PRI: Volver al pasado

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Con toda la mala intención, el PRI, con sus satélites: PAN, PRD y MC

Columna invitada

Eduardo R. Huchim

 

Revestido con el disfraz de solidaridad, en un intento de aprovechar la tragedia de miles de mexicanos y el repudio popular a los excesos de los partidos, el PRI ha propuesto un retroceso de décadas cuya intención sería reducir la pluralidad en los órganos legislativos y prácticamente reinstalar a la oposición en el papel testimonial de antaño, aunque de eso no se haya percatado -aparentemente- la propia oposición.

 

A eso equivale la propuesta de Enrique Ochoa y César Camacho del lunes 25 de septiembre, pues revela la intención de los dirigentes priistas de acabar de un plumazo con avances políticos que costaron décadas de esfuerzos. Su propuesta de impulsar una iniciativa de reforma constitucional se sintetiza en dos medidas: la eliminación del financiamiento público a partidos y la eliminación de los legisladores de representación proporcional (RP).

 

Hay una dosis de engaño en esa iniciativa, pues se presenta como si pudiera aplicarse de inmediato y no es así (a menos que se pretenda atropellar estrepitosamente la Constitución) porque el proceso electoral federal 2017-2018 ya se inició y el artículo 105 constitucional dispone:

 

Las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales.

 

Pretender que, por tratarse de una reforma constitucional, esa disposición no regiría es una añagaza. ¿O acaso se pretendería que la Constitución ordenara una cosa y las leyes comiciales otra?

 

Independientemente de su inviabilidad legal, la propuesta del PRI implica una vuelta al pasado porque su intención es que el financiamiento público sea exclusiva e ilegalmente para él, como lo fue en la mayor parte del siglo pasado. Hoy el PRI recibe caudalosos montos de dinero del presupuesto gubernamental, además del legal, y por eso no tiene problema en prescindir de éste. Suprimirlo, además, sería sujetar a los partidos al financiamiento empresarial y de la delincuencia organizada, ambos ilegales actualmente.

 

Resulta notable que, con un candor extremo, el Frente Ciudadano por México -PAN, PRD y MC- e incluso Morena tengan expresiones de simpatía en el mismo sentido. Parecen olvidar que el camino a la alternancia que se dio en 2000 comenzó a abrirse con la instauración de dos reformas: a) los diputados de representación proporcional (RP) o plurinominales que ahora se pretende eliminar y b) el financiamiento público a partidos y la disposición de que éste predominara sobre el privado en el gasto partidario.

 

Yo he señalado reiteradamente que el financiamiento público a los partidos es muy alto y debe reducirse, pero sin eliminarlo. Las elecciones son sumamente costosas en este país, pero en ello no sólo incide el dinero de los partidos, sino también el de los órganos comiciales. Si los partidos van a tener poco menos de 7,000 millones de pesos en 2018, el Instituto Nacional Electoral tendrá poco más de 18,000 millones el próximo año, y no ha dicho nada sobre la posibilidad de disminuir ese abultadísimo presupuesto, e incluso rechazó una propuesta de reducción planteada el viernes 29 por el consejero José Roberto Ruiz Saldaña.

 

La otra parte del planteamiento priista es veneno para la democracia: la supresión de los diputados y senadores de RP. Aun cuando esos legisladores son impopulares, en realidad tienen plena justificación porque permiten equilibrar, así sea relativamente, el desequilibrio representativo que generan los triunfos de mayoría relativa.

 

Desde mi óptica, no sólo deben permanecer los legisladores de RP, sino que todos deberían ser de representación proporcional. Es decir, los que deberían suprimirse son los de mayoría relativa. No es posible detallar ahora los porqués, pero ya habrá oportunidad.

 

Todo lo aquí anotado no obsta para que, más allá de la coyuntura, el gasto en las elecciones se reduzca drásticamente, incluido el financiamiento público a los partidos, pero sin suprimir éste. Lo que sí debe eliminarse es el dinero ilegal en la política, particularmente el que suministran por debajo de la mesa los gobiernos federal y estatales, sobre todo -aunque no exclusivamente- al PRI.

 

El evidente volcamiento del dinero del presupuesto federal y estatal a un partido, directamente y por medio de los programas sociales, es algo que debe terminar en México, y para ello no es necesario reformar ninguna ley, sino aplicar las disposiciones existentes.

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