Ley sin respeto a los DH

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La Ley Reglamentaria del Artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprobada sin discusión por PAN, PRI y PRD, viola los instrumentos internacionales de los que México es parte

La ley restringe o suspende derechos y las garantías para su ejercicio, con la finalidad de evitar la protesta social y restringir o suspender el ejercicio de derechos como el de asociación reunión, libertad de prensa, derecho de petición, acceso a la información, libertad sindical, derecho a la verdad, entre otras

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Norma Rocío Nahle García, coordinadora del grupo parlamentario de MORENA durante la sesión ordinaria en la Cámara de Diputados.

Javier Pulido Biosca

Revista Raíces

La presentación para su dictamen de la Ley Reglamentaria del Artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no es armónica con los instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano es parte, como la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y que los hace vinculantes con las legislación interna, afirma un documento signado por las diputadas Rocío Nahle García y Sandra Luz Falcón Venegas, ambas del grupo parlamentario de Morena.

Y los detalles: La definición que propone la minuta respecto de las conductas por las que se podrían, hipotéticamente, restringir o suspender los derechos y garantías contenidos en la Constitución, es vaga y ambigua, e incluso contraviene el espíritu de la reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos de junio de 2011, misma que da origen a la Ley Reglamentaria que aquí se discute

Lejos de que se formulara una ley reglamentaria que, preservara y protegiera los derechos fundamentales aún en caso de invasión, conflagración armada o emergencias que pusieran en riesgo la existencia e independencia misma del Estado nacional, las definiciones ambiguas; el procedimiento poco claro y limitado la aprobación del Congreso del decreto de restricción o suspensión de garantías; la falta de precisión para que resuelva la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la constitucionalidad del decreto de restricción o suspensión de derechos y garantías mismo, así como la ausencia de plazos en los que deberá de pronunciarse sobre los decretos que expida el Ejecutivo Federal durante esta restricción o suspensión solo facilitan la concentración del poder en una sola persona e institución, en este caso, el presidente de la república.

No está orientada a la protección de los derechos humanos de los ciudadanos en aquellos casos de que sea necesario declarar un estado de excepción, donde tengan que restringirse los derechos fundamentales para preservar la existencia e independencia del Estado.

Sino que es una ley que claramente restringe o suspende derechos y las garantías para su ejercicio, con la finalidad de evitar la protesta social y restringir o suspender el ejercicio de derechos como el de asociación reunión, libertad de prensa, derecho de petición, acceso a la información, libertad sindical, derecho a la verdad, entre otras, es decir el conjunto de libertades civiles que puedan cuestionar el ejercicio del poder, y que cobijada en argumentos ambiguos como el de peligro grave o perturbación grave al orden público se impida la crítica al ejercicio del poder público.

 

México casi en estado de sitio

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Fuerte violencia estructural

Creciente incomodidad social efecto de las reformas; las grandes capas de la población quedan desprotegidas

El gobierno federal prevé que haya necesidad de suspender los derechos humanos

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Cada vez más, el Estado fallido de México se convierte en un estado de sitio

Javier Pulido Biosca

Revista Raíces

Debido a la impunidad y discrecionalidad con que se aplica la ley, México se ha convertido cada vez más en un Estado fallido, definido por la incapacidad del gobierno para aplicar las leyes que definen al Estado.

Esto ha derivado en un gradual control por parte de los poderes fácticos de todo tipo y la desaparición de facto del Estado como tal. Previendo que esto puede llevar a levantamientos sociales de todo tipo, el gobierno federal ha dispuesto que sea aprobada una ley que le permita derogar los derechos humanos garantizados por la Constitución en los casos que el poder Ejecutivo así lo determine.

La disolución completa de la fortaleza del Estado para controlar y garantizar el derecho al trabajo, así como la pérdida del control sobre la minería y la producción de energéticos, se suman a la cuasi desaparición del derecho a la salud y del derecho a la educación, pues han sido los cambios estructurales que disuelven la tutela del Estado y lo nulifican ante los vaivenes del mercado.

Lo anterior, ante la ausencia de estímulos a la micro, pequeña y mediana empresa, ha dejado en la indefensión tanto a las diversas capas de trabajadores como a la casi totalidad de las clases medias, lo que he derivado en una creciente inconformidad social ya difícil de contener ante la incapacidad del Estado para aplicar las leyes que sancionan las violaciones a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

Todo esto da por resultado una violencia social que el gobierno mexicano desea apagar de la peor manera: suspendiendo los derechos humanos garantizados en la Constitución y permitiendo que el poder Ejecutivo decida cuándo y dónde se suspenden estos derechos elementales.

Esto se entiende desde la reciente propuesta de ley que permite cambios al Artículo 29 Constitucional, con el argumento de que la suspensión ‘‘puede ser una forma de tutela a los derechos humanos’’.

La propuesta del Ejecutivo, turnada al Senado y a la Cámara de Diputados, pretende ser reguladora del Artículo 29 Constitucional, pero el descuido para proteger los derechos humanos puede acotar la libertad de expresión, la de tránsito e, incluso, el derecho a la vida.

Todo lo anterior permite vislumbrar que el gobierno de México prevé una inestabilidad social mayor a la que pretende contener con el uso de la fuerza bruta, lo que desencadena un estado de sitio que pone en riesgo los derechos humanos en general y transgrede los acuerdos signados por México ante diversos organismos internacionales.

Distancia entre autoridades y desposeídos

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Dimensiones estéticas de la teoría y crítica política en el siglo XXI

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Revista Raíces

La Universidad Nacional de Australia organiza, para los días del 201 al 22 de julio un simposio sobre este tema.

Ciertas formas de autoridad que residen en los eventos y las prácticas estéticas y de igual manera permean el discurso político y social. La intersección de estas modalidades está llamando la atención de manera sin precedentes entre los teóricos y críticos políticos contemporáneos.

Las formas estéticas en las que la autoridad está inmersa (por ejemplo por la vía del realismo, el melodrama, el reportaje, la abstracción y la tradición) y animan a la economía política y a la teología. Invitan también a modos alternativos de reflexión e interrogación.

Judith Butler, Jacques Rancière, Bonnie Honig, William Connolly, James Tully, Giorgio Agamben –y detrás de ellos figuras como Freud, Derrida, Deleuze, Benjamin, Wittgenstein and Nietzsche– todos con su interpretación crítica y la reconstrucción de enseñanzas tomadas de la literatura y de las prácticas artísticas.

Abriendo la pregunta sobre el poder y la fragilidad de las formas de “autoridad”, ciertas prácticas políticas de despojo pueden ser ambivalentes, evocan, tal vez, el momento dionisíaco que, de acuerdo a Nietzsche, disuelve las identidades osificadas en jerarquías, dominio y pérdida de confianza.

Esta conferencia busca explorar como las dimensiones clave de la vida política obtienen autoridad, visibilidad y contestabilidad en las formas estéticas –literatura, poesía, drama, cine, pintura, escultura. ¿Pueden las soberanías plurales y los modos de constituirse la autoridad en ley/sentido común ser más visibles a través de la atención estética?

¿Cómo es que los regímenes con acercamientos críticos a los derechos humanos trabajan a través de las formas estéticas?

¿Es que las divisiones inherentes a la autoridad, especialmente cuando ha grandes historias de violencia, conflicto u opresión particularmente demandan una crítica estética o re–mediación?

¿Cómo podría el registro estético para pensar la política emanciparse del mundo material y ser meramente objeto humano que genere nuevas formas institucionales adecuadas a los retos de hoy en día?

 

 

A punto de arrancar Braskem Idesa

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El complejo está en sus etapas finales para arrancar la pre operación

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Hacia fin de 2014 las planta de etileno y politileno ya estaban instaladas, ahora están ya en fase de arranque

Javier Pulido Biosca

Revista Raíces

El complejo que producirá 1 millón de toneladas anuales de polietilenos de alta y baja densidad está en el proceso de arranque, según datos proporcionados por el director comercial de Braskem Idesa, Cleantho Leite Filho.

El ejecutivo explicó que ya se alimenta el complejo con la carga de etano, materia prima usada para los polietilenos, y que gradualmente se incrementa la carga en el periodo de pre operación.

A fines de marzo se contempla tener operando la planta de etileno y una de las de polietileno, de tal manera que en abril entren en operación las restantes dos plantas productoras de polietileno.

“Es un proceso largo y complejo que está llegando a las etapas finales”, dijo el ejecutivo, ya que son 18 mil instrumentos que controlarán los equipos.

Entre abril y mayo el complejo logrará operar entre el 70 y el 80% de su capacidad instalada a fin de probar y estabilizar todos los equipos que, a partir de junio, operarán entre el 90 y el 100% de su capacidad.

El aspecto comercial

Entre el 50 y el 60% de la producción se colocará en México, donde ya hay contrato con 300 clientes y dos distribuidores. El resto de la producción se exportará.

“En los años por venir se busca hacer crecer el mercado interno y reducir lo exportado”, explicó Leite Filho, conocedor del mercado tanto nacional como internacional.

Inversión estimada

Hasta estas fechas, la inversión fija, según los datos preliminares es de 4 mil 600 millones de dólares (4.6 billones según la ortografía sajona), y la inversión total se considera en los 5 mil 200 millones de dólares (5.2 billones en inglés).

Esta resulta ser la inversión extranjera directa de mayor dimensión en los últimos años de México.

Marchas y reformas

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El pasado 18 de marzo pudimos ver, una vez más, el espectáculo de los dos Méxicos que coinciden en sus aberraciones.

78 aniversario

78 aniversario

Javier Pulido Biosca

Revista Raíces

Por un lado, la parte oficial celebrando la expropiación del petróleo, “hoy, como hace 78 años, se equivocan quienes dudan del futuro de Petróleos Mexicanos”, dijo José Antonio González Anaya, oriundo de Coatzacoalcos y actual Director General de Pemex.

El buen humor del porteño hace olvidar el pesimismo con lo que está sucediendo: efectivamente el petróleo es de México desde la constitución de 1917, pero nada se pudo hacer para frenar a las compañías que gozaban de los beneficios obtenidos en contratos a partir de 1901. La coyuntura de la Segunda Guerra Mundial le permitió al presidente Cárdenas, basado en el marco legal de su época, lograr que la Suprema Corte dictaminara que las compañías violaban la ley y el Ejecutivo podía dar marcha a un decreto expropiatorio.

 

Hoy las cosas son distintas, aunque la nación es propietaria de los bienes del subsuelo, el gobierno tiene contratos firmados con diversas empresas que concesionan la extracción y procesamiento del petróleo; Pemex es una de ellas. Sólo que Pemex pasa por una severa crisis financiera derivada del endeudamiento y el fuerte sangrado de recursos que le aplica su propietario, el gobierno de México.

Estos contratos no se pueden disolver por decreto sino por el dictamen de la Suprema Corte que establezca la falta de cumplimiento en los términos de esos contratos.

Y la tremenda sangría a Pemex tampoco puede dejarse de hacer si los sucesivos gobiernos del país carecen de modo para obtener recursos de otras fuentes. No se les ha ocurrido que a la Banca le podrían gravar parte de su lucrativo negocio. Tampoco han pensado en las demás industrias extractivas –la minería en manos de empresas extranjeras, por ejemplo. Esto no se ha ocurrido porque se requiere un táctica inteligente y firme –como la de Lázaro Cárdenas con el petróleo.

 

Y aquí es donde coinciden los que exigen –tardíamente– dar marcha atrás a las reformas aprobadas en 2013 y 2014. Se les olvida que en 2013 el hijo del Tata Lázaro defendía un PRD aliado de quienes pactaron las reformas. Se les olvida que en ese año se les pidió a los petroleros que salieran a las calles a expresar su repudio a las reformas, pero no salieron, creyeron en los dirigentes sindicales que –como siempre– los vendieron al mejor postor.

En ese entonces se estaba creando el entramado legal para permitir a las compañías apoderarse del petróleo que desde 1917 es de la nación. Hoy, el entramado legal está hecho, los contratos están firmados.

 

Hoy lo que vale, lo que debe ocupar la atención de los ciudadanos exigentes, y lo que callan por desconocimiento, es la transparencia en el uso de los recursos. ¿A dónde van los miles de millones que se cobran a Pemex, que pagamos como impuestos a la gasolina, a la electricidad?

No se ha detallado. Y los ejemplos sobran en todas las escalas. Si no hay dinero ¿cómo es que se gasta a manos llenas en ferias y carnavales? Si se saca el dinero que podría invertir Pemex, ¿en qué se usa?

Pemex se apoyará en banca de fomento

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Con la finalidad de cubrir la deuda con sus proveedores

La banca comercial ve como negativa esta decisión: Moody’s

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No beneficia en nada, pero parece que por fin se acabaron a Pemex. Ahora saquearán nuestros impuestos

Javier Pulido Biosca

Revista Raíces

El martes 15 de marzo Pemex, con una calificación de Baa1 y revisión a la baja por Moody’s, anunció que cubrirá sus deudas con proveedores apoyándose en los tres bancos de la banca de fomento en México. El anuncio fue considerado como negativo para los bancos privados de origen extranjero que trabajan en México, ya que “incrementa la ya alta exposición a las debilidades de la empresa petrolera, que crecen conforme se deteriora la calidad crediticia de Pemex”, afirma la calificadora Moody’s.

El plan de Pemex pide al Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos, S.N.C. (A3/A3 stable, ba12), Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. (A3/A3 stable, ba2) and Nacional Financiera, S.N.C. (A3/A3 stable, ba1) que provean 15 mil millones de pesos en líneas de crédito para cubrir los pagos a proveedores.

“Estimamos que estos nuevos créditos incrementarán los riesgos bancarios combinados para Pemex en un 62% de su recuperación tangible, cifra por arriba del 44% actual” –explica Moody’s.

Además, estos tres prestamistas tienen ya una relativamente alta concentración de riesgos en sus 20 clientes mayores.

El mandato de extender más créditos a Pemex surge en un momento donde los tres bancos de fomento están bajo una significativa presión por parte del gobierno como resultado de las reformas en el sector hechas en 2014 y que principalmente hicieron que el sector del préstamo privado detone la economía, aunque muchos bancos han incrementado sus riesgos.

Para alcanzar las nuevas metas puestas por el gobierno los bancos públicos tendrán que aportar 1 billón de pesos en nuevos préstamos entre 2014 y 2018, que tendrán que ser fondeados con capital, deuda y líneas multilaterales garantizadas por el gobierno.

El año pasado, Pemex amplió a seis meses el tiempo para pagar a sus proveedores, pues ha sufrido una creciente presión financiera derivada de la caída de los precios del crudo. La compañía ha indicado que 15 mil millones de pesos de sus pagos se debe en gran parte a cosa de 1 mil 300 pequeñas y medianas empresas que están enfrentando ellas mismas creciente presión financiera. Los grandes proveedores todavía poseen 100 mil millones de pesos que no están siendo incluidos en esta lista de pagos. Esto proveedores casi en su totalidad toman créditos de bancos privados extranjeros a una tasa significativamente menor de las que ofrecen los bancos privados que operan en México.

Aunque es posible que algunos bancos privados que han prestado fuertemente a los pequeños proveedores vean algún beneficio en el pago de los atrasos, el sistema bancario continuará sosteniendo considerables riesgos para Pemex y sus grandes proveedores.

“Estimamos que los bancos privados que operan en México están expuestos por completo a la industria petrolera” –afirma Moody’s.

Los bancos privados que operan en México y están más expuestos a la industria petrolera, incluyendo a sus proveedores son Banco Mercantil del Norte, S.A. (A3 stable, baa1), Banco Interacciones, S.A. (Ba1/Ba1 stable, ba2), Banco Santander (Mexico), S.A. (A3/A3 stable, baa1) and BBVA Bancomer, S.A. (A3/A3 stable, baa1), con una combinación de préstamos hasta del 45% de su capacidad crediticia.

 

Pemex quiebra a proveedores

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 Por una lado, hay una abultada deuda por más de 120 mil millones de pesos, por el otro multimillonarios fraudes que siguen impunes

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Suena la hora para las empresas mexicanas: despiertan o desaparecen. Ya han tolerado demasiado

La deuda a proveedores, un tema que realmente es delicado para la mayor parte de las empresas que han confiado en Pemex y han sido proveedores de la paraestatal, como sucede en el sur de Veracruz.

En días pasados, el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Coatzacoalcos, Jaime Arturo Morales Silva, destacó que la industria que representa vive una muy difícil etapa porque se conjugan las faltas y retrasos de pago por parte del aparato gubernamental.

La SCT, a la que le vendían sus servicios, está atrasada en sus pagos, el gobierno de Veracruz debe a todos sus proveedores, los ayuntamientos también se atrasan y Pemex ha suspendido sus pagos.

Esto, aunado a los altos costos de financiamiento que tiene la banca internacional que opera en el país, tiene ahorcadas principalmente a las empresas constructoras. En el caso de las empresas a las que los bancos conceden créditos.

“De lo contrario, los colegas se ven obligados a recurrir al agio, con tasas del 10% o del 15% mensual y dejan empeñada la maquinaria y los equipos para financiar obras que tardan en pagarles”.

Y así –dijo– han quebrado muchas empresas. Destacó también que algunos se han visto en la necesidad de reducir su margen de ganancia. Unos dicen “me conformo con que paguen la renta de los equipos”, otros se dan por satisfechos con que alcance para pagar las nóminas para no dar de baja a los trabajadores agravando así el problema social de la región.

Por su parte, José Antonio González Anaya reveló que la deuda que Pemex tiene con proveedores ascendió al cierre de 2015 a 147 mil millones de pesos, de los cuales ya se han pagado 20 mil millones y trabajamos con Hacienda para buscar esquemas y mecanismos alternos para resolver este problema cuanto antes.

Estos esquemas apuntan a lo mismo: Pemex es sangrado por la vía de impuestos, al grado que le resulta imposible crecer y siquiera pagar a sus proveedores.

En esto sí, el trato que recibe como empresa es errático y discriminatorio. ¿Por qué ha de pagar más de lo que pagan otras empresas?

 

Las compras opacas

Una serie de empresas se han beneficiado de Pemex –y esto parece ser una de las funciones sociales de la paraestatal–, pero han ido más allá de ser proveedores con dificultades para su cobranza y se han convertido en auténticos predadores de la empresa.

El INAI, Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, informó sobre los contratos modificados en el plazo de entrega y monto, solicitado con el número 1857500097115, que hay, en el periodo de 2010 a 2015 un total de 1 mil 502 contratos modificados, de los cuales, tan sólo para la región sur hay 507 contratos modificados.

Las cifras son cuantiosas, pero reseñamos tan solo con cuatro contratos que son los más significativos por los montos y las variaciones:

El contrato 425003006 con Unicornio Proveedora Industrial, s.a. de c.v. Originalmente era por 65 millones 152 mil 302 pesos y se elevó a 156 millones 336 mil 485 pesos. Prácticamente tres veces más de lo convenido inicialmente.

También el contrato 425003680 con la Corporación Sánchez, S.A. de C.V. Se inició con 30 millones de pesos y se elevó hasta los 120 millones de pesos, cuatro veces más de lo pactado inicialmente.

Es también notorio el contrato 425020946 con la empresa Representaciones y Distribuciones EVYA, S.A.P.I. de C.V., que inicialmente se pactó por 74 millones 852 mil 688 pesos y terminó pagando Pemex 112 millones 001 mil 394 pesos.

Esta es una de las empresas relacionadas por Pemex en el fraude a Banamex que tanto dio de qué hablar de la empresa Oceanografía y que fue amparada por un juez en Coatzacoalcos en 2015. El caso de EVYA se le acusó por un fraude por 30 millones de dólares.

Aunque menor en los montos, el contrato 425041832 Agua Pura de Tabasco, S.A. de C.V., se pactó inicialmente por 1 millón 200 mil pesos y se elevó hasta 4 millones con 100 mil pesos, casi cuatro veces lo pactado inicialmente.

Al ser interrogado en este tema, un especialista del Consejo Coordinador Empresarial de Coatzacoalcos explicó que la reglamentación vigente acepta el incremento hasta de un 20%. Más allá de esta cantidad las cosas podrían ser irregulares.

De todas formas, estos desfalcos en contra de las cajas de Pemex han contribuido a que la empresa esté notoriamente descapitalizada hoy.