Refinancian deuda pública de Veracruz

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Aprueba Congreso decreto para refinanciar deuda pública del estado

Participaciones federales garantizarán el refinanciamiento que busca mayor liquidez

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La titular de Sefiplan, Clementina Guerrero, no informa con precisión de la deuda de Veracruz y del destino de los recursos

Congreso de Veracruz

Garantizado con las participaciones federales, el gobierno de Veracruz está autorizado para refinanciar sus fideicomisos de deuda pública, según lo indica el decreto número 258 emitido por el Congreso del Estado y publicado el 21 de marzo de 2017 en la Gaceta Oficial del Estado y cuya aprobación la efectuó el Congreso de Veracruz, a pesar de 11 votos en su contra.

Se aprobó que el fiduciario de cada uno de los Fideicomisos celebre, en su carácter de acreditado, previas instrucciones que por escrito reciba del Estado, por conducto del Gobernador del Estado y/o del titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación y en cumplimiento a lo establecido en el Decreto de Autorización antes referido, uno o más créditos y/o financiamientos y/o garantías de pago oportuno, con una o más instituciones financieras, entidades o personas de nacionalidad mexicana, con el objetivo de que los recursos que se reciban de tales operaciones sean derivados y entregados por el fiduciario del Fideicomiso.

El Decreto autoriza al Ejecutivo del Estado para que gestione, negocie y acuerde los demás términos y condiciones que se estimen necesarios o convenientes para suscribir los convenios, contratos, títulos, financiamientos y demás documentos o actos jurídicos que resulten necesarios y convenientes.

Entre ellos, se otorga mandato a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que realice la entrega de las participaciones que en ingresos federales le corresponden al Estado del Fondo General de Participaciones, con motivo de su afectación para el pago de las obligaciones a cargo del o los Fideicomisos, así como para que celebre y lleve a cabo los demás actos contemplados en el presente Decreto.

 

Diputados dan argumentos

Al hablar a favor del Dictamen, el diputado del Partido Acción Nacional (PAN) Juan Manuel de Unánue Abascal subrayó que se trata de una figura legal para reducir el monto de los pagos de la deuda para que el Estado cuente con solvencia financiera para las obras y acciones que están suspendidas.

De MORENA, la diputada Daniela Guadalupe Griego Ceballos manifestó este decreto resulta insuficiente al no cambiar en términos sustanciales y –consideró- representa nada más un nuevo esquema para el pago de deuda.

Por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) la diputada Yazmín de los Ángeles Copete Zapot expuso que emiten su voto de confianza al Gobierno estatal para que reestructure las finanzas del Estado, “hay gente que viene a decir que no, pero no presentan una solución”, añadió.

 

 

Presentan iniciativa para regular el embarazo no deseado

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En los casos que derive de violación o que ponga en riesgo la vida de la mujer se permitirá la interrupción terapéutica del embarazo

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Javier Pulido Biosca

Revista Raíces

Con información del Congreso de Veracruz

Con la iniciativa presentada por la diputada Tania Carola Viveros Cházaro y apoyada por diputados de diversos partidos: MORENA, PAN e independientes, la vida de las mujeres de Veracruz y el respeto a sus derechos reproductivos estarán garantizados de acuerdo a la legislación internacional que es aplicada en los países más desarrollados y donde las libertades y derechos se respetan.

Con esta iniciativa se cumplen las recomendaciones hechas por el gobierno federal a la entidad veracruzana.

En su exposición de motivos, la iniciativa explica que “las mujeres continúan enfrentando una regulación restrictiva para el acceso a la Interrupción Legal del Embarazo, ILE, en la que destaca la ausencia de la causal de riesgo para la salud en el Código Penal.

“La falta de esta causal ha permitido una dinámica que contribuye a la alta tasa de muerte materna en el Estado, en específico el 10.2% causada por aborto y el 27.1% por causas obstétricas indirectas, es decir, de las 22 muertes maternas que ocurrieron en Veracruz en 2014 por causa de abortos inseguros y causas obstétricas indirectas, algunas de ellas pudieron ser evitadas de haber sido vigente la causal legal de riesgo para la salud y el acceso efectivo a servicios seguros de ILE”.

La iniciativa contempla la ILE cuando existen elementos que acreditan la existencia de un riesgo real e inminente para la salud de la mujer.

La actual omisión limita el ejercicio del derecho de las mujeres veracruzanas a la salud, específicamente a la salud sexual y reproductiva, pues al negárseles el servicio bajo este supuesto, se ven orilladas a buscar abortos clandestinos o continuar con embarazos; en ambos casos arriesgando la salud, la integridad y hasta la vida. No debe pasar desapercibido que un aborto clandestino podría derivar en criminalización y la continuación del embarazo podría implicar un embarazo forzado.

 

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DERECHO A LA SALUD

Es importante resaltar que la protección al derecho a la salud requiere que exista la posibilidad de interrumpir legalmente un embarazo si éste supone un riesgo a la salud de la mujer. Además, de acuerdo con los estándares internacionales, los requisitos de acceso a la causal salud no deben incluir una lista cerrada de afectaciones a la salud física o mental. En cambio, la interpretación de esta causal debe ser acorde con una visión integral de la salud basada en las recomendaciones y sentencias emitidas por los órganos internacionales.

La evaluación del riesgo a la salud que corre una mujer por un embarazo debe considerar criterios científicos, pero también elementos subjetivos que son particulares a cada mujer y para los que sólo ella tendrá una opinión informada. La mujer es la única que puede decidir cuánta afectación o cuánto riesgo de afectación de la salud está dispuesta a asumir y no puede ser obligada a soportar cargas desproporcionadas que no desea.

 

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EMBARAZO INFANTIL

Al respecto, expresamente el Comité de Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas ha establecido en su jurisprudencia el deber para los Estados de velar por que los sistemas de salud atiendan las necesidades de salud reproductiva de las adolescentes, entre ellas el aborto en condiciones de seguridad. También dispone que deba proporcionarse toda la información posible en materia de salud sexual y reproductiva a las adolescentes para que puedan tomar decisiones en un contexto de libertad y responsabilidad.

De manera concreta, el Comité de Derechos del Niño recomendó a México en 2015: Revisar y armonizar el marco legal con miras a la despenalización del aborto y asegurar el acceso en casos de violación, incesto y peligro para la vida y la salud de las niñas, sin autorización por parte de un juez o ministerio público.

De este modo, es indispensable, frente a la recomendación del Comité de los Derechos del Niño, considerar que el Estado de Veracruz tiene que resolver esta problemática en particular.

Se tiene el registro de que entre 2009 y 2013, las Estadísticas Vitales de Natalidad registraron 53 mil 360 nacimientos en los que la madre era menor de 18 años, con un promedio de 10 mil 726 casos por año. Por lo que toca a nacimientos provenientes de mujeres menores de 15 años, en todo el periodo se registraron 11 mil 906 casos; esto es, un promedio anual de 2 mil 219 nacimientos, lo que hace que la maternidad en mujeres menores de 15 años en Veracruz sea 5.3 veces mayor que el promedio nacional.

Tomando en cuenta lo anterior, es importante señalar que la Estrategia Nacional para la Prevención de Embarazo en Adolescentes, elaborada por el Gobierno Federal en 2015, establece que el grupo de edad de 10 a 14 años también reviste especial interés por: a) la magnitud del fenómeno, b) la probabilidad de que la mayoría de la concepción en niñas de 10 a 14 esté vinculada con abuso o violencia sexual, c) que el riesgo de muerte materna es mayor en este grupo debido a los efectos fisiológicos, ya que no han culminado su etapa de mayor crecimiento y desarrollo cognitivo, socio–emocional, físico y psicológico.

 

En este sentido, para identificar el riesgo que un embarazo supone para una mujer, quienes participan en la aplicación de la causal salud deben tener en cuenta: a) cómo afecta a su salud en términos de pérdida de bienestar, pérdida de calidad de vida y años de vida saludable; b) que los riesgos para la salud de las mujeres son complejos e implican diversos factores y dimensiones de la salud; c) que estos riesgos dependen también del momento de la vida por el que cada mujer atraviesa. En los casos en los que existan varias causales aplicables, se debe aplicar aquella cuyos requisitos sean menos gravosos o exijan menos trámites para la mujer.

 

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SITUACIÓN ACTUAL DE LOS DERECHOS REPRODUCTIVOS DE LAS MUJERES EN EL ESTADO DE VERACRUZ DE ACUERDO CON EL INFORME DE LA AGVM POR AGRAVIO COMPARADO

 

Necesidad de establecer el riesgo a la salud de las mujeres como causal para la ILE

El plazo de 90 días como límite para la ILE en casos de violación o de inseminación artificial no consentida establece obstáculos al ejercicio de los derechos humanos de las mujeres

Si bien en el Estado de Veracruz actualmente el Código Penal no establece requisitos como la presentación de la denuncia, ni autorización previa para acceder al servicio médico para la Interrupción Legal del Embarazo, sin embargo persiste el obstáculo normativo de 90 días para acceder a la ILE por violación. Dicha característica normativa establecida en la fracción II del artículo 154 es contraria a lo dispuesto en la Ley General de Víctimas, misma que es de observancia en todo el territorio nacional y sus disposiciones son obligatorias para toda autoridad, federal o local que intervenga en los procedimientos relacionados con las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, el cual en su artículo 29 establece la obligación para toda institución hospitalaria pública de dar atención inmediata de emergencia a las víctimas, sin existir condición alguna para su admisión e independientemente de su capacidad económica o nacionalidad.

Por lo tanto, dicho plazo establece actualmente para las mujeres veracruzanas que se encuentran embarazadas como resultado de una violación sexual una condicionante que limita el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. En este sentido, como se señala en el Informe de la AGVM por Agravio Comparado, el negar el acceso al derecho a la ILE en casos de violación; incluso, en algunos casos, obligar o imponer la continuación de embarazos de esta naturaleza podría llegar a constituir actos de tortura, pena o trato cruel, inhumano o degradante. El Comité contra la Tortura de Naciones Unidas ha referido que esto es así debido a que en los casos de embarazos producto de incestos o violaciones, las mujeres pueden sufrir de estrés postraumático, problemas de ansiedad y depresión.

Es importante que los legisladores consideren que el plazo de los 90 días que está vigente en el Código Penal, promueve la inhibición de la denuncia, que puede ocurrir en un plazo mayor al establecido por motivos personales, sociales e institucionales. Así, mientras más cercano se encuentre el agresor de la víctima, más difícil es superar los miedos a la represalia, el rechazo, la humillación o incluso la culpa que experimentan las mujeres víctimas de este tipo de violencia, aunado a las amenazas y la violencia continua que suele acompañar a estos delitos por parte del agresor para silenciar a la víctima. La consecuencia de eso, es que con frecuencia las mujeres no denuncian estos delitos o al menos tardan mucho tiempo –más de 90 días– para tomar la decisión de solicitar ayuda o denunciar.

De acuerdo con la Comisión Especial para la Atención a Víctimas (CEAV), en México se cometen al menos 600 mil delitos sexuales, 9 de cada 10 víctimas de ellos son mujeres, así mismo señala que la mitad de los delitos sexuales son cometidos en el hogar de la víctima y 60 % de las veces por parte de familiares o personas conocidas, hombres en casi todos los casos. Es importante resaltar que la CEAV reconoce que la mayoría de los niños, niñas y adolescentes no revelan que sufrieron violencia sexual, por miedo, vergüenza, culpa o porque no reconocen su victimización.

 

Establecer el aborto con excluyentes de responsabilidad y no causales de no punibilidad

Es importante señalar que las causales excluyentes de responsabilidad implican que el aborto, en esos casos, no sea considerado delito. En cambio, cuando se denominan como causales de no punibilidad, significa¬ que la conducta es un delito, pero que, en esos casos, no se sanciona.

Sin embargo, como señala el Informe de AGVM por Agravio Comparado, la concepción de no punibilidad implica una criminalización, aun cuando no medie una sanción o una pena después de un proceso penal. En ese sentido, se sugiere que los supuestos previstos en este artículo sean concebidos como excluyentes de responsabilidad, situaciones que imposibilitan el ejercicio de la acción penal, contribuiría a la no criminalización y al reconocimiento genuino de los derechos de las mujeres en materia de la ILE.

 

Despenalización del aborto hasta la décimo segunda semana de gestación

Desde que se despenalizó en 2007 en la capital del país el aborto por voluntad de la mujer hasta la décimo segunda semana de gestación, hasta el 7 de junio de 2017, 389 veracruzanas se han trasladado a la Ciudad de México para interrumpir de manera legal y segura su embarazo, según cifras oficiales de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México.  Esta cifra coloca a Veracruz dentro de los diez primeros estados en los que la demanda de la ILE es alta y plantea una realidad distinta para que el acceso al aborto se vea como un tema de salud pública y no como uno de política criminal.

Por ello, es importante señalar que más allá del número, es necesario considerar que en estos 389 casos las mujeres contaron con el apoyo y los recursos económicos necesarios para hacer el viaje y realizar la intervención en otra ciudad. Sin embargo, no se tiene registro de los casos en los que las mujeres no contaron con este apoyo y se vieron orilladas a recurrir a un aborto en la clandestinidad; tampoco se conocen con exactitud los riesgos que implicaron para las mujeres. Lo anterior supone un motivo por el cual también el aborto es una problemática que tiene que ser vista como un tema de justicia social y de igualdad ante la ley y acceso a la protección más amplia de derechos.

Como señala el Informe de la AGVM por Agravio Comparado, los legisladores deberán considerar la resolución de 2008 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación  (SCJN) respecto a la compatibilidad de la protección a la vida prenatal con la despenalización de aborto en la Ciudad de México, la cual validó la despenalización del aborto al considerarla como una medida idónea para “salvaguardar los derechos de las mujeres, pues la no penalización de la interrupción del embarazo tiene como contraparte la libertad de las mujeres para que decidan respecto de su cuerpo, de su salud física y mental e, incluso, respecto de su vida”.

En este sentido es importante que en la deliberación legislativa se revise el capítulo de aborto en el Código Penal del Estado de Veracruz para no considerar como delito la interrupción voluntaria del embarazo llevada a cabo, cuando menos, durante las primeras 12 semanas de gestación. De esta manera el Estado de Veracruz sería la segunda entidad federativa en contar con una legislación acorde con el artículo primero constitucional en materia de derechos humanos, la jurisprudencia de la SCJN sobre el tema y las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación en contra de la Mujer que en 2012 se hicieran al Estado mexicano: Armonice las leyes federales y estatales relativas al aborto a fin de eliminar los obstáculos que enfrentan las mujeres que deseen interrumpir un embarazo de forma legal y amplíe también el acceso al aborto legal teniendo en cuenta la reforma constitucional en materia de derechos humanos y la recomendación general núm. 24 (1999) del Comité;

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Compromiso del Gobierno del Estado de Veracruz

Bajo estos antecedentes, el 8 de abril de 2016 la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) acordó admitir la solicitud de declaratoria de Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado para Veracruz (AVGM), presentada por Equifonía Colectivo por la Ciudadanía, Autonomía y Libertad de las Mujeres A.C., por la posible existencia de desigualdades producidas por una legislación o política pública que agravia los derechos humanos de las mujeres en el Estado de Veracruz, relacionados con la regulación y el acceso a los servicios de interrupción del embarazo.

La solicitud de AVGM se declaró admisible por los conceptos de agravio comparado relativos a: i) la inadecuada prestación de servicios de salud y aplicación de la NOM-046 (exclusivamente en materia de interrupción del embarazo); y ii) la tipificación del delito de aborto en el Código Penal del Estado de Veracruz.

El 22 de abril de 2016, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres notificó la admisión de la solicitud a Araceli González Saavedra, representante de Equifonía Colectivo por la Ciudadanía, Autonomía y Libertad de las Mujeres A.C., así como al Gobernador del Estado de Veracruz y a las instituciones integrantes del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.

El 23 de noviembre de 2016, la Conavim remitió el informe que elaboró el grupo de trabajo (conformado por instituciones públicas federales y estatales, así como por expertos y académicos) encargado del análisis de la AGVM por Agravio Comparado al Gobierno del Estado de Veracruz.

El 24 de marzo de 2017 el Gobierno de Veracruz aceptó las recomendaciones que se elaboraron en el Informe de Alerta de Violencia de Género para el Estado de Veracruz por Agravio Comparado.

Por lo anteriormente expuesto, las y los suscritos, diputados de la LXVI Legislatura del Estado de Veracruz, sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente:

 

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PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 149, 150 y 154  DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

ÚNICO.- Se reforman los artículos 149, 150 y 154 todos del Código Penal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para quedar como sigue:

Artículo 149.- Aborto es la interrupción del embarazo después de la décima segunda semana de gestación.

Para los efectos de este Código, el embarazo es la parte del proceso de la reproducción humana que comienza con la implantación del embrión en el endometrio.

Artículo 150.- A quien cometa el delito de aborto con consentimiento de la mujer embarazada o consienta que otra persona la auxilie o la haga abortar, se le aplicarán en libertad medidas específicas e integrales con respeto a sus derechos humanos conforme a lo dispuesto en la fracción XIV del Artículo 19 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz, en un plazo no mayor a dos años.

Artículo 154.- Se consideran como excluyentes de responsabilidad penal en el delito de aborto cuando:

  1. Sea causado por sea causado por una conducta culposa de la mujer embarazada;
  2. El embarazo sea resultado de una violación o de una inseminación artificial no consentida;

III. De no provocarse, la mujer embarazada quede en peligro de muerte o en riesgo su salud a juicio del médico que la asista, oyendo éste la opinión de otro facultativo, siempre que ello fuere posible y la demora no aumente el riesgo; o

  1. A juicio de dos médicos, exista razón suficiente de que el producto padece una alteración que dé por resultado el nacimiento de un ser con trastornos físicos o mentales graves y se practique con el consentimiento de la mujer embarazada.

 

TRANSITORIOS

PRIMERO.  El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

SEGUNDO. Se deroga todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

 

Atentamente:

Dip. Tanya Carola Viveros Cházaro

Dip. Daniela Guadalupe Griego Ceballos

Dip. Patricia Rodríguez Cueto

Dip. Miriam Judith González Sheridan

Dip. Águeda Salgado Castro

Dip. Cinthya Amaranta Lobato Calderón

Dip. María Josefina Gamboa Torales

Dip. Yazmín de los Àngeles Copete Zapot

Dip. Dulce María García López

Dip. Regina Vázquez Saút

Dip. Amado Cruz Malpica

Dip. Zenyazen Roberto Escobar García

Dip. Rogelio Arturo Rodríguez García

Dip. Sergio Rodríguez Cortés

Prosigue el desmantelamiento de Pemex

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Quiere licitar su infraestructura de telecomunicaciones

Hace 10 años, poseía la segunda red de telecomunicaciones más grande de México. Hoy analiza licitarla

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Redacción / Agencias

Petróleos Mexicanos (Pemex) no sólo se desmembra al hacer alianzas para dejar que privados se apoderen del negocio de los hidrocarburos, sino que ahora analiza licitar parte de su infraestructura en telecomunicaciones.

“Lo estamos analizando. Estamos en eso”, reveló en entrevista el director general de Pemex, José Antonio González Anaya.

La empresa productiva del Estado tuvo hasta hace 10 años la segunda red de telecomunicaciones más grande del país, recordó el funcionario.

La infraestructura en telecomunicaciones de Pemex incluye más de 400 estaciones de microondas, 20 mil radios, 11 puntos de acceso a internet, 825 puntos de teleconferencia y 70 mil servicios de telefonía, de acuerdo con información de la compañía hasta octubre de 2016.

La radiocomunicación por microondas que usa la compañía petrolera se basa en la transmisión de voz o datos mediante radiofrecuencias desde 300 MegaHertz (MHz) a 300 GigaHertz (GHz) o más. Por sus elevadas frecuencias, sus longitudes de onda son diminutas, por lo que necesita antenas repetidoras a lo largo del camino entre un sistema y otro. Además de las telecomunicaciones, esta infraestructura tiene aplicaciones en la industria de la aviación y tráfico aéreo, navegación marítima y hasta control de misiles.

El valor de una estación de microondas como la de Ciudad del Carmen en Campeche es de 26.3 millones de pesos (mdp). La estación de Reynosa registra un valor en libros de 24.8 millones, según la cuenta pública de Pemex corporativo 2015.

La razón detrás de este desarrollo fue que Teléfonos de México (Telmex) no pudo poner la red que Pemex quería para su infraestructura durante la década de los 80, explica Ramsés Pech, analista del sector energético para la firma Caravaia y Asociados.

González Anaya también mencionó que ve posibles oportunidades en generación de electricidad, plantas de tratamiento de agua, divisiones que aún atiende la empresa.

 

Crean Consejo para la Conservación del Medio

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Un órgano ciudadano cuya función será la consulta, asesoría, promoción y propuesta de acciones a la Secretaría del Medio Ambiente

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Redacción

Revista Raíces

Con la finalidad de que Veracruz cuente con un órgano que sirva de apoyo a la Secretaría del Medio Ambiente, el pleno de la LXIV Legislatura de Veracruz aprobó el Dictamen de reforma a los artículos 184 y 185 de la Ley Estatal de Protección Ambiental para instaurar el Consejo Ciudadano para la Conservación del Medio Ambiente y el Desarrollo Sustentable que será el órgano de de consulta, asesoría, promoción y proposición de acciones de la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema).

Los acuerdos de este órgano estarán dirigidos al cuidado y protección del medio ambiente, así como a la procuración del desarrollo sustentable, en término de esta ley y demás disposiciones aplicables.

Este Dictamen fue aprobado con 47 votos a favor de diputados del PAN, MORENA, PRI, PRD, Juntos por Veracruz, Nueva Alianza y PVEM. No hubo votos en contra o abstenciones.

El Consejo Ciudadano para la Conservación del Medio Ambiente y el Desarrollo Sustentable se integrará por: el titular de la Secretaría, quien lo presidirá; el subsecretario de Fomento y Gestión Ambiental, quien fungirá como Secretario Técnico; dos representantes del sector académico, con especialización y amplio conocimiento en la materia y tres representantes de la sociedad civil, provenientes de organizaciones o colectivos ciudadanos con probada experiencia y trayectoria en la materia.

Este Consejo tendrá las siguientes atribuciones: analizar y evaluar el Programa de Ordenamiento Ecológico Estatal; coadyuvar en la elaboración de estrategias, políticas públicas o acciones dirigidas al cuidado y protección del medio ambiente y a la procuración del desarrollo sustentable en el estado y opinar sobre las autorizaciones en materia de impacto ambiental que emita la Secretaría.

También podrá determinar que la Secretaría promueva, ante las autoridades federales, estatales o municipales competentes, con base en los estudios que hagan para ese efecto, la limitación o suspensión de la instalación o funcionamiento de industrias, comercios, servicios, desarrollos urbanos, turísticos, de transporte o cualquier actividad que afecte o pueda afectar el ambiente, los recursos naturales o causar desequilibrio ecológico o pérdida de la biodiversidad.

Incluye impulsar y organizar foros de consulta ciudadana para el análisis de la problemática ambiental del estado y fomentar la cultura de la protección al ambiente y programas de educación ambiental en el estado.

 

Es incongruente el sindicalismo del apartado B

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Urge reformar la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado: Rocío Nahle

Restringe la libertad de asociación

Sólo permite un monopolio sindicalista y niega alternativas

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Redacción

Revista Raíces

Actualmente la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado presenta varias inconsistencias que han sido dirimidas en diversas ocasiones por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Una de ellas, es el régimen laboral que rige las relaciones entre el gobierno y los trabajadores de los organismos descentralizados, que ha sido materia de enorme confusión y desacuerdo entre jueces, autoridades laborales, sindicatos y hasta legisladores, y que ha generado serias contradicciones conceptuales e interminables diferendos judiciales para determinar si el régimen aplicable para dichas laborales es en el contenido del apartado “A” o “B” del artículo 123 Constitucional.

En la jurisprudencia PJ98/204, el pleno de la Suprema Corte señala que conforme a la fracción 31, inciso B del apartado “A” del artículo 123 Constitucional, las relaciones laborales de los miembros de los organismos públicos descentralizados deben regirse por el apartado “A”, independientemente de que tales organismos cuenten con o no con atribuciones para emitir auténticos actos de autoridad que pueden afectar la esfera jurídica de los gobernados.

Asimismo nuestra Constitución garantiza el derecho social de libertad sindical como un derecho inalienable de los trabajadores y al mismo tiempo obliga al Estado a abstenerse de coartar este derecho, condicionarlo o imponerle limitaciones que impidan su libre ejercicio. Este derecho de asociación comprende todos los grados de la organización sindical, desde la libertad de asociación de los trabajadores y empleadores para conformar un sindicato hasta la libertad de asociación de sindicatos para formar las federaciones y confederaciones que decidan.

Actualmente nuestra ley restringe injustificadamente la libertad fundamental de sindicación al permitir solamente un sindicato por dependencia, impidiendo así la existencia de sindicatos minoritarios y coartando el derecho de los trabajadores a pertenecer o renunciar a un sindicato. Asimismo limita el derecho de pluralidad sindical, al permitir la existencia de una sola central de trabajadores al servicio de estado: la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, un control y un monopolio.

La tesis 52/5 de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad de los artículos 78 y 84 de la Ley, por establecer que la Federación de Sindicatos al Servicio del Estado, sea la única central reconocida por el Estado y establece que se debe de respetar el derecho de libertad sindical en los términos consagrados por la propia Constitución.

El argumento de inconstitucionalidad se complementa con una jurisprudencia PJ43/99 en la que el pleno de la secretaría de la Suprema Corte declaró la inconstitucionalidad del artículo 68. Esta iniciativa que proponemos tiene tres objetivos fundamentales. Primero, armonizar nuestra legislación a la jurisprudencia que al respecto ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Dos, reducir sensiblemente la carga de trabajo, los tiempos procesales y los altos costos materiales que representan los numerosos juicios de amparo que se suscitan en torno a la situación laboral de los trabajadores de organismos descentralizados, pues estos juicios acaban siendo resueltos por la Suprema Corte de Justicia siempre a favor de los trabajadores en virtud de las múltiples jurisprudencias que la propia Suprema Corte ha emitido sobre el tema. Se pierde tiempo y mucho dinero.

Nuevas agrupaciones

Y por último, garantizar la trasparencia y legalidad en la conformación de sindicatos y nuevas federaciones y confederaciones.

En Morena, queremos que los trabajadores ejerzan plenamente sus derechos laborales y sindicales fundamentalmente con absoluta libertad. Esperamos que el Congreso legisle pronto sobre esa materia en beneficio de los trabajadores. Por ello les pido de manera más atenta que tengamos a bien aprobar esta iniciativa.

Crean el Consejo Ciudadano para la Conservación del Medio Ambiente

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Analizará y evaluará el Programa de Reordenamiento Ecológico Estatal

 

El Pleno de la LXIV Legislatura de Veracruz aprobó el Dictamen de reforma a los artículos 184 y 185 de la Ley Estatal de Protección Ambiental para instaurar el Consejo Ciudadano para la Conservación del Medio Ambiente y el Desarrollo Sustentable que será el órgano de de consulta, asesoría, promoción y proposición de acciones de la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema).

Los acuerdos de este órgano estarán dirigidos al cuidado y protección del medio ambiente, así como a la procuración del desarrollo sustentable, en término de esta ley y demás disposiciones aplicables.

Este Dictamen fue aprobado con 47 votos a favor de diputados del PAN, MORENA, PRI, PRD, Juntos por Veracruz, Nueva Alianza y PVEM. No hubo votos en contra o abstenciones.

El Consejo Ciudadano para la Conservación del Medio Ambiente y el Desarrollo Sustentable se integrará por: el titular de la Secretaría, quien lo presidirá; el subsecretario de Fomento y Gestión Ambiental, quien fungirá como Secretario Técnico; dos representantes del sector académico, con especialización y amplio conocimiento en la materia y tres representantes de la sociedad civil, provenientes de organizaciones o colectivos ciudadanos con probada experiencia y trayectoria en la materia.

Este Consejo tendrá las siguientes atribuciones: analizar y evaluar el Programa de Ordenamiento Ecológico Estatal; coadyuvar en la elaboración de estrategias, políticas públicas o acciones dirigidas al cuidado y protección del medio ambiente y a la procuración del desarrollo sustentable en el estado y opinar sobre las autorizaciones en materia de impacto ambiental que emita la Secretaría.

También podrá determinar que la Secretaría promueva, ante las autoridades federales, estatales o municipales competentes, con base en los estudios que hagan para ese efecto, la limitación o suspensión de la instalación o funcionamiento de industrias, comercios, servicios, desarrollos urbanos, turísticos, de transporte o cualquier actividad que afecte o pueda afectar el ambiente, los recursos naturales o causar desequilibrio ecológico o pérdida de la biodiversidad.

Incluye impulsar y organizar foros de consulta ciudadana para el análisis de la problemática ambiental del estado y fomentar la cultura de la protección al ambiente y programas de educación ambiental en el estado.

 

 

Ayuntamientos deben dar tratamiento a aguas residuales

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Presenta el diputado del PAN Hugo González Saavedra un anteproyecto para exhortar a los municipios a asignar recursos a fin que se habiliten las plantas de tratamiento

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El diputado Hugo González Saavedra, del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) presentó un anteproyecto con punto de acuerdo para exhortar a los ayuntamientos del Estado a fin que destinen los recursos necesarios para habilitar las plantas de tratamiento de aguas residuales que se encuentren sin operar.

El legislador destacó la importancia de contar con plantas residuales en los municipios del Estado, ya que el tratamiento retira los contaminantes y genera agua sin riesgos de salud y no daña al medio ambiente. Además de ser un derecho como lo marca el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos, la Ley General del Equilibrio y Protección al Ambiente, añadió.

Refirió que en Veracruz varios municipios cuentan con plantas de tratamiento de aguas residuales que están sin operar por la falta de recursos y la nula atención por parte de las autoridades. Lo que calificó como alarmante ya que las aguas al no ser tratadas generan riesgos biológicos graves en las zonas habitadas.

El también secretario de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático sostuvo que este problema genera plagas como moscas domésticas y cucarachas, entre otras, que llevan agentes patógenos transmitidos a través del agua potable o la ingesta de alimentos.

Por ello el diputado exhortó a los 212 municipios del Estado de Veracruz para asignar una partida presupuestal a fin de reactivar las plantas de tratamiento de aguas residuales.

También pidió que se implemente una campaña de información ciudadana respecto a los riesgos biológicos que provocan las aguas negras. El anteproyecto fue turnado a la Junta de Coordinación Política para su desahogo.