Veinte años de documentar el son

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En Jáltipan se realizó evento cultural más importante del año de todo el sur veracruzano

 

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Detalle del encuentro para celebrar 20 años de  Los Cojolites

Javier Pulido Biosca

Revista Raíces

Este año se cumplieron veinte del Centro de Documentación del Son y del grupo musical Los Cojolites. Veinte años de significativo trabajo cultural que ha cristalizado de múltiples maneras y que, para celebrarlas, se llevó a cabo un completo festival cultural que duró dos días y en que hubo música, comida tradicional, venta de productos culturales, presentaciones de libros y, sobre todo, mucha camaradería.

Hay que reconocer que hace veinte años no éramos los mismos que somos ahora. En esa época la cultura hegemónica impuesta por los medios de comunicación puso en riesgo de extinción el rico patrimonio cultural que representa el son y todas las actividades de que se rodea, que resultan signo de la identidad en las diversas regiones de México.

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Noé González, requinto y director musical de Los Cojolites

En esa época el “movimiento jaranero”, como se complacen en llamarle algunos, era una auténtica actividad de resistencia cultural ante los embates de los medios, se hablaba de preservación de esas tradiciones y se tuvo una actitud como de museo, para conservar los sones de la manera en que se tocaban otrora. Esto dio lugar a múltiple discusiones baladíes sobre la manera de tocar cada son, tanto en instrumentación como en tiempo y afinación. Se interesaron historiadores, antropólogos, musicólogos, promotores culturales y todos aportaron sus puntos de vista y también sus dogmas.

Pero el caso es que el son se siguió tocando, ahora por muchos jóvenes, gustó a las muchachas el desenfado de los músicos, la soltura del baile, la conquista de la fiesta. Y rompió la barrera impuesta por los monopolios de los medios masivos. Retomó su auténtico carácter popular y creció en el gusto de un público cada vez más extenso y variado.

Y en su vida como elemento de la cultura popular retomó algunas de las características de la vida del pueblo mexicano. Incorporó nuevas temáticas en la versada, nuevos instrumentos se incorporaron y se rompió también con la camisa de fuerza que la ortodoxia de museo aspiró a imponer.

En este proceso es significativa la aportación que han venido haciendo grupos como Los Cojolites quienes, sin dejar de tocar los ritmos del son, han incorporado instrumentos de diversos orígenes, el cajón, los bongós y el marimbol, así como las tumbadoras el yembé hacen honor a la raíz negra en la cultura mexicana y latinoamericana. También se incorpora el bajo eléctrico y la batería.

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Ricardo Perry Guillén, director general y alma de Los Cojolites

El resultado es de un gran cromatismo musical. En manos de los cojolites el requinto se acerca al de los grandes virtuosos del rock & roll, sin dejar de ser son lo que se toca, la batería y el bajo le acercan al metal, enriquecido con la percusión afro antillana, tumbadoras y bongós. Son, siempre son es lo que tocan, pero aprovechan otros géneros para mostrar que el son sigue siendo raíz y vida para la música universal. En ese plano están ya colocados después de veinte años de trabajar a diario en la propuesta que tiene un nombre: Los Cojolites.

PARTICIPA DAVID HARO

Quizá el más reconocido trovador mexicano sea David Haro, oriundo de Jáltipan y reconocido en el ambiente de la trova, la poesía y la música latinoamericana.

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David Haro, trovador y Johnny, requinto

Estuvo presente y deleitó a los más exigentes con una gracia y una modestia digna de mención. Su trabajo guitarrístico gustó hasta a los menos familiarizados con la música de trova. Se presentó acompañado de un requinto egresado de la facultad de artes de la Universidad Veracruzana, a quien llamó Johnny y cuyo apellido pasó desapercibido.

La maestría en el manejo de la guitarra clásica convirtió a las piezas tocadas por Haro y Johnny en auténticas piezas de concierto. Ritmos de minueto, requinteos precisos y sobrios dejaron al público en una derrama de aplausos y gritos de ¡bravo!

NUEVA NOMINACIÓN AL GRAMMY

Por segundo año consecutivo, Los Cojolites fueron nominados al premio de la industria disquera estadounidense al que han llamado grammy en honor al gramófono que se usó al comienzo de la industria discográfica.

Los Cojolites han sabido usar sus nominaciones para hacer crecer al grupo y hacerlo más interesante al público que, aunque no entienda de música si se deja llevar por estas preseas que resultan significativas para la cultura de masas.

 

Cierto es que la calidad del espectáculo fue la más notable del 2015 que termina en el sur de Veracruz. Cierto que la cultura popular rebasa los controles de la cultura de masas. Pero también es cierto que Los Cojolites tienen ya la madurez para saber quiénes son y seguir siendo las mismas personas y los mismos músicos comprometidos, aún cuando la industria disquera busque apoderarse de sus obras. Saben bien a dónde tienen puesto el corazón y el rostro que han defendido.

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México retrocede en derechos

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El derecho a la salud, fuertemente relacionado con el derecho a la vida, es el más notoriamente violado por el Estado mexicano de hoy en día. Una muestra es el llamado “seguro popular”, que deja de cubrir algunas necesidades médicas

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Constantes incumplimientos dan el perfil de la poca voluntad del Estado para cumplir el derecho a la salud

Javier Pulido Biosca

Revista Raíces

El Estado mexicano cada vez cumple de manera más deficiente uno de los principales derechos humanos que es el derecho a la salud, según los acuerdos signados en el Protocolo Internacional de los Derechos Económicos Sociales y Culturales, que convierte en vinculantes (obligatorios por ley) a estos derechos.

Es cierto que se hicieron los cambios constitucionales que se consignaron en los primeros artículos como los derechos humanos fundamentales, pero las leyes secundarias que permiten garantizarlos no han sido hechas desde 2011, en cuyo mes de julio se hicieron los cambios constitucionales.

Desde entonces, los sucesivos gobiernos de México han reducido los derechos que ya se habían alcanzado y omitido los que han quedado pendientes.

El Seguro Social, el ISSSTE, Pemex y la Secretaría de Salubridad han reducido sus inversiones en el sector salud. El cuadro básico de medicamentos se ha reducido cada vez más. Los espacios para atención a pacientes se ven cada vez más insuficientes, tanto en el Seguro Social como en las demás instituciones del sector, pero los cobros son cada vez mayores, situación que afrontan con esfuerzo tanto los patrones como los mismos trabajadores.

La escasez de medicamentos deja ver la clara decisión del gobierno para desatender la necesidad de los pacientes y dejar a estas instituciones como meros cascarones a punto de su desaparición.

El seguro popular

Como un invento para recuperar la mermada credibilidad en las instituciones del sector salud, el gobierno ha promocionado las virtudes de un sistema de seguro popular al que potencialmente acceden todos los mexicanos y que no está restringida a la formalidad laboral a la que acceden los trabajadores del Estado a través del ISSSTE, los de Pemex o los ingresados por las empresas al IMSS como parte de las prestaciones que por ley deben dar, pero que en la práctica no otorgan.

Cabe indicar que, basados en las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, prácticamente el 60% de los trabajadores mexicanos labora en la informalidad, es decir, sin recibir la prestaciones de ley, lo que deja al descubierto a las dos terceras partes de las familias mexicanas.

Para servir de paliativo ante esta omisión en el cumplimiento de lo firmado con la Organización de los Estados Americanos y con la ONU, se inventó el seguro popular al que puede tener acceso todo mexicano, principalmente los que laboran en la informalidad laboral antes dicha.

Sin embargo muchos tratamientos especializados quedan fuera de lo que el seguro popular protege. Todos los estudios de resonancia magnética, endoscopía, micro cirugía y todos los tratamientos con medicamentos de la llamada “tercera generación” quedan fuera de la cobertura, así como algunas cirugías.

Este seguro debe ser cubierto en las clínicas del sector salud registradas para dar este servicio y, pr lo general están sobre saturadas, en malas condiciones de conservación y los familiares se ven obligados a hacer antesalas sentados incluso en el piso de los pasillos o en la calle.

Estas condiciones son denigrantes y reflejan también la falta de interés de los diferentes niveles del gobierno mexicano para cumplir con la obligación de garantizar el derecho a la salud.

 

 

Renunció Marcelo Odebrecht

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Deja la presidencia del consorcio después de seis meses en prisión

Le sustituye Newton Souza

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Marcelo Odebrecht, hoy ex presidente de la macro empresa brasileña

Brasilia, Bra.

AFP

El presidente del gigante de la construcción Odebrecht, Marcelo Odebrecht, renunció el pasado jueves a su cargo después de casi seis meses detenido y acusado por la fiscalía brasileña de corrupción y lavado de dinero, en el marco de las investigaciones sobre el fraude millonario a la estatal Petrobras.

“Pasados casi seis meses de prisión y teniendo en cuenta el desarrollo de su proceso judicial, Marcelo Odebrecht decidió ayer formalizar su salida de la presidencia de Odebrecht S.A, así como del cargo de presidente de los consejos de administración de Braskem, Odebrecht Óleo e Gas, Odebrecht Realizaçoes Imobiliárias y Odebrecht Ambiental”, anunció la empresa en un comunicado emitido este jueves.

La mayor firma de construcción de América Latina confirmó, además, el nombramiento de Newton Souza, que seguirá como director-presidente de la empresa, así como a la cabeza de los consejos de administración del resto de compañías del grupo.

El comunicado se cierra con una nueva defensa de la inocencia del que estaba considerado como el principal empresario de Brasil, detenido en un presidio de Curitiba (sur) desde el 19 de junio.

“Odebrecht cree que la injusta e innecesaria prisión preventiva de Marcelo será revocada. Confía en que al final de los procesos judiciales en curso, la inocencia de Marcelo Odebrecht será formalmente reconocida”, concluye el escrito.

Marcelo Odebrecht está acusado por la fiscalía de organización criminal, corrupción y lavado de dinero por su participación en el multimillonario fraude que saqueó más de 2 mil millones de dólares a Petrobras.

De acuerdo con la investigación del llamado “Petrolao” las principales constructoras de Brasil formaron un cártel para manipular licitaciones de la estatal mediante el pago de sobornos a directivos de la compañía vinculados a partidos políticos, que luego eran distribuidos entre los confabuladores. La tasa media fue estimada entre 1 y 3%, según los textos del juez.

Entre los políticos y empresarios detenidos por el escándalo también están el presidente de la compañía de infraestructuras Andrade Gutierrez, Otavio Azevedo; y la cúpula de la constructora Camargo Correa, cuyo ex presidente, Dalton Avancini, y su ex director vicepresidente, Eduardo Leite, fueron condenados por corrupción a 15 años y 10 meses de prisión en julio.

Odebrecht, que facturó más de 40 mil millones de dólares en 2014, cuenta con 181 mil empleados distribuidos en 21 naciones y también realiza obras olímpicas: la revitalización de la zona portuaria de Rio de Janeiro y la construcción de un metro.

Proclaman Constituyente Ciudadana-Popular

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Ante 15 mil personas reunidas en San Cristóbal de Las Casas

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San Cristóbal Las Casas, Chis

Educa AC

Unas 15 mil personas, la mayoría indígenas, y representantes de siete estados se congregaron en San Cristóbal de las Casas para divulgar desde esta región del sureste del país la Proclama Pública de la Constituyente Ciudadana-Popular.

Ahí, el orador principal del evento el obispo de Saltillo, Raúl Vera López, dijo que ahora no sólo los pueblos mayas del sureste reclaman un nuevo pacto social sino todos los mexicanos. Vera López leyó un extenso documento en el cual reseñó que el Tribunal Permanente de Pueblos (TPP) resolvió en la necesidad de la “refundación del país”.

Sin mencionar al EZLN, el obispo señaló que hace 21 años unos indígenas salieron de la selva para exigir un nuevo país, una nueva Constitución, un nuevo gobierno que incluyera a todos los que por 500 años fueron excluidos y marginados. Dijo que en la Convención Nacional Democrática (CND) de agosto de 1994 se impulsó ese reclamo social de un nuevo constituyente y que hoy, 21 años después, de nuevo los mexicanos no piden ni exigen sino que impulsan la construcción un nuevo pacto social nacional.

Desde su presentación pública realizada el 5 de febrero de este año se han consolidado comités locales o grupos promotores en 18 estados, entre ellos en Oaxaca.

 

 

Gobierno viola derechos colectivos

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Declaración de Santa Úrsula Xitla

En defensa de nuestros territorios y nuestra autonomía

En muchas ocasiones las empresas extractivas están vinculadas al crimen organizado, y emplean sicarios para reprimir a los opositores a sus proyectos

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La pobreza y la poca instrucción escolar están diseñadas para facilitar el despojo de las comunidades

México, DF

Agencias

Reunidos los días 28 y 29 de octubre de 2015, representantes de comunidades y organizaciones, pertenecientes a los pueblos zapoteco, mixe, chinanteco, ikood, mixteco, chatino, tzeltal, lacandón, tzotzil, purhépecha, nahua, rarámuri, y maya peninsular, más organizaciones campesinas y colectivos de catorce estados del país, reflexionamos en torno a la crisis climática y los territorios indígenas y campesinos y llegamos a varias conclusiones.

  1. Las comunidades y ejidos ocupan más de la mitad de la superficie del país. Nuestros territorios indígenas y campesinos cumplen un papel muy importante en la captación de agua para la recarga de los acuíferos, en la captura de carbono, en la conservación de la biodiversidad y adquieren cada vez más importancia frente a la crisis climática. Más del 60 por ciento de los bosques de la nación son propiedad de los pueblos indígenas y de los campesinos, de ahí que su cuidado es un beneficio a la sociedad que resulta de nuestro trabajo.
  2. En 2014, el gobierno promulgó una reforma energética que definió como de interés social y utilidad pública las actividades energéticas y extractivas como la minería, la explotación de petróleo y gas (y su extracción vía fractura hidráulica), la construcción de presas y mini hídricas, la producción de energía eólica, y les adjudicó prioridad sobre cualquier otra actividad en el territorio. Estas leyes obligan a los dueños de la tierra a llegar a acuerdos para su establecimiento y en caso de negativa, las empresas pueden imponer de manera forzosa servidumbres o contratos de ocupación temporal.
  3. El establecimiento de Áreas Naturales Protegidas (ANP) se realiza por decreto y en ningún caso han obtenido el consentimiento libre previo e informado de los pueblos indígenas a los que han invadido. Al establecer una ANP el gobierno enajena el control y las decisiones sobre el territorio a las comunidades dueñas e impone muchas limitaciones a su uso. Hay comunidades donde más del 70 por ciento de su territorio está dedicado a la conservación.
  4. En las comunidades con bosques y selvas, el gobierno promueve los programas REDD+, una vuelta adicional de los servicios ambientales en su fase comercial, con penalizaciones si no se cumple con los compromisos, y buscando que esas tierras se mantengan en conservación sin volver a usarse para otros fines aunque haya terminado el periodo de pago. REDD+ debilita a las autoridades comunitarias pues incluye instancias distintas y restringe el uso del territorio, y las decisiones que la comunidad puede tomar al respecto. REDD+ es un mecanismo que pone un precio a la conservación que los pueblos han hecho de su territorio, estableciendo un pago, siempre insuficiente, con el que las empresas contaminantes pueden seguir contaminando en otro lugar, y pueden lucrar de la comercialización de los certificados o bonos.
  5. Las Áreas naturales Protegidas, los condicionamientos de los programas de pagos por servicios ambientales y los ordenamientos territoriales comunitarios oficiales secuestran las decisiones sobre el territorio a sus poseedores, y las ceden a instancias ajenas como instituciones de gobierno, empresas privadas, asociaciones de conservación, etcétera.
  6. La ley del agua, actualmente suspendida, está orientada a su privatización para ponerla a disposición de las empresas y mega proyectos. Priorizar el consumo del agua para la agroindustria, la industria manufacturera y extractiva —y sin regulaciones sanitarias—, ha provocado que en distintas regiones exista un agotamiento de las aguas jóvenes y muchas poblaciones tengan que tomar agua contaminada con arsénico y fluoruro, lo que aumenta las enfermedades crónicas. En otras comunidades los ríos están envenenados por industrias y ciudades que vierten sus deshechos y han terminado con la vida acuática; es imposible utilizar el agua para consumo humano o animal, o para uso doméstico, pues lo han convertido en un drenaje. Pese a las varias iniciativas de privatización del agua, las comunidades nos estamos organizando y promoviendo que operen las estructuras de los comités comunitarios de agua, que en muchas regiones han detenido los intentos de su privatización.
  7. Actualmente el Estado está impulsando un modelo de simulación de consulta orientado a conseguir la aceptación de los pueblos indígenas, dueños de bosques y selvas, e impedir que posteriormente puedan demandar y echar atrás el proyecto por no haber sido consultados. Esta consulta favorece sus intereses y los de las empresas, cooptando y comprando líderes, permitiendo la participación de gente ajena a las comunidades indígenas, escalando la violencia y represión contra los opositores. En varios de los casos los opositores han sido asesinados, encarcelados, desaparecidos.
  8. En esos lugares no se respetan los derechos colectivos indígenas, ni los agrarios, tampoco los derechos humanos, ni al ambiente sano. En muchas ocasiones las empresas extractivas están vinculadas al crimen organizado, y emplean sicarios para reprimir a los opositores a sus proyectos.
  9. Las comunidades indígenas y campesinas rechazamos los proyectos extractivos y energéticos que quieren acaparar y ocupar nuestros territorios, y que además depredan los bienes comunes, contaminan los ríos, el agua, la tierra, el aire, en perjuicio de la salud y el ambiente, expulsan a poblaciones enteras y en síntesis nos roban nuestra vida en aras de compensaciones nimias y unos cuantos empleos temporales.
  10. Las leyes energéticas favorecen los proyectos de muerte impuestos por el Estado y las transnacionales. Estamos ante un despojo y una devastación generalizada que rompe el tejido de las comunidades, privatiza, contamina o agota sus bienes comunes y las posibilidades de vida, sustento y continuidad de los pueblos. Algunas comunidades demandaron sin éxito jurídico al gobierno mexicano por aprobar las leyes de reforma energética que son inconstitucionales.
  11. El Estado y las corporaciones buscan imponer su modelo de monocultivos agroindustriales y transgénicos, de producción de alimentos procesados, que utilizan enormes cantidades de agrotóxicos y dañan la salud y el ambiente, en contra de nuestro propio proyecto de un futuro digno, basado en nuestra producción campesina, nuestra visión comunitaria, nuestras tradiciones, nuestra responsabilidad con el futuro de nuestras comunidades y pueblos, nuestro compromiso de cuidado de la naturaleza.

 

Por todo lo anterior, nos comprometemos a defender nuestros territorios, organizándonos en los distintos niveles, reivindicando nuestras estructuras comunitarias, nuestras asambleas y nuestros propios instrumentos y normas.

Seguiremos exigiendo y ejerciendo en los hechos la autonomía y la libre determinación sobre nuestros territorios, que incluye nuestros bienes comunes, nuestros sistemas normativos, nuestras instituciones comunitarias y nuestros saberes y cultura.

Continuaremos reivindicando la propiedad social, el carácter colectivo de nuestras tierras y el respeto hacia nuestros territorios.

Nos comprometemos también a abandonar paulatinamente los insumos agrícolas industriales, fertilizantes y plaguicidas, que nos envenenan el aire y la vida. Queremos cuidar nuestros suelos y promover nuestra agricultura campesina tradicional y agroecológica, para buscar la soberanía alimentaria y tener mayor independencia de las instancias de gobierno y de las corporaciones.

Defenderemos nuestras semillas nativas contra su privatización, e impediremos las siembras transgénicas y el empleo de los agrotóxicos asociados, por ser nocivas para nuestra producción de maíz y miel, para la salud y el ambiente —como es el caso de la afectación que sufren las comunidades de la Península de Yucatán, la Huasteca y Chiapas, por la soya transgénica.

No permitiremos la invasión transgénica del maíz ni de ningún otro cultivo (sea experimental, piloto o comercial) y defenderemos la suspensión jurídica que hoy está vigente.

 

Así las cosas le exigimos al gobierno:

  1. El respeto a la integridad de nuestros territorios y a nuestras decisiones sobre el uso de nuestros bienes naturales.
  2. Detener la manipulación de los procesos de consulta (que no son de buena fe ni culturalmente accesibles) y la violación al consentimiento libre, previo e informado de las comunidades.
  3. Poner un alto a la violencia (al hostigamiento, los asesinatos, los encarcelamientos y las desapariciones) contra las comunidades y contra los y las luchadoras sociales. Detener la violación de los derechos humanos y la criminalización de la protesta de los dueños de las tierras y territorios, y de todas las personas y colectivos que se oponen al despojo y la devastación.
  4. Libertad a los presos y presas políticos, todos ellos injustamente encarcelados por defender sus territorios y comunidades
  5. Abrogar las leyes energéticas que atentan contra los derechos de los pueblos indígenas y los derechos agrarios de los ejidatarios y comuneros.
  6. Detener la promulgación de la iniciativa de la ley de aguas que se orienta a su privatización y atenta al derecho al agua como un derecho humano.

 

Invitamos a los pueblos, comunidades, organizaciones y colectivos a reflexionar sobre cuál es nuestro proyecto y cómo podemos sumar más esfuerzos.

 

Las comunidades y organizaciones abajo firmantes:

Campeche: comunidad de Calakmul, Organización Koolel kab. Colima: Consejo Indígena por la defensa del territorio de Zacualpan. Chiapas: Bienes Comunales Zona Lacandona, Instituto de Formación y Capacitación Campesina, DESMI, Cooperativa Lagos de Colores, Unorca-Chiapas, ARIC Unión de Uniones Históricas, Enlace, Comunicación y Capacitación-Comitán. Chihuahua: Comunidad Bosques de San Elías Repechique, Bocoyna, Consultoría Técnica Comunitaria (Contec), CECADDHI,  Guanajuato: Cedesa. Guerrero: CDHM Tlachinollan, Consejo de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio de la Región Montaña y Costa Chica de Guerrero; Enlace, Comunicación y Capacitación-Tlapa; Radio Comunitaria Naxme, San Miguel del Progreso, Guerrero. Jalisco: comunidad de Mezcala, comunidad de La Ciénega, comunidad de El Limón, Colectivo por la Autonomía, Un Salto de Vida. Michoacán: comunidad de San Francisco Pichátaro, comunidad indigena de Cherán. Oaxaca: comunidades de Santiago Tlatepusco, Santa María Huazolotitlán, Concepción Buena Vista, Chikava, Santiago Yosondúa, San Juan Jaltepec de Candayoc, San Juan Bosco Chuxnabán, Ejido El Tortuguero, Santiago Tutla, Yerba Santa, Coatlán, Cuauhtémoco Tayata, Independencia, Santa Cruz itundujia, Servicios del Pueblo Mixe, Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (CEDHAPI), Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca (UNOSJO), Ngul kuidi Abriendo Senderos de Autonomía, El Espacio Estatal en Defensa del Maíz Nativo de Oaxaca, Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios, Servicios para una Educación Alternativa (EDUCA), Maderas del Pueblo del Sureste, Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco, Radio Totopo de Juchitán de Zaragoza, Organización de Agricultores Biológicos (ORAB), Tequio Jurídico; Enlace, Comunicación y Capacitación-Tlaxiaco; Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto. Puebla: Unión de Cooperativas Tosepan, Quintana Roo: Educe, Much’Kanan l’inaj Colectivo de Semillas, Kabi Habin. Tlaxcala: Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local.

Veracruz: Consejo Comunitario Nahua de Zaragoza, Fomento Cultural y Educativo Veracruz, Comité de Derechos Humanos de la Sierra Norte de Veracruz, Unión de Comunidades Independientes de los Pueblos Popolucas (UCIPP), CREO. Yucatán: Indignación. Organizaciones nacionales: Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA) Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (Ceccam), Centro Nacional de Ayuda a Misiones Indígenas (Cenami), Red en Defensa del Maíz, Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz). Organizaciones internacionales: Grupo ETC, GRAIN, La Vía Campesina.