Violencia un tema estructural

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Desde la cúpula gubernamental hasta las más sencillas actividades están permeadas de ilícitos

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En Veracruz son cientos de desaparecidos por el gobierno y los grupos policiales

Javier Pulido Biosca

Revista Raíces

Es un engaño lo que ofrecen los candidatos respecto de la seguridad. Y es que esta problemática es algo más serio que una mera decisión de algún gobernante o de algún legislador. En otras palabras, no es un problema de leyes y de corporaciones policíacas, sino de la estructura económica del país y de la entidad veracruzana. Es un problema estructural.

¿Y qué es lo que constituye la estructura? Es sencillo: se llama estructura al conjunto de las relaciones económicas, a las que se aúna la fuerza de trabajo y las relaciones de trabajo. Comprende las formas de propiedad (ya sean pública, privada o comunal), el capital, las formas de contratación laboral y las garantías para el trabajo, así como la manera en que se reparte la ganancia en una sociedad dada.

Una estructura, para preservarse, produce la llamada superestructura, a donde se ubican las leyes que rigen en la estructura, la cultura presente en una estructura económica y que le sirve para legitimarse mediante la educación, ya sea formal o informal.

Cuando decimos que México vive en una violencia estructural estamos afirmando que su economía es violenta.

Definimos como violencia a todo lo que impide a las personas alcanzar lo que requieren para vivir bien. La ausencia de garantías de una educación gratuita, la falta de servicios médicos para toda la población, sin distingo de empleos; la falta de garantías para el derecho a la vivienda, la carencia de seguros para el desempleo, la mala remuneración de los empleos, la dificultad para el acceso a los servicios culturales, la falta de respeto a las culturas regionales, etc., son muestra de la violencia en que vive México.

Hay que indicar que esta violencia no es porque haya unos buenos y otros malos, sino porque la estructura económica está hecha para que se beneficien cada vez más quienes tienen el capital y aporten cada vez menos garantías a la educación gratuita, los servicios médicos, la vivienda, el empleo bien remunerado, los seguros al desempleo, el acceso a los servicios culturales, el respeto a la diversidad cultural, etc.

“El capital es lo único valioso”, es la frase que repiten en todas sus variantes tanto los beneficiados por la estructura económica de México como las instituciones públicas. Y para acceder a ese capital de manera abundante no importa el modo o la legitimidad con que se acceda. De aquí que sea permitido, en la práctica, hacer cualquier cosa con tal de allegarse ese capital.

Y las acciones delictivas –o ilícitas– se presentan como parte de las necesidades de esa estructura a la que sirven del mismo modo que las lícitas.

Por esta razón es que los políticos están imposibilitados para resolver los problemas derivados de las acciones ilícitas, a menos de que estén dispuestos a exigir al capital y a las mismas instituciones para que cumplan con las leyes.

Que están dispuestos a que los ayuntamientos hagan tratamiento de las aguas residuales para que las devuelvan al medio en tan buenas condiciones como recibieron el agua; que estén dispuestos a sancionar la existencia de basureros municipales a cielo abierto; que sancionen a las empresas que deterioren el medio ambiente.

También que sancionen a las empresas que omitan cumplir con las obligaciones de seguridad social para sus trabajadores, que los mismos ayuntamientos reduzcan a cero la informalidad laboral en sus nóminas.

A menos de que están dispuestos a gravar con tasas impositivas adecuadas a las ganancias desmedidas de los bancos, y de las empresas de todo tipo. A combatir firmemente los monopolios, o cuasi monopolios, como los del transporte de pasajeros o los de venta de cervezas, incluso gravar a las tiendas de autoservicio que expenden productos que vulneran la salud, como alimentos chatarra de todo tipo.

Todo esto nivelaría el hecho de que un pequeño grupo se enriquece de manera irracional mientras que más del 58% de la población padece hambre, tema de gran violencia social.

También se requiere que los que gobiernan y quienes aprueban las leyes frenen la manera en que las empresas mexicanas, como Pemex y CFE están siendo puestas en manos de una iniciativa privada voraz, irresponsable y en ocasiones delictiva.

 

 

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