Implementación a velocidad variable

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Los proyectos avanzan en su convocatoria pero se estancan en su regulación

Los proyectos avanzan en su convocatoria pero se estancan en su regulación

Fluvio Ruíz Alarcón

En la implementación de la reforma energética, los esfuerzos gubernamentales se han centrado en el cumplimiento de las fechas establecidas para las licitaciones de las áreas exploratorias y de extracción. Otros aspectos de la reforma no han contado con la misma, acuciosa, disposición del Estado mexicano. Varios de los organismos de la nueva arquitectura institucional del sector, no están siquiera completos.

La Comisión Nacional de Hidrocarburos, pieza clave del nuevo diseño sectorial, funciona con solo cinco de los siete miembros de su órgano de gobierno. Ni se ha substituido al comisionado Guillermo Domínguez (quien renunció para dedicarse a la academia), ni se ha concluido con el proceso de ratificación de la comisionada Alma América Porres. De la misma manera, la Comisión Reguladora de Energía, cuyas facultades se ampliaron en forma muy importante, funciona con seis de los siete comisionados que la deben integrar, tras la conclusión de los dos períodos del ex-rector de la UNAM, Francisco Barnés de Castro. Finalmente, tampoco han sido nombrados los sustitutos de quienes tuvieron que renunciar por conflicto de interés, tanto en el Consejo de Administración de Pemex, como en el Comité Técnico del Fondo Mexicano del Petróleo; tras la decisión del Grupo Bal de incursionar en el sector petrolero. Todo esto sin contar con la insuficiencia de recursos humanos y materiales, que se advierte en varios organismos para cumplir cabalmente con sus facultades.

En lo relativo a Petróleos Mexicanos, existen también temas en los que nuestra Empresa Productiva del Estado, no ha sido beneficiada con un tratamiento expedito. Un primer ejemplo lo encontramos en el hecho de que, a más de un año de haberse conocido las asignaciones de Pemex en la llamada Ronda Cero; la Secretaría de Energía no ha informado a cuanto asciende “el justo valor económico” de las inversiones realizadas por nuestra petrolera, en las áreas no retenidas. En días pasados, se formalizaron ya los contratos de las dos adjudicaciones ganadas por el consorcio encabezado por Sierra Oil, en cuyos territorios existen reservas que, obviamente, fueron desarrolladas como tales por la inversión en exploración que realizó Pemex. Ni en este caso, ni en ningún otro, la Sener ha informado como, cuando y con que monto, va a cumplir lo que es un mandato explícito de la reforma constitucional de diciembre de 2013.

En el terreno de las alianzas y migraciones, no le ha ido mejor a Petróleos Mexicanos. Desde el mes de diciembre, Pemex envió a la Sener la petición para migrar varios contratos incentivados, derivados de la reforma de 2008, sin que el proceso de autorización haya concluido. Lo mismo sucede con los, en su momento, muy comentados farm outs, que se espera permitan a Pemex establecer alianzas que le den acceso a importantes recursos económicos, financieros y tecnológicos.

El contraste entre la celeridad y los recursos desplegados para cumplir con la materialización de la apertura; frente a la parsimonia mostrada, tanto para cubrir los huecos en el tejido institucional del sector, como para dar salida a los temas que involucran a Pemex; deja la sensación de una implementación a velocidad variable. ¿Será porque el suelo no es tan parejo como nos han dicho?

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