Morena pide cancelar contratos a Odebrecht

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Siguiendo la tónica marcada por el Departamento de Justicia de los EU, los gobiernos de Panamá, Colombia y Dominicana, que expulsan de sus países a Odebrecht y sus filiales, Braskem entre ellas

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Dos delincuentes se exhiben. Uno ya purga condena, el otro es protegido por su sucesor en el gobierno de Veracruz. Dos países distintos: Brasil y México

Javier Pulido Biosca

Revista Raíces

Han iniciado las gestiones legislativas para que, a nivel nacional, sean cancelados todos los contratos con la constructora brasileña Odebrecht debido a la nota del Tribunal de Nueva York que consigna los sobornos de la constructora en diversos países de Latinoamérica. La diputada federal Rocío Nahle García interpuso ya un acuerdo para que le sean suspendidos todos los contratos que tiene la constructora brasileña en el país mexicano.

Con esta intervención se sentarían las bases para que las empresas en México actúen en base a un estado de derecho y dejen de hacerlo a partir de sobornos.

El documento de la Corte del estado de Nueva York explica algunos puntos para considerar en México:

“Odebrecht, junto con sus co-conspiradores, pagó aproximadamente $ 788 millones de dólares en sobornos sobre más de 100 proyectos en doce países, entre ellos Angola, Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú y Venezuela”, dice el numeral 21 de la demanda de los Estados Unidos en contra de la constructora brasileña Odebrecht.

“Entre el 2001 y el 2016, ODEBRECHT realizó y causó que se realizaran pagos corruptos por aproximadamente 439 millones de dólares a partidos políticos extranjeros, funcionarios extranjeros, y sus representantes, de países fuera de Brasil, incluyendo Angola, Argentina, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú y Venezuela, con el fin de asegurar una ventaja indebida para obtener y retener negocios para ODEBRECHT en esos países. ODEBRECHT recibió más de 1.4 mil millones de dólares en beneficios como resultado de estos pagos corruptos”, según el numeral 49

El documento es signado por Robert l. Capers, Procurador de los Estados Unidos Distrito Este de Nueva York y Andrew Weissmann Jefe, de Sección de Fraude, División de lo Penal, Departamento de Justicia de los Estados Unidos

 

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La vigilancia constante de la comunidad afectada es la que consigue resultados. Caso del Río La Antigua

Otros antecedentes

Ya desde 2015, como una de las acciones para establecer equidad y justicia respecto de los bienes naturales, como lo es el agua, el Grupo Parlamentario de Morena, bajo la responsabilidad de los diputados Rocío Nahle García, Jesús Serrano Lora y Mario Ariel Juárez Rodríguez, interpuso un punto de acuerdo por el que se exhorta al Congreso de Veracruz a revocar la concesión otorgada para el servicio de agua y saneamiento de los municipios de Veracruz y Medellín de Bravo; y al gobierno y a los presidentes municipales del estado, a garantizar la fuente de trabajo, el respeto de los derechos laborales adquiridos y el reconocimiento del sindicato representante de los trabajadores del Sistema de Agua y Saneamiento

Estos diputados se fundamentaron en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I; 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

A partir de la reforma anunciada sobre la Ley General de Aguas en junio de 2014, se celebraron varios foros conjuntos de organizaciones civiles, la academia, especialistas en la materia y el Congreso. La conclusión, traducida en una propuesta ciudadana de Ley de Aguas (Propuesta Ciudadana Ley General de Aguas 22 junio 2015).

Además, la Comisión Nacional del Agua, autoridad única sin contrapesos, responsable por el manejo sustentable de las aguas nacionales desde 1989, ha sido extremadamente vulnerable a presiones por parte de intereses: agro exportadores, empresas mineras, inmobiliarias, embotelladoras, industrias contaminantes, empresas mineras e inversionistas en mega obras hidráulicas.

A nivel estatal y municipal se promueve la urbanización de zonas de recarga y planicies de inundación y se construyen plantas de tratamiento inoperables; se distribuye agua según criterios políticos o económicos, sin eficacia ni transparencia en el uso de recursos públicos, y se concesionan los sistemas a empresas extranjeras que han sido descalificadas en sus propios países, como lo son las que intervienen en Veracruz–Medellín.

En el caso de Odebrecht, las acusaciones internacionales abundan y serán tratadas en un próximo espacio.

Por su parte, la española Aguas de Barcelona Interagbar de México, S.A. de CV., que opera actualmente en la ciudad de Saltillo, ha sido acusada por organizaciones sociales de alzas ilegales en sus tarifas por al menos siete veces, por encima del precio del consumidor, así como cobros ilegales de reconexión y violaciones a leyes ambientales por sobreexplotación de mantos acuíferos.

La empresa brasileña ha gozado de un extraño favoritismo del gobierno de Veracruz para quedarse con importantes obras en el nuevo Sistema de Agua y Saneamiento Metropolitano (SAS), organismo que brinda agua a más de 700 mil habitantes de la zona conurbada de Veracruz-Boca del Río-Medellín.

No sólo eso, Odebrecht también recibió importantes contratos para desarrollar un proyecto productor de polietileno en el sur de Veracruz, e inversiones en el proyecto terciario del Golfo de México en Chicontepec al norte de la entidad, además de esperar la reactivación del proyecto de construcción de una hidroeléctrica en la zona eco turística de Jalcomulco, pese a la oposición de los comuneros.

 

 

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