Delitos económicos y ambientales sean tratados como de lesa humanidad

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Perjuicios económicos que afectan a todo un pueblo, como el fraude de Oceanografía podrán ser tratados como de lesa humanidad

Perjuicios económicos que afectan a todo un pueblo, como el fraude de Oceanografía podrán ser tratados como de lesa humanidad

Juez de España busca cambios legales para enjuiciar a las corporaciones globales

Baltasar Garzón promueve en la conferencia internacional el próximo mes

Madrid, Es

Ashifa Kassam

Ha removido gobiernos, cerrado periódicos y ordenó el arresto de los dictadores. Ahora Baltasar Garzón, el juez español que redefinió los límites de la justicia transfronteriza, ha puesto sus miras en la ampliación de la definición del derecho internacional para orientarlo a las empresas que llevan a cabo los delitos económicos o ambientales.

“Las crisis humanitarias y económicas causan más muertes en todo el mundo de todos los genocidios que hemos documentado”, dijo Garzón, quien fue noticia en todo el mundo cuando ordenó la detención del ex dictador chileno Augusto Pinochet en Londres 1998.

El próximo mes, él y otros líderes activistas, jueces y académicos de una docena de países se reunirán en una conferencia en Buenos Aires para impulsar la idea de que los delitos económicos y ambientales sean considerados crímenes contra la humanidad, similar a la tortura o el genocidio.

Acciones que podrían ser consideradas criminales, dijo Garzón, incluyen los de los llamados fondos buitres que socavan la reestructuración de la deuda de los países o empresas que hacen la vista gorda a la explotación abusiva de los recursos naturales como el coltán, utilizado en los teléfonos móviles, cámaras digitales y computadoras.

Estas acciones se ajustan a la definición de crímenes contra la humanidad, ya que afectan a ciertos sectores de la población y pisotean los derechos humanos, dijo. En referencia a los delitos ambientales, dijo: “Estamos viendo cómo se conecta el cambio climático a los desastres naturales y hambrunas.”

La reciente crisis en Grecia había dado otro ejemplo de lo que vio como el comportamiento criminal. “Mientras que los griegos estaban votando en el referéndum, se produjo una salida masiva de capitales del país, cerca de 2 mil millones €. Se dejó el país al borde del colapso y se limitó el dinero que ciudadanos podían retirar cada semana “, dijo Garzón. Una ampliación de la aplicación del derecho internacional podría permitir a los tribunales forzar el regreso de estos capitales o su embargo.

El mecanismo para el enjuiciamiento sería la jurisdicción universal, una disposición en el derecho internacional que permite a los jueces tratar los casos de abusos contra los derechos humanos cometidos en otros países. La doctrina sería particularmente útil en la persecución de las grandes corporaciones, ya que permitiría a la ley para perseguir igualmente responsables, independientemente de dónde se encuentran sus oficinas centrales.

Durante gran parte de las últimas dos décadas, los jueces españoles se encuentran entre los líderes de la aplicación de la justicia universal, basándose en la doctrina para llegar más allá de las fronteras españolas e investigar las graves violaciones de los derechos humanos en Argentina, Ruanda y Guatemala.

El año pasado, después de que un tribunal de España ordenó a la Interpol emitir órdenes de detención contra el ex líder chino Jiang Zemin y otros cuatro altos funcionarios chinos sobre presuntos abusos contra los derechos humanos décadas atrás en el Tíbet, el Partido Popular en el gobierno que legisló por la vía rápida una reforma para reducir el uso de la jurisdicción universal en España.

Los críticos acusaron al gobierno español de dar prioridad a las relaciones comerciales con China sobre los derechos humanos. Garzón, cuya carrera judicial en España terminó en 2012 tras ser declarado culpable de ordenar ilegalmente las escuchas de conversaciones entre los abogados defensores y los clientes en un caso de corrupción que involucra al Partido Popular, advirtió que estos cambios forman parte de un importante paso hacia atrás en los derechos humanos en España.

Esta última iniciativa probablemente se enfrentará a graves obstáculos políticos, así, dijo Garzón. “Los problemas vendrán cuando esta iniciativa afecta a los países poderosos, como Estados Unidos, China o Israel”, dijo. “Pero poco a poco el camino se allanará.”

Àlex Guillamón Lloret

Coordinador Tècnic

Entrepobles

Entrepueblos

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