Ley de biodiversidad debe respetar el saber tradicional

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Debe servir para garantizar a los grupos originarios el beneficio de sus saberes

Comunicado

Organismos ambientales

Las organizaciones de la sociedad civil, académicos y personas abajo firmantes expresamos nuestra posición frente al proceso legislativo que la Cámara de Senadores ha emprendido sobre un tema que constituye uno de los grandes retos de la humanidad en el siglo XXI: la conservación, aprovechamiento sustentable, recuperación y restauración de la biodiversidad, ante los acelerados procesos de su pérdida que, desde la segunda mitad del siglo pasado, siguen ocurriendo tanto en México como en el resto del mundo.

Como biodiversidad se entienden todas las expresiones de vida que la evolución ha gestado en el devenir del desarrollo geológico del planeta. México es especialmente rico en biodiversidad por su ubicación y orografía y sus condiciones geográficas, climáticas, edáficas y geológicas. Es nuestra responsabilidad como mexicanos y como Nación garantizar que los procesos evolutivos no se vean interrumpidos en nuestro territorio por una mala relación de la sociedad mexicana con su naturaleza. La biodiversidad constituye la base natural del desarrollo nacional y es indispensable para el bienestar social; simplemente, sin la biodiversidad y sus servicios ambientales, no son posibles la superación de la pobreza, la producción sustentable de alimentos, las condiciones adecuadas de salud, una atmósfera aceptable, y en consecuencia, no podemos aspirar a una vida sana y al bienestar de toda la sociedad.

Nuestro país reaccionó a tiempo ante este problema modernizando su marco jurídico, gestando instituciones sólidas y desarrollando políticas adecuadas desde la década de los años noventa. A pesar de los avances, los esfuerzos no han sido suficientes y los procesos de deterioro no disminuyen de manera importante, en tiempo y espacio, para revertir las tendencias registradas. Este problema de carácter global, que se presenta en la gran mayoría de las naciones, ha sido analizado en muy diversas ocasiones en el seno de la Organización de las Naciones Unidas y se han desprendido del proceso de análisis desarrollado en los órganos de decisión de tratados internacionales, múltiples recomendaciones y compromisos que sirven para orientar la política nacional y construir una agenda propia. Uno de los temas pendientes, es la actualización del marco jurídico, el cual ha venido en los últimos tiempos modificándose sin una visión integral resultando en un marco poco armonioso.

Es por esta razón que celebramos la iniciativa del Senado de la República para iniciar un proceso de análisis, consulta y discusión amplia y democrática para la reforma del marco jurídico sobre la biodiversidad mexicana. Esto es, toda reforma a nuestro marco jurídico ambiental debe ser precedida por una discusión nacional que involucre a todos los sectores de la población, particularmente a las comunidades rurales y especialmente a las indígenas, en todo el territorio nacional.

A continuación expresamos las siguientes consideraciones que, a nuestro juicio, deben guiar dicho proceso:

1.- La biodiversidad es un asunto de interés público.

2.- La conservación y el uso sustentable de la biodiversidad corresponden e interesan transversalmente a la totalidad de los sectores que inciden en el desarrollo nacional que debe ser, por mandato de la Constitución Federal, integral y sustentable.

3.- Los conceptos, principios y criterios sobre la biodiversidad, su conservación, manejo, aprovechamiento, recuperación y restauración, deben quedar claramente establecidos y fortalecidos en la ley marco ambiental nacional, a saber: la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA).

4.- El desarrollo legislativo de dichas disposiciones generales deben pasar a formar parte de la nueva Ley General de Biodiversidad (LGB), que, como ha sido propuesta en la iniciativa de la Senadora Ninfa Salinas, incluye los temas hoy regulados por la Ley General de Vida Silvestre vigente, la cual se abroga, y debería fortalecer el marco jurídico aplicable a las áreas naturales protegidas, así como de las zonas de restauración y las previsiones que regulen el uso y acceso de recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que deriven de su utilización.

5.- La LGB debería además contemplar un apartado sobre la biodiversidad urbana y la agrobiodiversidad.

6.- Las reformas pertinentes a la LGEEPA para fortalecer el Título sobre biodiversidad y la nueva LGB deben contemplar y desarrollar un enfoque de derechos humanos en correspondencia con las reformas constitucionales del 10 de junio del 2011 y del 8 de febrero de 2012, en materia de medio ambiente y agua. Asimismo, deben considerar el conocimiento tradicional, uso y disfrute de la riqueza biológica de las comunidades rurales e indígenas del territorio nacional.

  1. En correspondencia con el párrafo tercero del artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deberán respetarse los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad al momento de proponer y articular un texto jurídico que tutela la biodiversidad como derecho de todas las personas que viven y desarrollan actividades dentro del territorio nacional y las aguas de jurisdicción nacional.

8.- El proceso para reformar la LGEEPA para su fortalecimiento y para elaborar y expedir la nueva LGB, debe ser transparente e incluyente de todos los sectores interesados, tal y como ha sido la característica histórica en la construcción del marco jurídico ambiental. No se debe perder de vista que “el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados” como lo reconoce el principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Particularmente, para el caso de las comunidades indígenas y las comunidades equiparables, la consulta deberá respetar los derechos establecidos en el artículo 2º de la Constitución y los estándares internacionales generalmente aceptados.

Un proceso de consulta amplia, que aspira a construir consensos, va a requerir de varios meses. Por ello, la iniciativa no debería ser presentada para su aprobación en el primer periodo de Sesiones del Congreso. Es necesario promover un debate profundo y serio. El año

2017, año en el que se celebra el centenario de nuestra Carta Magna, puede ser un buen escenario y horizonte para llevar a cabo este propósito a buen fin.

FIRMAS

Antonio Azuela de la Cueva

Julia Carabias Lillo

Gonzalo Chapela

Antonio Díaz de León

Roberto de la Maza Hernández

Luis Fueyo Mac Donald

Sergio Madrid

Alejandra Rabasa

Anaid Velasco

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