Odebrecht suspenderá nuevas inversiones en Brasil

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La causa: incertidumbre financiera en su país

De hecho, las coberturas protegen las ganancias de las empresas que participan en la llamada "Ronda Uno"

Agencias

La constructora anunció que evitará nuevos compromisos por la incertidumbre de obtener crédito a tasas sostenibles.

El conglomerado Odebrecht suspenderá nuevas inversiones en Brasil debido a la incertidumbre de obtener financiamiento a tasas de interés atractivas, situación generada por la negativa del Banco de desarrollo de Brasil de liberar préstamos a Sete Brasil, proveedor de Petrobras, y las políticas fiscales del gobierno.

Bloomberg reportó que Marcelo Odebrecht, dueño de la constructora más importante de América Latina, anunció el lunes la suspensión de nuevos compromisos “hasta tener un panorama más claro del comportamiento del mercado”. No obstante, el ejecutivo descartó que los proyectos actualmente en cartera se vean afectados.

Uno de los factores de esta incertidumbre es la política fiscal brasilera, que apunta a incrementar las tasas de interés para combatir la inflación. Ante ello, Odebrecht señaló que “el mayor riesgo para el crecimiento de Brasil en los siguientes dos años son las proyecciones de financiamiento”.

El Banco de desarrollo de Brasil tiene pendiente un desembolso de 3 mil 400 millones de dólares, mdd, aprobado hace 15 meses a Sete Brasil (proveedora de Petrobras). No obstante, el banco anunció que no dispondrá los fondos hasta la reestructuración de la proveedora petrolera.

El dueño de Odebrecht desestimó que el caso de corrupción de Petrobras representara un riesgo financiero para la empresa, pese a las previsiones de Moody’s. “Hay mucho blah, blah, blah pero nada concreto en términos de riesgo. Toda esa cuestión de riesgo sistémico y las agencias calificadoras es solo falta de conocimiento. Estamos tratando de conversar con Moody’s para aclararlo”, señaló a Bloomberg.

Los contratos con Petrobras representan menos del 1% de su cartera de proyectos, y los proyectos estatales representan un 5% de los contratos de la constructora, aseguró el ejecutivo.

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Último reportaje de Regina Martínez

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Veracruz: otra deuda exorbitante

Publicado el día 29 de enero de 2012

Plaza de la Impunidad, sería un nombre para la actual Plaza Lerdo de Xalapa

Plaza de la Impunidad, sería un nombre para la actual Plaza Lerdo de Xalapa

Xalapa, Ver.

Revista Proceso

Miguel Alemán Velasco y Fidel Herrera Beltrán, ex mandatarios, y Javier Duarte, actual gobernador y quien fue secretario de Finanzas de aquél, contribuyeron a que la deuda del estado de Veracruz en 11 años (de 2000 a 2011) haya tenido un crecimiento acumulado de 67,000%, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Aunque oficialmente Veracruz sólo tiene registrada ante Hacienda su deuda con instituciones bancarias –que al 31 de marzo del año pasado era de 21 mil 874 millones 400 mil pesos–, diputados de oposición afirman que el monto real es de más de 60 mil millones, por adeudos acumulados en otros rubros.

La administración veracruzana ha comprometido los recursos de las participaciones federales de los próximos 30 años para pagar líneas de crédito contratadas desde el gobierno de Alemán Velasco, que en 2004 le dejó al estado una deuda de 3 mil 500 millones de pesos, la que hoy se acerca oficialmente a 22 mil millones.

Un análisis del área económica del grupo legislativo del PAN en el Congreso de la Unión sobre la deuda de los estados –elaborado con datos de la SHCP, el Inegi y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social– calificó de “sorprendente” el caso de Veracruz.

En el análisis del periodo 2000-2011, la deuda veracruzana creció 67 mil 939% al llegar el último año a 21 mil 874 millones de pesos, dice a este semanario el legislador federal Luis Enrique Mercado.

Según el estudio sobre la deuda de las entidades federativas, difundido en agosto pasado, explica que si los estados tuvieran que pagar sus adeudos en estos momentos, en promedio invertirían 60% de las participaciones federales, “lo que constituiría un problema financiero”.

En torno a Veracruz, asegura que cualquier pasivo que crece 67,000% indica que algo anda mal y aunque se ha actuado de manera irresponsable, en este momento “no hay ninguna sanción, ya que son entidades soberanas y corresponde al Congreso local poner freno a esa velocidad de endeudamiento”.

GASTO CORRIENTE, EN RIESGO

El senador veracruzano Juan Bueno Torio afirma que la deuda pública en las entidades creció de manera desproporcionada, ya que en 2000 era de 90 mil 731 millones de pesos y al 30 de septiembre de 2011 había llegado a 358 mil 501 millones.

Con excepción de Tlaxcala, que mantenía su endeudamiento en cero, y Querétaro, que lo redujo 7%, las obligaciones financieras de entidades y municipios se cuadruplicaron en los últimos 11 años, significando ya una tercera parte de las participaciones federales para los estados, dice a Proceso.

“Esto representa un aumento global de 295.1% en términos nominales y de 144.8% en términos reales, observándose una tendencia a incrementar su deuda pública pese a que han aumentado las participaciones federales para los estados”, apunta.

El también subcoordinador de política económica de la bancada panista en el Senado explicó que en 2000 las participaciones federales que recibieron los estados por los ramos 28 y 33 fueron de 357 mil millones de pesos, en 2011 fueron 915 mil millones y en 2012 serán 985 mil 953 millones.

No obstante considera que ante el crecimiento de la deuda pública en estados y municipios “hay un riesgo latente de que una parte sustancial de esos recursos sean destinados a cubrir pasivos en el corto y mediano plazos”, lo que imposibilitaría el pago de su gasto corriente.

Los estados que más han aumentado su nivel de deuda respecto de sus participaciones federales de 2005 a marzo de 2011 fueron Chiapas con mil 320%; Nayarit, 542%; Colima, 456%; Oaxaca, 413%; Tamaulipas, 398%; Campeche, 269%; Veracruz, 243%; Coahuila, 223%; Quintana Roo, 201% y Tabasco, 160%, detalla.

En el caso de Veracruz, explica por su lado el secretario general del Comité Directivo Estatal panista, Marco Antonio Núñez, las participaciones y aportaciones federales entregadas a la entidad en 2011 ascendieron a 62 mil 457.1 millones de pesos, lo que significa una tasa de crecimiento acumulado de 110% en el periodo 2000-2011.

Señala a la reportera que el saldo de la deuda registrada ante Hacienda hasta marzo del año pasado era de 21 mil 874 millones 400 mil pesos, con un promedio de crecimiento de 81.4% en los últimos 11 años, aunque “el endeudamiento real del estado es superior a los 60 mil millones”.

Agrega que en agosto pasado el propio subsecretario de Hacienda, Gerardo Rodríguez, mencionó que en algunas entidades se observó un crecimiento acelerado de la deuda pública vinculada con una evolución en sus gastos, que no fue acorde con el comportamiento de sus ingresos.

El mismo funcionario federal, dice Núñez, “admitió que hay una diferencia cercana a 50 mil millones de pesos entre los montos de deuda registrada y la no registrada por los estados” ante la SHCP, la cual no podía ser resuelta con un mero incremento en los recursos federales que reciben.

El nivel de endeudamiento que enfrenta el estado, subraya Núñez, provocó que en 2011 se paralizara la actividad económica en Veracruz: “No hubo obras ni inversiones”, ya que el gobierno de Duarte tuvo dificultades para restructurar la deuda pública autorizada por el Congreso local.

Y es que según la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) el año pasado la deuda estatal con la banca sólo era de 12 mil 600 millones de pesos, más 17 mil 400 millones de adeudos que desde 2010 no se habían liquidado a contratistas, proveedores y prestadores de servicios.

BAJA CALIFICACIÓN

De hecho la calificación crediticia ha ido a la baja desde principios de 2000; incluso la calificadora internacional Fitch Rating puso las finanzas estatales en situación de riesgo debido “fundamentalmente al fuerte deterioro en las finanzas públicas al cierre del ejercicio 2010”.

En agosto pasado el Congreso local autorizó a Duarte contratar un nuevo crédito para restructurar la deuda pública y para el cumplimiento de obligaciones pendientes de pago con terceros, así como la afectación de participaciones federales, “como fuente de pago o garantía de los financiamientos a contratar”.

En el decreto número 289 –publicado el 5 de agosto de 2011 en la Gaceta Oficial de Veracruz– se aseguró que el nuevo endeudamiento sería destinado a la restructuración de la deuda pública vigente de la entidad “por un monto de hasta 12 mil 600 millones de pesos”.

Además fue autorizada “la contratación de endeudamiento para hacer frente a las obligaciones con terceros pendientes de pago, derivado de la ejecución de obras, contratación de servicios y adquisición de bienes, hasta por un monto de 17 mil 400 millones de pesos.

“Los montos de endeudamiento autorizados podrán contratarse mediante la celebración de uno o varios créditos con instituciones bancarias mexicanas o mediante la emisión de instrumentos bursátiles y su colocación entre el gran público inversionista en el mercado de valores, hasta por un plazo de 30 años”, señala el decreto.

El dinero sería para refinanciar los contratos de apertura de créditos celebrados en noviembre y diciembre de 2010 con el banco Interacciones hasta por 4 mil 100 millones de pesos; mil 500 millones con el Banco del Bajío; mil 100 millones con banca Afirme; mil millones con banca Mifel; 500 millones con la misma institución y mil 400 millones con banco Inbursa.

Pero en el mismo decreto también se autorizó al titular del Ejecutivo estatal a solicitar un plazo de amortización adicional de garantía para liquidar la deuda contratada, que causará intereses por 50% del monto total de los financiamientos.

En esa misma fecha el Congreso local autorizó al Ejecutivo, a través de la Sefiplan, contratar un crédito por 4 mil 756 millones 960 mil pesos con Banobras, para hacer frente a las reglas de operación del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden).

Este último crédito, establece el decreto, “únicamente deberá destinarse a inversiones públicas productivas y para cubrir aportaciones al correspondiente fideicomiso Fonden estatal, relativa a la declaratoria de desastre emitida por la Secretaría de Gobernación en 2010 para solventar costos de obras y acciones de reconstrucción de infraestructura dañada por fenómenos meteorológicos”.

De esta manera en un solo paquete el Congreso autorizó a Duarte contratar más de 34 mil 756 millones de pesos con diversas instituciones bancarias.

OPACIDAD

No fue sino a principios de este mes cuando el titular de la Sefiplan, Tomás Ruiz González, aseguró haber “logrado” la restructuración de la deuda pública hasta por periodos de 15, 20 y 25 años “con la finalidad de dar continuidad a los proyectos de desarrollo del estado”.

En declaraciones a medios locales, sin precisar el monto real del endeudamiento que mantiene el estado a la fecha, el martes 3 el funcionario aseguró que en una primera etapa pudo restructurar “18 mil millones de pesos”.

“Con esta reestructura logramos incrementar los plazos de 15, 20 y hasta 25 años, dependiendo de la institución bancaria, lo que permite una menor carga financiera (…) para que pese menos el pago de la deuda y de esta forma no se limiten las posibilidades de desarrollo en el estado en el corto plazo”, dijo.

Según Ruiz esta medida “fue posible gracias al esfuerzo que se ha hecho para poner orden en la hacienda pública, en el restablecimiento del orden en las finanzas, sin lo cual no hubiera sido posible la reestructura de obligaciones financieras”.

Con estas acciones, agregó, “fue posible pagar parte de la deuda que se mantenía con empresas proveedoras y contratistas. Fue un monto cercano a los 2 mil 500 millones de pesos y el faltante se cubrirá en las próximas semanas”.

Para el diputado local panista Óscar Lara Hernández lo dicho por el titular de la Sefiplan, no dejan de ser “declaraciones mediáticas”, ya que hasta hoy sigue habiendo opacidad en torno al monto real de la deuda pública del estado: “Se nos sigue negando la información”.

“El juego de cifras es la estrategia que el gobierno del estado ha venido utilizando para generar confusión en la población, ya que lo real es que el estado está financieramente quebrado y fácilmente debe 60% de los 86 mil millones de pesos de presupuesto autorizado por este Congreso”, acusa.

El también ex dirigente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en el puerto de Veracruz dice a este semanario que está seguro de que el gobierno estatal no ha pagado ni siquiera 10% de sus obligaciones financieras con terceros, “pues sólo se han hecho abonos muy pequeños que no llegan ni a mil millones de los 17 mil millones que reconocen”.

Este gobierno persiste en su estrategia, remarca, “ya que la información de Tomás Ruiz no concuerda con la realidad al declarar que había restructurado 18 mil millones de la deuda; legalmente es imposible porque el Congreso sólo le autorizó restructurar 12 mil 600 millones”.

Lo único cierto, acota, “es que hay opacidad, falta de transparencia, de ética y profesionalismo gubernamental para dar los datos correctos y mientras siga con este juego mediático para desinformar a la población, no podemos tomar medidas de algo que desconocemos”.

Hasta hoy, subraya, “como diputados lo único que sabemos es que dentro del presupuesto de egresos de este año se destinan más de 3 mil 800 millones de pesos para el pago del servicio de la deuda, lo que nos indica, haciendo una corrida financiera, que ésta ronda casi los 60 mil millones”.

Los datos de la deuda pública estatal incluso “se ocultan” en el informe de resultados del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) relativo a la cuenta pública de 2010, que el Congreso local deberá dictaminar antes de que acabe este mes.

“El rubro de la deuda pública viene limpio”, señala por su lado el coordinador de la bancada panista Danilo Alvízar Guerrero, quien a pesar de ser secretario de la Comisión de Vigilancia del Congreso –que deberá dictaminar este asunto– no ha recibido “suficiente información”.

Dice a la reportera que en el informe de resultados de las auditorías al último ejercicio fiscal de Fidel Herrera sí se hace mención de la deuda pública, lo grave es que “no se da la cifra, lo cual nos preocupa porque pareciera que quieren ocultar la situación fiscal”.

Por ejemplo, refiere, “no viene suficientemente explicado el tema de los 10 mil millones de pesos del préstamo que pidió Fidel Herrera de último momento; no se dice en qué ni cómo se ocupó ese dinero que estaba destinado a la reconstrucción de zonas devastadas por los huracanes de 2010, porque durante 2011 no se realizó ninguna obra”.

Añade que pese a que el ORFIS envió dicho informe al Congreso local, la bancada del PAN ha insistido en la ampliación de información sobre la situación financiera de la deuda pública y de las dependencias del gobierno del estado. “No nos ha llegado para poder analizarla”.

Se queja de que la capacidad de trabajo de su partido –por ser de oposición– en este tipo de temas se ve limitada “por los filtros” que hay desde la Comisión de Vigilancia, donde la mayoría la tiene el PRI, que seguramente aprobará el informe del ORFIS.

El presidente de la Comisión Dictaminadora, el priista Américo Zúñiga Martínez, cuestionado sobre cómo había salido la revisión fiscal de la deuda pública, se limita a señalar que todo viene “perfectamente” explicado en el informe del ORFIS.

– ¿No hubo ninguna irregularidad? –le pregunta Proceso.

–Eso no puedo decirlo. No he dicho que no haya irregularidades. Creo que la cuenta pública viene con importantes puntualizaciones en los entes públicos fiscalizables: municipios y gobierno estatal. En el informe vienen también de forma muy directa y muy puntual las deficiencias que se han detectado, pero en este momento estamos en la construcción del dictamen.

iii Foro Nacional el Istmo es Nuestro

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Declaración de Yakjxonax

Se recuerda el asesinato de la promotora Betty Cariño y la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa

Conclusiones de la asamblea de pueblos en el istmo de Oaxaca

Conclusiones de la asamblea de pueblos en el istmo de Oaxaca

Yakjxonax, Oax.

Comunicado

El pasado domingo 26 de abril, concluyeron los trabajos del iii Foro Nacional el Istmo es Nuestro, donde los cientos de participantes alertaron al pueblo de México sobre el gran despojo que sufre nuestro país con la ocupación de miles de hectáreas por parte de empresas extranjeras las cuales imponen mega proyectos sin tomar en cuenta a los dueños de la tierra y los bienes comunes. Estas empresas se burlan de los mexicanos, al grado que se niegan a pagar impuesto predial a los municipios por las tierras que ocupan y desde donde realizan millonarios negocios. La declaración de Yakjxonax recoge los planteamientos principales expresados en 5 mesas de trabajo y en una sesión plenaria.

Texto de la declaración

Nos hemos reunido en este lugar que significa tierra bonita en el municipio Binizaa de Santa María Petapa, Oaxaca más de 300 representantes y miembros de los pueblos indios del istmo de Tehuantepec, nosotros, nosotras ikojts, ayuuk, zoque, chontal, binniza, nahua, popoluca, nusavi, chinanteco junto a nuestros hermanos afro descendientes barreños y colonos, artistas, campesinos, sindicalistas y comunicadores provenientes de Oaxaca, Puebla, Guerrero, Veracruz, Chiapas, df, y el estado de México para dar vida al iii Foro Nacional el Istmo es Nuestro.

También este 26 de abril a siete meses recordamos antes que nada y con gran indignación la desaparición forzada de 43 hermanos normalistas de Ayotzinapa y seguimos levantando la voz para exigir su presentación con vida así como el castigo a los autores del secuestro y asesinato de los estudiantes de la normal rural Isidro Burgos. No olvidamos y no olvidaremos.

Después de tres días de intenso dialogo, de escuchar y dar nuestra palabra, hemos coincidido en reconocer el valor de nuestro territorio, de nuestra madre tierra de la cual somos parte.

Un derecho que niega el gobierno mexicano es a estudiar sin miedo

Un derecho que niega el gobierno mexicano es a estudiar sin miedo

Las mujeres presentes en este foro hemos dado nuestra palabra, les decimos que hemos encabezado las luchas en defensa de nuestros territorios y por ello exigimos el respeto a nuestros derechos, como mujeres no aceptamos ser discriminadas. Nos oponemos a los proyectos que nos despojan de los bienes comunes. El primer territorio es nuestro cuerpo y las instituciones de salud no nos respetan, condenamos el mal trato que sufrimos en clínicas y hospitales y en particular exigimos castigo para los responsables del fallecimiento de nuestras hermanas Rosa Isela Chirinos y Maricruz Antonio muertas en el hospital del imss de Matías Romero, así mismo exigimos haya traductores a nuestras lenguas maternas en los hospitales del sector público.

Denunciamos que nuestra región istmeña sufre desde hace ya 10 años una verdadera invasión de parte de empresas extranjeras, las cuales con engaños y amenazas se han apoderado de miles de hectáreas de las tierras de nuestros pueblos para realizar sus mega proyectos de muerte. El gran capital mundial y su servil empleado, el gobierno mexicano, han decidido convertir nuestra región en una zona de producción, transportación y procesamiento de energía para atender las necesidades de las grandes compañías.

El mega proyecto eólico, el corredor transístmico de hidrocarburos, las plantaciones de palma africana y la apertura de minas a cielo abierto han significado para nuestros pueblos despojos, divisionismo, daños ambientales y violencia. Hasta ahora en la construcción de parques eólicos y de gasoductos no han sido tomados en cuenta los intereses y derechos de nuestros pueblos, dueños históricos del territorio. Es por ello que le exigimos al gobierno que antes de la ejecución de cualquier proyecto en nuestras tierras se realice un ejercicio de consulta vinculante para el consentimiento previo libre e informado y basado en nuestros valores culturales. No queremos silencio ni tampoco farsas de consulta.

Denunciamos que la empresa Pemex es responsable de graves daños a la vida de los pueblos del istmo, que los constantes derrames han afectado la vida y el territorio de nuestros pueblos y que esta empresa ante las afectaciones que viene provocando no atiende los justos reclamos de nuestras gentes.

Indígenas son discriminados en el derecho a la salud

Indígenas son discriminados en el derecho a la salud

Denunciamos que el mega proyecto de hidrocarburos corredor transístmico de sistema propano se viene imponiendo para favorecer a empresas extranjeras sin tomar en cuenta nuestro derecho a ser consultados y a ser respetadas nuestras tierras y bienes comunes es por ello que exigimos que nuestras comunidades sean tomadas en cuenta. Basta ya de despojos e imposiciones.

Expresamos nuestra plena solidaridad con nuestros hermanos y hermanas de la asamblea popular del pueblo juchiteca quienes han sufrido amenazas e intimidación por el solo hecho de denunciar la farsa que significa la consulta que sobre parques eólicos se realiza en estos momentos en Juchitán.

Asimismo exigimos la reparación de daños ocasionados a los pescadores por los proyectos eólicos en particular el Bii Hioxo, el cual ha arrojado aceite al sistema lagunar y provocado la disminución de los peces.

Manifestamos nuestra solidaridad con los pueblos de Ixtepec, Zanatepec, San Miguel Chimalapa, San Dionisio del Mar y el barrio de la soledad que hoy enfrentan las amenazas y los daños que provocan las empresas mineras y cementeras que trabajan a tajo abierto. Nos sumamos a la oposición que nace ya en pueblos veracruzanos en contra del fracking.

Hemos acordado sumarnos y apoyar a la caravana por la defensa del agua, la vida, el territorio y el trabajo que saldrá de tres lugares para recorrer el país y llegar a la ciudad de México el 22 de mayo. En este foro nos pronunciamos en contra de la ley que pretende privatizar el agua. El agua es un derecho y no estamos dispuestos a que lo conviertan en una mercancía más.

Homicidios impunes

Al cumplirse 5 años del asesinato de nuestra hermana Nusavi Bety Cariño y del compañero internacionalista Jyri Jaakola, los aquí reunidos le exigimos al gobierno federal y al gobierno de Oaxaca castigo a todos los autores materiales e intelectuales de su muerte, basta de impunidad.

Los participantes en este foro condenamos la política de criminalización que viene imponiendo el gobierno de Peña Nieto, exigimos la liberación de los presos políticos y la presentación de los desaparecidos. Denunciamos que en salina cruz viene operando una banda de golpeadores y sicarios que bajo el disfraz de consejo ciudadano han venido agrediendo de manera violenta cualquier tipo de protesta popular.

Bety Cariño, activista asesinada por el gobierno si que los responsables sean castigados

Bety Cariño, activista asesinada por el gobierno si que los responsables sean castigados

Nuestra tierra, desde hace miles de años ha sido ruta de transito de viajeros. Hoy en el istmo se vive una verdadera tragedia, la de nuestros hermanos y hermanas centroamericanos, los cuales son cazados por delincuentes, policías y miembros del detestable Instituto Nacional de Migración. Exigimos al gobierno de Peña Nieto que se respeten los derechos humanos de los migrantes.

El iii Foro el Istmo es Nuestro se pronuncia en defensa y reivindicación al derecho de los pueblos a la libertad de expresión, al derecho de la comunicación. Declaramos que las radios comunitarias son instrumento de lucha para los pueblos y comunidades en resistencia, por lo tanto exigimos al gobierno federal el cese al desmantelamiento de los procesos de comunicación comunitaria principalmente de las radios comunitarias, basta ya de represión en contra de los y las comunicadoras.

Les decimos, la lucha en defensa del istmo de Tehuantepec no debe de ser solo una lucha de los istmeños. Por ello les hacemos un llamado fraterno a construir una gran alianza. El istmo de Tehuantepec es una región estratégica para nuestro país y está en serio peligro de ser entregada a los intereses del gran capital trasnacional. El despojo del istmo es un problema de pérdida de soberanía nacional.

Desde estas tierras del gran viento les decimos con energía y coraje que los pueblos del istmo estamos dispuestos a defender nuestro territorio y nuestra cultura, les decimos que no estamos dispuestos a que los invasores nos despojen de lo nuestro y por ello les hacemos un llamado para que no nos dejen solos en esta lucha. Los pueblos del istmo exigimos la cancelación de todos los mega proyectos que agravian a nuestra tierra, nuestra vida.

Dada a los veintiséis días del mes de abril del 2015 en Tierra Bonita, el Polvorín Petapa, Oaxaca

Responsable: Juana Inés Ramírez Villegas

En poco tiempo Coatzacoalcos tendrá agua suficiente

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Con un total 300 litros por segundo adicionales se lograrán 900 l/s en total

El agua es un derecho de todos

El agua es un derecho de todos

Javier Pulido Biosca

Revista Raíces

Se están haciendo las obras necesarias para que en cosa de una semana más Coatzacoalcos acceda al volumen de agua suficiente como para satisfacer las necesidades de este líquido elemental para la vida, consideró el ingeniero César Vallejos, subdirector de operación de CMAS.

El funcionario explicó que hubo un rezago momentáneo en el abasto de agua derivado de la imposibilidad e conectar los nuevos pozos con los más antiguos y con el acueducto Yuribia, asunto en que se está laborando en la actualidad.

Un comunicado de CMAS indica que la producción de Yuribia es constante pero que la sequía que prevalece en ha incrementado el consumo de agua y las cajas están vacías.

La solución está próxima y en menos de una semana las cajas se llenarán y se regularizará el abasto de agua potable.

Suspende Tribunal Colegiado construcción de hidroeléctricas en Veracruz

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El agua debe tratarse como un bien social y cultural, y no fundamentalmente como un bien económico

Será el inicio de jurisprudencia para el manejo de los recursos hídricos

En la cuenca Pescados- La Antigua viven un millón ciento cincuenta mil habitantes. Hay un sistema de vida ligado al río y la cuenca. Pero las empresas dicen que el “caudal ecológico” puede ser del 10%. Si lo hacen así, las especies se van a extinguir. Además los pueblos serían reubicados, y quedarían los ríos secos. Los proyectos son:  Pinillos 1, en el río Los Pescados, de 9 metros de altura y 1.6 de embalse. Pinillos 2, en el Tilapa, de 5 metros de altura y 1 de embalse. Teocelo, en El Chico, de 7.5 metros de altura y 1.05 de embalse. Texolo, en Texolo, de 5 metros de altura y 3.65 de embalse. El Llano, en Paso Limón, de 4 metros de altura y 3.72 de embalse. Mahuixtlán, en el Pintores, de 3.5 metros de altura y 2.98 de embalse. Consolapa, en el Sordo, de 2.5 metros de altura y 2.98 de embalse.

En la cuenca Pescados- La Antigua viven un millón ciento cincuenta mil habitantes. Hay un sistema de vida ligado al río y la cuenca. Pero las empresas dicen que el “caudal ecológico” puede ser del 10%. Si lo hacen así, las especies se van a extinguir. Además los pueblos serían reubicados, y quedarían los ríos secos. Los proyectos son:
Pinillos 1, en el río Los Pescados, de 9 metros de altura y 1.6 de embalse.
Pinillos 2, en el Tilapa, de 5 metros de altura y 1 de embalse.
Teocelo, en El Chico, de 7.5 metros de altura y 1.05 de embalse.
Texolo, en Texolo, de 5 metros de altura y 3.65 de embalse.
El Llano, en Paso Limón, de 4 metros de altura y 3.72 de embalse.
Mahuixtlán, en el Pintores, de 3.5 metros de altura y 2.98 de embalse.
Consolapa, en el Sordo, de 2.5 metros de altura y 2.98 de embalse.

Xalapa, Ver.

Agencias

Basado en el principio “in dubio pro natura”, el tribunal estimó fundada la queja interpuesta contra la negativa de suspensión de plano solicitada por integrantes de comunidades indígenas del estado de Veracruz y límites con Puebla, relacionada con la construcción y operación de tres minicentrales hidroeléctricas en el municipio de Jalacingo.

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF), informó este jueves 23 de abril que un Tribunal Colegiado concedió suspensión de plano que protege el entorno ecológico y el derecho humano al agua de comunidades indígenas y suspende la construcción de minicentrales eléctricas en una región de Veracruz.

Mediante un comunicado, el CJF precisó que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río Veracruz, informó que dentro del juicio de amparo 1697/2014 y basado en el principio “in dubio pro natura”, estimó fundada la queja interpuesta contra la negativa de suspensión de plano solicitada por integrantes de comunidades indígenas del estado de Veracruz y límites con Puebla, relacionada con la construcción y operación de tres minicentrales hidroeléctricas en el municipio de Jalacingo.

De esta forma, quedó sin efecto la resolución de un juez de Distrito, en la que había negado el recurso en cuestión, al considerar sustancialmente que no se advertía la afectación o menoscabo ecológico en la población donde habitaban, puesto que dichos proyectos de construcción y operación de minicentrales hidroeléctricas habían sido valorados mediante el procedimiento administrativo correspondiente.

Tras señalar que el principio “in dubio pro natura” o principio de prevención en favor de los recursos naturales, adoptado por los magistrados, establece que si existe peligro o amenaza de daños graves o inminentes sobre los elementos de biodiversidad, la ausencia de certeza científica no es obstáculo para dictar medidas que conserven el medio ambiente.

Por tanto, el órgano jurisdiccional reconoció la existencia en el curso del juicio de origen, de la declaración de expertos de la Alianza Mundial de Derecho Ambiental (ELAW), en la que establece la probable afectación del entorno ecológico de las comunidades indígenas pro la consecución del proyecto de minicentrales hidroeléctricas.

Los magistrados integrantes del Tribunal Colegiado estimaron que ello constituye suficiente indicio para la prevención de un daño ecológico irreparable de un sector desprotegido en la vida nacional, resultando imperante la necesidad de establecer acciones que impidieran una catástrofe ecológica y social, derivada del daño irreparable a los manantiales de las comunidades indígenas.

Así, la suspensión de plano evitará que se afecte el entorno ecológico de las comunidades indígenas, en específico el derecho humano al agua, evitándose un daño irreversible en los manantiales situados en dichos sectores desprotegidos de la vida nacional.

La trascendencia y novedad de dicho criterio radica en la concesión de la medida que atiende al posible daño que se pudiera generar al medio ambiente, en caso de que se siguiera con el proyecto de infraestructura mencionado en la región donde se sitúan diversas comunidades indígenas.

El agua es un bien social

La resolución establece que el agua debe tratarse como un bien social y cultural, y no fundamentalmente como un bien económico. Además, el modo en que se ejerza el derecho al agua también debe ser sostenible, de manera que de este derecho puedan gozar las generaciones actuales y futuras, lo que debería alertar en contra de usos del agua que no respondan a esta exigencia.

El derecho de los particulares y grupos a participar en los procesos de decisión que puedan afectar a su ejercicio del derecho al agua, debe ser parte integrante de toda política, programa o estrategia con respecto al vital líquido, subraya.

“Deberá proporcionarse a los particulares y grupos un acceso pleno e igual a la información sobre el agua, los servicios de la misma y el medio ambiente que esté en posesión de las autoridades públicas o de terceros”.

Con esta resolución, el Tribunal Colegiado hizo valer el principio de que “toda persona tiene derecho de acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible”, y que el Estado es el responsable de garantizar este derecho, protegido en la constitución y establecido por los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Responsabilidad social es ir más allá de normatividad

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“El sector privado tiene un rol muy importante en la creación de desarrollo social y económico, junto con las actividades gubernamentales y las comunidades”: Luis Weyll

Participantes del I Foro de Responsabilidad Social. Al centro Antonio Galvao, gerente de Responsabilidad Social de Braskem Idesa

Participantes del I Foro de Responsabilidad Social.
Al centro Antonio Galvao, gerente de Responsabilidad Social de Braskem Idesa

Coatzacoalcos, Ver.

Comunicado

El simposio, que se realizó por primera vez en la región, fue organizado por Braskem Idesa, Etileno XXI, Pemex y CLAM, tiene como objetivo sensibilizar y fomentar una cultura de Responsabilidad Social, así como promover acciones que contribuyan a mejorar los indicadores sociales, en especial la educación y la integración social en la región, el estado y el país.

En presencia de más de 300 invitados, expositores y participantes, el secretario de Trabajo, Previsión Social y Productividad, Gabriel Deantes Ramos, en representación del gobernador Javier Duarte de Ochoa, inauguró el “1er Foro Internacional de Responsabilidad Social”.

Deantes Ramos destacó la importancia de la inversión privada de Braskem Idesa y la creación de más de 17 mil empleos directos en el Sur de Veracruz, pero aún más, del compromiso social que tiene estas empresas con el desarrollo social de la región.

Abundó que esto ha contribuido a una mejora en la calidad de vida de los veracruzanos de esta zona y con la calificación de mano de obra aún más preparada para los retos futuros que implica el establecimiento de un nuevo complejo petroquímico.

Al hacer uso de la palabra, el Director Superintendente de la Organización Odebrecht México, Luis Weyll, indicó que para esta empresa constructora, presente en 4 continentes, la responsabilidad social es ir más allá de las obligaciones de las empresas con la normatividad, ya que el sector privado tiene un rol muy importante en la creación de desarrollo social y económico, junto con las actividades gubernamentales y las comunidades.

Luis Weyll reiteró que para Odebrecht es fundamental tener actividades que promuevan la mejoría de condición de vida y inclusión social a partir de capacitación y entrenamiento para la actividad productiva.

Sostuvo que la generación de riqueza es el elemento fundamental de cualquier factor de desarrollo, es el compromiso de Odebrecht, interactuar de forma trasparente con la comunidad, buscar identificar oportunidades y generar riqueza a partir del trabajo.

Finalmente, explicó que para involucrarnos en un proyecto sostenible, como en el de Etileno XXI, debe haber tres condiciones: Generar un crecimiento económico en la región y en el país, segundo, tener la importancia de inclusión social en sus proyectos (relación proactiva en las comunidades y con todos los agentes promotores del cambio; y la tercera es estar completamente alineado con el medio ambiente.

Por su parte Cleantho Leite, Director de Desarrollo de Negocios y Relaciones Institucionales de Braskem-Idesa, en representación de Roberto Bischoff, Director General de ese consorcio, enfatizó que para esa empresa la responsabilidad Social va más allá de los compromisos, en la búsqueda de crear nuevas oportunidades de crecimiento real, al trabajar en con gobierno, sociedad y empresas.

El secretario estuvo acompañado por Luis Weyll, Director Superintendente de Odebrecht en México y Gleiber Faria, Director Administrativo de Odebrecht en México; los alcaldes de Coatzacoalcos, Joaquín Caballero y Brenda Manzanilla Rico de Nanchital; Cleantho Leite, Director de Desarrollo de Negocios y Relaciones Institucionales de Braskem-Idesa; Stephan Lepeki, Director de Proyecto Braskem-Idesa; Eduardo Bulgarelli, Director de Administración Corporativo de Braskem-Idesa; Eduardo Rozendo, Director de Contrato Etileno XXI; Paulo Levita, Director Administrativo de Etileno XXI realizaron el tradicional corte de listón de inaugural.

En el primer día se impartieron temas como gobernanza, inclusión de género, inversión social, condiciones laborales y relaciones con comunidades.

Algunas empresas que comparte esta filosofía de Responsabilidad Social y que participan en este foro son: Odebrecht, Key, Internacional Finance Corporation, Intertek, Reinsur, Arrendamas, Andamios Atlas, Laboratorios Chontalpan, Grupo Ayasa, Icacsa, Goma Logistics & Services, Copesa, Mapei, Ceisa, Cemex, Puesta a Punto, Gruas Villarreal y Grupo Asertec fueron algunas de las empresas que participaron en este importante evento.

Finalizado el protocolo de inauguración, los asistentes recorrieron cada uno de los stads de las empresas participantes y conocieron sus programas sociales realizados en la región.