Ley sin respeto a los DH

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La Ley Reglamentaria del Artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprobada sin discusión por PAN, PRI y PRD, viola los instrumentos internacionales de los que México es parte

La ley restringe o suspende derechos y las garantías para su ejercicio, con la finalidad de evitar la protesta social y restringir o suspender el ejercicio de derechos como el de asociación reunión, libertad de prensa, derecho de petición, acceso a la información, libertad sindical, derecho a la verdad, entre otras

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Norma Rocío Nahle García, coordinadora del grupo parlamentario de MORENA durante la sesión ordinaria en la Cámara de Diputados.

Javier Pulido Biosca

Revista Raíces

La presentación para su dictamen de la Ley Reglamentaria del Artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no es armónica con los instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano es parte, como la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y que los hace vinculantes con las legislación interna, afirma un documento signado por las diputadas Rocío Nahle García y Sandra Luz Falcón Venegas, ambas del grupo parlamentario de Morena.

Y los detalles: La definición que propone la minuta respecto de las conductas por las que se podrían, hipotéticamente, restringir o suspender los derechos y garantías contenidos en la Constitución, es vaga y ambigua, e incluso contraviene el espíritu de la reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos de junio de 2011, misma que da origen a la Ley Reglamentaria que aquí se discute

Lejos de que se formulara una ley reglamentaria que, preservara y protegiera los derechos fundamentales aún en caso de invasión, conflagración armada o emergencias que pusieran en riesgo la existencia e independencia misma del Estado nacional, las definiciones ambiguas; el procedimiento poco claro y limitado la aprobación del Congreso del decreto de restricción o suspensión de garantías; la falta de precisión para que resuelva la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la constitucionalidad del decreto de restricción o suspensión de derechos y garantías mismo, así como la ausencia de plazos en los que deberá de pronunciarse sobre los decretos que expida el Ejecutivo Federal durante esta restricción o suspensión solo facilitan la concentración del poder en una sola persona e institución, en este caso, el presidente de la república.

No está orientada a la protección de los derechos humanos de los ciudadanos en aquellos casos de que sea necesario declarar un estado de excepción, donde tengan que restringirse los derechos fundamentales para preservar la existencia e independencia del Estado.

Sino que es una ley que claramente restringe o suspende derechos y las garantías para su ejercicio, con la finalidad de evitar la protesta social y restringir o suspender el ejercicio de derechos como el de asociación reunión, libertad de prensa, derecho de petición, acceso a la información, libertad sindical, derecho a la verdad, entre otras, es decir el conjunto de libertades civiles que puedan cuestionar el ejercicio del poder, y que cobijada en argumentos ambiguos como el de peligro grave o perturbación grave al orden público se impida la crítica al ejercicio del poder público.

 

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