estados, aquí en la propia Ciudad de México. Tenemos una violencia… La seguridad pública está desarticulada, o no da porque se desarticuló con tantas ocurrencias que hemos tenidos, y lo mejor que sale es el Ejército.

No hay una propuesta para que paulatinamente vayan regresando a los cuarteles. Al contrario, al hacer la ley, les decimos: “ahí te quedas”, y vemos si la próxima Legislatura o las próximas eliminan esta ley para que ellos se vayan regresando o quitándoles este candado… No este candado; ésta llave que se les está dando en esta propuesta.

Qué tan bien estamos viendo. El Ejecutivo con nosotros, con el Legislativo, incluso con el propio Ejército o las Fuerzas Armadas, teníamos que haber hecho una propuesta más integral. Ha sido más de un año esta discusión en el Senado; esto ya tiene mucho tiempo. Nosotros habíamos hablado; a ver, la propia Constitución habla de una Guardia Nacional.

Cómo puedes integrar una Guardia Nacional para que se tenga un programa analizado; no brinques de seguridad pública a Fuerzas Armadas, a los municipios, y en esto que no podemos encontrar solución en México. Por ello Morena estamos muy preocupados y decimos: “no vamos a ir”.

Otro tema que viene en esta ley y que no lo escuché –bueno, creo que del diputado Soriano–, es que se excluye de la Ley Federal de Procedimientos Administrativos. Qué dice la Ley de Procedimientos Administrativos: “sin perjuicio a lo dispuesto en los tratados internacionales de los que México sea parte”. Tiene ese texto, porque exactamente la Ley de Seguridad Interior, que aquí estamos analizando, no tiene una recomendación por los tratados internacionales.

Al contrario, en África, en América Latina, donde el Ejército ha estado en la calle, donde ha tenido que intervenir, incluso en muchos casos hasta para suplir a las propias fuerzas del Estado, es anti natura para una sociedad, para una comunidad. Para qué debería estar el Ejército.

Seguridad nacional, que también en el dictamen nos dicen que seguridad interior es diferente a seguridad nacional. Efectivamente, el Ejército y la Marina están para cuidar la soberanía nacional.. Son conceptos que se analizan en el dictamen, que los mencionan, y que nos preocupa que en esta ley esté revuelto para darle permiso o justificar o darle un pase a las Fuerzas Armadas a que estén en las calles, porque ya están ahí.

Hoy me decía un reportero: “oye pero lo han pedido los gobernadores y lo han pedido los presidentes municipales”. Claro que han pedido los gobernadores; Tamaulipas, Veracruz y no sé cuántos más que vaya el Ejército porque se desarticuló la seguridad pública. Desde 2003, 2006 estamos viendo que en forma paulatina, y hoy ya tenemos la papa caliente. Ese es el problema.

Entonces, aventar una ley así, bueno… Nosotros la vamos a votar en contra; no es la solución.. Yo coincido que sí es tiempo; Morena firmó para que se discutiera hoy, porque ya tenemos mucho tiempo con esto, más de un año, tanto en el Senado como aquí. Nosotros vamos a salir el próximo agosto y tenemos que hacer cara y enfrentar los problemas que tenemos y decir: “a ver, vamos entrarle al tema; vamos a entrarle”.

No es: “déjalo ahí en la congeladora y a ver que otros se hagan cargo”. Nosotros nos tenemos que hacer cargo y por eso lo estamos analizando. Y por eso tenemos que decir por qué vamos en contra, o porqué los que van a votar a favor.

Yo espero que los partidos que tienen contemplado votar a favor, hagan un análisis porque vamos a meter al Ejército, a una institución que tenemos de cuidar, una es de las instituciones más importantes tenemos que cuidar. La vamos a meter a un desgaste, la vamos a meter a una confrontación con los ciudadanos. Y no porque tengamos una bola de cristal, porque así ha pasado en todos los países del mundo.

Hay antecedentes desde hace años, décadas; las guerras. Una vez que sale el Ejército siempre hay problema y aquí lo estamos viviendo. Entonces hay que cuidar, hay que proteger a nuestras fuerzas armadas. Si bien ellos están desesperados porque legalmente no tienen las herramientas, esta no es la solución.

Por eso Morena va a votar en contra y estamos preocupados. Los derechos humanos sin duda van a ser trastocados y por eso es la preocupación de cuidar una institución tan necesaria como es las fuerzas armadas en México.

Muchas gracias.

Minera FSM acapara 80 mil hectáreas de Oaxaca

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Lo hace sin informar a las comunidades involucradas

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Educa Oaxaca
La empresa minera FSM, con sede en Vancouver, Canadá, opera en el estado de Oaxaca con cuatro filiales registradas en México, acaparando y despojando 80 mil hectáreas de territorios de pueblos y comunidades indígenas y campesinas, la cual equivale a diez veces el tamaño de la ciudad de Oaxaca.

Esta situación coloca a pueblos zapotecas y campesinos en una seria desventaja frente a la empresa minera, ya que FSM no está obligada a entregar cuentas a los mismos. Bajo un esquema de compra-venta de concesiones a través de sus filiales (permitido por la ley minera), la empresa se ha hecho propietaria del 100% de 26 concesiones aproximadamente, todas ellas ubicadas en los Valles Centrales, principalmente en los distritos de Ocotlán, Ejutla y Tlacolula.

La información fue publicada parcialmente por la empresa, en un comunicado (agosto de 2017)[1] donde informa que compró a la empresa Radius Gold el 100% del proyecto “Tlacolula”, abarcando 82, 630 hectáreas, sin embargo la informacióbn publicada no menciona que dichas hectáreas no corresponden únicamente al citado proyecto. En el área concesionada también están involucrados al menos 2 proyectos mineros más con los nombres: “San José” en etapa de explotación comercial y “Trinidad Norte” en etapa de desarrollo.

La compra-venta de concesiones y proyectos mineros se ha dado de la siguiente manera:

FSM compra el proyecto “Tlacolula”.
En agosto de 2017 FSM emitió un comunicado donde informa que compró a la empresa Radius Gold el 100% del proyecto “Tlacolula”[2]. Para nuestra sorpresa, existe una concesión denominada “Tlacolula” con título 230278 en el municipio de San Juan Guelavía con una extensión de 16, 465 hectáreas, sin embargo el titular de la concesión es una empresa llamada Geometales del Norte-Geonorte S.A. de C.V. la cual tiene dos concesiones más en la región, con títulos 232270 y 233392, con una superficie de 6,699.28 y 12, 642.00 hectáreas respectivamente.

Proyecto “San José”.
Cabe recordar que FSM tiene un proyecto en etapa de explotación comercial denominado “San José”, en el municipio de San José del Progreso, Ocotlán, Oaxaca. Revisando la lista de concesiones proporcionada por la Secretaría de Economía (SE) en 2017, encontramos que las concesiones que amparan la explotación de plata y oro en este municipio son 4: Progreso, Progreso II, Progreso II Bis y Progreso III, con títulos: 217626, 217624, 217625 y 215254, respectivamente, las cuales suman 702 hectáreas. Sin embargo el titular de dichas concesiones es Minerales de Oaxaca S.A. de C.V.

Trinidad Norte.
Sobre “Trinidad Norte” es importante mencionar que en enero de 2013, FSM anunció la compra parcial y total en un futuro de la concesión “Taviche Oeste” que “rodea el proyecto actual”[3]. Revisando la lista de concesiones encontramos que la concesión a la que hace referencia el comunicado de FSM se denomina actualmente Reducción Taviche Oeste con título 215542, la empresa concesionaria se denomina Plata Panamericana S.A. de C.V. y cubre una extensión de 6, 254.00 hectáreas.

De igual forma desde hace más de dos años, comunidades del valle de Ejutla, han denunciado una serie de trabajos y actividades de FSM en sus territorios sin su consentimiento, además de la entrega de concesiones mineras por la SE en esta misma región[4]. Revisando la lista de concesiones, encontramos que en esta región han sido entregadas 13 concesiones mineras a la Compañía Minera Cuzcatlán S.A. de C.V. (la misma empresa que realiza obras de exploración y explotación en San José del Progreso) con una superficie de 42, 107.00 hectáreas.

Empresas filiales de FSM.
Si analizamos los datos descritos anteriormente, la empresa minera FSM ha mantenido una política de opacidad en términos de transparencia en la información. Por supuesto esta condición le ha permitido acaparar más de ochenta mil hectáreas en los Valles Centrales de Oaxaca a través de 4 filiales: Geometales del Norte-Geonorte S.A. de C.V., Minerales de Oaxaca S.A de C.V., Plata Panamericana S.A de C.V. y Compañía Minera Cuzcatlán S.A. de C.V.

El impacto de las concesiones en los territorios de Valles Centrales.
Las concesiones “propiedad de FSM” afectan directamente 35 municipios de los Valles Centrales, los cuales son: Taniche, Coatecas Altas, San Miguel Ejutla, Ejutla de Crespo, Santa Lucía Ocotlán, Santa Catarina Minas, San Pedro Taviche, San Miguel Tilquiapam, San Martín de los Cansecos, San Jerónimo Taviche, San Baltazar Chichicapam, Magdalena Ocotlán, Ocotlán de Morelos, San Pedro Apóstol y San José del Progreso en la región Ocotlán-Ejutla y San Lorenzo Albarradas, San Dionisio Ocotepec, Santa María del Tule, Yaxe, Santo Domingo Tomaltepec, Santiago Matatlán, Santa María Guelace, Santa Cruz Papalutla, San Sebastián Teitipac, San Sebastián Abasolo, San Lucas Quiaviní, San Juan Teitipac, San Juan Guelavía, San Baltazar Chichicapam, Rojas de Cuahutémoc, Magdalena Teitipac, San Francisco Lachigoló, San Jerónimo Tlacochahuaya, Teotitlán del Valle y Tlacolula de Matamoros, en la región de Tlacolula.

Por supuesto esta condición, (desventajosa para los pueblos mencionados anteriormente, pero legalizada a través de la Ley Minera) favore a la empresa con sede en Vancouver.

Ante este panorama comunidades de Ocotlán, Ejutla y Tlacolula han definido la defensa de su territorio como eje principal, por lo que durante 2016 y 2017 emprendieron una serie de exigencias a las autoridades federales, en las que la demanda más sentida corresponde a la cancelación de las concesiones mineras, cabe destacar que ninguna concesión ha sido informada o consultada formalmente con los titulares de derechos de estos territorios. Por el contrario las autoridades federales y la empresa minera Fortuna Silver Mines han mantenido una política de opacidad en razón de la información proporcionada.

 

[1] http://www.nvinoticias.com/nota/67354/adquiere-fortuna-silver-mina-en-tlacolula-oaxaca

[2] Ídem

[3] https://www.fortunasilver.com/investors/news/2013/fortuna-silver-mines-signs-acquisition-and-option-agreement-for-the-taviche-oeste-concessions-surrounding-the-san-jose-mine-mex/

[4] http://www.proceso.com.mx/493892/autoridades-agrarias-ocotlan-ejutla-repudian-proyecto-minero-en-oaxaca

Fuente de Consulta 1: http://www.educaoaxaca.org/observatorio/wp-content/uploads/2015/04/Fortuna-Silver-Mines-FSM-acapara-80-mil-hect%C3%A1reas-de-los-Valles-Centrales-de-Oaxaca.pdf

 

Patológica declaración de Yunes

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Desea someter a su capricho en vez de gobernar para todos

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En su enfermedad mental, Yunes cree que todos los alcaldes están al servicio de sus caprichos

Javier Pulido Biosca

Revista Raíces

El pasado martes, en el sur de Veracruz, quien ocupa el cargo desde el que debería gobernar esta entidad, mostró una vez más sus complejos, patologías y su palmaria ignorancia. Lo último es imperdonable en una figura pública.

Sucede que a este figurón desviado se le ocurrió arremeter contra los alcaldes electos, todos ellos del Movimiento Regeneración Nacional, por no asistir a un evento al que sólo resulta pertinente que asistan los lame botas que tanto gustan a los politicastros y se han vuelto en una cultura de lacayos al servicio del poder, no de funcionarios al servicio de su pueblo.

El singular enfermo que ocupa el palacio de Xalapa decidió que los alcaldes electos, que no tienen obligación ejecutiva aún, debieran estar presentes en un evento que ridiculiza al poder Ejecutivo: la reparación de una carretera que nunca se debió descuidar y de la que hizo correr el engaño de que “detonaría la economía de la región”.

Ignora este individuo que los funcionarios electos no han entrado en funciones y ya quiere someterlos a su capricho y voluntad desencaminada, por lo que su desconocimiento y patologías que le hacen ser violento hasta el hartazgo, le obligaron a echar su perorata.

Mejor hubiera callado en vez de exhibirse como un personaje ridículo que requiere el aplauso y el servilismo en vez de la dignificación del sur de Veracruz.

Afortunadamente, los alcaldes electos de MORENA tienen bien clara su función y el lugar que ocupan ante las responsabilidades que ejercerán desde el 1 de enero de 2018 y que ninguna de ellas es “acompañar al gobernador en sus paseos por la región”.

El gobernador Yunes tiene que aprender que el pueblo es el que manda, que los alcaldes son la principal autoridad en su municipio y que, de ninguna manera, deben obedecer a los caprichos de quien desee someterlos, menos si emanan de una patología que debiera ser tratada por un facultativo de la salud mental.

Irresponsables declaraciones de gobernador

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Alcalde electo aclara su ausencia a reunión de seguridad

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Comunicado

El alcalde electo de Coatzacoalcos,Víctor Manuel Carranza Rosaldo, calificó de irresponsables las declaraciones del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, por no asistir a la reunión de seguridad; aclaró que avisó con anticipación pero no le permitieron enviar un representante
“Yo creo que estos comentarios que hizo el gobernador son irresponsables de marcar pauta, sin conocer las causas, yo creo que aquí cada quien debe asumir sus funciones y responsabilidad. No estoy de acuerdo y pienso que es una manera irresponsable.”
El gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, se refirió a los alcaldes en funciones y electos que no asistieron a dicha reunión para advertirles que el Grupo de Coordinación valorará si ante la inasistencia y falta de compromiso de estas personas, “de estos servidores públicos y futuros servidores públicos, decidimos, en reuniones posteriores, entregarles la responsabilidad del manejo de la seguridad pública a las personas que tomarán posesión el día primero de enero.”
Ante este anuncio, el alcalde electo de Coatzacoalcos, pidió respeto “merecemos un respeto, todavía no estoy en funciones, claro que nos estamos preparando para trabajar en el municipio de Coatzacoalcos que está en un abandono total y eso no es causa del actual gobierno, sino de muchos atrás y eso no evitara que asumamos nuestra responsabilidad.”
Explicó que su ausencia obedeció a compromisos ya adquiridos “en mi caso yo ya tenía planeado un viaje por eso no asistí y le pedí de favor al secretario de Gobierno, que me recibió la llamada que derivado de que ya tenía un compromiso le solicité que fuera mi asistente y me lo impidieron, esto quiere decir que no existe voluntad.”

Marchan contra la privatización eléctrica

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  • Rechazan las altas tarifas de CFE

  • Reclaman que el acceso a la electricidad sea un derecho humano

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En Soteapan se organizan contra el despojo de los derechos humanos

Comunicado

La Red Nacional de Resistencia Civil en conjunto con otras organizaciones de las diferentes regiones del país se movilizaron el 27 de Noviembre del 2017 en muchos puntos de la República para manifestar su total repudio a las políticas de muerte implementadas por el Estado y sus secuaces de todos los niveles políticos, empresariales y esbirros de la delincuencia organizada y exigir el cumplimiento de nuestros derechos.

En Cosoleacaque, fue el Movimiento Regional Indígena en defensa y respeto por la vida integrado por la Resistencia Civil Indígena y Popular contra las altas tarifas de luz del Sur de Veracruz-zona sierra y por las comunidades nahuas, popolucas y mestizas organizadas para la defensa de nuestros territorios en los municipios de Pajapan, Tatahuicapan de Juárez, Mecayapan, Soteapan, Chinameca y Acayucan el proceso de articulación de la sierra de santa marta, integrados al Congreso Nacional Indígena, el Consejo Comunitario Nahua, el colectivo Son Altepee, el comité de defensa del ejido de Cosoleacaque, la organización “Ciudadanos organizados en lucha” de Coatzacoalcos, la Casa de Salud Popular de Minatitlán, el colectivo “Madres en búsqueda Belén González” de Coatzacoalcos, la Comunidad Eclesial de Base de Zaragoza y personas de buena voluntad de diversos municipios de la región.

Y les informamos que en el Sur de Veracruz, también tenemos compañeros y compañeras movilizados en Las Choapas, Agua Dulce e Ixhuatlán del Sureste por un lado y en el municipio de Hueyapan de Ocampo, por otro lado.

 

Declaramos lo siguiente:

 

1.- Recordamos que desde la aprobación de la Reforma Energética en Diciembre del 2013, acordamos no pagar la luz hasta echar abajo la privatización de la energía electica y lograr su reconocimiento como un derecho humano con las subsecuentes tarifas justas de luz. No aceptaremos la instalación de los medidores digitales, parte de la política privatizadora: el día de hoy,  mandamos una comisión a la CFE para entregar un oficio exigiendo por parte del superintendente de zona Coatzacoalcos, Ing, Juan Ernesto Hernandez Blas, el cumplimiento de una minuta de acuerdo firmada el  29 de Julio del 2015 en la sala de cabildo del ayuntamiento de Tatahuicapan, en la cual se comprometió a garantizar un buen servicio de luz en toda la sierra en un plazo de 3 meses, compromiso que no se ha cumplido más que de manera muy parcial.

Aprovechando, se le hizo entrega de copias de actas de asamblea de la mayoría de comunidades de la sierra declarando que no van a permitir la instalación de medidores digitales en su territorio.

2.- Exigimos justicia para nuestro compañero Alberto Toledo Villalobos de la comunidad de Chahuites, Oaxaca, asesinado el pasado 8 de Abril en el contexto de esta lucha por tarifas justas de luz, asesinato que ha quedado en total impunidad.

3.- Exigimos el cese inmediato al hostigamiento judicial en contra de nuestr@s compañer@s en resistencia, particularmente en el Estado de Campeche, el desistimiento de la acción penal en contra de nuestro compañero Juan Carlos Flores de Puebla y en general la cancelación de todas las denuncias penales y órdenes de aprehensión en contra de nuestr@s compañer@s.

4.- Exigimos el alto a todas las políticas de saqueo, explotación y privatización de los bienes naturales y a todas las políticas contra los derechos de nuestros pueblos. Rechazamos todos los megaproyectos empresariales de muerte impuestos en nuestros territorios que solo nos despojan y contaminan así como las Zonas Económicas Especiales, verdadera conquista impuesta por el gran capital y facilitada por la clase política de nuestro dolido país.

En particular, declaramos que no permitiremos en nuestros territorios ni la minería toxica, ni la exploración o explotación de hidrocarburos sea convencional o mediante la tecnología del fracking, ni los parques eólicos empresariales: contamos ya con más de 60 actas de asamblea en este sentido y vienen más, y actas de cabildo de los municipios de Soteapan y Tatahuicapan de Juárez que manifiestan que no otorgarán los permisos de cambio de uso de suelo para estas actividades empresariales. Denunciamos y repudiamos los sobrevuelos de helicópteros y drones sobre nuestros territorios. Además juntamos firmas de autoridades de ___ comunidades dirigidas al secretario de economía, al secretario de energía, al presidente de la Comisiòn Nacional de Hidrocarburos y a las empresas posiblemente beneficiadas por licitaciones expresando lo antes mencionado.

5.- Rechazamos rotundamente cualquier intento de privatización del agua y nos unimos en la sierra, en los campos y en la ciudad para defender esta fuente de vida para nosotros los pueblos: en particular exigimos la reparación de todas las fugas del acueducto Yuribia que afectan tanto a las ciudades como a las comunidades de la sierra además de los dueños de las tierras inundadas.

8.- Exigimos no más violencia e inseguridad, aparición con vida de l@s desaparecid@s y nos solidarizamos con los comités de familiares de desaparecidos de esta región Sur de Veracruz, basta de feminicidios, justicia por l@s compañer@s asesinad@s, libertad a l@s pres@s politic@s.

9.- Nos manifestamos por la organización comunitaria autónoma en todos nuestros espacios de vida, en el campo y en la ciudad.

 

¡ABAJO LAS POLÍTICAS DE MUERTE Y DE DESPOJO!

¡QUE VIVAN LOS PUEBLOS ORGANIZADOS!

¡QUE VIVAN LAS LUCHAS DE RESISTENCIA Y REBELDÍA!

¡QUE VIVA LA AUTONOMÍA DE LOS PUEBLOS!