Derechos indígenas

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Desde Boca de Polen

La “reforma al campo” impondrá más despojo y precios a la baja para productores: Víctor Suarez de anec

♦ EN DOS AÑOS SE DESPLOMAN PRECIOS A PRODUCTORES EN MÁS DEL 60%

Geraldina Lázaro

Boca de Polen

La actividad agropecuaria en México se ha visto entorpecida en los últimos años, por el retiro de apoyos económicos, la amenaza de los megos proyectos y por supuesto la entrada de los transgénicos. Además la soberanía alimentaria es otro de las materias pendientes, puesto que no hay las políticas públicas suficientes para garantizar éste derecho humano.

Por otro lado, las reformas estructurales que se están desarrollando pintan un mal panorama para productores campesinos, tal como la Reforma Energética y la anunciada Reforma al Campo a principios de 2014. Para dar un panorama respecto a ésta situación Víctor Suárez de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de productores del campo (ANEC) opinó que éstas medidas generarán más despojos de tierras y precios a la baja para los productores del campo.

Agricultores y ejidatarios, grupos indígenas y también consumidores se han pronunciado a favor de reordenar del mercado agroalimentario y poner punto final al abuso de las empresas acopiadoras y comercializadoras, así como reducir los elevados márgenes de ganancia en la intermediación. Describen que esos márgenes sólo benefician a un reducido grupo de empresas oligopólicas que explotan el mercado de los alimentos. Sus elevadas ganancias ya son intolerables e inaceptables.

Enfatizan los afectados que “hay desesperación”. Sostienen es prácticamente imposible pagar los elevados precios por la semilla y cada día es más difícil fertilizar las tierras, al tiempo que el precio del diesel mantiene parados y arrumbados miles de tractores y de maquinaria. Son precios abusivos que nos imponen Monsanto o las cinco empresas que controlan la importación y las ventas de fertilizantes, y también el gobierno con los incrementos mensuales de los combustibles.

Recientes declaraciones de Alfonso Ramírez Cuellar líder barzonista puntualizó que “preocupados por el despojo que se hará luego de que se apruebe la reforma energética, el problema fundamental se enfoca en que los privados puedan lograr la expropiación de miles de hectáreas que están siendo utilizadas para la actividad agrícola”.

Ante ésta visión diversas agrupaciones anuncian movilizaciones el próximo día 23 de julio, una marcha que partirá de la llamada Estela de la Luz al Zócalo capitalino, afirman que será el inicio por la defensa de la tierra y del agua, de los cuales pretenden despojarlos por medio de las leyes secundarias de la reforma energética.  También refrendarán su demanda del establecimiento de un sistema de compras públicas a los pequeños y medianos agricultores y otras más.

 

 

 

Histórica resolución ante amparo solicitado por comunidad indígena contra actividades mineras

♦ EXIGEN QUE LA SCJN REVISE INCONSTITUCIONALIDAD DE LA ACTUAL LEY MINERA

Geraldina Lázaro

Boca de Polen

La comunidad Me´phaa de San Miguel de Progreso en el estado de Guerrero, obtuvo un amparo ante las empresas mineras que amenazan su territorio. Luego de comprobar que se encontraba en riesgo, la Asamblea Comunitaria determinó impugnar legalmente las concesiones mineras, considerando que la comunidad ya había acordado en una Asamblea Agraria no dar su aprobación a la realización de actividades de exploración y explotación minera, registrando dicho acuerdo en un Acta fechada el 17 de abril de 2011, que fue debidamente inscrita ante el Registro Agrario Nacional hasta el 13 de septiembre de 2012.

No fue sino hasta 2013 que se interpuso una demanda de amparo en donde se solicita por primera vez que se analice si las disposiciones de la Ley Minera son constitucionales y compatibles con la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Es en febrero de 2014 fue notificada una sentencia histórica: el Juez de Distrito consideró que efectivamente habían sido violados los derechos de esta comunidad Me’phaa, al haberse entregado sin consulta, las concesiones mineras dentro de un territorio indígena.

Actualmente, la Ley Minera (reformada en 1992, previa firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte) permite a los concesionarios explorar o explotar las tierras por 50 años, y hasta por 1 siglo en caso de que el interesado solicite una prórroga. Además las compañías dedicadas a la extracción de minerales no pagan al gobierno por el valor de los recursos extraídos, sino por hectárea concesionada. Las cuotas estipuladas van de 5 a 111 pesos semestrales por cada hectárea concesionada.

Isidoro Vicario Aguilar del área jurídica del centro de derechos humanos Tlachinollan explicó San Miguel del Progreso también presentó el recurso de revisión para buscar que en esta segunda instancia se analice la posible inconstitucionalidad e inconvencionalidad de la Ley Minera vigente.

El Centro de Tlachinollan, informó que, de las 700 mil hectáreas que integran la región de la Montaña de Guerrero, unas 200 mil están concesionadas a empresas mineras, la mayoría extranjeras. Las concesiones más grandes son Corazón de las Tinieblas y Reducción del Corazón de las Tinieblas, que comprenden 43 mil 700 hectáreas, de capital británico con sede en Perú; La Diana, de 16 mil hectáreas, de capital  canadiense, y Toro Rojo, de poco más de 9 mil hectáreas, de la empresa Montero Minas.

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